Revista
Proceso
No. 1989, 13 de diciembre de 2014
La
multiplicación de las casas/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Las
mansiones construidas y financiadas por el empresario Juan Armando Hinojosa
Cantú para beneficiar al círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto
siguen apareciendo aquí y allá, pero hasta el momento ninguna de las instancias
de auditoría gubernamental se ha molestado en iniciar procedimientos para
determinar la posible comisión de actos ilegales, o inclusive penales, en las
diferentes operaciones de renta y compra-venta.
La
compra se concretó en octubre de 2012, cuando Videgaray era coordinador general
del equipo de transición y Peña Nieto era presidente electo. Con este
argumento, el funcionario rechazó que haya habido conflicto de interés en dicha
transacción, pues, dijo, al hacerla no se desempeñaba en el servicio público.
De
acuerdo con el artículo 108 constitucional, para efectos de responsabilidades
administrativas se considera a quienes fueron sujetos de elección popular y “a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza”.
A
su vez, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, que reglamenta al mencionado artículo constitucional, establece que
además de las personas referidas están sujetas a la ley “todas aquellas
personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”.
Desde
septiembre de 2012, el equipo de transición que coordinaba Videgaray tenía
asignado un presupuesto de 150 millones de pesos que se ejecutaron a través de
Banjercito.
En
noviembre último, una investigación periodística realizada por el equipo de
Aristegui Noticias y publicada de manera simultánea en la edición 1984 de
Proceso reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de
Chapultepec, estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón
social de Juan Armando Hinojosa Cantú.
La
tarde del jueves 11, horas después de la publicación de The Wall Street
Journal, el reportero Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa
Blanca –que resultó ser de Angélica Rivera–, hizo notar la coincidencia en
tiempos de transición presidencial, pues la residencia de Rivera fue entregada
en septiembre de 2012 y la de Videgaray al mes siguiente.
No
es la única. El 24 de noviembre pasado Aristegui consiguió testimonios de
vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes incluso le entregaron documentos para
demostrar que desde 2012 se inconformaron por la presencia de dispositivos de
seguridad en una residencia habilitada para oficinas que no contaba con el
correspondiente uso de suelo.
La
consulta registral efectuada por los vecinos reveló que la propiedad estaba
escriturada a nombre de Inmobiliaria Bicentenario, que resultó ser otra razón social
de Hinojosa Cantú.
La
Presidencia de la República fijó su posición ante el trabajo del equipo de
Aristegui: afirmó que la propiedad era rentada desde 2011 por Humberto
Castillejos Cervantes, el actual consejero jurídico de la Presidencia, y que
fue utilizada durante la precampaña, la campaña y el periodo de transición por
Peña Nieto.
Durante
los meses que siguieron a la elección, Castillejos Cervantes era uno de los
colaboradores de Luis Videgaray en el equipo de transición gubernamental.
Aun
cuando Los Pinos admitió que se utilizó como oficina y que Peña Nieto
usufructuó la residencia rentada por Castillejos, la operación no se registró
como gasto de campaña ni del equipo de transición gubernamental.
Las
razones de Hinojosa
Las
residencias compradas respectivamente por Angélica Rivera y Luis Videgaray, así
como la rentada por el consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes,
revelaron la constitución de tres razones sociales cuyo accionista mayoritario
es Juan Armando Hinojosa Cantú.
Se
trata de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, con la que se realizó la operación
de la llamada Casa Blanca; Bienes Raíces G&H, con la que se levantó y
financió la casa de Videgaray en Malinalco, e Inmobiliaria Bicentenario,
propietaria de la residencia que renta el consejero jurídico.
Todavía
más: Estas razones sociales no se mencionan en la información corporativa de
Grupo Higa, que en su página en internet sólo incluye a sus subsidiarias
Constructora Teya; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Publicidad y Artículos
Creativos, así como Señales y Mantenimiento.
Lo
mismo ocurre con otras razones sociales: Eolo Plus (taxis aéreos); Controladora
de Operaciones de Infraestructura; Consorcio Integrador del Ramo de la
Construcción; Autopistas de Vanguardia, así como Concretos y Obra Civil del
Pacífico.
Grupo
Higa y esas razones sociales en las que Hinojosa Cantú es accionista
mayoritario se han visto favorecidas en lo que va de la presente administración
federal con contratos de proveeduría que superan los 24 mil millones de pesos y
que se suman a los 35 mil millones obtenidos durante la gestión de Peña Nieto
como gobernador del Estado de México (Proceso 1985).
El
escándalo se internacionalizó no sólo con la publicación en The Wall Street
Journal. Personajes con presencia global como el expresidente de Estados Unidos
William Clinton le recomiendan a Peña Nieto ser transparente y resolver las
dudas sobre la relación con Grupo Higa.
La
misma visión fue apuntalada por The Economist. En un artículo publicado el
viernes 12, el semanario británico subrayó que se había fortalecido la
configuración de un posible conflicto de intereses en el caso Hinojosa
Cantú-Los Pinos.
Tanto
The Economist como The Wall Street Journal fueron en su momento entusiastas
difusores del periodo de reformas que dieron en llamar el “Mexican Moment”.
Lo
que para infinidad de analistas y actores políticos –nacionales e
internacionales– es un claro conflicto de intereses fue expuesto por Proceso en
su edición 1986, luego de consultar a diferentes especialistas en combate a la
corrupción, quienes coincidieron en que en el caso hay elementos suficientes
para la configuración de ese ilícito, así como de otros que pudieran ser de
índole penal.
No
obstante, el jueves 11 la Auditoría Superior de la Federación anticipó en voz
de su titular, Juan Manuel Portal, que no se investigará la Casa Blanca ni a
las empresas de Hinojosa Cantú, pues como Angélica Rivera no es servidora
pública, se trata de un asunto “entre particulares”.
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