Indagan malgasto en reforma judicial
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga posibles irregularidades en
la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal.
Nota de Lilia
Saúl| El Universal, Lunes
17 de febrero de 2014
IRREGULARIDADES.
Falta de abogados especializados, retraso en la implementación de juicios
orales para el sistema penal, ausencia de un Código Penal homologado, así como
inconsistencias en la compra o remodelación de inmuebles, son algunas de las
irregularidades que se han detectado.
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga posibles irregularidades en
la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. Siete de sus 11
auditorías forenses fueron dedicadas específicamente a este programa, tanto a
nivel federal como en seis entidades del país: Distrito Federal, Yucatán,
Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Tabasco.
La
ASF dará a conocer sus resultados el próximo 20 de febrero, después de haber
analizado la Cuenta Pública de 2012, aunque el hecho de que realizó auditorías
forenses a estos programas, implica que se presumen anomalías que deben
investigarse, y que podrían derivar en la comisión de un delito.
Algunas
de las deficiencias que han mostrado la mayoría de las entidades —y no sólo las
auditadas en esta ocasión por la ASF—, son la falta de cumplimiento de los
planes a ejecutar a la hora de entregarles el subsidio, que entre 2008 y 2012
ascendió a la cantidad de mil 326 millones 101 mil 424 pesos. Sólo en el año
2012 se destinaron 443 millones 424 mil pesos para todas las entidades del
país.
Falta
de abogados especializados, retraso en la implementación de juicios orales para
el sistema penal, ausencia de un Código Penal homologado, así como
inconsistencias en la compra o remodelación de inmuebles, son algunas de las
irregularidades que se han detectado a la hora de utilizar los subsidios que
otorga el Estado mexicano a las entidades federativas.
Aunque
todas las entidades y el gobierno federal tienen hasta 2016 para concluir este
proceso, difícilmente podrán cumplir con este plazo si no han avanzado con las
modificaciones que exige la nueva reforma.
Una
de las principales modificaciones en el nuevo sistema de justicia penal son los
juicios orales, pero la reforma también implica realizar procesos penales más
rápidos y eficientes, utilizar más la justicia alternativa [cuando el caso no
sea grave] y obligar a que los procesos sean públicos.
Otro
punto es que tanto la víctima como el inculpado presenten sus argumentos ante
el juez de forma oral, lo que implica la creación de un juez de control de
garantías y de ejecución de sentencias, quienes resolverán bajo el nuevo
esquema las sanciones impuestas a los inculpados.
Los
fondos destinados
La
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal (Setec) recibió en 2012 un total de 443 millones 424 mil
pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal; y en 2013,
458 millones 943 mil pesos. Para 2014 los recursos se duplicaron, pues la suma
asignada para subsidios a entidades federativas será de 917 millones 887 mil
680 pesos.
En
total, los recursos otorgados para la implementación de este nuevo Sistema de
Justicia Penal han sido, desde 2008 hasta 2012, mil 326 millones 101 mil 424
pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob) a
través del Libro blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Gestión 2009-2012.
La
Segob ya había advertido en el reporte conocido como Libro blanco que uno de
los rubros que requerían de atención inmediata era el destino de los recursos
otorgados a través de los subsidios que da el gobierno federal a las entidades
federativas.
La
principal preocupación de la Segob era, de acuerdo con el Libro blanco, que se
cumpliera con el 100% de las actividades plasmadas en los planes de trabajo de
los proyectos subsidiados.
También
consideró urgente documentar los procesos de recepción, aprobación y
seguimiento de los proyectos subsidiados en 2011, y gestionar y coordinar el
otorgamiento de recursos a proyectos apoyados con subsidio en 2012.
A
equipamiento, el gasto
El
Distrito Federal es una de las nueve entidades donde no ha arrancado por completo
la implementación del Sistema de Justicia Penal.
Edgar
Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, ha insistido
en que se homologue el Código Penal para que en todo el país se pueda avanzar
en la implementación. En el caso de la Ciudad de México, ésta cuenta ya con
salas de juicios orales, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo ningún juicio
oral de tipo penal.
Por
otra parte, el subsidio de cada una de las entidades auditadas ha sido
destinado, al menos en un 25%, en promedio, a equipamiento.
En
total, de 2010 a 2013, las 32 entidades federativas (excepto Aguascalientes,
Baja California Sur, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas) gastaron 422
millones 739 mil 749 pesos, de acuerdo con un reporte del Centro de
Investigación para el Desarrollo.
*
ZANCADILLA
A LA REFORMA PENAL/Editorial
EL UNIVERSAL
Hasta
el año pasado, sólo tres entidades del país se encontraban listas para
implementar la reforma al sistema penal: Chihuahua, Estado de México y Morelos,
que si bien tiene como año límite 2016, su rezago es alarmante. La reforma es
necesaria, ya que está encaminada a que la justicia avance en su propósito de
ser pronta y expedita.
Entre
las principales modificaciones que el nuevo sistema contiene están los juicios
orales e implica realizar procesos penales rápidos y eficientes, utilizar más
la justicia alternativa y obligar a que los procesos sean públicos. Tanto
víctimas como inculpados podrán presentar sus argumentos ante el juez de forma
oral y se crean los jueces de control de garantías y de ejecución de
sentencias, entre otras novedades.
Sin
embargo, además del rezago mencionado hay que agregar también que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) investiga irregularidades en la implementación
de la reforma del Sistema de Justicia Penal, ya que ocho de sus 11 auditorías
forenses correspondientes a la Cuenta Pública 2012 son dedicadas
específicamente a este programa, tanto a nivel federal como a seis entidades
del país: Distrito Federal, Yucatán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Tabasco.
Esto
significa que la ASF presume irregularidades y la posibilidad de algún ilícito.
Por ley, los detalles se conocerán el próximo jueves, pero el hecho de
concentrar tantas auditorías en ese rubro habla de una mala implementación en
las entidades de la República encargadas del proceso.
A
la luz de estos datos es probable que no esté listo el nuevo sistema en el
plazo planeado, lo que representaría un fracaso en perjuicio de miles de
ciudadanos que, en el mejor de los casos, padecen de una lenta y abigarrada
burocracia, y en el peor, de encierro preventivo pese a no estar demostrada su
culpa.
La
reforma no es un cambio que implique únicamente formas de barandilla, sino
metodologías para juicios más certeros, trato más justo para víctimas y
acusados e incluso espacios físicos mejor diseñados.
Si
se comprueba que hay impericia o dolo en el manejo de recursos quedará
demostrado que no es el nuevo esquema el que no funciona, sino los responsables
de implementarlo. Al parecer hay quienes se ven beneficiados del caos, la
lentitud y la injusticia actuales.
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