Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 7 de octubre de 2014
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros, es Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerreo, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Esta Comisión estará vigente hasta el término de la presente Legislatura.
Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto. La Comisión Especial deberá presentar un informe ante la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la comisión permanente.
Quinto. La Junta Directiva e integrantes de la Comisión Especial, así como su presidencia, vigencia y demás previsiones que se estimen necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Junta de Coordinación Política, a propuesta de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sexto. La Comisión Especial se conformará con siete integrantes, uno por cada grupo parlamentario, con representación en esta Cámara y la presidencia corresponderá al diputado representante del Partido Acción Nacional, y estará integrada por:
1. Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
3. Diputado Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
4. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
5. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
6. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
7. Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La comisión tomará sus decisiones preferente por consenso, de no ser así, lo hará por el sistema de voto ponderado, en el que el legislador o legisladora de cada grupo parlamentario representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
Séptimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por la Junta de Coordinación Política, firmado por los integrantes de la misma.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada secretaria.
Para hablar sobre este tema se han registrado las siguientes diputadas y diputados: el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; el diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Guillermo Anaya Llamas, del PAN; y la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI.
Tiene, entonces, la palabra hasta por tres minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado Flores. Sonido ahí en la curul del diputado.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Quiero ser incluido en la lista también.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado. Queda usted registrado. Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: A la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos para varones, de Ayotzinapa, Guerrero ingresan estudiantes con estudios de bachillerato que desean realizar estudios de licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación física.
Cuarenta y tres de sus estudiantes se encuentran desaparecidos, y por los datos que proporcionan los medios de comunicación, para la autoridad posibles víctimas de la delincuencia organizada, para la ciudadanía ya víctimas de la delincuencia organizada.
Ante la desaprobación de los organismos internacionales en derechos humanos, el Poder Ejecutivo, Peña Nieto ha reaccionado ordenando la intervención total del gabinete. Su indignación y confía en el esclarecimiento de los hechos y la detención de culpables con la aplicación de la ley.
Por su parte, el procurador general de la República anuncia que no se permitirá que ningún grupo se imponga por encima de la sociedad. Son loables las pretensiones de encontrar a los culpables de la desaparición de normalistas, pero cómo explicar el empoderamiento de la delincuencia organizada, no solo en Iguala sino también en otras zonas de Guerrero y del país.
Cómo explicar a los familiares de las víctimas la omisión de las autoridades del Estado y de la propia PGR ante la denuncia de hechos criminales imputados al hoy desaparecido presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
La mayoría de los estudiantes de la normal son de familias campesinas de zonas de alta marginación. Hijos de familias pobres de la costa chica, de la zona de la montaña y el centro del estado de Guerrero.
Estudiantes en condiciones de pobreza que encuentran como alternativa de formación la Normal Rural.
El
26 de septiembre realizaron un boteo en la cabecera del municipio de Iguala.
Ésta fue la infracción que persiguió la Policía municipal. Éste es el origen de
la exposición en una zona controlada por la delincuencia organizada. Buscar
culpables, indignación ante el crimen anunciado por la localización de fosas
clandestinas. Encabezar las investigaciones para encontrar los responsables.
Puros
anuncios propagandísticos para justificar la ineficiencia de las estructuras de
gobierno, de las procuradurías responsables de investigar y perseguir a los
delincuentes. Corrupción de las policías responsables de la seguridad pública,
siendo que los cuerpos policiales de este municipio operan desde el mes de mayo
bajo el esquema de mando único que comanda el gobierno estatal.
Aunado
a ello, la posible omisión de las Fuerzas Armadas, puesto que en esta misma
ciudad se encuentran las instalaciones de la 27 zona militar, instituciones de
un Estado fallido que se justifican con el discurso ante el cuestionamiento
internacional, ante el vuelo que se ha dado en medios internacionales de la
impunidad con la que actúa la delincuencia en el país.
De
ahí que esta Cámara en forma urgente apruebe una comisión especial, cuando en
otros actos criminales ha existido resistencia para la misma acción. ¿Ahora se
acuerda acaso coadyuvar en las investigaciones para estar a tono de la
denuncia?
Deseo
y espero que no sea la comparsa mediática y se actúe contra los responsables,
no solo los criminales que actuaron el 26 de septiembre, sino contra las
propias autoridades que por su omisión permitieron el empoderamiento de la
delincuencia en la región.
Que
se investigue a fondo, que se sancione si fuese el caso a la delincuencia
vinculada a la política; porque la corrupción y la impunidad de las instancias
de gobierno las que permiten que los delincuentes se empoderen a través de la
función pública, generando gobiernos encabezados con delincuentes que crecen
con sus vínculos políticos y el miedo de la sociedad.
Espero
y deseo que esta comisión especial no defraude a las víctimas y sus familiares,
que no sea demagogia el anunciado combate a los responsables. Esperamos no
estar aquí en próximos días diciendo: se los dijimos una vez más. Es cuanto,
señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la
palabra, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de
Nueva Alianza.
La
diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente; compañeras, compañeros diputados. En
Nueva Alianza queremos ser firmes y enérgicos en nuestra condena y repudio a
todo tipo de violencia. Los hechos acaecidos en Iguala, Guerrero nos lastiman
profundamente, resulta inadmisible que jóvenes estudiantes hayan sido víctimas
de criminales.
Nos
manifestamos a favor de la creación de la comisión especial, porque hay
interrogantes que requieren respuestas claras y contundentes. Estaremos atentos
y vigilantes de que las investigaciones respecto a los acontecimientos
suscitados el pasado fin de semana en Iguala, se lleven a cabo con todo
profesionalismo y absoluto rigor técnico y jurídico.
Lamentamos
que las víctimas de estos acontecimientos sean precisamente estudiantes
normalistas. Nos duele en particular porque nos formamos en la Norma para
Maestros. Estaremos pendientes de las indagatorias y, en caso de que los
cuerpos encontrados en las fosas clandestinas pertenezcan a esos estudiantes,
exigiremos que el crimen no quede sin resolución ni castigo.
Asimismo,
urgimos a las autoridades a hacer todo lo posible para encontrar a quienes aún
se encuentran desaparecidos a fin de salvaguardar su integridad. Es
responsabilidad del gobierno local garantizar la seguridad de todas y todos los
guerrerenses. Sin embargo, debemos reconocer que las autoridades locales están
siendo rebasadas por los grupos criminales.
Valoramos
que el gobierno federal asuma un papel más activo dentro del marco jurídico
vigente para reforzar las tareas de vigilancia y seguridad pública en el
municipio de Iguala.
Por
estos motivos en Nueva Alianza confiamos en que todos estaremos de acuerdo con
la proposición que presenta la Junta de Coordinación Política. Hacemos votos
por que este caso se resuelva con la premura que exige un hecho tan aberrante y
que no exista ningún resquicio para la impunidad. Es cuanto, diputado
presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadana diputada Rincón Chanona.
Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, de la fracción
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El
diputado Arturo Escobar y Vega: Buenas tardes, presidente; gracias. El día de ayer en la Junta de
Coordinación Política, un servidor fue promotor de la constitución de esta
comisión en virtud de ser uno de los actos más sensibles, más bochornosos, más
repudiantes y más vergonzosos que hemos vivido como país sin duda en los
últimos años.
Ante
esa realidad y la conformación plural de esta comisión, la cual se construye
con el voto casi unánime de los grupos parlamentarios, hoy en la mañana en la
definición de la integración de las comisiones, la cual por supuesto apoyamos;
entendemos que la presidencia de la comisión se decide que se le dé al Partido
Acción Nacional.
Independientemente
de la muy buena relación de amistad que nos une y que me une en lo personal de
respeto y si no de admiración al diputado Guillermo Anaya y ante el referente
hecho por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, que era imposible que
el PRD pudiera presidir la comisión e virtud de que dicho partido ganó la
alcaldía de Iguala y gobierna a la entidad federativa de Guerrero, un servidor
considera que la misma regla le tendría que aplicar al Partido Acción Nacional.
Una
vez más lo subrayo y no es un tema personal con el diputado Anaya con quien,
repito, me une una gran amistad con él y años de legislar juntos.
Si
mal no recuerdo en el año 2011 cuando fue la elección a gobernador, el Partido
Acción Nacional 10 días antes de la elección decide declinar de manera formal
en la voz de su presidente, Gustavo Madero, en favor del candidato del PRD y
sus aliados, en aquel entonces Ángel Aguirre.
Es
mi definición que si al PRD se le imposibilita presidir la comisión porque
gobierne el estado de Guerrero, la misma regla se tendría que aplicar al
Partido Acción Nacional.
Por
lo tanto si lo que estamos buscando es dar una muestra de imparcialidad, de
pluralidad, creo yo que tanto los aliados del PRD, como el PRD, como el Partido
Acción Nacional, tendrían que declinar a la posibilidad de presidir la comisión
para que nunca esté tachada de imparcialidad. Esto independientemente de que
estoy convencido de que Guillermo Anaya o quien la presida va a tener muestras
de profesionalismo, pluralidad e imparcialidad.
Sin
embargo si el mensaje que se busca es que esta comisión sirva como sirvió la
comisión que se constituyó para investigar el río Sonora, en la persona de
Marco Bernal, creo que es muy importante dar muestras también que en la misma
Constitución, pero especialmente en su presidencia, nadie va a presidirla que
su partido político haya apoyado al hoy presidente municipal de Iguala u hoy al
gobernador Ángel Aguirre.
Por
lo tanto emplazo a esta asamblea y al Presidente de la Mesa Directiva, para que
se proponga a alguien diferente para que presida esta comisión, para no iniciar
los trabajos de dicha comisión pensando que pudiera haber actos de parcialidad.
Este
tema es sumamente sensible y requiere de la vocación democrática de todos los
diputados federales.
Por
lo tanto propongo y emplazo a que sea alguien diferente al partido político o
aliado o partidos políticos que entonces declinaron para apoyar la gubernatura
o la candidatura del hoy gobernador Ángel ]Aguirre. Por su atención, gracias,
presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Escobar y Vega. Tiene
ahora la palabra para referirse al tema, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de
Movimiento Ciudadano.
El
diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: es muy grave lo que está
sucediendo en el país. En tres meses el país y el mundo han sido testigos de
tres casos de abuso de poder con efectos letales, donde los actores principales
son integrantes de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno del
Estado mexicano.
Sucedió
en Tlatlaya, con el ejército mexicano, donde un grupo de 22 civiles armados,
que después de haberse rendido fueron ejecutados extrajudicialmente. 10 días
después, en el municipio de Atlixco, Puebla, la policía estatal disolvió una
manifestación de campesinos y pobladores de San Bernardino, donde perdió la vida
un menor de edad a consecuencia de ello.
Finalmente,
el 26 y 27 de septiembre el hecho más indignante, Un grupo de policías
municipales y de integrantes de una agrupación delincuencial atacaron, en el
municipio de Iguala, a un grupo de estudiantes de la escuela normal, con un
saldo de seis personas muertas, 19 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. De
estos últimos lamentablemente los indicios apuntan que 29 de ellos
habrían sido ejecutados y depositados en tres tumbas clandestinas en el mismo
municipio.
Estamos
hablando de tres hechos en tres estados diferentes del país con tres gobiernos
de signo político distinto, cuyas fuerzas de seguridad se han visto
involucradas en hechos de represión y exterminio. Así de grave y descompuesta
está la situación en el territorio nacional y la crisis de seguridad que
atraviesa el país.
La
reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad
Pública arroja resultados terribles; desmiente el optimismo oficial sobre los
presuntos avances en el combate a la inseguridad.
El
tema de la violencia y la inseguridad salió del discurso oficial y de los
medios de comunicación, pero no de la realidad ni de la preocupación de las
familias de los mexicanos.
El
año pasado, mientras en este recinto se aprobaba y se jactaban de las reformas
estructurales que presumiblemente sacarán al país del subdesarrollo, allá
afuera hubo una especie de guerra civil irregular, donde un grupo se dedicó no
sólo a asesinar, sino sobre todo a secuestrar y extorsionar a otros mexicanos como
nunca antes en el país.
Se
registraron el año pasado 132 mil casos de secuestro, 361 por día; es
impresionante. Por esa razón hoy nos preocupa lo que pasa sobre la violencia en
el país, donde se está sufriendo una mutación y de ello damos cuenta de la barbarie
que hay y que hubo en estos estados, particularmente en Iguala.
Comete
el delito de genocidio –escúchenlo bien– el que con el propósito de destruir
total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial
o religioso, perpetren por cualquier medio delitos contra la vida de miembros
de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la
reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión
y multa, y cuando se trate de funcionarios públicos se agrava la pena. Se está
frente a un grave problema de genocidio.
En
la barbarie de Iguala, están dadas todas y cada una de las situaciones de un
crimen de lesa humanidad:
1o.
Hay una destrucción parcial de un grupo nacional como son los estudiantes de
origen humilde, rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
2o.
Se perpetraron ataques a la integridad corporal y a la salud mental de sus
miembros.
3o.
El hostigamiento sistemático confirmado y prolongado al que ha sido sometido
este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes
instancias oficiales, ha sido impresionante.
4o.
La participación directa de funcionarios públicos en la planeación y
perpetración de estos hechos es inadmisible.
Frente
a esta barbarie ciudadanos legisladores, no sé si baste crear la comisión, lo
que estamos evidenciando es que son crímenes de lesa humanidad, lo establece el
Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre
derechos humanos, no sólo lo previene el Código Penal Federal el delito de
genocidio, sino también instrumentos internacionales como la Convención para la
prevención y sanción de delitos de genocidio y la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
No
permitamos, yo creo que la comisión no puede ser una comisión más. Tampoco me
parece correcto que se esté frente a un asunto ordinario en donde la disputa
por quien preside pareciera ser el tenor de esta discusión, no es así; no es
quién lo presida, sino los alcances de esta comisión.
Yo
no tengo confianza ni en el PAN ni en el PRI ni en ningún grupo parlamentario
que durante mucho tiempo han siempre intentado ocultar este tipo de crímenes.
No es el tema de fondo. El tema de fondo es llegar hasta las últimas consecuencias.
Frente
a estos hechos lamentables, indignos de barbarie de la humanidad contra jóvenes
indefensos y jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos no puede
callarse esta Legislatura.
Lo
dijimos el martes pasado, el jueves insistimos, que era indispensable
constituir la comisión. Ahora no podemos regatear la integración de esta
comisión, necesitamos que al frente de ella o como integración de ella haya
hombres dignos e íntegros y mujeres dignas e íntegras que no permitan que se
quede en la impunidad este hecho.
Podría
incluso el colectivo decidir sin que haya presidencia de la comisión. Eso no es
problema, que se tomen decisiones colectivas sería lo correcto y lo pertinente.
No me parece tampoco una gran discusión de ahora impugnar a quienes vayan a ser
los que presidan.
Nosotros
no estamos de acuerdo ni nunca votamos a favor de que el PAN presidiera, pero
tampoco sería correcto que la presidiera el PRI o cualquier ot6ro que estuviera
involucrado en los hechos. Nosotros consideramos que debiera ser una gente
íntegra en esta Legislatura quien pudiera estar al frente y, sin embargo,
coincidimos en que pudieran ser la toma colectiva de decisiones.
Lo
que sí debemos hacer es que no quede sepultado en la impunidad un hecho tan
vergonzoso que está dando la vuelta al mundo como un ejemplo pernicioso del
país. No es el presidente municipal, no es del gobernador del estado, es el
país, es el Ejecutivo federal, es el gobierno mexicanos quienes están sentados
en el banquillo de los acusados en la justicia internacional. Ése es el tema de
fondo y por eso no puede pasar por desapercibido ni reducirnos a la disputa de
quien presida o integre esta comisión. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tiene
ahora la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, de la fracción
parlamentaria del PRD, para referirse a este tema.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia, compañeros diputados, diputadas. Evidentemente que la
fracción de mi partido y mi partido a nivel nacional condena estos hechos, son
hechos graves, pero de manera puntual queremos decir que nuestra fracción
propuso al interior de esta Cámara la creación de esta Comisión, en el ánimo de
que se haga un trabajo profesional en donde se vea la postura nuestra de no
contaminar la investigación.
Decirles
que la seguridad nacional en este país desde hace varios años ha sido
cuestionada. Debemos decirlo con claridad, la inseguridad pega en Michoacán,
Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, no podemos cerrar los ojos a la verdad.
Este gobierno en este tema no ha estado a la altura.
Lo
decimos desde aquí, la Federación nos ha dejado solos en Guerrero, le han
puesto mucha atención a Michoacán. Qué bueno, pero Guerrero también es parte de
la república.
Confiamos,
queremos darle la confianza a las instituciones, esperamos resultados prontos
de la Procuraduría General de la República.
Exigimos
desde ahora justicia en este tema. El PRD señala con claridad; no debe haber
impunidad, queremos ir a fondo. Deberá castigarse a quienes de una o de otra
manera participaron.
Se
tienen indicios de que se trata de grupos que se dedican a cometer ilícitos. En
ese sentido, queremos señalar que es un asunto que debe ponerle mucho interés
el secretario de Gobernación.
Percibimos
que desde un principio se actuó por parte de la federación de manera lenta.
Estamos a tiempo, podemos y debemos, por el bien de México, por el bien de la
seguridad, por el bien de las instituciones obtener resultados prontos para que
así podamos tener a los que participaron de manera directa o indirecta en este
tema y tengamos justicia. Que se escuche bien.
Termino,
señor presidente. Los diputados federales de Guerrero observamos con buenos
ojos que ningún guerrerense forme parte de la Comisión. Los diputados y las
diputadas guerrerenses queremos una investigación a fondo, queremos justicia
pronta y expedita. Pedimos la solidaridad, no solamente en presencia militar,
no solamente en el tema de la Gendarmería Nacional, necesitamos recursos para
atender este tema muy serio, la inseguridad, que no sólo es Guerrero, ya lo
señalé en muchos estados de la República. Muchísimas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señor diputado.
Les
damos la bienvenida a un grupo de líderes juveniles de la Región Segunda del
municipio de Atlacomulco, estado de México, invitadas e invitados por el
diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidas, bienvenidos.
Tiene
ahora la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, de la fracción
parlamentaria del PAN.
El
diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y
compañeros diputados, la situación en el estado de Guerrero es un asunto que
atenta contra la dignidad nacional. En México no podremos estar tranquilos
hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero.
Desde
esta tribuna condenamos y lamentamos el secuestro y homicidios de los jóvenes
normalistas. Sabemos que ésta no es la única causa de desasosiego en nuestro
país, pero ofende especialmente la circunstancia con que esto se presenta.
Es
indignante que desaparezcan 43 estudiantes, producto de un presunto ataque del
crimen organizado, al parecer en contubernio con la autoridad política, y como
sabemos, el día de hoy todavía no sabemos dónde están.
El
proceder de las autoridades del estado de Guerrero no sólo ha dejado mucho qué
desear, sino que ha mostrado indolencia y profunda incompetencia, si tomamos en
cuenta que Guerrero es la entidad federativa que registra más homicidios
dolosos, tanto en el 2013 como en el 2014. Es decir, por cada 100 mil
habitantes, Guerrero tiene 30.37 en 2014, cuando la media nacional es de 9.43.
¿Negligencia o irresponsabilidad? ¿O ambas? Es lo que está pasando hoy en
Guerrero.
Hay
una omisión evidente de las autoridades para actuar en consecuencia, si como se
ha dicho se tenía ya conocimiento y antecedentes del proceder del presidente
municipal y del terrible clima de inseguridad, que priva no solamente en
Iguala, sino en todo el estado de Guerrero.
Exigimos
a las autoridades un proceder apegado a derecho, una investigación en la que
priven los criterios científicos, de transparencia y claridad en la
información, pero sobre todo un trato digno y humano a las familias de las
víctimas.
Es
ofensivo el manejo mediático que se pretende dar a este caso. No se ponen de
acuerdo ni cuántos son los desaparecidos ni cuántos han vuelto ni cuántas fosas
clandestinas o de los cuerpos encontrados en ellas ni se tiene aún, por cierto,
todavía quiénes han perdido la vida.
La
respuesta del gobierno federal también ha sido inconsistente. Recordemos que a
finales de abril de este año enviaron a Guerrero 2 mil elementos de la Policía
Federal, además de los que ya estaban adscritos. Esto no es cosa menor, si
tomamos en cuenta que debemos apostar, como dice el gobierno federal, a la
inteligencia más que a la reacción.
Tenemos
mucho qué hacer en materia de prevención, tenemos que recapitular lo que se
está haciendo, el presupuesto asignado, las acciones, los municipios y las
consecuencias. De 300 en 300, la Gendarmería va a terminar dispersándose por
todo el territorio nacional, más con una respuesta tardía que con una garantía
de incertidumbre.
Cómo
es que Abarca Sánchez, ahora alcalde con licencia, Abarca Velázquez, se le ha
permitido sustraerse de su responsabilidad política como lo hizo. La autoridad
le haya perdido la pista. El paradero de José Luis Abarca Velázquez no debe ser
otro que estar frente al Ministerio Público para ayudar a esclarecer este
asunto.
Nos
debe quedar claro, no podemos tener directores de seguridad pública y policías
honestos mientras las autoridades políticas que les dan los nombramientos y
órdenes sean corruptos o delincuentes.
Y
no habrá instituciones de policía fuertes si en vez de fortalecer sus
capacidades sigue reinando la impunidad.
En
los últimos años como nación hemos avanzado en la concientización sobre las
necesidades de que nuestros cuerpos de policía deben ser más confiables y más
profesionales.
Pero
debemos preguntarnos cómo están haciendo las autoridades las certificaciones y
pruebas de control de confianza, si con estas aprobaciones vamos a contar con
policías como los que tenemos hoy en Iguala, Guerrero.
Reiteramos,
los normalistas de Ayotzinapa no son solamente un asunto de agenda política, un
tema mediático o crisis de inseguridad. Son ante todo un problema humanitario.
Los
desaparecidos no le pertenecen a nadie más que a sus familias, que hoy sufren
la angustia de desconocer el paradero de sus hijos. Ni la opinión pública ni
los legisladores ni las familias queremos una verdad a medias. Ni hallazgos sin
un sustento objetivo y científico.
Instar
a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a resolver esta
tragedia con justicia y con verdad.
Lo
que pasa ahora en Guerrero es un caso de dolor evitable. Las autoridades no deben
alegar ignorancia en asuntos que si se dedicaran a gobernar y servir a la
sociedad, no solo deberían conocerlos sino resolverlos.
Independientemente,
como se ha dicho aquí en tribuna, de quién presida esta comisión, el presidente
no tiene más voz y más poder que los miembros de la comisión y mucho menos que
esta asamblea, que este parlamento democrático. Así lo he demostrado en la
Comisión de Seguridad Pública que presido. Trabajo para bien de la sociedad de
México. Un trabajo democrático e imparcialidad; esto es lo que se debe hacer en
este asunto que a todos nos apena y que todos debemos de apegarnos a derecho.
Por su atención, muchísimas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Anaya Llamas. Tiene la palabra,
la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar
la postura del mismo. Adelante, diputada.
La
diputada Miriam Cárdenas Cantú: Esta sociedad mexicana ha
atestiguado etapas de violencia que por supuesto son inaceptables, pero esta
masacre acaecida en Guerrero, en donde las víctimas eran estudiantes de la
Normal Rural, los más pobres de la región que con la aquiescencia y
participación de la policía municipal fueron torturados, desmembrados y
asesinados con saña y crueldad inaudita.
Es
un hecho sin precedentes que nos indigna y ante el cual no se puede permanecer
silente y se debe exigir que no quede impune. Esta barbarie considerada peor
aún que la matanza de Aguas Blancas merece un seguimiento puntual por esta
Cámara de Diputados.
Nos
sumamos al dolor, a la indignación, a la exigencia de justicia de decenas de
familias guerrerenses víctimas de este crimen, cuya gravedad obliga a esta
soberanía a realizar un seguimiento exhaustivo responsable y ético de las
investigaciones que lleguen a esclarecer todas y cada una de las circunstancias
en que sucedieron estos acontecimientos; pero sobre todo lo que clama el pueblo
de México e incluso la comunidad internacional es que se sancione a los
responsables.
México
merece conocer la verdad sobre este hecho indignante, lacerante y repudiable.
Conocer la verdad debe ser nuestro principal objeto y sancionar a los culpables
muestra única manera de responder para que se cumpla la justicia que exigen los
guerrerenses y el pueblo de México, pero también que se exige en la comunidad
internacional; pues no debemos de perder de vista que ya han existido
pronunciamientos de la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que señalan estos acontecimientos no sólo como lamentables, sino que
es indispensable que se sancione a los responsables.
Ante
la visible incapacidad de las autoridades locales, es de reconocer la
intervención decidida del titular del Ejecutivo federal al instruir a la
Procuraduría General de la República para la atracción del caso y evitar que
esta masacre quede en la impunidad.
Resulta
indispensable que existe congruencia entre el discurso y la práctica. Así, hoy
vemos que el Estado mexicano no se encuentra inerte. Rechaza las violaciones
flagrantes a los derechos humanos y está cierto que no puede permitirse que se
generalicen, que se tornen sistemáticos, a riesgo de convertirse en crímenes de
lesa humanidad.
Señoras
y señores. El Grupo Parlamentario al que pertenezco, el del Partido
Revolucionario Institucional, se suma a la propuesta de la Junta de
Coordinación Política de esta Cámara para crear una comisión especial, pues
nosotros, las diputadas y los diputados, estamos obligados a responder a los
mexicanos porque es inconcebible que derechos humanos, cuyo reconocimiento
inició hace más de 200 años como la vida, la integridad personal, la libertad
de tránsito, la seguridad jurídica, todos estos derechos humanos de primera
generación, aún no puedan ser efectivos ni reales. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cárdenas Cantú. Señoras
diputadas, señores diputados. Estaríamos dando por concluida la lista de oradores
en términos reglamentarios y ello obligaría a esta Presidencia instruir a la
Secretaría consultara si está suficientemente discutido o no el acuerdo.
Virtud
de la naturaleza del contenido del mismo, vamos a otorgarles el uso de la
palabra a tres diputados más. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputado Uriel
Flores Aguayo y diputado Silvano Blanco Deaquino, de Movimiento Ciudadano y
PRD, respectivamente.
Concluidas
las participaciones, procederemos a la votación correspondiente para el curso
del punto de acuerdo que estamos abordando. Hasta por tres minutos, señor
diputado Mejía Berdeja, tiene el uso de la palabra.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. No fue un partido en especial el primero que propuso
esta comisión, fue la propia sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, quien propuso crear una
comisión plural de legisladoras y legisladores que se aboque a estos hechos
incalificables de Iguala.
Nosotros
el pasado 2 de octubre dimos a conocer la carta que dirigieron estos
estudiantes y hoy Movimiento Ciudadano está actuando en consecuencia.
Los
hechos de Iguala, al igual que los de San Fernando, en Tamaulipas donde fueron
masacrados 72 migrantes, o la ejecución de 22 civiles por parte de fuerzas
militares en Tlatlaya, son hechos que indignan al país y a la opinión pública
internacional.
Coincidimos
con el diputado Monreal en que en el caso de Iguala se prefiguran dos delitos
gravísimos: la desaparición forzada y el genocidio. Este último un delito de
lesa humanidad que se da cuando se pretende acabar con un grupo por razones de
raza, de índole económica o social, como fue el caso y es el caso de los
jóvenes normalistas de Guerrero.
Queremos
llamar la atención que esta comisión debe actuar con la mayor responsabilidad y
con el mayor profesionalismo.
Todos
somos miembros de partidos y de grupos parlamentarios, pero no se puede
partidizar facciosamente o actuar con ánimo revanchista.
Si
se tratara de descalificar, prácticamente no habría quién se escapara de estar
metida en la dinámica política, porque a la autoridad local la respaldaron tres
partidos; pero también se opusieron a ella tres partidos: el PRI, el Verde, y
Nueva Alianza.
Si
fuera la lógica de uno de los diputados que subió a tribuna de descalificar por
motivos partidistas, evidentemente que aquí en esta comisión hay dirigentes
políticos, hay gente de colaboró en campañas, hay gente que fue candidato al
propio gobierno de Guerrero. Entonces, no me parece que esa deba ser la lógica.
Incluso,
como lo decía el diputado Monreal, quizá se debería establecer algún mecanismo
colegiado porque no se trata de tener una posición para atacar o para llevar
raja política, sino lo que debemos hacer es ir a la verdad de los hechos y que
se castigue ejemplar y drásticamente a los responsables de esta situación tan
grave que se dio el pasado 26 de septiembre y donde siguen desaparecidos estos
jóvenes.
Además
queremos señalar que no es un tema solamente de Guerrero. A principios de este
año se contabilizaban más de 400 fosas clandestinas en el país desde el año
2006, desde el gobierno de Calderón. Y este número de fosas es tan grande que
tan sólo en el lapso de marzo del 2011 a abril del 2013 la Secretaría de la
Defensa Nacional dio a conocer que se localizaron 198 fosas clandestinas en el
país, con más de 460 cadáveres.
Por
eso, compañeras y compañeros, la responsabilidad es compartida de todos los
órdenes de gobierno. El que está mal es el país y es desde los estados del
norte, pasando por estados tan tranquilos como Querétaro, donde se localizó a
un narcotraficante, hasta estados sureños donde se enfrentan estos problemas.
Por
eso vamos a trabajar con profesionalismo, con responsabilidad y sobre todo para
que haya claridad y se castigue a los responsables; pero no estaremos de
acuerdo en que se quiera partidizar la comisión. Es cuanto, Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias por su participación. Hasta por tres
minutos tiene la palabra el señor diputado Uriel Flores Aguayo.
El
diputado Uriel Flores Aguayo: Agradezco diputado Presidente. Vengo a manifestar mi indignación como ser
humano, como mexicano, como diputado, pero sobre todo como normalista también
por estos muy lamentables y espeluznantes hechos.
Me
parece importante decir que deberíamos de evitar perder el tiempo. Está bien la
comisión, pero ojalá que dé resultados, informe en lo inmediato de algún
avance, de algo importante que haya localizado.
Este
tipo de barbaries no dan margen para la politiquería, para el forcejeo
interpartidista, para la ocurrencia. Se tiene que actuar sin simulación y sin
eufemismos. No se trata de ver quién se cuelga medallitas.
El
gobernador, si es que hay gobernador en Guerrero, debería de irse. Me parece
absurdo que todavía haya afanes de estar ahí. Hay que dar un mensaje ético, un
mensaje de esperanza a los mexicanos, de que no todo es corrupción, no todo es
desapego a valores elementales, y creo que esta barbarie nos muestra dos
grandes problemas, tiene dos dimensiones.
1.
El ataque al normalismo. La reforma educativa, que en realidad es una reforma
laboral, trae un ataque al normalismo mexicano; se reduce el presupuesto, la
matrícula; van a desaparecer escuelas normas, empiezan con las escuelas
rurales, hay un feroz ataque a las normales rurales y, en general, el
normalismo mexicano está pasando, pero se va a profundizar una crisis muy
profunda.
Hoy
que está el secretario de Educación, Chuayffet, en esta Cámara, en la tarde,
sería una muy buena oportunidad para cuestionarlo sobre la política hacia el
normalismo que ubicamos como de ataque y desvanecimiento del peso y la
incidencia en el país del normalismo, pero tenemos un problema de crisis
también del país, del sistema político, de representación, de descomposición
social de los poderes fácticos, es un problema que hay que ver en su conjunto.
No
basta que si la policía es certificada, que si el presidente municipal, no, no,
no, es un problema de conjunto. Si no se enfoca, si no se establecen mecanismos
de regeneración de la democracia mexicana, lo que sea la democracia mexicana,
no hay solución para nuestro país.
Deberíamos,
por lo tanto, de hacernos cargo de eso, y en memoria de estos muchachos, de los
mártires de Ayotzinapa ahora, de la juventud mexicana, y en defensa del país de
todos nosotros, como seres humanos, como mexicanos, exigimos justicia para las
víctimas de Ayotzinapa. Es todo, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Flores.
Finalmente
le otorgamos el uso de la palabra al diputado Silvano Blanco Deaquino, hasta
por tres minutos.
El
diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente. Puntualizar que en lo
personal quizá sea algo utópico, pero esto debe ser el parteaguas para
modificar la política nacional de seguridad en nuestro país.
Este
gobierno pretendió minimizar el problema de seguridad que tenemos en México y,
al no ponerlo en los medios de comunicación masivos y esconderlo, decía que
estaba resolviendo el problema de inseguridad en nuestro país y hasta han
señalado que ha disminuido los asesinatos, las extorciones y el secuestro. Nada
más falso.
Se
tiene que reconocer que en México hay un narco Estado, se tiene que reconocer
que hay narco política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la
República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales
efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas
campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país.
Si
no se instrumenta una política de Estado para que efectivamente México empiece
a estar en una situación totalmente distintas vamos a seguir cayendo en el
cinismo, como se está cayendo en este momento, compañeras y compañeros. Hay que
reconocerlo.
Se
habla en este momento de la situación en el estado de Guerrero, y se viene y se
dice que se lamenta. Efectivamente lamentamos los hechos, pero esta comisión
especial debiera tener mayores alcances y efectivamente hacer propuestas de
cómo hacer una política a nivel nacional que efectivamente modificara al Estado
de cosas en México.
La
federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que
pasa en todos los estados de la república. Prácticamente no hay un solo estado
de la república en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes
municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales,
imponga a gobernadores y, me atrevo decir, que también le inyecta recursos
económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República.
Entonces,
compañeras y compañeros, debemos ser honestos y ser realistas, hay que hacer un
esfuerzo extraordinario, todas y todos. Podemos decir efectivamente que algunos
se salvan de esta situación, es cierto. No podemos decir que todos los que
tienen algún cargo de representación están involucrados, tampoco es cierto, sí
hay gente con honestidad, hay gente con ética en todos los partidos políticos,
pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los
partidos políticos, y por eso debemos nosotros hacer un esfuerzo
extraordinario, compañeras y compañeros, y no quedar solamente en tratar de
remediar algo de manera indirecta, en un solo lugar, como es el caso de Iguala,
y que efectivamente el alcalde posteriormente si se prueba tiene que ser
procesado y quienes tengan responsabilidad ahí, pero hay que hacer un esfuerzo
extraordinario y no hay que politizar el tema y no hay que decir que
efectivamente quien va a presidir la Comisión no va a hacer un buen papel.
Yo espero
que todos los integrantes de la Comisión cumplan ese papel, pero no sólo eso,
sino que vayan más allá y quien debe de estar en el banquillo de los acusados
efectivamente es el gobierno mexicano por esa omisión que tiene para reparar el
estado crítico que vive este país. Es cuanto. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Silvano Blanco Deaquino. Por la
razón que hemos expuesto, pero además porque ha concluido la lista de oradores,
consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como ha dado cuenta la Secretaría, aprobado.
Comuníquese.
Para
continuar con el orden del día, previamente con la venia de ustedes... Diputado
Guillermo Anaya, ¿con qué objeto? Por favor sonido en su curul.
El
diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): Gracias, presidente.
Una
vez que fue aprobado este acuerdo y por la urgencia del tema, me permito citar
desde este momento a la Comisión Especial para el día de mañana a las 10:00
horas, y por la tarde les comunicaremos oficialmente el lugar de esta Cámara en
donde nos reuniremos, pero para que quede constancia y que los miembros de esta
Comisión tomen nota para la reunión e instalación de esta Comisión el día de
mañana a las 10:00 horas.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Anaya, a pesar de no ser el procedimiento
ortodoxo para la convocatoria, pero por la naturaleza y la urgencia, la
Secretaría de esta Mesa Directiva le auxiliará para el trámite correspondiente.
Muchas gracias.
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