Los indígenas fueron trasladados por tren y barco desde el municipio de Creel en el estado de Chihuahua hasta BCS por “enganchadores” al servicio de la empresa El Cerezo Sociedad Agrícola, con sede legal en el estado de Guanajuato.
El secretario del trabajo Alfonso Navarrete Prida, informó que al tenerse conocimiento del caso se pidió apoyo a las autoridades concretamente a la PGR: ‘Más de 200 indígenas tarahumaras trasladados con engaños para trabajar a 900 kilómetros de sus comunidades en condiciones vergonzosas e ilegales de insalubridad y de miseria salarial”, expuso.
En dos campamentos improvisados vivían en condiciones de hacinamiento las familias tarahumaras, incluidas mujeres y menores de edad, quienes también laboraban en los campos de papa.
‘Se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres hacinados en pequeñas chozas elaboradas de manera provisional con palos, cintas, plásticos negros, costales y cartón, entre charcos de lodo y basura, con baños totalmente contaminados y poco acceso al agua.
“Ahí se encontró un aproximado de 15 niños, desde bebés hasta adolescentes menores de 14 años”, refirió Navarrete Prida.
No se les pagaba su salario semanal o quincenal a fin de que no pudieran salir de la región y regresar a su lugar de origen, y la empresa les prestaba 200 pesos a la semana para que pudieran adquirir comida.
El Cerezo Sociedad Agrícola les había prometido que al final de la cosecha les pagaría 4 pesos por cada costal de papas cosechado, para después volverlos a trasladar en grupo a otro sembradío.
De inmediato la empresa agiotista ha sido suspendida de sus actividades y enfrenta acusaciones penales y por trata de personas.
Agregó Navarrete que tras la valiente denuncia (de aproximadamente un año) de las víctimas, la delegación de la Secretaría del Trabajo en BCS le dio inmediato seguimiento, lo que resultó en un operativo de inspección que confirmó la acusación tras lo cual se llevaron a cabo las acciones de prevención y de sanción,
Con la gravedad del caso se dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y al SAT para que investiguen y determinen si además de las violaciones de derechos laborales detectadas se cometieron otros delitos o si se evadieron impuestos.
Navarrete Prida agregó que en el operativo de inspección, los inspectores comisionados confirmaron lo denunciado y constataron que unos 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua.
En este predio, que sólo era utilizado como vivienda, había además mujeres, bebés y adolescentes de 14 años.
El campamento estaba ubicado en el Boulevard Agustín Olachea S/N, Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú.
Luego de precisar que además de los indígenas tarahumaras había jornales agrícolas de Sinaloa y Guerrero, señaló que otro campamento se localizó en el campo agrícola ubicado en el Lote 20, colonia Galeana, del mismo municipio.
Ahí estaban alojados otros cien jornaleros agrícolas con las mismas condiciones de vivienda; además en este lugar se encontró un área habilitada como cocina, donde se preparaban los alimentos de los jornaleros y sus familias, en total desorden y falta de higiene.
Por estos hechos se ordenó una inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene a la empresa propietaria del campo agrícola, con razón social “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.PR de R.L de C.V)”.
Durante el desahogo de la misma se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral como son: condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal.
Además se encontró a 13 menores de edad laborando; 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de ley.
Por estas irregularidades la Dirección General de Inspección decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola propiedad de la empresa “El Cerezo” y se solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se iniciara una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros agrícolas y sus familias.
También intervinieron elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur quienes iniciaron una denuncia penal por el delito de Trabajo Infantil.
Se pidió además la intervención de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con el objetivo de determinar las condiciones de riesgo en la salud de los trabajadores y de Policía Municipal en apoyo a estas acciones.
El tema ha generado un escándalo!
Unos 800 jornaleros agrícolas bloquearon cinco puntos de la carretera Transpeninsular, en protesta por las condiciones laborales en que se encontraban indígenas. Los bloqueos son en Colonet, Díaz Ordaz, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario. El primer bloqueo inició alrededor de las 2:00 horas de la madrugada de este martes a la altura de Punta Colonet, en donde los manifestantes colocaron barricadas en la carretera y encendieron una fogata.
Los jornaleros hicieron una fila humana para interrumpir la circulación de camiones y automóviles en esta carretera que une a ciudades y poblados de Baja California.
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La CNDH emitió ayer miércoles 18 de marzo un posicionamiento
Mediante un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la explotación de personas indígenas tarahumaras en campos agrícolas de Baja California Sur es un hecho condenable y multiofensivo, porque ocurre en quienes se encuentran en condiciones de pobreza y son indígenas. Se trata de un hecho equiparable a la esclavitud.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, destacó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y urgió a que haya una mayor supervisión, especialmente en campos agrícolas.
El asunto llegó al Congreso.
El coordinador del PRD, diputado Miguel Alonso Raya, afirmó que la explotación laboral que sufrían indígenas tarahumaras en Baja California Sur es un fenómeno que se registra en otras zonas del país y pidió a las autoridades revisar estos casos para evitarlos.
El diputado Raya dijo que frente a esa situación de esclavitud, “no basta la denuncia y el escándalo mediático, sino (que es necesario) saber qué medidas va a tomar la Secretaría del Trabajo para que eso no se repita”.
También habría que ver “quién protege a los enganchadores que llegan a contratar trabajadores y los tienen en condición de explotación”, agregó.
Aseguró que se violan la ley laboral, así como los derechos humanos de los trabajadores, mujeres y niños.
Hay muchas reacciones, sobre todo en los medios.
Por cierto, autoridades del gobierno de Chihuahua, entre ellos el secretario de Desarrollo Social, José Luis García, acudieron al rancho El cerezo para atender el caso.
El secretario chihuahuense dijo en entrevista telefónica, que ellos vigilarán que tengan un buen cuidado médico, alimentario y físico y que se les pague la cantidad por la que fueron contratados.
Asimismo, La empresa accedió a trasladar a los afectados a un techo, en un piso firme, con carpas que al menos tienen la comodidad de un servicio mejor.
El funcionario estatal destacó que se ha pedido a aquellos indígenas que deseen regresar a sus hogares, a sus lugares de origen, lo hagan saber para proceder de inmediato, pero solamente 8 familias aceptaron la oferta, según reveló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, porque en sus comunidades no tienen trabajo.
Las familias de tarahumaras indicaron que de ahí se trasladarán a Sinaloa, porque es donde hay trabajo.
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