¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas”/

¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas”/Jesusa Cervantes

Revista Proceso # 1935, 30 de noviembre de 2013

Los diputados aprobarán esta semana la reforma a las leyes antiterrorismo. Será un regalo a Estados Unidos que no se corresponde con las necesidades mexicanas, pero solventa las de aquel país… Apenas fue debatida y amenaza con atropellar el respeto a los derechos humanos. Destaca un riesgo: el daño a la propiedad privada en una manifestación podrá ser considerado terrorismo. “Es un espasmo de fetichismo jurídico”, sentencia el investigador Edgardo Buscaglia.

Una nueva ley antiterrorista se aprobará esta semana en la Cámara de Diputados con muy altas probabilidades de que violente los derechos humanos, además de que no se ha discutido a cabalidad ni atiende los problemas del país, sino que responde a designios de Estados Unidos.

 De acuerdo con diputados federales del PRD y del PT, además de especialistas en materia de crimen organizado como Edgardo Buscaglia, se trata de una “vaguedad legislativa” y hasta “torpe”. La reforma plantea cambios a cinco leyes, con el objetivo de ampliar el alcance del delito de “terrorismo”: se incluirían nuevos tipos penales, como “financiamiento al terrorismo” e incluso el “robo de uranio, torio y demás minerales que puedan producir energía nuclear”.

La iniciativa no fue confeccionada por la Comisión de Justicia en San Lázaro, que encabeza el priista y líder sindical Ricardo Pacheco Rodríguez, sino que fue elaborada desde la Presidencia de la República y enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto el pasado 31 de mayo.

 Durante los seis meses que siguieron a su presentación, la Comisión de Justicia apenas sesionó dos veces. La primera fue el 20 de noviembre pasado, aunque la reunión se suspendió a petición del perredista y miembro de la mesa directiva Alejandro Carbajal González, pues “no había justificación para incluir el robo del uranio como un acto terrorista”. Para ese día, Proceso ya contaba con el “dictamen” votado “en sentido positivo por mayoría de los presentes”.

 Es decir: ya todo estaba “planchado”. Bastaban los 13 votos del PRI, los dos del PVEM y uno más de cualquier partido, pues sólo se requieren 16 para que cualquier iniciativa sea avalada en esa comisión.

 Pasó como se esperaba: el jueves 28, en una votación con poco debate, la mayoría aprobó el dictamen. Sólo el perredista Carbajal González insistió en “encorchetar” el tema del uranio y clarificar la definición de terrorismo. Su demanda no tuvo respuesta.

Derechos humanos en riesgo

Entrevistado vía telefónica desde Beirut, Líbano, el académico Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto Acción Ciudadana, se dice alarmado: “Por la forma en que está planteado, (el dictamen) viola los derechos humanos”. Asegura que a contrapelo de la tendencia actual en Estados Unidos o la Unión Europea, los legisladores mexicanos pretenden “sacar una ley fuerte y punitiva contra el terrorismo, lo que es un motor para la violación futura de los derechos humanos”.

Detalla que incluso la ley antiterrorista de la administración Obama busca prevenir la violación de derechos humanos. Es decir, “para combatir el terrorismo primero tienes que asegurarte de que los derechos no sean violados en los segmentos de la población más vulnerable, porque si son violados, los actos de terrorismo posteriores son más frecuentes y más probables”.

En México, asevera Buscaglia, se pone la carreta delante de los caballos; “se hace al revés”.

Y resume: “Primero tiene que ser una ley antiterrorista que establezca mecanismos preventivos de protección de derechos humanos –que son de 58 tipos– de la población más vulnerable, como grupos étnicos desfavorecidos. Después, los actos terroristas, que no van a surgir de las poblaciones pobres, pero surgen en un entorno donde grupos criminales se aprovechan de esta situación”.

Tanto la ley que se pretende aprobar como la vigente, añade, adolecen de esta falla.

Loreta Ortiz Ahif, abogada y diputada del Partido del Trabajo, advierte que su grupo votará en contra debido a que la reforma, además de violentar los derechos humanos, “aunque tipifica el terrorismo no delimita claramente quién lo comete”, no define la “intencionalidad” y establece como consecuencia de un acto terrorista “un daño emocional”, cuando en otros países se habla de “daño psicológico”.

Los diputados eliminaron la propuesta de que “la manifestación” fuera considerada como un acto terrorista, pero no “los actos”. Esto significa que el daño a la propiedad privada podrá ser catalogado como “terrorismo”. Hasta la fecha, esto sólo aplica cuando se trata de bienes públicos, y en ciertos casos.

Ortiz Ahif lo explica: Si en una manifestación se daña un banco o una tienda departamental, el responsable podrá ser acusado de terrorista, el peor delito internacional. “Se debe castigar a quien comete el delito –admite–, pero no como terrorista”.

Además, sostiene, no se define la “intencionalidad” a la hora de cometer un acto así. “Debiera decir ‘con la intención de desestabilizar un gobierno’, y aún debe de probarse en razón de la presunción de inocencia, porque si no, otro tipo de delitos en los cuales se destruya un bien caería en el tipo penal de terrorismo”.

Otra falla del dictamen, añade la también exdirectora del Departamento Jurídico de la Universidad Iberoamericana, es que el terrorismo no se tipifica como se hace a escala internacional. “Se tiene que delimitar en razón de la seguridad y la certeza jurídica”.

¿Y el dinero?

Entre los ordenamientos a modificar está la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se adiciona el nuevo tipo penal de “financiamiento del terrorismo”.

A Buscaglia dice preocuparle que las actividades terroristas se vinculen con el blanqueo de capitales. “Nueve de cada 10 casos de terrorismo no están vinculados con el lavado de dinero, sino con dinero lícito que muchas veces se filtra a través de contribuciones legales, como asociaciones religiosas o contribuciones, a sabiendas o no de que se usará en una asociación ligada a grupos terroristas. Y este patrón en el dinero no está contemplado en la iniciativa”.

El también investigador de la Universidad de Columbia alerta sobre la incapacidad de México para operar esas leyes. “México no tiene hoy la capacidad institucional para detectar los flujos de dinero que puedan alimentar actos de terrorismo, ya que no tiene unidades de investigación patrimonial autónomas, sino que tiene una unidad de inteligencia financiera que está bajo el dedo pulgar del Ejecutivo federal. Y en los estados no hay unidades de este tipo”.

Advierte: “Esta iniciativa me parece torpe. Por más que denuncie la necesidad de no castigar a los movimientos sociales, a las ‘manifestaciones sociales’ como se dice en el documento, en la realidad se va a seguir haciendo, utilizando esa ley para combatir con una gran discrecionalidad a grupos que le incomoden al gobierno, ya que no existen unidades especializadas que puedan determinar si un grupo es terrorista o no, sobre todo en lo que se refiere a la planificación del acto.

“En el ambiente de autoritarismo cada vez más elevado que se vive en México, preo­cupa que se aprueben esas iniciativas que no plasman criterios precisos sobre cómo, dónde y con qué instrumentos se combate y se previenen los actos de terrorismo.

“No se define adecuadamente el acto de terrorismo. Entonces hay un problema grave de concepción en la iniciativa y, segundo, existen enormes vacíos de Estado; no hay unidades de fiscales especializados que estén impulsando causas penales con cooperación internacional adecuada. Y en el horizonte no veo nada de eso, por lo tanto preocupa esta iniciativa que sólo me lleva al recuerdo de que son espasmos de fetichismo normativista, jurídicos. Y que más bien obedecen a presión internacional que a las necesidades de seguridad mexicana.”

Designio del más allá (del Bravo)

Especialista en crimen organizado, Buscaglia explica que el gobierno de Estados Unidos “ha tratado de homogeneizar el marco jurídico internacional con sus países vecinos por un tema de seguridad nacional de ellos.

 “Hay presión para que México adapte una legislación compatible que Estados Unidos considera que es una mejor práctica. Pero eso no quiere decir que sea una mejor práctica para México.”

 La ley que hoy tiene México es “ineficiente”, admite, pero aclara que el tipo de terrorismo es distinto. A diferencia de la diputada Ortiz Ahif, del PT, Buscaglia sí considera que “mucho del terrorismo que uno ve a lo largo de México está vinculado con la delincuencia organizada”, como la del narcotráfico.

 “Esto es diferente a lo que le preocupa a Estados Unidos, que es terrorismo de vinculación islámica, de Medio Oriente, que puede llegar a atentar contra su territorio, su gente, cruzando la frontera mexicana o canadiense. A ellos les interesa prevenir un tipo de terrorismo, pero México no tiene las mismas prioridades. Y los actos de terrorismo que veo en México no se previenen ni se combaten en esta iniciativa.”

 La diputada Loreta Ortiz considera que para ella los ataques del crimen organizado a gasolineras, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad u otras de seguridad nacional técnicamente no son actos de terrorismo, pero teme que con esta ley sean tipificados así y sentenciar a la gente por un delito erróneo.

 Tanto Buscaglia como la diputada del PT advierten que el gobierno de Estados Unidos cuenta con empresas de cabildeo (o lobbying) que ya han intentado impulsar cambios en el sistema penal mexicano.

 Como ejemplo, la legisladora recuerda que la dependencia estadunidense USAid la buscó cuando ella estaba al frente de la Dirección Jurídica de la Iberoamericana, en 2006, para apoyar cambios a la legislación mexicana. “Me pidieron el aval, y que sostuviera que (la reforma) no violentaba los derechos humanos. Y nada más alejado de la realidad, porque esos cambios que se hicieron ese año atentan totalmente contra los derechos.

 “Cuando fue promulgada la ley, estaba en primera fila el director de la USAid en México.”

 Uranio, nuevo botín

Otra de las novedades de la citada ley es la inclusión del delito del robo de uranio, torio o demás sustancias que puedan producir energía o que sean utilizadas para financiar actos terroristas.

El dictamen indica: “Se advierte que los planteamientos en las disposiciones jurídicas del proponente se adecuan con la realidad social actual al contemplar el uso de nuevas tecnologías desarrolladas por la ciencia y que en algunas ocasiones han sido utilizadas con fines inadecuados, como en el caso del terrorismo, violentando la naturaleza propia para la cual fueron creados, en este sentido se estima adecuado considerar en la disposición legal aquellos materiales que pueden ser empleados para actos terroristas como materiales nucleares, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuentes de radiación”.

México tiene en su subsuelo una de las mayores reservas probadas de uranio, sostiene el diputado federal del PRD Alejandro Carbajal González, pero critica: “Si tienen indicios de que se está usando para actividades ilícitas, no nos lo dicen; entonces, tampoco aclaran por qué se incluye”.

Buscaglia admite que no hay datos de que ya se esté realizando “el tráfico con material radioactivo”. Añade: “México lo posee en su subsuelo, y dada la penetración de la delincuencia organizada ligada a la minería sólo es cuestión de tiempo para que veamos el primer caso de tráfico de material radioactivo. No es cuestión de si va a ocurrir o no, sino cuándo. De ahí que sea justificada la preocupación norteamericana, aunque no lo vas a evitar generando instrumentos jurídicos que se caracterizan por su vaguedad”.

Estados como Chihuahua, Baja California, la zona de Los Loxichas, en Oaxaca y Chiapas, tienen grandes reservas de uranio y a tan sólo 120 metros bajo tierra, refiere Carbajal González.

Antonio Gershenson, quien durante años formó parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, sostiene que es “relativo” hablar de grandes reservas de uranio en México. “Es difícil saberlo porque cuando México desa­tendió y desapareció Uramex, la empresa paraestatal encargada de extraer el uranio para Laguna Verde en los años ochenta, los estudios estaban a medias. También se ha dicho que México tiene millones de reservas de gas probadas y no de petróleo, pero no hay estudios”.

De plano, califica la ley en cuestión como “producto de un enfermo mental” y aclara que al obtener uranio se tiene que seguir todo un proceso para que alcance una pureza de 90 grados y poder usarlo para una bomba.