La lana $ a los partidos,columna de Gerardo Galarza

Columna La Estación de Gerardo Galarza/La lana

 Excelsior, 20 de julio de 2014

El repudiado financiamiento público a los partidos políticos mexicanos es consecuencia de la Reforma Política de 1977 y adquirió sus características actuales para las elecciones presidenciales de 1988, que a la postre resultaron las más cuestionadas de la historia electoral del país.

En su momento, su aceptación no fue total. Hubo quienes entonces, como ahora, lo cuestionaron, fuera y dentro de los partidos políticos. En el PAN, por ejemplo, fue una de las causas de la escisión de militantes y dirigentes, que incluyeron inclusive a exlíderes y excandidatos presidenciales, a secretarios generales del CEN panista, a militantes de toda la vida, que entonces salieron para fundar el efímero Partido del Foro Democrático. En la izquierda tampoco fue bien recibido por todos los militantes en sus diversos partidos y organizaciones.

 Hasta entonces los financiamientos de los partidos políticos eran: el proveniente del gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, que ilegalmente pagaba todas las campañas y actividades político-electorales del PRI, y las de los partidos llamados satélites, paleros o adláteres (PPS y PARM, esencialmente, aunque también se hablaba de otros), y los que utilizaban la oposición real de entonces: el PAN, mediante rifas de autos, cuotas a sus militantes y de sus pocos funcionarios públicos y donaciones anónimas; la de los partidos de la izquierda (el PCM y el PMT, entre los principales), que conseguían fondos mediante festivales, boteos, pequeñas empresas propias, cuotas de militantes y simpatizantes, además de donativos de empresarios que buscaban contrapeso en el poder. Sí, empresarios que apoyaban económicamente a la izquierda. Un buen día, Arnoldo Martínez Verdugo, el incorruptible líder del PCM, le dijo al escribidor en medio de una gran humareda de cigarrillos: “Si usted supiera quiénes han colaborado con nuestro partido, no lo creería. No se lo voy a decir. Los comunistas sabemos cumplir nuestra palabra”... y buscó el encendedor para prender un nuevo cigarrillo.

 En la izquierda como en la derecha, caracterizada en ese momento por el PAN, hubo resistencias, que hoy parecen heroicas, contra el financiamiento público legal. Fue una de las causas de una última gran escisión en el PAN. Otros las consideraron francamente necias, ante los argumentos que entonces se esgrimían en favor de aceptar el dinero público.

 Se decía: el dinero público no es del gobierno, sino de los ciudadanos que pagan impuestos; el PRI tiene secuestrado (es un eufemismo, jeje) el erario, y de ahí paga sus actividades políticas; la diferencia entre el uso priista del erario para campañas electorales y el autofinanciamiento de los partidos es abismal y ello no permitirá el desarrollo de un sistema democrático; si los empresarios financian a los partidos políticos, éstos representarán y defenderán los intereses de aquellos (en esos tiempos no se hablaba ni de crimen organizado ni de lavado de dinero); los partidos que no acepten el financiamiento público están en desventaja, también ese apoyo incluye los tiempos en radio y televisión para hacer propaganda; la democracia necesita de la competencia en igualdad de circunstancias... el PRI tendrá que sujetarse a las nuevas reglas.

 Los que opinaban lo contrario decían, esencialmente, que los partidos perderían independencia y autoridad moral para criticar y oponerse al gobierno que los mantiene con su presupuesto, así éste provenga de los impuestos pagados por los ciudadanos.

 Luego de más de 25 años de establecimiento de la entrega de dinero público a quienes hacen proselitismo político, el registro condicionado a tres nuevos partidos y su consecuente acceso al financiamiento público provocan protestas y enojos de los votantes. Los ciudadanos saben que ese dinero ha servido lo mismo para ampliar los caminos de la democracia, pero sobre todo, y escandalosamente, para enriquecer a los políticos dirigentes y candidatos de los muchos partidos que han surgido en México, a partir de que los legisladores (evidentemente surgidos de los partidos políticos) determinaron que constitucionalmente son entidades de interés público y, por lo tanto, merecedores del dinero proveniente de los mexicanos que todos los días se ganan un salario a punta de mucho más allá del bíblico mandato del sudor de su frente.

 El líder de uno de esos nuevos tres partidos, Martí Batres, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena),  ha declarado que los dirigentes de ese instituto no ganan ningún salario por su actividad como tales, por lo que el financiamiento público que recibirán no será utilizado en ellos. ¡Es una gran noticia! Pero, si esos dirigentes y quien será su candidato a la Presidencia de la República en 2018 se dedican exclusivamente a la política, ¿de qué viven?, ¿dónde trabajan?, ¿quién paga su salario desde hace años? ¿El  crimen organizado? ¿Los empresarios? ¿El gobierno? ¿A quiénes rinden cuentas? Bueno, ¿presentan declaraciones de impuestos? La más mínima congruencia los obliga a contestar de dónde viene la lana que disfrutan. La exigencia deberían cumplirla todos los partidos políticos, los nuevos y los viejos.

 Es hora de revisar el financiamiento público —dinero de quienes pagamos impuestos en este país— a los partidos políticos. Hay buen camino seguro: el de la transparencia total, trátese de dinero público o privado.

 CAMBIO DE VÍAS.- En vía de mientras, el escribidor reitera la propuesta hecha la semana anterior, original del periodista José Carreño Figueras: ¿Por qué la SHCP no consulta a los ciudadanos si aceptan que sus impuestos sean utilizados en el financiamiento de los partidos políticos? Y agrega: ¿Habrá algún partido político que promueva una consulta popular para saber si los ciudadanos estamos dispuestos a financiarlos con nuestros impuestos?