De
celda en celda, acechado por un perro y rodeado de 35 custodios/
JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso, 17 de enero de 2016.
Como
si formara parte del guión de una película cuyo final se avizora lejano,
durante su primera semana en el penal del Altiplano, Joaquín Guzmán Loera, El
Chapo, el preso número 3870, ha sido
cambiado varias veces de celda, siempre esposado, y ahora se encuentra en un
segundo piso, donde 35 personas se encargan directamente de su custodia para
evitar una tercera fuga. Mientras tanto, como parte de la expresión de “misión
cumplida”, las autoridades federales intentan dar carpetazo a las
investigaciones relacionadas con los servidores públicos implicados en la huida
del capo el 11 de julio de 2015.
Con
la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno de Enrique Peña Nieto se
prepara para cerrar el expediente de la fuga de julio de 2015, enfocado en empleados
menores, mientras que la única funcionaria de la Secretaría de Gobernación
acusada por el escape del narcotraficante sinaloense, Celina Oseguera Parra, ve
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde están varios de
sus excolaboradores, un camino hacia la prisión domiciliaria.
Aunque
Gobernación asegura haber reforzado la seguridad dentro y fuera del Centro
Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, adonde reingresó El Chapo
el viernes 8 –el mismo del que se fugó seis meses atrás–, la institución está
ahora en manos de un funcionario sin experiencia en penales de alta seguridad.
La
designación oficial de Almonte Solís se efectuó el 22 de diciembre de 2015, de
acuerdo con el nombramiento Segob/CNS/OADPRS/43751/2015, aunque desde una
semana antes ya ejercía como director de la principal cárcel del país.
Llegado
desde el sector privado, donde fue gerente de Alsol Transportes y jefe de
tráfico de la empresa Almonte Hermanos Transportación, el nuevo director del
Altiplano ingresó apenas hace cinco años al sistema penitenciario. Egresado de
derecho por la Universidad Juárez de Durango, su incursión en el sector público
comenzó en 2009, como proyectista del Juzgado Segundo de Distrito en Nayarit.
En
marzo de 2011 pasó al sistema penitenciario, pero en el área jurídica, tanto en
el Cefereso 10, en Coahuila, como en el complejo penitenciario de Papantla,
Veracruz. También fue director de área en el Cefereso 9, de Ciudad Juárez,
cuando el actual comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado para la
Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, era el
titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales
del gobierno de Chihuahua.
Por
designación de Enrique Peña Nieto y con la aprobación de Gobernación, Guerrero
Durán llegó al OADPRS en sustitución de Juan Ignacio Hernández Mora, quien fue
cesado de inmediato tras la fuga del Chapo pero sin que fuera procesado
penalmente, a diferencia de Celina Oseguera y del entonces director del
Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma.
Pero
El Chapo no sólo estará custodiado por alguien sin experiencia en penales de
máxima seguridad, sino también por un funcionario superior que ha reprobado sus
exámenes de control de confianza. Se trata de Emanuel Castillo Ruiz, jefe del
director del penal del Altiplano, que sustituyó a Oseguera en la Coordinación
Nacional de Centros Federales.
De
acuerdo con una denuncia de empleados penitenciarios presentada al actual
titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia,
obtenida por este semanario, Castillo Ruiz aún no acredita los exámenes de
control de confianza; tampoco lo hizo cuando fue subsecretario de Prevención y
Readaptación Social en Oaxaca, según documentó el periódico El Universal el 14
de abril de 2015.
Castillo
Ruiz fue además director general de Protección en la Policía Estatal de Puebla.
La prensa local ha consignado que no pudo ascender como jefe de la Policía
Estatal también a causa de los exámenes de control de confianza.
La
situación de Castillo Ruiz también la denunciaron los empleados de los penales
federales ante el órgano interno de control del OADPRS que encabeza María del
Carmen Archundia Escutia, subsecretaria de Justicia en Hidalgo durante el
gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, actual titular de la Secretaría de
Gobernación.
Diagnóstico
revelador
Emanuel
Castillo ha estado bajo la sombra de Marco Tulio López Escamilla, quien ahora
es director general de Servicios de Seguridad de la Policía Federal,
dependiente también de Gobernación. López Escamilla fue funcionario de
confianza de Genaro García Luna cuando estuvo al frente de la Secretaría de
Seguridad Pública. Él lo tuvo como el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y de la de Asuntos Internos durante su gestión.
Luego
de un paréntesis como secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, López
Escamilla estuvo durante 2014 en la Coordinación de Seguridad Regional de la
Policía Federal para el centro del país. Entre abril y julio pasados trabajó
para el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, como coordinador de la
operación policial en el estado. En agosto siguiente regresó a la Policía
Federal para ocupar la Dirección General de Servicios de Seguridad.
Ahora
Castillo Ruiz y López Escamilla ocupan cargos relevantes en los dos brazos de
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS): el OADPRS y la Policía Federal.
Almonte
Solís era director del Cefereso Noroeste, número 7, en el municipio de Victoria
de Guadalupe, en Durango, cuando su ahora principal interno se fugó del
Altiplano, en el Estado de México.
Las
quejas más recurrentes durante la gestión de Almonte en el penal de Durango
fueron por el servicio médico deficiente, maltrato y situación jurídica de los
internos, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la CNS para el entonces
titular de la comisión, Manuel Mondragón, en marzo de 2014, un mes después del ingreso
del Chapo al Altiplano.
El
documento, del que Proceso tiene copia, indica que se identificaron graves
fallas de equipo y deficiencias en la infraestructura del Cefereso mexiquense
cuando el narcotraficante sinaloense ingresó bajo las claves de Benito y R-5.
En
equipamiento, se reportó que tres de los cuatro equipos para detectar drogas y
explosivos estaban fuera de servicio. Los mismos números eran para los equipos
de rayos X. De las 502 cámaras instaladas, 26 no funcionaban; lo mismo pasaba
con 29 de los 189 radios de comunicación.
Asimismo,
el drenaje estaba dañado y la instalación eléctrica no era la adecuada para los
equipos de rayos X, además de que la infraestructura y el equipo médico estaban
deteriorados.
En
infraestructura de seguridad, según el diagnóstico, faltaba completar dos mil
metros de muro y malla ciclónica con concertina, además de que se necesitaban
polarizar los cristales de las torres de vigilancia y dar mantenimiento de
iluminación e impermeabilización al helipuerto.
Sobre
las obras del río Cutzamala, que sirvieron para ocultar el ruido en la
construcción del túnel por el que se escapó Guzmán Loera, el documento señaló
que la tubería de la obra “atraviesa en diagonal entre los cuarteles y los
edificios de los internos”. Sólo advirtió que había un riesgo latente de
inundación en caso de que la tubería se colapsara.
Según
ese diagnóstico, nada hacía posible que El Chapo se fugara, aunque ya durante
su estadía sus vigilantes reportaron que el interno había ordenado a sus abogados
conseguir con funcionarios de Gobernación los planos del penal (Proceso 2038).
Luego
de la fuga del 11 de julio de 2015, el área de Tratamientos Especiales, de
donde se escapó Guzmán, fue reforzada con una plancha de cemento con malla de
acero y se eliminaron los puntos ciegos de las celdas de esa zona. Fuentes de
seguridad refieren que Guzmán ahora tiene vigilancia al lado de su puerta y hay
un perro entrenado para localizarlo. En total, son 35 policías y guardias los
que lo vigilan, de acuerdo con las fuentes.
Además,
los encargados de su monitoreo tienen turnos de sólo cuatro horas y los
policías federales que lo vigilan están provistos de cascos con cámara y
comunicación directa con la CNS, lo que no existió en su anterior reclusión. En
su primera semana de regreso a la cárcel, fue movido varias veces de celda
esposado, siempre en el segundo piso del penal.
Oseguera
y la CNDH
Hasta
el jueves 14, Guzmán Loera sólo había recibido a tres de sus abogados,
encabezados por José Refugio Rodríguez Núñez, a quien durante su pasado
internamiento en Almoloya le ordenó hacerse cargo de la publicación de su
autobiografía, titulada El ahijado, como adelantó Proceso en noviembre último
en su edición 2038.
En
ese volumen, según la información obtenida, el jefe del Cártel de Sinaloa
hablaría no sólo de su vida personal, sus múltiples mujeres e hijos, sino de
las alianzas y traiciones en su vida como narcotraficante.
En
cuanto a los responsables de la fuga, el martes 12, cuatro días después de la
reaprehensión, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, anunció
el cierre de las investigaciones por ese hecho y adelantó que sólo seis de los
13 funcionarios detenidos por la evasión serán sometidos a procesos penales y
administrativos.
Andrade,
el mismo que dijo no haber encontrado conflicto de interés en el caso de la
llamada Casa Blanca, aseguró que está por presentar las pruebas contra los
funcionarios y empleados a quienes se responsabiliza de haber facilitado la
evasión de Guzmán Loera.
Aunque
no los mencionó, la PGR ha informado que entre ellos están Celina Oseguera;
Valentín Cárdenas, director general del Cefereso 1, y Leonor García García,
titular del jurídico del penal. Oseguera es quien tenía la más alta
responsabilidad como coordinadora general de centros federales del OADPRS.
Su
superior, Juan Ignacio Hernández Mora, con quien estuvo en permanente
conflicto, y el jefe de ambos, el entonces titular de la CNS, Monte Alejandro
Rubido García, están exentos de responsabilidad: así lo ha informado hasta
ahora el gobierno de Peña Nieto.
Hernández
Mora, sin embargo, no se ha ido del todo. Quien fuera su secretario particular,
Omar Javier Santillán Cervantes, es ahora coordinador de asesores del nuevo
comisionado del OADPRS.
Aunque
Oseguera es la única procesada, no está sola. Dispone de una importante red de
excolaboradores en la CNDH, particularmente en la Tercera Visitaduría General,
encargada de investigar las quejas de violaciones a los derechos humanos en
penales federales.
Como
titular de la Tercera Visitaduría, Ruth Villanueva Castilleja tiene como
visitadores adjuntos a varios exfuncionarios de prisiones que fueron cercanos
colaboradores de Oseguera Parra en los diferentes cargos que ocupó en la
administración de los penales federales y del Distrito Federal.
De
acuerdo con funcionarios federales, desde esa visitaduría se promueve que la
exfuncionaria se beneficie de los artículos 55 y 75 del Código Penal Federal,
que permite enfrentar las condenas o procesos penales en el domicilio cuando el
acusado es mayor de 70 años o tiene problemas de salud, siempre que un juez lo
autorice.
El
beneficio se contempla bajo el argumento de que la exfuncionaria tiene
principios de Alzheimer. Oseguera está internada en el Cefereso femenil número
4 de Nayarit y ya goza de beneficios tanto en la comida como en el servicio
médico, y aun en las condiciones de aseo, porque no se baña con el resto de las
internas, dijeron a Proceso los funcionarios.
La
visitadora Villanueva
Ruth
Villanueva Castilleja, quien asumió el cargo de tercera visitadora de la CNDH
el 1 de enero del año pasado, incorporó a su equipo a colaboradores de Celina
Oseguera. Una de ellas es Patricia Morales Luna, quien fue directora de área en
la coordinación general de Centros Federales con Oseguera como titular (Proceso
2030). Ahora es visitadora adjunta.
Es
el caso también de José Marcelo Moreno Peñafiel, quien fue director del penal
de Santa Martha Acatitla cuando Oseguera era subsecretaria del Sistema
Penitenciario en el Distrito Federal, durante el gobierno de Marcelo Ebrard.
Actualmente es subdirector en la Tercera Visitaduría.
También
colaboradora de Oseguera en los penales de la capital fue Clementina Rodríguez
García, a quien designó directora ejecutiva de Prevención y Readaptación
Social. En la CNDH, ella es visitadora adjunta de Villanueva. Con la misma
función en ese organismo está María de la Luz Sosa Alvarado, subdirectora de
Área cuando Oseguera era directora general en el OADPRS.
Otro
visitador adjunto de Villanueva es Jaime Álvarez Ramos, egresado también del
Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria. En
febrero de 2014, él salió de la coordinación general de Centros Federales
–cargo que después ocupó Oseguera– en medio de la polémica porque se autorizó
el traslado del suegro y cuñado del Chapo, Inés Coronel Barrera y Omar Coronel
Aispuro, respectivamente, del penal del Altiplano al Cefereso 11, en Hermosillo,
ciudad donde operaban para el Cártel de Sinaloa hasta que fueron detenidos por
la Policía Federal en abril de 2013. l
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