Pormenores de la captura del "Sera! Zambada

Operación Narco Polo” Pormenores de la captura del “Sera” Zambada/Anabel Hernández

Revista Proceso # 1935, 30 de noviembre de 2013 

Durante meses, a partir de marzo de 2012, agentes de la DEA comenzaron a investigar una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana. Las acciones fueron bautizadas como Operación Narco Polo, que incluyó escuchas telefónicas. Dos meses después cayó el primero de los 12 integrantes; los otros, a lo largo del año. Y justo cuando la mayoría de ellos había negociado sus sentencias con la fiscalía del sur de California, fue atrapado Serafín Zambada Ortiz. Esta es la historia.

Serafín Zambada Ortiz, El Sera, manejaba sus cuentas en Facebook y Twitter con desparpajo. Lo mismo hacía con la información relativa al negocio del tráfico de droga y lavado de dinero que controlaba, según se desprende del expediente criminal 13-cr-3575, abierto en la Corte de Distrito Sur de California contra él y 12 personajes de su entorno.

Y fue precisamente un descuido de sus colaboradores en mayo de 2012 –quienes formaban una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana– el que activó la Operación Narco Polo iniciada dos meses antes.

Gracias a ella y tras más de un año de investigaciones, la Drug Enforcement Administration (DEA) detuvo el pasado 20 de noviembre al imprudente hijo de Ismael El Mayo Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, en el cruce internacional Dennis DeConcini en Nogales, Arizona.

Según el expediente criminal del Sera y coacusados, al cual tuvo acceso este semanario, la DEA interceptó llamadas telefónicas entre marzo y octubre de 2012. El legajo tiene las declaraciones juradas de los presuntos cómplices del detenido sobre varios decomisos de droga y dinero por parte de sus captores, así como informes de laboratorio y fotografías. Todo ese arsenal será usado contra el hijo del Mayo.

 Además de los delitos de tráfico de metanfetaminas y cocaína que se le imputan al Sera en el expediente criminal, las autoridades estadunidenses pretenden decomisarle todos los bienes, derechos, títulos e intereses que conformen su patrimonio o se deriven de cualquier ingreso que él haya obtenido de sus operaciones relacionadas con el trasiego de droga y cualquier propiedad usada para dicha actividad.

 Semanas antes de su detención, El Sera,­ de 23 años, subió a sus cuentas de Facebook y Twitter fotografías de su colección de armas, así como drogas y mujeres; en una de ellas incluso aparece con su medio hermano Vicente Zambada Niebla –detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en una Corte federal de Chicago– e Ismael Zambada, El Mayo Gordo, otro hijo del capo sinaloense.

 Entrevistado vía telefónica, el defensor del Sera, Michael McDonnell, señala que desconoce las pruebas sobre los delitos que se le atribuyen a su cliente. Y cuando la reportera le pregunta por qué señaló que las cuentas de Facebook y Twitter del Sera son falsas, responde: “¿y qué me hace pensar que son verdaderas?”.

 En términos jurídicos, las fotografías pueden ser pruebas contra Zambada Ortiz en la Corte.

La investigación

A finales de 2011 la DEA inició en San Diego, California, una investigación en torno a una célula de distribución de drogas en Chula Vista, California, y Tijuana. En marzo del año siguiente los agentes antidrogas asignados al caso comenzaron a intervenir teléfonos de esa célula –en total fueron 30– y bautizaron sus acciones como Operación Narco Polo.

Después abrieron un expediente judicial, el 16 de noviembre de 2011, en la Corte de Distrito Sur de California, que llevan Laura Duffy, fiscal antinarco, y su asistente Adam Braverman. En él se vincula el expediente 13-cr-3575 iniciado recientemente contra El Sera por los mismos funcionarios de la fiscalía. Desde aquella fecha se giraron las primeras órdenes de aprehensión, según los registros oficiales sandieguinos.

 En esos documentos se afirma, por ejemplo, que las llamadas de los acusados fueron interceptadas, además de que se confiscaron droga y dinero al Sera y los coacusados Daniel Madrigal; Carlos Flores Vargas, alias La Tota; Arturo Chávez Jr., alias Tito Salvaje; Ubaldo López López, alias Toritos; Roberto Luis Ochoa, Irvine Rodríguez, Craig D. Lance McGruder, James Lawrence­ Snowden III, Jerry Téllez; José Parra Martín del Campo, alias Perro; José Miguel García, alias Gabacho, y otro más cuyo nombre se mantiene en reserva.

 Al Sera se le acusa de conspirar para la importación ilegal de 500 o más gramos de metanfetaminas, así como de cinco kilos o más de cocaína, mientras que a sus presuntos cómplices se les responsabiliza de distribuir la droga.

 La mayoría de los acusados son ciudadanos estadunidenses, incluido el propio Sera, lo que les facilitaba introducir la droga desde México por el cruce de San Ysidro, California, donde a Rodríguez se le confiscó más de un kilo de cocaína.

 El primer detenido fue Téllez, de 27 años, cuya familia vive en San Diego. Tiene un amplio historial criminal por manejar bajo la influencia y posesión de droga. Los exámenes practicados tras su detención dieron positivo en el consumo de cocaína.

 Téllez fue capturado el 30 de mayo de 2012 por un agente especial de la DEA apellidado Miller, quien observó dos camionetas, una Land Rover y una Honda Civic, estacionadas en las inmediaciones del pequeño poblado de Lemon Grove, en el condado de San Diego. Miller notó que Téllez metía una caja a la Honda Civic y luego se retiró del lugar acompañado por Tito Salvaje.

 Miller siguió el vehículo que conducía Téllez y, con el pretexto de que el joven estaba incurriendo en faltas al reglamento de tránsito, le pidió detenerse; al revisar el auto detectó un par de guantes cubiertos con vaselina, similares a los que se usan para empacar droga.

 El agente le ordenó al conductor abrir la caja, que estaba llena de cocaína, y lo remitió a una estación de policía, en donde también le aseguraron 809 dólares y un celular. Y luego de interrogarlo y ficharlo, lo encerró en la prisión estatal por cargos de posesión, distribución y transporte de droga.

 Meses después, entre el 27 y el 28 de noviembre de 2012, la DEA cerró la pinza y aprehendió a 11 integrantes de la célula que traficaba droga. El primer día detuvo a Rodríguez a las cinco de la mañana, cuando intentó cruzar por la línea peatonal del puente aduanal de San Ysidro con su pasaporte estadunidense.

 En la revisión, Rodríguez dio positivo. Tenía una orden de arresto y el agente de investigaciones del departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) le encontró 1.08 kilogramos de cocaína oculta en su ropa. Admitió que se dedicaba al tráfico de drogas y que esperaba un pago de 200 dólares.

 Ese mismo día fueron capturados Daniel Madrigal, Chávez Jr., James Lawrence Snowden, Ubaldo López, Parra Martín del Campo y José Miguel García. El 28 de noviembre cayeron Carlos Flores Vargas y Craig Lance McGruder, quien vivía en Chicago.

 Luego de un año en prisión, la mayoría de los coacusados en el caso del Sera llegaron a un acuerdo con la fiscalía, algunos incluso están libres y otros recibieron penas benévolas recientemente.

 En junio pasado, por ejemplo, Flores Vargas se declaró culpable de los delitos que se le atribuían, y el 15 de noviembre, días antes de la detención del Sera, negoció que su sentencia fuera conmutada, por lo que hoy goza de libertad condicionada y en tres años ya no tendrá que ver nada con la justicia.

 En el caso de McGruder, quien también se declaró culpable, recibió una sentencia de 36 meses de prisión y tres años de libertad condicionada el 8 de noviembre último. Nada que ver con la posible sentencia a cadena perpetua a la que, según el expediente, ambos pudieron ser condenados.

 A su vez, López, Rodríguez y Martín del Campo se arreglaron con la fiscalía. Con Rodríguez se desistió de los cargos, aun cuando lo agarraron en flagrancia; los otros dos fueron sancionados con penas menores de cuatro años en prisión. Los convenios están sellados en la Corte sandieguina y no se permite acceso a las sentencias.­

 Hasta el viernes 29 sólo Madrigal, Chávez Jr., Ochoa, Snowden, Téllez y El Gabacho esperaban su sentencia.

 Chávez Jr., pagó una fianza de 200 mil dólares para permanecer en libertad mientras se realiza el juicio; Madrigal fue puesto en libertad bajo fianza en marzo pasado tras un pago de 30 mil dólares hasta que se lleve a cabo el juicio.

Defensa sin estrategia

Proceso entrevistó a la defensa de Serafín Zambada, Saji Vettiyil, quien lo representó para su audiencia en la corte de Arizona del 27 de noviembre. Asegura que su cliente pediría trasladar su caso a la Corte de San Diego, como sucedió, y adelantó que se iba a declarar inocente.

“Independientemente de la acusación –señala– mi cliente se presume inocente bajo la constitución de los Estados Unidos”. Según él, como ciudadano estadunidense, El Sera “tiene fe absoluta” en el sistema judicial de ese país, por lo que la defensa intentará limpiar los cargos que se le imputan.

El 27 de noviembre el hijo del Mayo Zambada fue presentado ante la juez Karen Crawford, de la Corte de Distrito Sur de California. Iba esposado de pies y manos y con uniforme reglamentario del penal. Y aunque en la breve audiencia se declaró inocente, la fiscalía solicitó a la juez mantenerlo en prisión sin derecho a fianza.

Al término de la diligencia, su nuevo defensor, Michael McDonnell, declaró a la prensa que son falsas las cuentas de Twitter­ y Facebook del Sera difundidas tras su captura. “No crean todo lo que se publica”, expresó.

En conversación telefónica con Proceso el 28 de noviembre, McDonnell respondió a pregunta expresa de si seguirá la misma línea de defensa que en el caso de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, el hermano del Sera que también es juzgado en un tribunal estadunidense: “No lo haremos”. No obstante, aclaró que aún no conoce las pruebas del gobierno de Estados Unidos contra su cliente. Lo sabrá en los próximos 10 días, indicó.

El Vicentillo, hermano mayor del Sera, fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México al salir del hotel María Isabel Sheraton, ubicado a un costado de la embajada de Estados Unidos, tras un encuentro con agentes de la DEA. En el expediente de su caso, arraigado en una Corte federal en Chicago, se consigna que fue extraditado en febrero de 2010.

A principios de 2011, en los preparativos del juicio, sus abogados argumentaron ante el juez Rubén Castillo, quien lleva el proceso, que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgar a su cliente porque, arguyeron, había un convenio de protección e inmunidad con la DEA para él y para otros miembros del Cártel de Sinaloa.

Según afirmaron, el acuerdo se pactó a través de Humberto Loya, abogado y operador de Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia mexicana. El punto medular, expusieron, era dar inmunidad a los miembros del cártel a cambio de entregar información de las organizaciones rivales.