Revista
Proceso
No.1986, 22 de noviembre de 2014.
Las
violentas fracturas del chavismo/Rafael
Croda
El
asesinato de dos integrantes de los grupos de choque chavistas evidenció las fracturas
dentro del régimen que gobierna Venezuela. La explicación del hecho –como de
buena parte de la política de aquel país– se relaciona con el precio del
petróleo, que ha caído 25% en año y medio: La falta de divisas fomentó la
escasez, el descontento social, las luchas de poder y la violencia.
El
diputado chavista Robert Serra fue asesinado el 1 de octubre pasado de 40
puñaladas por un grupo encabezado por su jefe de escoltas. Seis días después un
comando de élite de la policía mató a balazos, en un operativo, a los líderes
de los “colectivos” oficialistas José Odreman y Carmelo Chávez, junto con tres
correligionarios.
Odreman,
quien recibió 32 balazos, denunció minutos antes de morir que “cualquier cosa”
que le ocurriera sería responsabilidad del ministro del Interior, el general
Miguel Rodríguez Torres.
Toro
Hardy, exdirector de la gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), dice a
Proceso que la crisis económica derivada “del pésimo manejo” del gobierno y de
la caída de los precios del crudo “está desnudando las fuertes divisiones
dentro del chavismo y los peligros de violencia que corre el país”.
Durante
años Chávez armó a grupos de civiles adeptos a su proyecto político. En el
lenguaje oficial son llamados “colectivos”. La oposición política ha denunciado
que son estructuras paramilitares utilizadas por el régimen como grupos de
choque. Ellos dominan barrios enteros en los cuales ejercen labores de
seguridad, hacen proselitismo político y trabajo social en nombre de la
revolución. Transitan por las calles de Caracas en caravanas de motocicletas,
con camisetas rojas y armas a la vista. Son el ala radical del chavismo.
Como
ministro del Interior, Rodríguez Torres –principal operador de los servicios de
inteligencia y de seguridad del Estado durante la última década– se propuso
acotar el poder de los “colectivos” mejor armados y recuperar para el Estado el
monopolio legítimo de la fuerza.
“Muchos
militares están descontentos con esta situación anómala en la que hay
territorios urbanos enteros que están controlados por grupos civiles armados.
Es un hecho que quieren recuperar el control y esto causa mucha tensión entre
los mismos grupos y tribus chavistas”, indica a este semanario la historiadora
y doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela (UCV)
Margarita López Maya.
El
diputado Serra, quien tenía 27 años al ser asesinado, era conocido por sus
vínculos con los “colectivos”, entre ellos el 5 de Marzo y el Escudo de la
Revolución, que lideraban Odreman y Carmelo Chávez, respectivamente.
Ultimátum
y remociones
Tras
la muerte de Odreman el colectivo 5 de Marzo exigió, por medio de las redes
sociales, la renuncia de Rodríguez Torres y le advirtió que tenía hasta el
pasado 23 de octubre para hacerlo. Un día después de cumplirse el ultimátum, el
presidente Maduro removió al militar como ministro del Interior y destituyó a
toda la cúpula del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, la policía que ejecutó el operativo.
El
destituido ministro, una de las cabezas más visibles del poderoso sector militar
que maneja gran parte del aparato gubernamental en Venezuela, había defendido
el operativo como una acción contra un conjunto de delincuentes que enfrentó a
la policía. Todos los testigos dijeron que los uniformados llegaron a ejecutar
a los líderes de los “colectivos”.
El
exvicepresidente José Vicente Rangel, quien fuera uno de los más cercanos
colaboradores de Chávez, calificó la acción policiaca como una masacre y
sostuvo que nunca imaginó que violaciones a los derechos humanos como
“asesinatos, torturas, masacres, extorsión y secuestros” fueran defendidas por
los autores “con argumentos muy peligrosos, como el de que las víctimas eran
delincuentes”.
Como
ministra del Interior fue designada la almirante Carmen Meléndez, muy cercana a
Maduro, mientras que el grupo de militares que acompañaron a Chávez en la
intentona golpista del 4 de febrero de 1992 –conocida como 4F– perdieron a una
de sus figuras más importantes con la remoción de Rodríguez Torres.
Pero
el colectivo 5 de Marzo y 260 organizaciones del chavista Movimiento de
Resistencia Popular fueron más allá y el miércoles 5 exigieron a Maduro que
Rodríguez Torres y la removida cúpula policiaca fueran presentados a la
justicia y plantearon 15 peticiones, entre las cuales: Terminar “con una política
comunicacional únicamente dedicada a la propaganda del gobierno y a la
criminalización de la crítica”, intervenir el colapsado sistema público de
salud y esclarecer el desfalco de “miles de millones de dólares” a través del
sistema oficial de cambio de divisas, un caso de corrupción denunciado por el
exministro de Finanzas Jorge Giordani, destituido por el presidente en junio
pasado.
“Lo
que tenemos es una fragmentación muy marcada de grupos chavistas que Maduro no
puede controlar. Chávez era un líder carismático que decidía todo en Venezuela,
y sus herederos interpretan su legado a su conveniencia. Eso crea muchas
tensiones. Maduro tiene una interpretación de ese legado y otros cuadros
chavistas tienen la propia. Esto ocurre en medio de una crisis económica muy
profunda”, señala López Maya.
La
historiadora, quien simpatizó con el régimen chavista hasta 2006, cuando a su
parecer éste se radicalizó, indica que esta lucha de facciones ocurre en el
contexto “de la profunda descomposición social que se ha venido desarrollando
en los últimos años y ha afectado a las bases chavistas. La violencia se ha
instaurado como un instrumento en la resolución de los conflictos; esto ocurrió
por la polarización política y porque el discurso oficial ha sido ofensivo y
violento. En este país se rompieron las normas de convivencia social y eso es
muy peligroso. Hay muchas armas en las calles en manos de civiles”.
La
profesora de la UCV considera que la situación es “muy peligrosa porque es la
primera vez que el gobierno chavista mata a gente chavista. Eso no se había
visto en Venezuela. Esto jamás hubiera ocurrido si Chávez estuviera vivo”.
Para
el secretario general del opositor Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, la
persistencia de “colectivos” armados acusados de hechos delictivos y que el
gobierno tolera “nos puede llevar al mismo punto de violencia de México”, donde
el crimen organizado, en complicidad con las autoridades locales, desapareció y
presuntamente ejecutó a 43 jóvenes normalistas.
“Estamos
alertando lo que puede pasar si esta situación, que es incipiente en Venezuela,
persiste, porque hay un punto muy difuso donde ‘colectivos’ y delincuencia se
cruzan, con la complacencia de las autoridades, como en México, o como ocurrió
en Colombia en el pasado con los grupos paramilitares que actuaban en
complicidad con políticos y mandos militares”, sostiene en entrevista el
dirigente político socialdemócrata.
Implosión
El
chavismo, que su líder aglutinó en 2008 en el Partido Socialista Unificado de
Venezuela (PSUV), se compone de dos grandes corrientes: la civil y la militar,
que encabezan respectivamente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, un militar retirado que lidera el 4F y es el segundo hombre
más poderoso del país.
Tras
la muerte de Odreman, el 5 de Marzo pidió la renuncia de Cabello, mientras
éste, a su vez, ha calificado de “traición al legado de Chávez” la postura crítica
que han asumido dentro del PSUV corrientes como Marea Socialista y los Círculos
Bolivarianos, los cuales se reivindican como el “ala izquierda” del partido
gobernante.
“Tenemos
chavistas de la boca para afuera, que son peores que los escuálidos (como
llamaba Chávez a sus opositores)”, ha dicho Cabello.
En
un documento divulgado el lunes 10 en el portal aporrea.org, Marea Socialista
exigió al gobierno de Maduro combatir la desbordada corrupción que devora las
divisas aportadas por la renta petrolera y señaló que este fenómeno es “uno de
los motores fundamentales de la crisis actual, caracterizada por alta
inflación, insuficiencia de productos para consumo básico de la población,
pulverización del salario y surgimiento de todo un entramado corrupto privado y
público que vive del fraude y de mecanismos financieros perversos”.
El
doctor en derecho y analista político José Amando Mejía asegura que Maduro es
“presa de los diferentes grupos de interés dentro del chavismo y hace malabares
para mantener los equilibrios, pero con muy poco margen de acción. Esto tiene
paralizado su gobierno y le ha impedido tomar las medidas económicas que se
requieren para enfrentar la crisis”.
Para
Mejía, la salida de Rodríguez Torres del gobierno no necesariamente constituye
un triunfo del ala civil del chavismo frente al sector militar, pues altos
oficiales de las fuerzas armadas están a cargo de los ministerios clave, como
los de Finanzas, Interior y Defensa, y encabezan más de la mitad de las
gubernaturas y grandes empresas públicas.
“Lo
que sí existe es una pugna por el poder y un presidente débil que no tiene ni
remotamente el liderazgo y la autoridad que tenía Chávez. Lo único que ha hecho
es mediar y tratar de acallar cualquier disidencia de sectores medios, de
profesionistas, de colectivos, de sindicatos y de organizaciones populares que
son chavistas pero que advierten que el país va por un despeñadero”, sostiene.
López
Maya considera que lo que vive el chavismo “es una fragmentación creciente y
una implosión que pudiera terminar” con ese proyecto político.
Futuro
negro
Toro
Hardy percibe que un modelo como el chavista, “que se base en el clientelismo
político y en el asistencialismo social, es inviable en un escenario de bajos
precios de petróleo”, producto que representa 96% de las exportaciones de
Venezuela.
“El
punto de equilibrio económico de este régimen es un precio internacional del
petróleo de 120 dólares por barril”, señala el exdirector de PDVSA.
La
mezcla venezolana se cotizó la semana antepasada a 72 dólares por barril, su
precio más bajo en cuatro años y 48 dólares por debajo del denominado “punto de
equilibrio”. Esto limita aún más la capacidad del país de importar suficientes
alimentos, insumos industriales y artículos de primera necesidad.
“Tenemos
una recesión y esta caída en los precios del crudo compromete mucho más el
panorama”, dice el analista financiero Henkel García Uzcátegui. De acuerdo con
el director de la consultoría Econométrica, este año la economía venezolana
registrará una contracción de 3%, pero podría llegar a 4% si el coste del
barril continúa en picada.
La
inflación anualizada rebasa 63% y pulveriza los salarios; la escasez de
productos básicos y medicinas es una constante en la vida diaria del venezolano
y el dólar en el mercado negro cuesta 15 veces más que el de la tasa oficial
más baja (95 bolívares por dólar contra 6.30 bolívares).
García
Uzcátegui dice que el único camino que le queda al gobierno es hacer un ajuste
que incluya incrementar el precio de la gasolina, que es la más barata del
mundo (menos de un centavo de dólar por litro); reducir las ventas de crudo
subsidiado a sus socios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América; vender Citgo, la filial en Estados Unidos de PDVSA; reducir el gasto
público y devaluar la moneda. “Si esto no se hace la economía se colapsará”.
El
problema para Maduro es que cualquier ajuste económico no sólo mermará su ya
baja popularidad, sino que podría agudizar las disputas con las facciones del
PSUV que lo llaman a retomar el rumbo socialista trazado por Chávez.
“El
dilema de Maduro es actuar o dejar que se precipite una situación económica y
política que pueda volverse inmanejable”, señala Mejía.
Una
encuesta de la firma Datanálisis divulgada en octubre pasado indicó que 67.5%
de los venezolanos hace una evaluación negativa de la gestión de Maduro y que
en el transcurso de este año el presidente ha perdido 20 puntos de popularidad.
Además 68% de los consultados cree que debe abandonar el poder este año o
mediante un referendo revocatorio en 2016, año en el cual constitucionalmente
se podría realizar esa consulta.
Así,
en diciembre de 2015 los venezolanos acudirán a las urnas para renovar la
Asamblea Nacional. Según López Maya esos comicios podrían marcar el principio
de una salida institucional y pacífica a la crisis que vive el país. “Por lo
pronto, la palabra que mejor define la situación que estamos viviendo es
incertidumbre”, señala la historiadora.
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