Y la Presidencia omnímoda se impuso: Un año de gobierno

Y la Presidencia omnímoda se impuso/Arturo Rodríguez Garcia

Revista Proceso # 1935, 30 de noviembre de 2013

Tras 12 años fuera de Los Pinos, el PRI volvió con todo y sus anacrónicos rituales, algunos inocuos… otros no tanto. Desde la desempolvada “cargada” de genuflexos políticos, pseudofeministas, empresarios o charros sindicales, hasta las muestras de fuerza (encarcelamientos y represión, por ejemplo), las señales sólo llevan a una conclusión: desaparecen los atisbos del federalismo equilibrado que bien o mal se había venido edificando en las décadas recientes, pues el poder se ejercerá desde un solo lugar: la Presidencia.

“Usted es un faro de esperanza” para la causa de las mujeres, dijo la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, a Enrique Peña Nieto. Tres meses antes la magistrada había legitimado con sus compañeros el resultado electoral que llevó al mexiquense a la Presidencia.

Viejo ritual reasumido tras los años de ausencia priista en el poder, La Mujer del Año tiene otra vez como invitado de honor al presidente, encargado de entregar la presea elaborada por la casa Tiffany en un acto que organiza la priista Kena Moreno.

 Era en realidad un sofisticado mitin feminista del PRI, convocado en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, al cual cientos de socialités, mujeres de la política y el altruismo, acudieron la tarde del 3 de diciembre de 2012.

 La Mujer del Año 2012 fue Alanís, quien en su discurso añadió: “El espíritu de igualdad que quedó plasmado en el Pacto por México, suscrito el día de ayer, da cuenta de que la inclusión ha comenzado a formar parte de la agenda de Estado, compartida además por las fuerzas políticas”.

Aplausos.

Dos días antes, el 1 de diciembre, Peña Nieto había asumido la Presidencia en medio de una jornada de protestas brutalmente reprimidas. Para ese día se tenía prevista la firma del Pacto por México, pero un desacuerdo entre partidos hizo que se aplazara al 2 de diciembre.

Cinco acuerdos y 95 asuntos a reformar (compromisos, les llamaron) fueron suscritos por PAN, PRD y PRI, las fuerzas políticas con mayor representación en el país.

 Los presidentes surgidos del PRI inician sus mandatos con golpes efectistas: Miguel de la Madrid encarceló al Negro Durazo, Carlos Salinas a La Quina, Ernesto Zedillo a Raúl Salinas de Gortari… Peña Nieto a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

 El historiador Enrique Krauze llama a esa costumbre “el calado”, cuando grupos de poder quieren poner a prueba al presidente y éste da una muestra de fuerza. La costumbre forma parte de lo que ha dado en llamar, como su libro, “la Presidencia imperial” (Proceso 1897).

 El pasado 26 de febrero la dirigente magisterial fue detenida y encarcelada. Los gobernadores, varios directamente deudores de su carrera política a Gordillo, fueron convocados a la residencia oficial de Los Pinos, de donde salieron apoyando la decisión.

 No hubo concentración masiva en el Zócalo para apoyar al presidente pero sí una asamblea con 10 mil priistas en el Centro Banamex el 4 de marzo.

 El PRI está de regreso en el poder, con sus sectores y organizaciones, las otrora llamadas “fuerzas vivas” a las cuales arenga el dirigente partidista César Camacho y, en su nombre, le expresa al mandatario su sentir: respeto a su investidura y a la verticalidad de su gobierno y el respaldo a “la firmeza y arrojo para decidir lo que conviene a la República”.

 El PAN y el PRD aplaudieron el encarcelamiento. Sólo el dirigente perredista Jesús Zambrano pidió que cayera también Carlos Romero Deschamps, líder petrolero.

Pacto permanente

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el gobierno federal, los dirigentes de los corporativos gremiales y las cámaras empresariales se fundieron en elogios y manifestaciones de apoyo y respaldo a las iniciativas presidenciales.

Atrás en la historia quedó la concentración masiva en el Zócalo y el desfile obrero al cual saludaban los presidentes desde el palco presidencial. Felipe Calderón canceló el encuentro en la residencia oficial que este año resurgió con los llamados “factores de la producción” reunidos en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. Los asistentes son “quienes mueven a México”.

En el acto y en nombre de los trabajadores el cetemista Joaquín Gamboa Pascoe expresó el total e incondicional apoyo a Peña Nieto, y el representante de los industriales, Javier Funtanet Mange, externó el respaldo empresarial a sus reformas.

Ausentes estaban los trabajadores de Mexicana, en cesantía forzada; los electricistas del SME, que ya ni centro de trabajo tienen; tampoco Elba Esther Gordillo, pues languidece en la cárcel.

Referencia obligada en todos sus discursos, esa vez Peña Nieto no mencionó el Pacto por México, que atraviesa un impasse.­ En desarrollo varias elecciones locales, funcionarios de la Sedesol fueron sorprendidos utilizando clientelarmente la Cruzada contra el Hambre, programa de gobierno para abatir la pobreza alimentaria.

El 19 de abril, en Chiapas, Peña Nieto dijo en su discurso: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes preocupan la política y las elecciones”.

Y “aquellos” se levantaron de la mesa del pacto, demandando equidad electoral, que sería resuelta semanas más tarde con un adéndum a los cinco acuerdos condensados entre partidos y gobierno días después.

Como sea, en el besamanos del 1 de mayo Gamboa Pascoe transmitió un mensaje de los trabajadores al presidente: “Sin contar nosotros nada respecto al Pacto por México, que con tanta prudencia ha manejado y sigue manejando, de siempre el pacto lo tiene con los trabajadores, y siempre le responderemos de ese pacto”.

Centralismo de hecho y de derecho

Los gobernadores han sido convocados a diferentes actos públicos para presentar iniciativas, como el plan de desarrollo o la puesta en marcha de los programas trascendentales de la administración: la Cruzada contra el Hambre y la Estrategia de Seguridad. Pero sólo dos veces han sido llamados a reuniones en privado.

La primera fue el 26 de febrero, cuando se les informó de la detención de Gordillo. La segunda, el pasado 13 de septiembre, cuando el gobierno de Peña Nieto decidió desalojar del Zócalo capitalino a los maestros de la CNTE.

Los gobernadores en general –los priistas en particular– han aceptado toda petición presidencial, incluso para recibir instrucciones, como la de silenciar la información de seguridad, según reveló el mandatario de Colima, Mario Anguiano, el 2 de febrero.

Las reformas peñistas en materia fiscal terminaron quitándole el control a los estados sobre la nómina magisterial, la cual habían asumido en los noventa.

El federalismo, concepto de debate recurrente en aquella década, hoy está fuera de las discusiones; en diferentes rubros las atribuciones que tenían las entidades federativas hoy regresan al control central, aunque no necesariamente al Ejecutivo.

Es el caso de la pérdida de facultades para contratar deuda en los estados, la propuesta de un código penal único, la creación de un instituto electoral nacional que sustituya los organismos estatales, la ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información para conocer inconformidades de los estados, la homogeneización de políticas de seguridad, la gendarmería nacional que pretende asumir tareas de prevención del delito en el fuero común, entre otras.

Para César Velázquez, coordinador del posgrado en ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, el federalismo mexicano tuvo avances en los noventa, y el poder de los gobernadores, la mayoría priistas, creció frente a los presidentes del PAN. Además, estados y municipios tuvieron importantes ingresos.

El federalismo de los noventa, sostiene, fue producto de las presiones de los partidos de oposición al PRI, que estaba en crisis. Se generó un mal diseño del federalismo y luego se dejó de lado la discusión.

Tras los escándalos de los gobernadores, como en Coahuila y Tabasco, surgió la tendencia a centralizar, dice.

“El problema es que la lectura es errónea. Pareciera que se asume que todos los gobernadores son malos y corruptos, y hay que hacer algo con ellos. La solución más fácil es acotarles poderes y regresarlos a la federación”, observa.

Doctor en políticas públicas por la Universidad de Chicago y estudioso del federalismo mexicano, Velázquez advierte que algunas reformas pueden ser saludables pues algo no funcionaba bien en los estados y, sin embargo, las soluciones no implican un rediseño del pacto federal, sino que son simplemente remedios cortoplacistas.

Sobre la aceptación de todas las decisiones presidenciales, observa: “Es consecuencia de que la mayoría de los gobiernos estatales son del PRI. Para el gobierno de Peña Nieto es más fácil estar de acuerdo con los gobernadores, que van a estar a favor de lo que propone el presidente.

“Contrario a lo que ocurría en el sexenio pasado, hay una relación más tersa, lo cual puede ser bueno porque no hay conflictos innecesarios. Lo preocupante es que esa buena relación impida que haya una discusión del federalismo o que los problemas que surjan y se presenten se debatan públicamente”, asegura.

En cuanto al fortalecimiento de la figura presidencial, tiene sus reservas pues afirma: “No es tan claro que quitándole control a estados y municipios se fortalezca en automático el presidencialismo, pero sí se fortalece al gobierno federal”.

En los últimos meses, diferentes actores políticos han observado el riesgo para el federalismo. Roberto Gil, uno de los promotores para acotar facultades financieras a los estados, alegó el 5 de noviembre que la creación de un Instituto Nacional Electoral debe evitar afectar el federalismo.

Antes, el 5 de agosto, Manlio Fabio Beltrones se refirió al mismo tema y dijo que “hay una tentación de dañar al federalismo”, aunque nunca volvió a abordar el concepto. Y en el PRD Mario Delgado ha acompañado a los presidentes de los organismos electorales locales para rechazar la pérdida de atribuciones en los estados.

Ajenos a todo, los gobernadores priistas, 20 en total, apoyan al presidente en sus reformas, sin más. Son en beneficio de los mexicanos, dijo el 8 de noviembre el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera.

Mayoría presidencial

El 13 de septiembre los maestros de la CNTE fueron violentamente desalojados del Zócalo capitalino. La noche del 15 el espacio público fue atestado de priistas acarreados del Estado de México para vitorear al mandatario y responder a la arenga tradicional conocida históricamente como “El Grito”.

La celebración en el Palacio Nacional vino a menos. El presidente y sus colaboradores debieron salir para atender la emergencia por las lluvias en Guerrero y otras entidades del país.

Un día después el desfile militar fue encabezado por un presidente que hace un recorrido triunfal por el Zócalo a bordo de un vehículo militar descubierto. Miles de soldados, policías federales y el Estado Mayor lo resguardaron.

Al cumplirse un año de gobierno, nunca se aceptó discutir la modificación de la reforma educativa como pretendía la CNTE.­ El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el 11 de noviembre que habían llegado “a las últimas horas de diálogo en la tolerancia que hemos asumidos con ellos”.

El endurecimiento del gobierno federal se generaliza. El pasado 28 de noviembre el PRD anunció que abandonaba el Pacto por México. Jesús Zambrano dijo que su partido no avalaría las reformas política ni energética.

Peña Nieto, quien todavía el 10 de junio hizo votos por que las fuerzas políticas no pusieran “nada por encima del pacto”, respondió al PRD desde Ojinaga, Chihuahua, haciéndolo prescindible, pues sostuvo que no espera unanimidad, y expuso:

“En democracia, sin duda debe privilegiarse a la voz o a aquella representación que tenga la mayoría, aquella en la que haya mayor consenso.”