El caso de Lucero Guadalupe Sánchez, requerirá de un periodo extraordinario de sesiones.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), afirmó que el juicio de desafuero contra la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, requerirá de un periodo extraordinario de sesiones.

Señaló que el órgano jurisdiccional que preside no puede acortar los tiempos establecidos en la ley para llevar a cabo el juicio de procedencia y presentar al Pleno su resolución, por lo cual estimó que éste se llevará a cabo en la primera quincena de mayo.: “Tenemos que cuidar el debido proceso y respetar a todas las garantías de derechos humanos que tiene la parte acusada”, dijo en declaraciones a la prensa.

“En cuanto se termine el último plazo, ténganlo por seguro que al día siguiente o a los dos días cuando mucho, tendremos lista la opinión a manera de dictamen y lo someteremos al Pleno de la Cámara”, agregó.

Ramírez Nieto puntualizó que en estos momentos no se puede asegurar si el fallo será en favor de la PGR , que solicitó el desafuero para procesarla por el delito de falsificación de documentos, o de la parte acusada, lo que se determinará hasta después de haber analizado el expediente.

El diputado priista informó que este lunes la Sección Instructora recibió de manera formal la declaración escrita que la diputada Sánchez López presentó el viernes pasado (viernes santo) a través de su representante legal. 

En efecto,  Rubén Tamayo, representante legal de la diputada local, presentó un escrito donde la diputada sinaloense –comentó el abogado– se declara inocente y argumenta que el delito por el que se acusa, que es la falsificación de documentos oficiales, no es grave, por lo cual no se justifica su desafuero.

El Presidente de la Sección Instructora dijo que “hoy se ordenó la notificación inmediata de que a partir de mañana martes (29 de marzo) inicie el término de los 30 días naturales del periodo probatorio”.

Sostuvo que la posición de Sánchez López “es totalmente opuesta a la que asume la PGR, que dice hay la existencia de un delito (de falsificación de documentos oficiales)”, mientras que la acusada rechaza la existencia del delito que se le imputa.

La diputada sinaloense pidió a la Sección Instructora que se remitan diversos oficios a dependencias federales, como a la PGR y al Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de su estrategia defensiva.

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