Reclamo en el Senado: el presidente debe ser investigado judicialmente.

Revista Proceso No.1986, 22 de noviembre de 2014.

Reclamo en el Senado: el presidente debe ser investigado judicialmente/

Jenaro Villamil

Senadores de oposición, indignados por el escándalo de la Casa Blanca, señalan que Enrique Peña Nieto “de entrada” violó la ley al no incluir ese inmueble en su declaración patrimonial y demandan la creación de una comisión especial del Senado que investigue todo lo relativo a las finanzas del presidente y su esposa. La indagación propuesta sería amplia: incluiría entre otras cosas las ganancias de Angélica Rivera desde cuando actuaba para Televisa y los contratos obtenidos por el Grupo Higa en el Estado de México y en el resto del país.

En medio del escándalo sobre la residencia de Sierra Gorda 150 y los vínculos entre el presidente Enrique Peña Nieto y el Grupo Higa, contratista privilegiado desde que aquél gobernaba el Estado de México, senadores del PAN y del PRD sostienen que la violación a la ley de servidores públicos es del mandatario y no de su esposa, por no incorporar la propiedad del inmueble conocido como Casa Blanca a su declaración patrimonial original y señalan: “Existen claros elementos de conflicto de interés”, “tráfico de influencias” e “inconsistencias”, los cuales deben ser investigados por una comisión especial del Senado.

A esta conclusión llegan los senadores Dolores Padierna, del PRD, y Javier Corral y Laura Rojas, del PAN, entrevistados por Proceso en torno al debate legislativo sobre el escándalo por la revelación de la propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, su anuncio de que va a ceder los derechos de propiedad de la residencia y la ampliación de la declaración patrimonial de Peña Nieto el miércoles 19.

“De entrada Peña Nieto violó la ley al no declarar la propiedad de su esposa. Y eso ya convierte a la propiedad y al propio mandatario en sujeto de una investigación judicial”, afirma Corral. Rivera “no puede vender o traspasar los derechos de esa casa porque es materia de una investigación sobre un ilícito”, abunda el senador.

El legislador subraya que el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena de la siguiente manera la obligación de declarar los bienes de los cónyuges:

“Las dependencias, entidades e instituciones públicas están obligadas a proporcionar a la Secretaría (de la Función Pública), la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución patrimonial de aquéllos”.

Al mismo tiempo, advierte Corral, el artículo 8 en su fracción XII de la misma ley impone límites y restricciones a los beneficios y regalos que reciban los servidores públicos y establece claramente la figura de “conflicto de interés” en este terreno.

Este artículo establece que los servidores públicos deben “abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles e inmuebles mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos cargos o comisiones para sí”.

Además habrá conflicto “cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

Investigación necesaria

Padierna redactó un punto de acuerdo, a nombre de la bancada perredista, emplazando a Peña Nieto a hacer pública “toda su declaración patrimonial y la de su cónyuge” y le solicita a la Auditoría Superior de la Federación que haga “una investigación exhaustiva acerca de los contratos otorgados a Grupo Higa y sus empresas filiales” desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, “con el fin de deslindar el posible tráfico de influencias y de corrupción y, en su caso, imponer sanciones correspondientes”.

Padierna también propone que el Senado le solicite a los gobiernos mexiquense y federal un informe detallado de “los contratos celebrados con Grupo Televisa entre el 5 de septiembre de 2003 y el 1 de noviembre de 2014, precisando los montos y objetos de los mismos”.

Asimismo demanda que la Secretaría de Hacienda realice “una investigación detallada sobre los ingresos de la señora Angélica Rivera a partir del ejercicio fiscal de 2007”, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aporte “un informe respecto de las indemnizaciones de que será objeto Grupo Higa por la cancelación del proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro”.

Para Padierna no sólo es delicado el presunto tráfico de influencias del primer mandatario sino “las diversas inconsistencias” que se han encontrado en torno a las declaraciones de Rivera y la documentación presentada como declaración de bienes por Peña Nieto el miércoles 19, un día después de la divulgación del polémico video de la primera dama.

“Hay algo muy delicado en el tema de Angélica Rivera: Hasta marzo de 2013 en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal no existe una sola propiedad a nombre de ella, a pesar de que afirmó que Televisa le transfirió una propiedad colindante con la Casa Blanca el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México”, afirma.

Padierna coincide en este punto con Corral: “Si es cierto lo que estableció el vocero de la Presidencia, de que dicha propiedad ha sido fruto del arduo trabajo de la primera dama, debe verse reflejado en la declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo”.

La senadora mexiquense Laura Rojas recuerda que desde “el primer show en Los Pinos” de la presentación de los datos incompletos de la declaración patrimonial de Peña Nieto ya había una “simulación, una tomadura de pelo”.

Para ella tanto el vocero presidencial como el primer mandatario y su esposa están hablando “fuera de foco”: “El proble­ma no es si ella pudo adquirir esa pro­piedad con el sudor de su frente, sino que la declaración patrimonial del presidente debió incluir los bienes de su esposa”.

La legisladora considera que este problema pudo haberse evitado si el Congreso hubiera aprobado la nueva ley que crea la Comisión Nacional Anticorrupción –una propuesta de Peña Nieto que ha sido “congelada” por el propio PRI–, ya que ahí se incluye la existencia de un Registro Nacional Patrimonial de Servidores Públicos para que todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes presenten sus declaraciones públicas y pueda darse un seguimiento a la evolución patrimonial.

“En este caso hay que medir con la misma vara. Si el Congreso creó una comisión especial para investigar a los hijos de Marta Sahagún y de Vicente Fox, también lo debe hacer con Peña Nieto y su esposa. Es muy grave que la duda pese sobre el presidente y su familia. Él debe ser el primer interesado en que se forme una comisión”, abunda Rojas

Peña, “tocado moralmente”

Para Corral hay “una idea muy clara en todo el país de que Enrique Peña Nieto cometió un acto de corrupción en este caso. Él está tocado moralmente como ningún otro mandatario”.

“Siempre supimos que el peñismo fue muy corrupto. Él viene de una larga colusión de intereses, de una especie de hipoteca mercantil con Televisa. Ahora que está al descubierto la profunda ineficacia de Peña Nieto y de sus principales colaboradores, Luis Videgaray y Osorio Chong, este caso ha generado una profunda indignación”, abunda el senador.

Cuestionado sobre la posibilidad de formar una comisión en el Senado, coincide con Rojas y Padierna en que esta cámara debe ser la que asuma la investigación como “un ejercicio de equilibrio, límite, contrapeso de esta crisis”.

–¿Hay posibilidades de que se sumen los votos del PRD y del PAN? –se le pregunta.­

–La oposición tiene mayoría en el Senado, pero en todos los partidos hay una corriente entreguista hacia el gobierno, pero esto se debe proponer para transparentar y pedir una investigación.

Rojas afirma que ella dos veces promovió un punto de acuerdo para que se transparentaran por completo las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto.

“Sí creo que esto amerite una comisión investigadora, como se hizo en el caso de los hijos de Marta Sahagún y Vicente Fox. Debe medirse a todos con la misma vara, independientemente de qué partido sean. Si hay una duda sobre el comportamiento ético de los presidentes, el Congreso debe formar una comisión investigadora”, abunda.

Por su parte Padierna sostiene que el país pasa por una “crisis política y de legitimidad muy grande” y el gobierno de Peña Nieto “no tiene autoridad ni credibilidad alguna dentro ni fuera del país”.

Para la perredista desde el gobierno de José López Portillo no ha existido un escándalo de este tamaño de corrupción que involucrara directamente al presidente.­

“Este es un caso muy claro de tráfico de influencias y de conflicto de interés, primero, con una empresa claramente beneficiada en contratos como el tren rápido México-Querétaro, pero también en la construcción del acueducto VI en Monterrey, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años”, indica.

Las resistencias del PRI

Desde el miércoles 19 la bancada del PRI en el Senado se resistió a que se diera un debate en la tribuna sobre este escándalo y menos con la formación de una comisión investigadora. La Mesa Directiva pospuso este punto para la sesión del martes 25.

En declaraciones a la prensa Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada del PRI, llenó de elogios a la primera dama y al presidente por su “gran valor” para esclarecer “rumores, mentiras y difamaciones” sobre la propiedad de la Casa Blanca.

“Me parece que la señora Angélica Rivera salió con un gran valor a defender su dignidad y la de sus hijas. Me parece que dejó claro cuánto ganaba, cómo estaba comprando esta casa; que la primera casa había sido una negociación a la que había llegado con Televisa y a mí, en lo personal, me deja satisfecho”, sentenció.

En esa misma jornada el senador del PRD Luis Sánchez, exdirigente de este partido en el Estado de México, afirmó que el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue el mismo funcionario que le entregó a Higa y a la española OHL “los contratos más jugosos”.

“Es insuficiente lo que nos dijo la esposa del presidente. Necesitamos constatar que esos contratos estén ante notario público, porque esos contratos difícilmente se hacen de manera individual”, afirmó Sánchez.