Revista
Proceso
No. 1989, 13 de diciembre de 2014
Para
Hinojosa Cantú, una tajada del acueducto Monterrey VI/LUCIANO
CAMPOS GARZA
Legisladores
del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al
gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por
considerarlo innecesario y ostentoso. Llevan meses quejándose porque esa obra
que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo
beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando
Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del presidente Enrique Peña
Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz.
Y
aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de
pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha
ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de
organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.
Hasta
ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del
proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría
en 2017.
El
diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que
después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la
administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la
inversión para Monterrey VI.
Según
el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos
Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor
participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor
de su tipo en América Latina.
A
su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de
sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente
agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un
dispendio traerla de tan lejos.
El
proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue
Peña Nieto quien, durante su campaña de 2012, ofreció a Nuevo León que el
gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada
la obra.
Ya
como presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la
entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento.
Por
su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director
del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal
que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la
información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería
del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.
Y
cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el mandatario suele
responderles: “No hay que confundirnos…”
Apenas
el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el
proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino
40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47
mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones.
Ante
la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan
sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador
–integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones
de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto
(Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el
SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web,
aunque no aportó ningún dato nuevo.
No
se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo
se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la
familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra.
La
asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento
conjunto entre el estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de
septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores.
Cuestionado
sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información
debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que
será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó,
afectaría “severamente el interés público”.
El
robo del siglo
En
el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para
demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado
sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad.
Uno
de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso
solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un
reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el
27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a
Medina y al director de la Conagua, David Korenfeld.
El
diputado Ruiz García considera un sinsentido que el gobierno de Nuevo León
insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera
reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible
al público.
Tampoco
hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra
es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP
creada para el financiamiento o mediante una asignación.
Ruiz
García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se
perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se
conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto,
en el que también participará el mismo clan.
“Vemos
la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos
que Monterrey VI es de casi 57 mil. Nos viene una serie de ideas sobre este
proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el
favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa Blanca, a través del
empresario Hinojosa”, acusa.
Recuerda
que el presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil
millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña
Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió
únicamente con 3 mil millones.
Cuando
el Senado decidió presionar al gobierno Medina para que se abriera la
información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que
transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el
diputado panista.
Que
se cancele la obra
Pese
a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de
pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información,
sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil
millones, sino 57 mil millones”.
Plantea
que, así como el presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren
que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa
Blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por
qué no hace lo mismo el gobernador Medina con Monterrey VI.
Además,
afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de
las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la
deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina.
Dice
también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del
proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación
del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de
grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas
denominadas lutitas.
El
método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos
a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de
esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos
sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos
70 kilómetros de distancia del punto de perforación.
A
los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de
sustentabilidad del proyecto.
El
jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron
al gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM,
Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear
información.
Descalificaron
los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron
utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua
de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde
ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión.
Sandra
Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León
(CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre
la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de
abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una
comisión de transparencia y seguimiento.
Sin
embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de
trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de
sus reuniones.
Y
aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un
incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante
de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para
financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso
del proyecto Monterrey VI.
Cosijoopii
Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra
un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los
detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel
Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León.
El
pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la entidad presentaron en la
Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la Conagua
por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto.
Denunciaron
que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la
certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los
informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de
tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la
metrópoli nuevoleonesa.
En
la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto
Monterrey VI, fechado el 15 de octubre de 2012, los demandantes expusieron que,
de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el
Pánuco hasta Monterrey.
Además,
subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión,
por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios.
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