Sesión del martes 2 de diciembre de 2014
La
Cámara de Diputados aprobó con 292 votos a favor, 100 en contra y una
abstención, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la
Constitución Política en materia de derecho a la movilidad universal.
Por mayoría calificada, el PRI, PAN y PVEM aprobaron la reforma para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios expidan leyes en materia de movilidad universal que permitiría a la autoridad “impedir la libre manifestación en las calles”.
Los diputados adicionaron el artículo 11 de la Constitución, al sostener que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Y se remitieron al artículo 73 de la misma Constitución que tiene que ver con la restauración y preservación del equilibrio ecológico para otorgar facultades a los gobiernos federal, estatales y municipales de legislar en materia de movilidad universal.
Previo
a la discusión, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), presidente de la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentó una
adenda para ser incorporada en el dictamen, la cual fue aprobada por el Pleno
en votación económica.
Posicionamientos:
La Presidenta diputada María
Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad
universal. Tiene la palabra por la comisión, para fundamentar el dictamen, el
diputado Marcos Aguilar Vega. Adelante, diputado.
El diputado Marcos Aguilar
Vega: Con su venia, presidenta.
Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos
Constitucionales vengo a hablar del dictamen que reforma los artículos 11 y 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
movilidad universal.
Una de nuestras principales
tareas como legisladores es, sin duda, la de perfeccionar nuestro marco
jurídico para hacerlo acorde con la realidad.
Es por ello que la presente
propuesta de reforma reviste una gran importancia, pues pretende plasmar en
nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que
tenemos todas las personas a la movilidad universal.
Existen esfuerzos realizados
en algunas legislaturas de las entidades de la República, entre ellos el
Distrito Federal y Querétaro, que proponen soluciones integrales y novedosas al
problema de la movilidad. Por lo que es necesario que nuestro marco
constitucional se reforme para colocarlo a la altura del debate actual en este
tema tan importante.
Los derechos humanos se
encuentran regidos por los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, por lo que es indispensable el reconocimiento
al derecho a la movilidad universal como un derecho humano, pues es
precisamente gracias a una movilidad plenamente ejercida que tenemos la
oportunidad para crear relaciones sociales, generar oportunidades y satisfacer
nuestras necesidades.
El derecho a la movilidad
universal implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes en
nuestra sociedad para su adecuado desplazamiento de un lugar a otro, mediante
los elementos reconocidos a nivel internacional y que integran el concepto;
específicamente me refiero a la implementación de políticas públicas por parte
del Estado para la generación ordenada de infraestructura para el correcto
ejercicio de este derecho humano, privilegiando por encima de todo al peatón,
los vehículos no motorizados, al transporte público en sus modalidades y
finalmente al transporte privado, garantizando con ello el progreso y
desarrollo con base a los principios establecidos en esta propuesta y que son:
la igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Deseo resaltar que este
derecho no es un tema exclusivamente relacionado con el transporte público o
privado, pues involucra a muchos otros factores: como el medio ambiente, la
seguridad, el espacio público, la infraestructura vial, el acceso para las
personas con discapacidad, modificación de los marcos normativos, incentivos
para el uso de modalidades no motorizadas de transporte y la movilidad
peatonal, entre muchos otros.
Y es precisamente por esto que
es necesario establecer el reconocimiento constitucional del derecho a la
movilidad universal, pues a partir de su correcta conceptualización es que se
pueden desarrollar mecanismos certeros para su tutela y protección y que se
definan obligaciones con criterios uniformes para las autoridades de todos los
órdenes de gobierno en este país.
Otro aspecto relevante es la
correcta dimensión de este derecho, la dimensión individual abarca el derecho
de cada persona para decidir libremente tanto su movimiento como la manera de
desarrollarlo y la dimensión colectiva que consiste en el derecho de todas las
personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de
movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la
conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el
desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la
protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión de todas las
personas de este país sin excepción alguna.
Éste no es un derecho que se ejerce
exclusivamente en las grandes ciudades. También debe ser garantizado a todas
las personas que habitan en áreas rurales y en zonas metropolitanas.
En nuestro país existen casi
120 millones de mexicanos que deben gozar del derecho a desplazarse a pie con
base en los principios de accesibilidad, disponibilidad, igualdad y
sustentabilidad. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud
recomienda caminar hasta 2.5 kilómetros diarios para gozar de buena salud
adecuada.
En cuanto a vehículos no motorizados,
en el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente –tres
veces más el número de automóviles– y únicamente en países desarrollados como
Canadá, Alemania y Holanda, así como en China, son tomados en cuenta como medio
de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y en el desarrollo
de la infraestructura vial que al del transporte público o privado.
En México, sin embargo, se
presume la existencia de por lo menos 20 millones de bicicletas sin que se
cuente con un adecuado sistema de ciclopistas urbanas o rurales que incentiven
el uso de este vehículo.
En las ciudades los sistemas
de transporte público se encuentran en la mayoría de las ocasiones rebasados
convirtiéndose en sinónimo de inseguridad, deterioro y pésima calidad; o
simplemente siendo insuficientes para la demanda de la población que los
utiliza.
Según la pirámide que describe
la correcta administración de los elementos de la movilidad, en nuestro país
erróneamente hemos otorgado mayor importancia a decisiones para la generación
de infraestructura en transporte privado, generando con ello un serio problema
de contaminación y caos vial. Es decir sembramos calles y cosechamos coches.
Ése no es el camino. Existe un billón de automóviles a nivel mundial. En México
circulan aproximadamente 35 millones de vehículos motorizados de acuerdo a
datos de INEGI.
Pero el problema no es sólo un
asunto de desplazamiento. La inmovilidad puede traer consecuencias serias para
el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia
social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases
contaminantes, entre otras muchas consecuencias.
Debo señalar que el derecho a
la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales,
tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación.
La movilidad no pugna con el
ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y
en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio
público.
No se puede sacrificar un
derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse,
deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio
armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para
facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio
del derecho a la movilidad universal.
El derecho a la movilidad
universal no es un asunto de vehículos, es un asunto que tiene al peatón, al
ser humano, como protagonista. No podemos construir ciudades autopistas
pensadas en la función del automóvil; no podemos deshumanizar el espacio urbano
y hacer a un lado al ciudadano de a pie.
Debemos democratizar el
espacio público; reconocer plenamente este derecho en nuestra Constitución
permitirá diseñar soluciones con una mirada integral que genere una auténtica
política nacional en el tema de movilidad, involucrando la acción coordinada y
efectiva de los gobiernos locales y el gobierno federal.
La gran mayoría de los
mexicanos no posee un vehículo motorizado, por lo que el bien común no puede
buscarse únicamente mejorando el entramado vial. No podemos dividir a la
sociedad entre los que poseen o no poseen un vehículo, pues sería como segregar
a ciudadanos de segunda clase a quienes hacen uso del transporte público o se
desplazan a pie. El derecho a la movilidad universal implica una
corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos.
He hecho varias referencias al
modelo de autoridad necesaria para atender el reto de la movilidad. Ahora
quiero referirme a los ciudadanos. El desarrollo de la conciencia de nuestra
responsabilidad ecológica con el entorno, el respeto a los ordenamientos en
materia de vialidad y el compromiso con el uso de medios de transportes
alternos, son condiciones indispensables para mejorar la situación de movilidad
en nuestro país.
Los ciudadanos debemos de
entender que el uso del transporte público sobre el privado representa más que
una declaración de estatus social, es hoy una necesidad para la viabilidad de
nuestras comunidades.
Finalmente, tenemos la
oportunidad de decidir qué tipo de país queremos, para carros o para
ciudadanos. Podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible
rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de
transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido
social.
A nombre de la Comisión de
Puntos Constitucionales he presentado una adenda de la cual se han distribuido
copias y se encuentran publicados y a su disposición en los monitores de sus
curules. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, diputado Marcos Aguilar. En virtud de que la adenda, la propuesta de
modificación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la
Secretaría a la asamblea si se acepta.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por
la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor
presidente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, Secretaria. Dígame, diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde su curul): Primero,
señor Presidente, informarle que cuando le hago la petición del uso de la
palabra antes de la votación tiene su razón de ser. Es para la clarificación
del procedimiento por el cual esta adenda que está presentada en formato de
reserva se está votando antes inclusive de que se vote el dictamen. Me parece
que es un procedimiento equivocado, primero.
Segundo, anteriormente, cuando
se han presentado adendas, se hace la discusión en lo particular y se incluye
al dictamen. Me parece que el procedimiento que acaban de hacer es inadecuado y
me gustaría aclarar bajo qué parte del reglamento se ha hecho de esta manera
porque entonces formaría parte del dictamen que está a discusión y como
consecuencia estaríamos discutiendo no solamente el dictamen en lo general,
sino estaríamos discutiendo esta adenda.
Me parece que más que estar
presentada por la comisión, al menos en el documento pareciera que está presentada
por el diputado Marco Aguilar.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Dos cosas, diputada Lilia Aguilar. En principio, es para la incorporación al
texto del dictamen y la discusión será una vez incorporado. Pero además hay
legitimidad de la Junta Directiva de la comisión dictaminadora. Eventualmente,
sobre el aspecto cuestionable de procedimiento estaría esta Mesa Directiva
atenta a la moción correspondiente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Por esa virtud, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz
para presentar una moción suspensiva con relación al dictamen. Tiene el uso de
la palabra, diputada.
La diputada Aleida Alavez
Ruiz: Con su venia, diputado
Presidente. Precisamente no solamente son cuestiones procedimentales, y ésta es
una reforma constitucional por la que tenemos que tener más cuidado de cómo
hacemos los trámites para reformar nuestra Carta Magna.
También quisiera hacer valer
en esta exposición una preocupación por lo que implica el poner en la
Constitución un derecho, el derecho de la movilidad humana, que es la reforma
que se propone al artículo 11 de la Constitución, porque contiene un riesgo
para limitar al propio precepto constitucional que establece la garantía de
libre tránsito de toda persona.
El tercer párrafo que se
propone dice: toda persona tiene derecho a la movilidad universal. La Ley
General que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases y los
principios generales para hacer efectivo este derecho.
Al respecto surgen dos
inquietudes: el significado del término movilidad universal establece que este
derecho reconoce que toda persona puede migrar y establecer su residencia en
cualquier lugar de su elección. Considero que esto es reiterativo de lo que
establece el primer párrafo del artículo 11 constitucional. Abre paso a la
expedición de una ley general en materia de movilidad universal que pondría en
riesgo la garantía de libre tránsito al reglamentarla.
El artículo 11 constitucional
es muy claro y no necesita una reglamentación restrictiva porque se trata de un
derecho universal al libre tránsito. Por tanto, no requiere –según lo que
nosotros hemos estado estudiando– una reglamentación ya que de hacerlo
restringiría esta garantía.
Las garantías individuales y
los derechos humanos jamás se han reglamentado para su restricción, sólo se han
establecido mecanismos para garantizar el libre ejercicio de un derecho
constitucional.
Tal es el caso en el Distrito
Federal, donde a través de las leyes de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y la Ley de Movilidad Humana, que se crearon ahí en esa esas dos herramientas,
mecanismos para garantizar la libre movilidad de tránsito y el acceso a los
servicios a toda persona que transite por el territorio de la ciudad de México.
Esto, la primera.
La segunda ley, la de
Movilidad Humana. A proporcionar los medios necesarios para que las personas
elijan libremente la forma de trasladarse, que es como se fundamenta ahorita
aquí el dictamen en voz del diputado Marcos Aguilar. Situación muy distinta la
reforma en comento, cuyo espíritu transita en una restricción a una garantía
que no puede ser conculcada.
Por otra parte y para ser
legal la expedición de una ley general, en este mismo proyecto, en el artículo
73, fracción XXIX-G, se pretende dar facultades al Congreso de la Unión para
expedición.
Gravísimo, esta adición y
reforma al artículo 11 y 73 constitucionales porque vulneran lo establecido en
el artículo 1o constitucional, en materia de protección a garantías individuales
y derechos humanos.
Para reformar el artículo 11
primero se deberán atender los requisitos que permitan restringir los derechos
fundamentales en atención a la jurisprudencia de la décima época. Esta
jurisprudencia es muy importante, solicitaría a la Presidencia que detenga el
reloj e instruya a la Secretaría para que dé lectura a la tesis en comento.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Proceda la Secretaría a dar lectura al criterio jurisprudencial al que alude la
oradora, por favor.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos
que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas.
Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones.
Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria.
Para que las medidas emitidas
por el legislador ordinario, con el propósito de restringir los derechos
fundamentales, sean válidas deben satisfacer al menos los siguientes
requisitos:
a) Ser admisibles dentro del
ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o
suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan
enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna.
b) Ser necesarias para
asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción
constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios
útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su
realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda
alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos
fundamentales, y
c) Ser proporcional, esto es,
la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia
del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros
derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de
un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación
innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente
protegidos.
Así, el juzgador debe
determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental
es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales; en
segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses
constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que
permitan alcanzarlo.
Y en tercer lugar, si la
distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que
pueden considerarse proporcionales. De igual manera las restricciones deberán
estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de
derechos humanos y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados
por la Constitución en aras de la consecución de los objetivos legítimos
perseguidos y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general
de una sociedad democrática.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, señora secretaria. Para que concluya.
La Presidenta diputada Aleida
Alavez Ruiz: Gracias, presidente.
Efectivamente y con esto se argumenta esta preocupación de poner en competencia
dos derechos constitucionales.
Al establecer esta reforma, en
donde se permitiría al Estado controlar en una ley general el derecho a la
movilidad, es decir, a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o
espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos.
Con esta medida conculcaría lo
previsto en el artículo primero constitucional, que establece que los derechos
fundamentales no se podrán restringir ni suspender, salvo en los casos que la
Constitución establece.
En el caso del artículo 73,
por su parte, de aprobarse, permitiría al Congreso de la Unión tener facultades
para expedir una ley que permita el control de las marchas y por ende el libre
tránsito.
En la exposición de motivos se
hace una aclaración pertinente, pero insisto, no es el momento político para
aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta
una crisis de Estado, seamos responsables con los mexicanos y cerremos el paso
a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos
días se registran en las calles.
Reconocemos que la iniciativa
de Acción Nacional enaltece el derecho a la movilidad de las personas, derecho
al que nos sumamos y apoyamos. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de que
esta legislación pretenda cercar la libre manifestación, su pretexto de
defender la libre movilidad y de pauta a una cómoda interpretación de la norma
para incurrir a la fuerza pública y a la represión oficializada.
La reciente experiencia vivida
por 11 detenidos, provocada por la interpretación sesgada a una ley, nos lleva
a dudar de la buena voluntad de algunas autoridades y a preguntar ¿Cómo van a
interpretar esta ley de movilidad?
Este intento de regular un
derecho es el pretexto idóneo para afectar otro derecho inalienable y
fundamental, la libertad de manifestación. Solo quiero insistir, concluyendo,
diputado presidente, que quede constancia en el Diario de los Debates, que
estos no son los momentos oportunos, idóneos para esta reforma.
Hago un llamado a todo el
pleno para que se atienda un compromiso con los ciudadanos y se retire este
dictamen para presentarlo en otro momento en el que aseguramos contar con
nuestro respaldo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Gracias a usted, señora diputada.
Tiene ahora la palabra para
presentar moción suspensiva al dictamen, la diputada Zuleyma Huidobro González,
de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro
González: Con su permiso, presidente.
Presentamos esta moción suspensiva, puesto que el dictamen que ahora se
someterá a discusión de esta soberanía constituye una violación al Reglamento y
al procedimiento parlamentario.
Desde el Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano siempre nos hemos pronunciado por no trivializar a la
Constitución, ya que como integrantes del Congreso de la Unión y del poder
reformador de la Constitución somos los más obligados a respetar el principio
de legalidad contenido en nuestra Norma Fundamental.
¿De qué sirve establecer en un
ordenamiento jurídico, como el Reglamento de la Cámara de Diputados, normas
mínimas de debate y convivencia entre legisladores, si en cada oportunidad las
mayorías inventan acuerdos que trasgreden la normatividad interna de este
cuerpo colegiado?
Resulta inverosímil que se
pretenda decidir, y sin el debido proceso, un tema tan importante a nivel
nacional. No es posible que se sigan llevando a cabo reformas al vapor sin
análisis eficientes que pudiera llevarnos a la toma de mejores decisiones y
sobre todo en beneficio de todos los mexicanos.
Es inconcebible que la Cámara
de Diputados le dé tanta celeridad a esta reforma. ¿Cuál es la prisa? Si no
tiene un origen turbio, ¿por qué hacer de nuevo estas transgresiones,
atropellando de paso las disposiciones más elementales del derecho
parlamentario? ¿Por qué publicitar este dictamen ahora, cuando el mismo fue
aprobado desde el mes de abril de este año y que ustedes mismos tenían en la
congeladora?
Si ustedes quieren legalizar
la represión de las protestas, háganlo, pero no cuenten con Movimiento
Ciudadano. El dictamen a discusión pretende garantizar constitucionalmente el
derecho a la movilidad universal y además faculta a la Cámara a expedir la Ley
General de Movilidad, que haga efectivo el pleno ejercicio de dicho derecho.
Es algo indispensable para
nuestro país, pero a pesar de tal situación, el gobierno no ha querido
enfrentar este problema, dejando un transporte mediocre, ineficiente,
contaminante, sin rentabilidad económica ni social, por lo que nos preguntamos,
¿por qué si no han resuelto el tema en tanto tiempo por qué acelerar esta
reforma que bien hubiera podido esperar el trámite parlamentario normal?
¿Por qué no presentaron estas
adendas cuando publicaron el dictamen? Lo vuelvo a repetir, si ya estaba
aprobado en comisiones desde el mes de abril, debieron publicitarlas la semana
pasada, ¿por qué no las presentaron en ese mismo momento?
Si a ustedes les afectan las
marchas pacíficas de miles de ciudadanos en protesta a su gobierno ineficiente
por sus actos de corrupción, por la impunidad, por la injusticia, disculpen la
molestia que nosotros, los compas, les ocasionamos, al defender a nuestro país.
Entiéndalo de una vez, los
mexicanos no necesitamos más reformas autoritarias y de represión. Necesitamos soluciones
reales, soluciones que no vengan de un decálogo de intenciones engañosas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Muchas gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se
toman en consideración las mociones suspensivas.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta si se toman en
consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los
ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: En
consecuencia, se desechan las mociones suspensivas. Y el siguiente punto es la
discusión del dictamen.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: Y
para hablar y fijar la postura de los distintos grupos parlamentarios tiene la
palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, de la fracción parlamentaria del
Partido del Trabajo. Informo a la asamblea que se está discutiendo, está a
discusión el dictamen con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El diputado Ricardo Cantú
Garza: Con la venia de la
Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para fijar
la posición de nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación
con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el
que se pretende reformar los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad universal.
Advertimos en esta propuesta
legislativa el riesgo que de ser aprobada, y bajo el pretexto de garantizar la
libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de
ella derivarían pudieran ser utilizadas para inhibir el derecho de libre
manifestación que tenemos los ciudadanos para protestar en contra del gobierno
o cualquier tipo de poder o autoridad.
Quienes nos hemos formado en
la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las
manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero que de no ejercer
nuestros derechos constitucionales, tema de gran relevancia nacional, podrían
quedar opacados y en la impunidad los actos reclamados.
El reciente caso del
secuestro, desaparición forzada y probable asesinato de 43 jóvenes estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa nos demuestra que a 10 semanas de este acto
criminal, si millones de mexicanos a lo largo y ancho del país no nos
hubiéramos movilizado exigiendo la presentación con vida de estos jóvenes, tal
vez las autoridades permanecerían sin hacer nada.
También es pertinente
mencionar, que hemos participado en incontables movilizaciones a favor de otros
movimientos sociales en México, en apoyo a otros países, en protesta por
acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en
contra de estos países.
Entendemos que los problemas
de movilidad no pueden ser siempre imputables a grupos sociales que protestan,
en muchas ocasiones es imposible transitar de manera fluida por el Periférico,
su segundo piso o avenidas importantes de esta ciudad y de ello no pueden ser
imputados como responsables grupos que protestan.
En la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, los diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa
que pretende restringir el derecho a la libre manifestación en el Distrito
Federal y sabemos también que en varios estados del país hay intenciones
autoritarias para aprobar este tipo de iniciativas.
En un escenario de crisis
económica que se avizora para el 2015, evidentemente no se pueden aprobar
medidas legislativas que tiendan a conculcar el legítimo derecho de los
mexicanos a manifestarse a favor o en contra de determinada causa.
Estamos conscientes de que la
gente no sale a la calle a protestar porque no tiene nada que hacer, lo hace
porque hay actos u omisiones del gobierno que le causan perjuicio; si los
gobiernos respondieran a las expectativas de la gente, manejándose con honestidad
y transparencia, las protestas serían menores, pero cuando se manejan en la
opacidad, no rinden cuenta clara de sus acciones y utilizan la responsabilidad
gubernamental para hacer negocios privados, los ciudadanos tienen todo el
derecho de protestar y desde la norma constitucional no deben imponerse
restricciones a ese derecho.
Por estas consideraciones
votaremos en contra, y no específicamente a la propuesta del diputado Marcos
Aguilar, sino del abuso que pudiera llegar a darse con la aprobación de esta
iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Muchas gracias, señor diputado Cantú. Tiene ahora la palabra para fijar la
postura de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano el diputado Ricardo
Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía
Berdeja: Gracias, presidente. Este
dictamen –como aquí se ha señalado– fue congelado durante varios meses. Esto se
aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales desde el mes de abril y es una
iniciativa del diputado Marco Antonio Aguilar que, entendemos, lo hizo con la
mejor intención. Como una Ley de avanzada en materia de Movilidad Urbana
tendiendo algunos precedentes legislativos, pero ha corrido mucha agua debajo
del puente desde el mes de abril.
Esta ley, en apariencia
progresista, innovadora, en la coyuntura políticosocial que vive hoy el país,
puede bien utilizarse como una coartada para la represión. Como una coartada
para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la
Constitución Política del país. Ya se ha referido en esta tribuna la previsible
contradicción entre dos derechos constitucionales. La libertad de tránsito y
ahora este concepto de movilidad universal.
Nosotros creemos que este
dictamen es políticamente inoportuno. Que la situación del país de intensas
movilizaciones sociales, de repudio al gobierno federal, de enojo frente a las
violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación
económica, no permite que se envuelva bajo el tema de la movilidad lo que puede
ser la puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales.
Nada impide hoy que los
congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con
necesidades especiales, en materia de transporte, que se procure la utilización
ecológica del transporte público, que se realicen campañas para desincentivar
el uso del automóvil y privilegiar el transporte público.
Nada hoy en el marco jurídico
mexicano impide que se pueda avanzar en esas medias legislativas o
reglamentarias para facilitar el transporte y la movilidad urbana.
Pero reformar hoy los
artículos 11 y 73 para introducir este derecho, puede, insistimos, ser la vía
para justificar, frenar movilizaciones, frenar actos legítimos de protesta,
impedir el libre tránsito o violentar derechos humanos.
No lo dice así desde luego el
dictamen, pero no faltará algún tramposo desde el gobierno o desde los
tribunales que con esta justificación justifique atrocidades y violaciones a
los derechos.
Hoy México vive una crisis
económica, decíamos y hoy lo señalo textualmente, analistas del sector privado
han ajustado la meta del crecimiento económico del 2.3 al 2.19. Hay un
deslizamiento permanente del peso y por otro lado el precio del barril de
petróleo está en franco descenso.
Hay, pues, un escenario
difícil en materia económica que se suma a un escenario de inconformidad social
creciente.
La encuesta de ayer en un
periódico, es contundente. El 91 por ciento de los líderes del país reprueban
el manejo en el tema de la corrupción al presidente, y el 72 por ciento a
población abierta.
Y la calificación desciende
hasta 3.1 para el presidente, entre los líderes, que fueron los que al inicio
del sexenio calificaban de manera más favorable al titular del Ejecutivo.
En este escenario de
inconformidad, introducir una reforma en el tema de movilidad que pueda
utilizarse para frenar el descontento social es un tema que no podemos
acompañar. No obstante, en su momento, en abril, en otras condiciones del país,
en otra situación, podríamos haber acompañado esta reforma.
Insistimos en que se pueda
reconsiderar y no se apruebe por el PRI, por el PAN y sus aliados esta reforma
que puede ser el pretexto de Peña Nieto para reprimir a los manifestantes. De
por sí ya lo están haciendo –lo decíamos hace un rato– que ahora primero
detienen, primero mandan a los penales de alta seguridad y luego sueltan a la
gente, como una medida para sembrar terror, para atemorizar y para inhibir la
participación ciudadana.
Pero miren ustedes la
paradoja. En el norte, que pareciera que todo está bien porque no hay la
magnitud de las marchas que hay en el sur y en el centro del país, es donde más
reprueban al actual gobierno, y para ello vean la encuesta de Reforma y
de El Universal del día de ayer.
Concluyo señalando, señor
Presidente, que vamos a votar en contra de esta reforma constitucional que hoy,
en la coyuntura del país, es políticamente inoportuna y puede ser la vía para
justificar la represión con un texto constitucional. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: Muchas
gracias, señor diputado Mejía. Tiene ahora la palabra para fijar la postura de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática la diputada Amalia García Medina.
La diputada Amalia Dolores
García Medina:
Muy estimados compañeros, compañeras, quiero señalar que este gran tema de la
movilidad humana fue presentado por el diputado Marcos Aguilar Vega, con un
sentido que consideramos realmente muy positivo, y además con la intención de
que hubiera una visión actual del siglo XXI sobre ese derecho a la movilidad,
considerándolo además, como parte de la nueva visión en las zonas urbanas, en
la sociedad del siglo XXI.
Al mismo tiempo, esta
propuesta que fue presentada hace muchos meses y que, incluso, fue discutida y
votada en principio en el mes de abril, fue en un momento en el que el país
–hay que decirlo con claridad– y además es una reflexión absolutamente
pertinente, era otro. No es México el mismo de hace un año al México del día de
hoy.
Estamos en una situación
extremadamente delicada que nos ha obligado, nos obliga a todos y nos tiene que
obligar a todos y a todas, a hacer reflexiones puntuales, responsables,
cuidadosas sobre cada decisión que tomamos.
Es por ello que coincidiendo
en que el concepto de la movilidad humana en aquellos aspectos que tienen que
ver con el desarrollo de la sociedad del siglo XXI es interesante, pertinente,
también en la sociedad del siglo XXI; y en el mundo del siglo XXI, resulta
sustancial y debería ser visto como una prioridad el respeto a los derechos
humanos y la libertad de las personas; son valores fundamentales esenciales.
No podemos hablar de
sociedades modernas. No podemos hablar de avance de la humanidad si no se ponen
en el centro derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas
vinculados con la libertad.
Es precisamente en este
contexto, con esta visión del respeto a los derechos humanos del valor de la
libertad, del respeto a la libre expresión de los ciudadanos y ciudadanas que
en el PRD hemos hecho una reflexión.
Y a la hora además de revisar
la Constitución, y a la luz de lo que está aconteciendo en nuestro país, con
esta gran expresión ciudadana de miles y miles y miles saliendo a las calles en
distintos puntos de la República estos días, es que hemos tomado la
determinación de plantear que no se hagan las reformas al artículo 11 y al artículo
73 que están presentadas, porque consideramos que hay en cambio artículos de la
Constitución, no uno ni dos, sino varios, que tienen que estar en el centro,
son tal vez los artículos que le dan fuerza y valor a las libertades en nuestra
Constitución, en nuestra Carta Magna. Solamente haré mención de algunos de los
asuntos sustanciales de estos artículos constitucionales.
El artículo 35. ¿Qué dice el
artículo 35 constitucional? Que son derechos del ciudadano asociarse para tomar
parte de los asuntos políticos del país, es un derecho esencialísimo, es un
derecho fundamental. Una sociedad democrática debe garantizar –y lo garantiza
el artículo 35– el derecho del ciudadano para tomar parte de los asuntos
políticos del país.
¿Y qué dice el artículo 9o. de
nuestra Constitución? Dice algo sustancial, y tal vez éste es el artículo
–subrayaría– que más nos ha llevado a plantear que no se hagan estas reformas,
estas adiciones, dice: no se podrá coartar el derecho de reunirse. No se podrá
coartar, es decir, las palabras que están escritas, negro sobre blanco, en la
Constitución son indudables, no puede haber limitaciones, no se podrá coartar
el derecho de reunión con cualquier objeto.
Y dice adicionalmente el
artículo 9o. constitucional: no podrá ser disuelta una asamblea o reunión –así
dice, no podrá ser disuelta una asamblea o reunión– que tenga por objeto hacer
una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad. ¿Qué es
lo que estamos viendo? Y dice claramente el artículo 9o. que no sólo no se podrá
coartar, sino que no podrá ser disuelta ninguna asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar una protesta –y utiliza la palabra
protesta– ante una autoridad.
¿Qué es lo que vivimos hoy?
Vivimos una manifestación masiva de miles y miles de hombres, de mujeres y de
familias en nuestro país por un asunto que no se ha garantizado, que está en el
artículo 1o. constitucional y que dice que el Estado tendrá la obligación de
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos. La gente lo que está pidiendo es que se reparen las violaciones a los
derechos humanos y se están expresando con base a ese derecho que está en la
Constitución.
También dice el artículo 8o.
de la Constitución: los funcionarios públicos respetarán el derecho de
petición. Habla del respeto, es decir, no de que esto se pueda limitar. Y la
preocupación es que haya un intento de limitación.
Quiero subrayar en este
sentido que la preocupación que tenemos es que, en el caso de estas propuestas,
se dice en el artículo 11, el Estado garantizará el derecho de toda persona a
la movilidad. El Estado y cómo va a garantizarlo.
La preocupación es que sea
intentando coartar, limitar derecho que ya están establecidos en la
Constitución y que son derechos fundamentales, no solo, sino que en la
propuesta de adición del artículo 11 constitucional se agrega “la ley general
que emite el Congreso, establecerá las bases para hacer efectivo este derecho”.
Pero la preocupación que
existe, legitima, fundada, y nosotros queremos expresarla con toda claridad y
abiertamente, es que la ley general coarte y limite derechos fundamentales,
políticos que ya están en la Constitución.
¿Qué preocupación adicional
existe? Que en el artículo 73, en la adición que se propone se señala, para
expedir leyes, se trata de las facultades que tiene el Congreso para expedir
leyes. Dice: “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno
federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios”.
Pero esa parte se refería
fundamentalmente a la protección del medio ambiente, y sin embargo ahora se
agrega que los tres órdenes de gobierno tendrán concurrencia en materia de
movilidad humana. La preocupación es que se coarten derechos fundamentales.
Y en un ambiente como el que
hoy vivimos en el país, tenemos que tomar partido, y el partido que hemos
decidido tomar en el PRD es el de privilegiar libertades fundamentales,
derechos de los ciudadanos y ciudadanas, garantizados en los artículos 35, 9o,
8o, 11 y 1o, de la Constitución. Es por eso que nuestra votación y nuestra
dedición es, porque no se hagan estas adiciones que consideramos sumamente
peligrosas y riesgosas para derechos esenciales universales, como el de la
libertad y los derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país.
Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Muchas gracias, diputada Amalia García Medina.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Agotada la lista de posicionamientos de las distintas fracciones
parlamentarias. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez,
para hablar en contra del dictamen.
El diputado Fernando
Belaunzarán Méndez:
Con su venia, presidente. Miren, entiendo y conozco al diputado Marcos Aguilar
y sé que el sentido con el cual planteó su iniciativa para reconocer el derecho
de la movilidad lo hace de la mejor manera, para poder acorde nuestra
legislación a los tiempos que vivimos. Sin embargo, alguien pudiera interpretar
o sobreinterpretar esta reforma.
¿Y cómo podemos de alguna
manera vacunarnos contra esa sobreinterpretación? Sobre todo porque hay que
tener el pulso de las cosas. Imagínense que estando el país como está, con la
gente en las calles, se pudiera entender que esta reforma puede limitar el
derecho a la manifestación. Eso es echarle leña a la hoguera, echarle leña al
fuego.
La verdad es que quisiera
acompañar esta iniciativa, porque me parece que puede ser útil, pero también
quisiera que pudiéramos de alguna manera evitar esa sobreinterpretación y que
alguien diga: por cumplir la Constitución esta manifestación viola el derecho a
la movilidad y entonces vamos a coartar ese derecho. Esa puede ser una
interpretación.
¿Cómo la bloqueamos? Miren, la
propuesta que les quiero hacer es que lo digamos explícitamente, que establezca
que esto es sin menoscabo del derecho a la libre manifestación y a la libertad
de expresión.
Si ese es nuestro espíritu,
¿cuál es el problema? Porque si no lo hiciéramos así y pudiera quedar en el ambiente
que existe la pretensión de limitar el derecho a la manifestación, lo que vamos
a conseguir es exacerbar los ánimos y en lugar de encontrar una solución
institucional a la crisis por la que estamos pasando, simplemente estaríamos
enardeciendo más los ánimos y generando un punto más de conflicto.
Insisto, veamos cómo está la
situación del país. Vean cómo están las cosas y cómo el derecho a la
manifestación ahorita es un punto muy sensible, como para poder limitarlo.
Por supuesto, estoy hablando
de la manifestación pacífica, no de quienes usan la violencia y se esconden
detrás de los pacíficos provocando que las fuerzas del orden actúen y cómo
actúan en nuestro país, violando derechos, actuando sin protocolos y también
generando mayores conflictos, ¿por qué? Por la falta de capacitación, por la
falta de protocolos, por las explicaciones que le queramos dar.
Pero no me estoy refiriendo a
los violentos, que insisto, sabotean las marchas de los pacíficos, me estoy
refiriendo a estas marchas pacíficas o que son en su inmensa mayoría pacíficas
que están ejerciendo sus derechos, que están conmoviendo a todo el país, y yo
diría que fuera del país, y que mandar un mensaje de que se les quiere coartar
sería, en mi opinión, totalmente contraproducente.
Si ésa no es la intención, yo
los invito a que le podamos agregar, yo estoy proponiendo una reserva que
agrega: “toda persona tiene derecho a la movilidad universal y a las libertades
de expresión y manifestación. La ley general que emita el Congreso de la Unión
establecerá las bases para hacer efectivos estos derechos, atendiendo a los
principios de libertad, igualdad, accesibilidad, disponibilidad y
sustentabilidad”.
Eso es lo que estoy
proponiendo, un agregado al texto para que no pueda ser malinterpretada la
reforma constitucional, porque creo que todos compartimos el espíritu con que
el diputado Marcos Aguilar Vega ha presentado. Y para evitar cualquier mal
entendido, pongámoslo.
Hay quien dice: es que ya está
en la Constitución. Bueno, cuál es el problema de hacerlo de manera más
explícita, para evitar, insisto, malos entendidos en un momento por demás
delicado.
No mandemos señales equívocas,
sería una forma –me parece– irresponsable de actuar en este momento, poder
mandar una señal equivocada. Si nadie quiere dar ningún pretexto para que se
coarte la libertad de manifestación, pues establezcamos y quitemos. Si alguien
dice: es que éstos son fantasmas que se están creando. Conjuremos los fantasmas
y pongámoslo explícitamente.
Es una propuesta fraterna que
hago, pensando en la responsabilidad, ¿por qué? Porque creo que nuestra
responsabilidad es buscarle una salida institucional a la crisis, no ahondar la
crisis.
No queremos ahondarla crisis y
si se quiere ahondar la crisis es mandar un mensaje equivocado y que se empiece
a difundir que lo que se quiere es coartar la libertad de manifestación y
entonces sí, que arda Troya.
Me parece –insisto– que
debemos actuar con mayor responsabilidad. No puede haber un pecado más grande
en política, que ser anticlimático, y mandar un mensaje equivocado en este
momento sería absolutamente contraproducente.
Actuemos con responsabilidad.
Si la idea no es coartar el derecho a la manifestación y todos compartimos el
derecho a la movilidad universal, y eso es el consenso que tenemos, pues preservemos
ambas cosas y no generemos confusión.
Yo los llamo a que hagamos
esto con claridad y aceptemos que en el mismo artículo quede establecida la
libertad de expresión y de manifestación, y con eso podamos votar en unanimidad
a favor del dictamen. Ojalá haya la posibilidad y la apertura para aceptar esta
reserva. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra, también para hablar en contra del
dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil, dela fracción parlamentaria del
Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor
presidente. Lo que vivimos hoy en México nos recuerda gravemente a la dictadura
de Pinochet. Esto no lo dije yo, lo dijeron los diputados chilenos que vinieron
a salvaguardar y a verificar que se respetaran los derechos del ahora liberado
Lawrence Maxwell, en la marcha del 20 de noviembre.
Así que compañeras y
compañeros, ésta que pareciera una iniciativa que tiene qué ver con el
reconocimiento de derechos es realmente el preámbulo y hay que decirlo con toda
claridad, para una ley antimarchas, para una ley que limite la manifestación de
las personas y la libre asociación de las mismas.
Aquellos que digan que no, yo
simplemente les preguntaría que entonces cuál es la urgencia. Qué derechos
estamos violentando si no consideramos como un derecho constitucional el
derecho a la movilidad.
Más aun, me atrevería a
decirles que hay una mala interpretación a la movilidad en la iniciativa que
ustedes presentan, porque la movilidad, al menos considerada en el derecho
internacional, y ésta en un análisis precisamente de la ONU, que hace sobre
derechos fundamentales, es considerada como el reconocimiento del derecho de
toda persona a migrar y establecer su residencia en su lugar de elección.
Eso, eso es lo que es el
derecho a la movilidad. No me parece que en México haya ninguna regla, norma o
siquiera ley que impida a los ciudadanos mexicanos a cambia su residencia. Más
aun, como ya se ha dicho en esta tribuna, los derechos constitucionales con los
que ahora contamos la garantizan.
Y la otra pregunta que yo
haría a quienes con gran urgencia han presentado esta iniciativa, aparte de a
quién estamos dañando y qué derechos estamos dañando. Yo les preguntaría, ¿por
qué en este momento? Por qué en este momento, una vez que se determinó
claramente que iniciativas como ésta, como en Puebla, llevan a autoritarios y déspotas
a la represión, como existe en la Ley bala a la que se le tuvo que dar vuelta
atrás.
Yo diría, compañeras y
compañeros, sin menospreciar la buena voluntad y la capacidad de quienes
defienden esta iniciativa aquí, que estamos abriendo la caja de pandora y como
se dice por ahí: la pradera está seca, y ustedes no solamente le están echando
gasolina, sino que además le están prendiendo un cerillo.
Qué es lo que van a decir los
jóvenes y los miles que se manifestaron ayer, cuando un juez o cuando alguien,
alguna autoridad determine –porque tampoco conocemos cuál será el contenido de
la ley general–, que las marchas se tendrán que hacer en horarios específicos y
a través de las banquetas como ya se ha hecho en otros países.
Miren, no es que yo sea
malpensada, pero ejemplos como el de la Argentina, Canadá, Colombia, Chile,
Estados Unidos, Libia, Reino Unido, y repito Libia, Reino Unida, Rusia y
Venezuela han utilizado medidas como ésta para que las manifestaciones en el
nombre del orden ahora resulta que no podrán darse en la manera y en la forma
en que los ciudadanos que tienen derecho a libre asociación y a libre
manifestación de las ideas puedan expresarse de la manera que mejor les
parezca; es decir, estos países son el ejemplo claro de la utilización del
derecho a la libre movilidad de forma punitiva.
Más aún, yo les diría, y les
pregunto a quienes apoyan esta iniciativa y este dictamen, lo que ya se ha
dicho en esta tribuna, la adenda que quiso pasar desapercibida –contra todo
reglamento, lo voy a señalar–, no hay fundamento ni normativo ni reglamentario
para subir la adenda que subieron hoy aquí y que pareciera completamente
inofensiva, no es inofensiva.
Porque dice que el Estado
deberá garantizar el derecho a la movilidad a través de una ley general. Entonces
¿qué es lo que vamos a tener después? ¿De qué manera el Estado o los Ejecutivos
o los gobernadores que se han caracterizado algunos de ellos por ser muy
democráticos y dejar que la gente salga a movilizarse, de qué manera vamos a
evitar que se reprima a la libre manifestación en las calles cuando la gente
tiene algo que decir y no esté de acuerdo con el Estado?
Estamos entonces aprobando un
derecho, sí, que podrá tener que ver con libertades, pero libertades que no
sean ya consideradas ya en la Constitución. Hago un reto intelectual para que
alguien venga y me diga aquí qué derecho no está contemplado en la Constitución
y que sí esté contemplado en éste, o qué derecho estamos violentando o qué
derecho le estamos violentando a los ciudadanos al no aprobar esta iniciativa,
porque entonces pareciera –ahí sí, y más allá de las burlas y las risas– no
solamente que le están pagando al Partido Acción Nacional con esta iniciativa
sus ayudas, sino que estamos entrando definitivamente a un Estado autoritario, por
decir lo menos, que ahora atenderá con la ley en la mano a reprimir a sus
ciudadanos.
Nosotros también, compañeras y
compañeros diputados, estamos en contra de la violencia y estamos en contra de
la violencia del Estado, porque si el Estado es el principal violentador,
entonces ¿qué garantías de estado de derecho y qué garantías de contrato social
nos dejan a los ciudadanos?
No al preámbulo de la Ley
Antimarchas y no al preámbulo de la represión, porque entonces la gente que
tiene diferencias claras con el Estado no podrá ya ni siquiera poder
expresarlas en las calles. Es cuanto. Yo invito a los que están cansados a que
puedan subirse a la tribuna y podamos discutir este tema. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: Tiene
ahora la palabra también para hablar en contra del dictamen la diputada
Graciela Saldaña Fraire. ¿Se encuentra la diputada?
La diputada Graciela Saldaña
Fraire: Gracias. Con su venia, señor
presidente. El presente dictamen resulta ambiguo y es importante que las y los
mexicanos sepan que el grupo parlamentario del PRD no dará paso a oficializar
la criminalización de las marchas disfrazándolas en garantizar el derecho
constitucional de la movilidad.
Nos resulta perverso y nada
casual que ante las masivas manifestaciones de rechazo a las políticas
institucionales del gobierno federal en las calles, hoy se proponga dar paso a
una ley para reglamentar la movilidad.
Basta recordar, y quiero dar
algunos antecedentes, en el caso del estado de Quintana Roo, al expedir una ley
anti-marchas, de cara a un evento internacional que fue en el caso de Tianguis
Turístico en Quintana Roo. Aun cuando estando ocupando el último lugar o
penúltimo lugar en el avance de las evaluaciones de control de confianza de los
policías, según el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, nuestro grupo parlamentario nunca votará a favor de una
ambigüedad jurídica, se arriesguen otros derechos humanos como el libre
tránsito de manifestación.
Esto no contribuye a limpiar
la imagen presidencial ni cambiar el sentimiento de un pueblo colapsado ante
las constantes violaciones de los derechos.
Estamos en riesgo de aprobar
una ley general que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y la
protesta social y en consecuencia represión oficializada.
Quisiera explicar por qué
estamos en riesgo, de aprobar este documento, que no suma en nada a la paz, a
la tranquilidad, al orden que el pueblo de México exige en las calles. Este
dictamen es una mera ilusión de Estado, pues abre la puerta para regular la
protesta.
Si una ley general que regule
las protestas como es el caso que lo hizo un compañero Pedro Celestino Canché
Herrera, detenido en Quintana Roo por filmar un video de crítica al gobernador
del estado; a empresarios, a periodistas y a actores políticos reprimidos por
expresar sus opiniones, si eso no es suficiente, esperen a ver lo que pasará en
este país al regular las protestas sociales.
Desde nuestro grupo
parlamentario recordamos también al gobierno que el libre tránsito es un
derecho, no una potestad del Estado, que la protesta social no se criminaliza y
subrayo, no se criminaliza pues es el último camino que tenemos las y los
mexicanos de llevar a cabo.
Quisiera ejemplificar lo que
estoy diciendo. La Ley de Ordenamiento Cívico del estado de Quintana Roo se
presentó en un mes de marzo; después se modificó. Qué era lo que decía. La Ley
de Ordenamiento Cívico prohibía protestar en zonas históricas, turísticas, así
como en avenidas principales. Obligaba a los manifestantes a solicitar un
permiso al menos con 48 horas de antelación. Prohibía el uso de injurias en las
protestas y los bloqueos en carreteras y avenidas. Restringía las
manifestaciones sociales y permitía el uso de la fuerza pública para disolver
los bloqueos.
Es por eso que no quise dejar
pasar para ilustrar si esta ley podía ser un preámbulo para poder ocurrir lo
que pasó en Quintana Roo que afortunadamente se modificó.
Esta ley facultaba a la
autoridad para intervenir si en una protesta se alteraban los servicios para la
paz, tranquilidad de comunidades que impida el desarrollo de actividades,
altere derechos humanos o se injuria y, como ya lo dije públicamente, se
recurre a la violencia o amenazas para obligar a que la autoridad resuelva
peticiones de los manifestantes.
Quiero decirles que después se
vio modificada y esta ley quedó nada más de manera facultativa; se quedó sin
dientes y es una ley que quedó para no regular absolutamente nada más que el
derecho de tránsito que tienen las y los ciudadanos.
Pregunto –y con esto finalizo,
señor Presidente– por qué se pretende criminalizar la protesta social. Por qué
se pretende regularizar las marchas cuando el pueblo de México se vuelca a las
calles. Desde cuándo un derecho humano constitucionalmente establecido debe reglamentarse.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Muchas gracias, señora diputada Saldaña. Esta Presidencia informa que se han
reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: artículo
11 elimina el párrafo tercero, reserva hecha por la diputada Lilia Aguilar Gil.
Artículo 11, también reservado por el diputado Ricardo Monreal Ávila y por el
diputado Ricardo Mejía Berdeja. El mismo artículo 11 reservado también por el
diputado Fernando Belaunzarán Méndez. El artículo 11 y eliminar el segundo
transitorio, reservado por la diputada Graciela Saldaña Fraire. El artículo 73,
fracción XXIX-G reservada por la diputada Lilia Aguilar Gil; el 73, fracción
XXIX-G reservado por el diputado Ricardo Mejía, y el segundo transitorio
reservado por el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Para recoger la votación en lo general del dictamen, se ruega a la Secretaría
instruya para que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos,
para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no
reservados.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144,
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema
electrónico...
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: ...
diez minutos. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no
reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Ciérrese el sistema electrónico.
El Secretario diputado Javier
Orozco Gómez: Ciérrese el sistema
electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 292 votos a favor, 1
abstención y 100 votos en contra. Existe mayoría calificada.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las
modificaciones aceptadas por 292 votos a favor.
El Secretario diputado Javier
Orozco Gómez: Para presentar reserva al
artículo 11 en el párrafo tercero tiene la palabra la diputada Lilia Agilar
Gil, del Partido del Trabajo.
El diputado Néstor Octavio
Gordillo Castillo (desde
la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Néstor Octavio
Gordillo Castillo (desde
la curul): Ciudadano presidente, muchas gracias por la oportunidad, pero es
necesario desde mi punto de vista hacer de su conocimiento que en repetidas
ocasiones se han referido en varias intervenciones de algunos diputados y
algunas diputadas sobre Puebla, en el caso de que es un estado donde se reprime
–cosa que es totalmente falso– y ahorita que estamos tocando este tema en
materia de movilidad universal pues también nuevamente se hace referencia y en
ese sentido pues también tenemos el derecho de explicar esta situación.
Creo que, si estamos tratando
en esta propuesta de mejorar esos mecanismos legales en el terreno de la
movilidad, también es importante destacar que con la existente en el estado de
Puebla no se ha hecho otra cosa que aplicar el Estado de derecho y, en se
sentido, todas las situaciones que han pasado se han llevado a cabo mediante la
autorización de un juez donde se sigue un procedimiento legal, donde se ha
trasgredido una ley, donde hay una sentencia y donde la gente tiene derecho a
defenderse.
Estamos totalmente de acuerdo
en que cualquier persona puede manifestarse de la manera que lo considere
pertinente dentro de la materia y dentro del derecho. Y, en ese sentido, sí
queremos dejar muy en claro que en el estado de Puebla existe esa situación y
se está aplicando ese mismo Estado de derecho.
Agradezco esta oportunidad
para que quede desde mi punto de vista suficientemente dicho que estamos
pendientes de esta situación y estamos en el aspecto del diálogo. También hay
otras cosas que deberían estar adicionalmente en este sentido...
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Diputado, le ruego concluir.
El diputado Néstor Octavio
Gordillo Castillo (desde
la curul): Sobre todo qué gente hay atrás de cada movimiento...
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Diputado, concluya. No está este asunto en el orden del día, le ruego que
concluya.
El diputado Néstor Octavio
Gordillo Castillo (desde
la curul): Pero están haciendo referencia, señor diputado, de cada uno de
nuestros estados y nos señalan...
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: El
dictamen está votado, estamos en las reservas del dictamen. Continúe la oradora
por favor.
El diputado Néstor Octavio
Gordillo Castillo (desde
la curul): Entonces de todas formas gracias, presidente, y esa es la situación
que prevalece. Muy amable.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Continúe la oradora, por favor. ¿No va a hacer uso usted de su tiempo?
La diputada Lilia Aguilar Gil: Por su puesto.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Continúe la oradora, por favor.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor presidente, voltee
tantito para la izquierda.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: Le
consulto además, si va usted a presentar sus dos reservas en un solo acto.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Voy a presentar una sola,
señor presidente. Primero voy a contestar al diputado, con mucho respeto, que
me hacía alusión sin hacer alusión a mi nombre.
Simplemente –y con mucho
respeto de verdad lo hago, diputado– decirle que garantizar el estado de
derecho es garantizar los derechos constitucionales, y definitivamente los
derechos constitucionales y los derechos humanos fueron violentados en Puebla,
no es una opinión subjetiva, sino es un hecho que inclusive recogió la prensa
internacional. No tengamos la piel sensible y reconozcamos que es lo que sucede
en este país.
Hay un dicho que versa que una
sola chispa puede incendiar la pradera, ya se ha hablado aquí de la
pertinencia, de la presentación de esta iniciativa. Por decir, el tiempo que se
está utilizando es poco atinado porque ¿Qué mensaje estamos mandando a la gente
que ya se ha manifestado en las calles en diversas ocasiones cuando se pone
aparentemente un derecho inofensivo a nivel constitucional? ¿Y qué es lo que va
suceder en la práctica?
Y aquí agradezco algunos
diputados que son expertos en derecho constitucional y que me han dicho que una
cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que sucederá en la práctica.
Y es ahí donde está el riesgo.
No olvidemos que la
desaparición de los 43, el secuestro que se dio de 2 jóvenes, incluidos Sandino
Bucio, el día viernes pasado, la detención de 11 jóvenes que tuvieron que ser
liberados después de la marchas del 20 de noviembre, y la incursión del
ejército a la Universidad de Coahuila, han hecho que en este país haya un
sentimiento en contra de las instituciones y el gobierno.
Como consecuencia, una
iniciativa como está nos hace pensar mal, nos hace pensar que hay una
iniciativa del gobierno con algunos otros que tienen un sentimiento autoritario
para poder reprimir las marchas y el derecho a la libre manifestación de las
ideas.
El ejemplo claro, y lo digo
con mucha claridad, lo vivimos el 20 de noviembre en el Zócalo, donde no
solamente la Policía del Distrito Federal, sino también la Policía Federal
hicieron un barrido para limpiar el Zócalo, en una idea de pertenencia absurda
y argumentando la violencia de unos pocos.
He hecho aquí un reto, que sé
que no será tomado, porque afirmo que el derecho a la movilidad que tiene esta
iniciativa no es claro. Y para ello leeré muy rápidamente lo que dice la
iniciativa y a lo que se refiere este derecho a la movilidad. Dice: El Estado
garantizará el derecho a toda persona a la movilidad universal, atendiendo a
los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Esto en efecto puede ser
confundido con el libre tránsito, pero no hay derecho ni ley ahora que evite
que este derecho pueda ser cumplido. Nosotros lo que hemos observado es que no
hay una claridad en la definición de la movilidad, porque como ya lo dijimos,
el derecho universal no solamente versa sobre el derecho a migrar, sino en
efecto, el derecho a la movilidad y accesibilidad versa en el tema de que toda
persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso al medio ambiente, a
moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona con
discapacidad tiene además derecho a que se facilite su movilidad y a la
supresión de todas las barreras arquitectónicas.
¿Por qué estamos presentando
esta reserva? Porque ya hay prácticas en el mundo que hablan de esta
accesibilidad, pero que no lo han elevado a un derecho constitucional,
precisamente porque lo consideran ya incluido en otros.
El ejemplo claro que se
utilizó en las discusiones en esta Cámara de Diputados es el caso de Bogotá y
Medellín, en Colombia, donde el derecho a la movilidad no está reconocido,
repito, no está reconocido de manera literal en la Constitución Política de
Colombia; sin embargo, se considera relacionado en otros derechos, como el de
la libre circulación, la planeación, la autonomía territorial, la finalidad
social del Estado y los servicios públicos.
Insistimos, incluir el derecho
a la movilidad abrirá muchos frentes de discusión e interpretación y a lo que
nos enfrentamos es a que luego se diga que la gente no se puede manifestar
libremente en las calles, cuando podemos solucionar esta problemática que nadie
ha querido venir a describir a esta tribuna, simplemente con planes y leyes
secundarias que permitan la libre organización arquitectónica y de planeación
en las ciudades.
No es necesario aplicar este
derecho constitucional que nos meterá en muchos problemas y que definitivamente
abrirá la caja de pandora.
Termino diciendo: cada vez que
se encuentre usted en la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar.
Compañeros diputados, reflexionemos en el Estado que guarda hoy el país y qué
es los demonios que este derecho habla. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica,
si se admite a discusión.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa,
presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: En
consecuencia, se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz
Córdova Bernal, para presentar en un solo acto dos reservas, una al artículo 11
y la otra al segundo transitorio.
La diputada Martha Beatriz
Córdova Bernal: Con
su venia, diputado presidente. De manera reiterada, se han hecho intentos,
tanto en esta legislatura como por legislaturas locales, por limitar el derecho
de la sociedad a manifestar sus ideas e inconformidades, que generalmente
incomodan al gobierno en turno y que intentan disuadirlas.
Ante ello, incluimos de manera
específica que estos derechos, como aquellos que derivan de éstos, no puedan
ser limitados por este decreto y los ordenamientos que de él emanen, para
garantizar un verdadero ejercicio democrático de pluralidad, así como los
derechos consagrados en nuestra Constitución.
Por ello, planteamos reserva
al artículo 11 del dictamen a discusión, para que diga: el Estado garantizará
el derecho de toda persona a la movilidad universal, garantizando el pleno
ejercicio de todos los derechos consagrados en la Constitución y atendiendo a
los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
En cuanto al artículo
transitorio segundo de este dictamen, quiero decirles que una de las
preocupaciones que tenemos un grupo de diputadas y diputados integrantes de
esta LXII Legislatura, son las reformas que se han hecho al vapor. Estamos ante
una legislación al vapor en este Congreso.
Sin embargo, en leyes
relevantes en las que se encuentran en juego tanto beneficios como posibles
perjuicios para la ciudadanía, encontramos que esta Legislatura también
posterga las decisiones importantes y nuestra responsabilidad principal, no
debemos olvidarla, es legislar. Legislar en beneficio de todos y cada uno de
los mexicanos.
Por ello, consideramos que el
plazo establecido para la elaboración de la Ley General de Movilidad es muy
amplio y podría generar, incluso, que la misma no se elaborara por años, como
ya ha sucedido con otras normativas que han quedado en los siglos de los
siglos. Normativas importantes que devienen, incluso, las reformas
constitucionales.
Por ello proponemos la
modificación siguiente, para que diga: El Congreso de la Unión expedirá la Ley
General de Movilidad en un plazo no mayor de 120 días a partir de la entrada en
vigor del presente decreto.
No podemos seguir legislando
por encima de los derechos humanos de todos los ciudadanos ni podemos seguir
legislando para los intereses de unos cuantos grupos políticos y de unos
cuantos grupos del monopolio del sistema que ordena y mandata este país. Es
cuanto.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Muchas gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en
votación económica, si las reservas presentadas por la diputada Córdova Bernal
se admiten a discusión.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa,
presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: En
consecuencia, se rechazan las reservas. Tiene ahora la palabra el diputado
Ricardo Mejía Berdeja, para presentar, en un solo acto, reservas al artículo 11
y al artículo 73, fracción XXIX G.
El diputado Ricardo Mejía
Berdeja: Gracias, presidente. Le pido
integre al Diario de los Debates mis dos reservas. Frente al a inconformidad
social, la salida que el gobierno federal y los gobiernos locales aliados han
planteado, ha sido el control autoritario, la represión, las detenciones
arbitrarias y la desmovilización con base en el terror; desde luego que estos
intentos han sido fallidos porque hay una sociedad cada vez más informada, cada
vez más consciente y hay también un creciente valor civil de la gente a
manifestarse.
Nosotros insistimos en que
esta ley es inoportuna y que aunque el legislador proponente lo pudo haber
hecho con las mejores intenciones, dice la sabiduría que de buenas intenciones
está empedrado el camino del infierno. Y en esta ocasión no es un tema menor,
porque les guste o no hay leyes en varios estados, en Chiapas, en Quintana Roo,
la Ley de Marchas en el DF que pende como espada de Damocles frente a las
libertades en la capital del país y que está ahí y que puede desempolvarse en
cualquier momento; y está la Ley bala de Puebla, les guste o no, que ya fue la
punta de lanza para los hechos de Chalchihuapan en esa entidad que le ocasionó
la vida a un menor, como la propia CNDH lo determinó en su tiempo.
Pero en este clima de
polarización que vive nuestro país, cada día se dan sucesos que pareciera que
salen de una novela de terror pero que son hechos reales y no solo es igual a
Cocula, Tlatlaya y demás, son hechos en el norte del país.
Y yo quiero referirme a los
hechos del jueves 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón, donde sin razón
aparente se introdujeron elementos del Ejército. Eran, según lo han narrado los
jóvenes que fueron afectados, de 10 a 15 oficiales militares armados adentro y
había cuatro camionetas afuera.
Traían nombres de alumnos que
participaron en la manifestación del 20 de noviembre. Dijo uno de los
estudiantes que fue afectado: Los militares comenzaron a tomar fotografías y
vídeos, por lo que alumnos solicitaron que se retiraran. Este hecho generó
temor entre la población estudiantil y el repudio de la Universidad Autónoma de
Coahuila.
Por la noche, a través de un
comunicado el mando único del operativo Laguna, general Sergio Martínez
Castruera, reconoció “el error” –entre comillas– de los elementos señalando que
los militares decidieron ingresar a la universidad a título individual sin
consultar a sus superiores.
Estos hechos, señoras y
señores legisladores, se están presentando cada día de manera recurrente. Elementos
que aparentemente actúan por su propia voluntad sin atender mandos superiores,
igual que un sujeto participó en una balacera en la Ciudad Universitaria, igual
que algunos malos policías detuvieron arbitrariamente a jóvenes, igual que se
consignó indebidamente por parte de la Procuraduría General de la República a
11 jóvenes que fueron recluidos en penales de alta seguridad. Estos errores o
decisiones unipersonales de policías y militares son parte de un clima de
terror. Recordemos Tlatlaya.
Por esa razón nosotros no
podemos estar avalando esta Ley de Movilidad o esta reforma constitucional en
materia de movilidad, que será la punta de lanza –concluyo– para todo un cúmulo
de legislaciones federales y locales.
Por esa razón votamos en
contra, pero sí señalamos este estado de terror que se quiere sembrar para
frenar el descontento social. Sin embargo advertimos que no lo van a lograr,
que hay una sociedad despierta y que no se van a salir con la suya. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: Gracias,
señor diputado Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación
económica si las reservas del diputado se admiten a discusión.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: En
consecuencia no se admiten a discusión. . Tiene ahora la palabra para presentar reserva, el diputado
Fernando Belaunzarán Méndez, al artículo 11 del dictamen.
Preciso que el diputado Mejía
pidió que se incorporara ´negro el documento al Diario de los Debates, y como
él lo ha solicitado, así se hará.
El diputado Fernando
Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Lo dije en mi intervención anterior, veo méritos
en esta reforma, y lamento que no haya habido la apertura para que pudiéramos
ir en unanimidad en esta Cámara rescatando esos méritos por no quererle mover a
la iniciativa y evitar malos entendidos o equívocos.
La verdad es que la indolencia
en política se cobra caro; nada más nos falta mandar a hacer chocolates con 500
rostros y repartirlos. Y creo que debiéramos ser más sensibles a la situación
del país.
Miren, un recuento de errores
que quizás no tuvieron mala intención, pero miren lo que va pasando.
Algunos sí, no. El procurador
Murillo Karam, alguien a quien respeto, después de una conferencia de prensa
larga, se le escucha decir “ya me cansé”. Y ya saben lo que ha sucedido por ese
punto.
Entran a ciudad universitaria,
según esto a investigar el robo de un celular y se dispara una bala.
En una manifestación en el
Zócalo, fuerte, hay un grupo de violentos y se decide desalojar el Zócalo donde
había casi todos los pacíficos. Y ¿qué hicieron los violentos? Corrieron, se
confundieron entre los pacíficos y pagaron justos por pecadores, como quedó
también claramente documentado.
Hace muy poco, el viernes
pasado, policías vestidos de civil en un carro sin placas y en un carro no
oficial, levantan –porque no tenían ni orden de aprehensión– levantan a un
estudiante, se lo llevaron, lo golpearon y lo torturaron y aparece después de
tres horas en la Seido y se sigue esto. Ingresa el Ejército a la Universidad de
Coahuila, entre muchas otras cosas.
Frente a esta situación qué
podemos hacer. Lo que les digo es que lo que no podemos hacer, es mandar señales
equívocas. Aquí se ha dicho: es que lo que está detrás de la intención de esta
buena reforma –que reconozco que tiene méritos– se dice es que se quiere
criminalizar las manifestaciones. Hay esa posibilidad, esa interpretación.
Y ¿saben qué ha pasado? No hay
un solo diputado del PAN, del PRI, del Panal, del verde que haya subido aquí a
refutar esa interpretación, ni uno. Lo único que hemos visto es alguien que se
levanta a decir: en Puebla, cuando enfrentamos las manifestaciones, pero no
tiene que ver con esta movilidad. Dicen que a confesión de parte relevo de
pruebas. No ayuda en nada lo que están haciendo.
No podemos ser indolentes. Voy
a leer mi propuesta de reserva y creo que si se acepta conjuramos el fantasma,
conjuramos cualquier mala interpretación y evitamos malos entendidos. Dice así:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad... Miren, compañeros yo llamo a la
tolerancia. Si quieren revivir al Bronx esto no va a ayudar en nada a la
convivencia. No revivan el Bronx.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Diputado, permítame. Ruego a la asamblea permitan que el diputado lea su
reserva. Preséntela, diputado, por favor.
El diputado Fernando
Belaunzarán Méndez:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad universal y a las libertades de
expresión y manifestación. La ley general que emita el Congreso de la Unión
establecerá las bases para hacer efectivos estos derechos, atendiendo a los
principios de libertad, igualdad, accesibilidad, disponibilidad y
sustentabilidad”.
Si es verdad que nadie se opone
a esto cuál es el problema. Evitemos malos entendidos. Ojalá actuemos con esa
responsabilidad y esa sensibilidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Gracias, señor diputado.
El diputado Marcos Aguilar
Vega (desde su curul): Pido la
palabra, presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Están presentando las reservas, señor diputado, y no hay nada a discusión.
Permítame que podamos continuar con las reservas. Consulte la Secretaria a la
asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor
presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
En consecuencia, se rechaza, no se admite a discusión.
La diputada Graciela Saldaña
presentó por escrito su propuesta de modificación, la cual está disponible en
sus monitores. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y
consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena
del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: No
se admite a discusión la reserva de la diputada Fraire.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: Se
ha agotado la lista de diputadas y diputados que solicitaron para presentar
reservas. En consecuencia y de conformidad con el artículo 231, numeral 4 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría abra el sistema
electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos
reservados; los artículos 11, 73 y segundo transitorio, en los términos en que
fue presentado el dictamen.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144,
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 11,
73, fracción XXIX-G y segundo transitorio en los términos en que fueron
presentados en el dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:Muchas gracias por su presencia. Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor
presidente, se emitieron 287 votos en pro, 1 abstención y 82 en contra. Es
mayoría calificada, presidente.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Gracias, señora secretaria. Aprobados los artículos 11, 73 y segundo
transitorio por 287 votos a favor con las modificaciones aceptadas por la
asamblea.
Aprobado en lo general y en lo
particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 y 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
movilidad universal.
Pasa al Senado de la república para los efectos
constitucionales.
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