En junio de 2003 Jorge G. Castañeda, fue incorporado
a junta de directoreres de la organización estadunidense no-gubernamental
defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
La decisión fue calificada: "sin
precedentes"
El directorio de HRW define las políticas de la institución y tiene
grandes responsabilidades, es un colectivo que se reúne de tres a cuatro veces
al año y toma decisiones importantes que afectan a la organización", dijo
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas.
El anuncio oficial de la incorporación de
Castañeda a la Junta de Directores se realizó el día de hoy jueves 5 de junio de 2003 en las oficinas de HRW en Washington, D.C.
"Jorge ha sido invitado, ha aceptado y ha
sido aprobado", apuntó Vivanco en una rueda de prensa previa al anuncio
ofical.
La HRW es una organización
defensora de los derechos humanos que goza de una buena reputación a nivel
mundial. Esa considerada como una corporación confiable e imparcial en la
elaboración de los informes que presenta cada año.
La Junta de Directores (Board of Directors) de
HRW -actualizada por última vez el 24 de junio de 2002- que se localiza en su
sitio de Internet y a la que ingresará el nombre del excanciller de México,
está compuesta por Robert L. Bernstein (presidente fundador), Jonathan F.
Fanton (presidente), Lisa Anderson, Lloyd Axworthy, David M. Brown, William D.
Carmichael, Dorothy Cullman, Irene Diamond, Fiona Druckenmiller, Edith Everett,
Michael E. Gellert, Vartan Gregorian, Alice H. Henkin, James F. Hoge, Jr.,
Stephen L. Kass, Marina Pinto Kaufman, Wendy Keys, Bruce J. Klatsky, Joanne
Leedom-Ackerman, Josh Mailman, Joel Motley, Samuel K. Murumba, Jane Olson,
Peter Osnos, Kathleen Peratis, Catherine Powell, Bruce Rabb (secretario),
Sigrid Rausing, Orville Schell, Sid Sheinberg, Gary Sick, Domna Stanton, John J
Studzinski, Maureen White y Maya Wiley. La Junta Emérita de HRW la forman:
Roland Algrant, Robert Bernstein y Adrian W. DeWind
En
el 2001 la HRW publico el documento: Injusticia Militar La reticencia de México para sancionar los
abusos del Ejército, que causo polémica.
HRW nunca quisieron una Fiscalía sino la la creación de la
Comisión de la Verdad .
Carta
al Presidente Vicente Fox
Washington,
DC, 21 de agosto de 2001
Su
Excelencia Presidente Vicente Fox Quesada
Los
Pinos
México
D.F.
MÉXICO
De
mi mayor consideración:
Tengo
el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de expresar nuestro más
entusiasta apoyo a la formación de una Comisión de la Verdad para investigar
graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado en México. Nos
merece especial satisfacción las declaraciones que S.E. ha realizado
reconociendo la necesidad de establecer dicha comisión. Confiamos en que
gracias a su liderazgo se logre establecer a la brevedad una comisión que
cuente con las atribuciones, los recursos y la credibilidad necesaria para
cumplir su tarea con éxito.
La
Comisión de la Verdad ofrece a México la oportunidad de conocer en detalle
muchos casos que nunca fueron adecuadamente investigados por las autoridades
judiciales como, por ejemplo, las masacres de Tlatelolco en 1968 y de Acteal en
1997. No sólo las víctimas y sus familias, sino toda la sociedad mexicana, se
beneficiaría de la adecuada resolución de estos casos.
Entendemos
que la Comisión de la Verdad cuenta con abierta oposición -incluso dentro de su
administración- por parte de aquellos que temen que pudiera socavar la función
de las instituciones encargadas de administrar justicia en México. Estos
críticos argumentan que, frente a la elección entre verdad y justicia, los
mexicanos deben optar por la justicia. En este sentido, ¿Quién podría estar en
contra del procesamiento penal de los responsables de graves violaciones de los
derechos humanos que aún gozan de impunidad? Lo cierto es que se trata de un
falso dilema. Los mexicanos tienen derecho tanto a la verdad como también a la
justicia. Además, conforme al derecho internacional, México tiene la obligación
de garantizar ambas.
Los
tratados internacionales ratificados por México como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
conllevan la obligación de los Estados Partes de prevenir violaciones a los
derechos humanos y sancionar a los responsables. Este deber refleja la
convicción según la cual la lucha en contra de la impunidad por abusos pasados
es crucial para prevenir futuras violaciones. Se deriva también del derecho de
las víctimas a que se imparta justicia a los que violaron sus derechos. Un
primer paso en este proceso es la investigación sistemática de los abusos del
pasado.
La
búsqueda de la verdad en torno a los abusos ocurridos durante gobiernos
anteriores no es una cuestión de venganza política o cacería de brujas. Es una
obligación fundamental que pesa sobre su gobierno, independientemente de
quienes estuvieron en el poder cuando se cometieron los abusos.
La
historia ha demostrado que las comisiones de la verdad no socavan los
mecanismos judiciales existentes, sino que por el contrario, los fortalecen.
Por ejemplo, en Argentina, Chile, y Guatemala, las comisiones de la verdad han
desempeñado un papel crucial en la mejora de la capacidad del Poder Judicial
para ocuparse de casos de derechos humanos. No sólo han identificado nuevas
pruebas necesarias para el procesamiento de los responsables sino que también
han ayudado a estas sociedades a conocer y corregir las falencias de las
instituciones de la administración de justicia que permitieron que estos
crímenes quedaran sin castigo. Las comisiones de Chile y de Argentina dedicaron
capítulos enteros de sus informes finales a describir las circunstancias en que
sus sistemas judiciales no se habían ocupado debidamente de casos de abusos.
Para garantizar que se adopten medidas inspiradas en estas lecciones, los
informes de las comisiones de la verdad suelen incluir recomendaciones
generales sobre cómo reformar y fortalecer las instituciones judiciales mas
débiles o ineficaces.
El
valor de las comisiones de la verdad como desencadenante de investigaciones
judiciales es especialmente obvio cuando las organizaciones del sector no han
administrado justicia de manera imparcial y adecuada en el pasado. Este ha sido
lamentablemente el caso de México.
Cabe
subrayar, por supuesto, que cualquier comisión de la verdad que se establezca
debe constituirse apropiadamente, financiarse adecuadamente y ser dotada de la
autoridad legal necesaria. Tiene que ser por lo tanto un organismo
independiente del poder político integrado por personas de reconocida calidad
moral. La comisión debe disponer también de los recursos necesarios para
realizar investigaciones exhaustivas e imparciales. Finalmente, tiene que
contar con la autoridad legal para obtener documentos y la cooperación de otros
organismos del estado. Una comisión que no cumpla con estos requisitos
carecería de la credibilidad necesaria para llevar a cabo sus tareas
eficazmente.
Cuando
S.E. tomó posesión como Presidente de México, heredó un Estado en el cual la
impunidad había imperado durante décadas. Entendiendo el alto precio de éste
fenómeno endémico que facilita la injusticia y perpetúa la desigualdad, S.E. prometió
que adoptaría medidas para aclarar y resolver los abusos pasados. Respaldamos
enérgicamente sus esfuerzos en este sentido y creemos que ha llegado el momento
de poner en práctica lo que prometió como una nueva política para México.
Aprovecho
la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta estima y
consideración.
José
Miguel Vivanco
Director
Ejecutivo
cc:
Dr.
Adolfo Aguilar Zinser, Consejero de Seguridad Nacional
Dr.
Jorge G. Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores
Dr.
Santiago Creel, Secretario de Gobernación
Gral.
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República
Dr.
Mariclaire Acosta, Embajadora Especial para los Derechos Humanos y la
Democracia
**
Carta
al Presidente Vicente Fox
Washington,
DC, 9 de marzo de 2001
Su
Excelencia Presidente Vicente Fox Quesada
Residencia
Oficial de los Pinos
Puerta
Central
Primer
Piso
Colonia
San Miguel Chapultepec
11850
México D.F.
De
mi mayor consideración:
Tengo
el honor de dirigirme a S.E. en relación a materias de la mayor importancia en
el ámbito de los derechos humanos donde hasta ahora no hemos logrado constatar
progresos significativos. En todo caso, quisiera dejar constancia de nuestra
convicción acerca de la relevancia que su Ilustrado Gobierno le asigna a estos
temas. En efecto, antes de la inauguración presidencial -- con ocasión de la
reunión que sostuvimos en Washington junto a varios representantes de la
sociedad civil -- S.E. se refirió en términos muy firmes a la necesidad de
enfrentar a la brevedad los numerosos problemas de derechos humanos de México.
Compartimos la preocupación de S.E. sobre estos temas y estamos seguros de su
afán por enfrentarlos. En particular, quisiera referirme a tres situaciones que
me parecen paradigmáticas porque reflejan los serios desafíos que su Ilustrado
Gobierno ha heredado en materia de derechos humanos.
El
caso de los dos ecologistas campesinos, Teodoro Cabrera García y Rodolfo
Montiel Flores, encarcelados por supuesta posesión de drogas y armas en 1999,
después de protestar el daño ecológico que se estaba cometiendo en su estado
natal de Guerrero. En julio del 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
concluyó que Montiel y Cabrera habían sido detenidos ilegalmente y
aparentemente torturados por soldados, y que no estaban en posesión de armas ni
drogas cuando fueron detenidos.
Recibimos
con satisfacción su promesa reciente de que se estudiaría el caso. Dada la
gravedad de esta injusticia, es imperativo que el mencionado estudio se realice
a la brevedad y que posibilite la puesta en libertad incondicional y
compensación debida a los ecologistas encarcelados injustamente y el castigo a
los responsables por estas violaciones a los derechos fundamentales. Sobre este
punto es fundamental que su Ilustrado Gobierno examine los problemas endémicos
del sistema de administración de justicia de México que ha puesto de manifiesto
este caso. Por ejemplo, ¿porqué no fue adecuadamente tratado este caso por el
Poder Judicial? ¿Y porqué la Procuraduría Militar ha tardado tanto en iniciar
las investigaciones por las violaciones ocurridas cuando los dos ecologistas
fueron detenidos? Entendemos que en los próximos dias se presentará un recurso
de amparo en defensa de los ecologistas detenidos. Confiamos en que, después de
una revisión exhaustiva de los hechos del caso, la Procuraduría General de la
República presente una petición de inocencia y facilite de este modo la
resolución del caso.
Un
segundo caso que nos preocupa es el del General José Francisco Gallardo,
encarcelado por expresar sus opiniones sobre las prácticas de derechos humanos
del Ejército. En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la
puesta en libertad inmediata del Gral. Gallardo y una investigación exhaustiva
por la violación flagrante de sus derechos. Confiamos en que el Poder Judicial
podrá procesar el recurso de amparo presentado por el General Gallardo sin la
injerencia de los que han buscado su silencio en el pasado. Entendemos que su
Ilustrado Gobierno tiene la intención de prevenir cualquier interferencia de
este tipo. Sin embargo, también creemos que su Ilustrado Gobierno puede
participar más decididamente en la investigación de lo que llevó a esta
terrible farsa judicial y exigir cuentas a los responsables de este asunto.
Por
último también quisiéramos reiterar a S.E. nuestra preocupación por las
restricciones de visados impuestas a organizaciones de derechos humanos
extranjeras. Aunque reconocemos que todo gobierno tiene derecho a regular la
entrada de extranjeros a su territorio, consideramos que las restricciones
aplicadas por México a ONG internacionales representan un grave obstáculo a
nuestra misión de llevar a cabo investigaciones acerca de la vigencia de los
derechos humanos. Estas restricciones son tan exigentes, requieren de tanto
detalle y establecen un plazo de espera tan largo que obstaculizan la
observación de los derechos humanos. En este sentido, nos alegró muchísimo
conocer la decisión de su Ilustrado Gobierno en diciembre pasado de terminar
con esta política. Sin embargo, desafortunadamente, la nueva política aún no
está en vigencia. Los representantes consulares de México todavía no han
recibido nuevas instrucciones para el procesamiento de peticiones de visado
para ONG de derechos humanos y por lo tanto tienen que seguir la práctica
anterior.
Aprovecho
la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta estima y
consideración.
/f/
José
Miguel Vivanco
cc:
Dr.
Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores
Dra.
Mariclaire Acosta, Embajadora Especial para los
Derechos
Humanos y la Democracia
Dr.
Santiago Creel, Secretario de Gobernación
Dr.
Adolfo Aguillar Zinser
Gral.
Gerardo Clemente Ricardo Vega, Secretario de la Defensa Nacional
Gral.
Brig. Justicia Militar Jaime Antonio López Portillo, Procuraduría General de
Justicia Militar
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