Arraigo, medidas cautelares y ejecución penal”

El pasado miércoles 25 de marzo se presentó en el
Salón C del Edificio G “Cristales”, Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro el informe “Arraigo, medidas cautelares y ejecución penal”, realizado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ).
El informe está disponible en forma gratuita en la red.. consta de tres tomos que ponemos a su disposición para consulta y descarga gratuita:

http://asilegal.org.mx/index.php/es/noticias/300-informe-arraigo-medidas-cautelares-y-ejecucion-penal

https://www.dropbox.com/s/xx7hfj23gy7itz3/EJECUCION_7%20portada%20y%20contraportada-1.pdf?dl=0

“Los diversos procesos de esta experiencia fueron auspiciados por la Fundación MacArthur y múltiples actividades —que iniciaron desde junio 2013 en la ciudad de México—. Se busca supervisar y promover la adecuada implementación de la reforma del sistema de justicia penal; realizar funciones de monitoreo, investigación, análisis, observación in situ y evaluar cualitativa y cuantitativamente; además, emitir análisis periódicos que permitirán a los operadores institucionales y al público, identificar problemas estructurales, retrocesos, avances y recomendaciones sobre dicha implementación.

  Presentación “El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica” – José Antonio Guevara Bermúdez (Director Ejecutivo CMDPDH)

Presentación “Impacto de la reforma penal en las medidas cautelares en Chihuahua y Estado de México”  – Javier Carrasco (Director Ejecutivo del IJPP)
Presentación “Ejecución penal en los estados de Oaxaca y Yucatán” – María Guadalupe Álvarez Santiago (Área de Investigación de ASILEGAL)
Introducción general a los temas – Diputado Antonio Cuéllar Steffan, Secretario de la Comisión de Justicia, Grupo Parlamentario del PVEM
Arraigo – Juan Carlos Arjona Estévez (Consultor independiente)
Ejecución penal – Carlos Ríos Espinoza (Consultor independiente)
Medidas cautelares – Inna Zoon (Open Society Foundations). La diputada Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos (PT)  aseguró que los jueces conceden órdenes de arraigo en 10 veces más ocasiones que las solicitadas por la Procuraduría General de la República.

“Esto nos revela la falta de control judicial sobre la medida y permite confirmar que el arraigo es una herramienta que perpetúa el hábito de detener a la persona para indagarla y no para realizar una investigación profesional que brinde elementos sólidos para justificar su detención” señaló.

El informe del Observatorio Ciudadano, destacó, profundiza la investigación sobre las experiencias de los estados que han transitado hacia el nuevo sistema de justicia, lo cual, prosiguió, es fundamental para adoptar medidas cautelares, así como para la ejecución de sanciones penales, en los esquemas federal y local de manera correcta.
Precisó que el trabajo presentado, el cual consta de tres tomos, hace un profundo análisis de las experiencias en Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Distrito Federal; es fundamental para el diseño e implementación de los nuevos mecanismos del sistema acusatorio, abundó.
“Las tres partes de este informe guardan una estrecha relación con el trabajo legislativo que se ha desarrollado durante esta LXII Legislatura, en el cual se ha expuesto una gran cantidad de experiencias y diagnósticos sobre la operación y práctica del sistema de procuración de justicia y la impartición de la misma”, subrayó.
Por su parte, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), secretario de la Comisión de Justicia, expuso que aunque con la figura del arraigo se ha cometido el delito de abuso de autoridad, en otros casos excepcionales ha logrado permitir la integración correcta de averiguaciones previas que ayudan a procesar a quien fue imputado por quebrantar la ley.
“Estamos claros y ciertos de la problemática que arroja la figura misma del arraigo. Ya tuvimos una discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales en relación con la posibilidad de eliminarla de la Constitución, pero desafortunadamente, en vista de la realidad social, no se logró generar un acuerdo”, apuntó.
Advirtió que a este problema se suma el no contar con Ministerios Públicos capacitados para presentar sus acusaciones y formular argumentaciones vía oral, como lo establece en el nuevo Código de Procedimientos Penales.
“Este nuevo sistema de justicia penal va a llevar un proceso de adaptación, de capacitación y preparación que no podemos echar por la borda”, señaló.
Por otra parte, el legislador resaltó la importancia de eventos como éste, ya que “brinda la oportunidad de intercambiar puntos de vista y, desde luego, de recoger todas las inquietudes, reclamos y proposiciones, a fin de entender esta realidad social en la que todos estamos involucrados”.