Niega que grupo de defensores sea criminal

Niega que grupo de defensores sea criminal

El exasesor de la SCJN consideró lo dicho por Isabel Miranda como mentiras y un insulto a los defensores de los DH en México.

Nota de JORGE MONROYMAR 10, 2016 |

El Economista, 10 de marzo de 2016..

El exasesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Méndez Silva, admitió conocer al grupo de defensores de derechos humanos que Isabel Miranda de Wallace acusó de traficar influencias para liberar a delincuentes y cobrar indemnizaciones por tortura; sin embargo, afirmó que no es un grupo “criminal” y negó el cobro de moches por la defensoría de víctimas, como acusó Miranda.

 “Claro que los conozco, pero no existe ningún tipo de alianza criminal, como dice la señora Wallace. Si a mí me vincula con todas estas personas, me da un profundo orgullo que considere que estoy vinculado con los más destacados defensores de derechos humanos en este país (...) Es una patraña lo que dice que defendemos delincuentes por dinero. Es un insulto”, aseguró.

Sergio Méndez fue entrevistado por El Economista, pues es uno de los mencionados por la presidenta de Alto al Secuestro de formar parte de una red de funcionarios y activistas que facilitarían la interposición y resolución de quejas, medidas cautelares y recomendaciones por tortura y que una vez ganadas, cobraban indemnización ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 “La CEAV es una instancia controlada por el gobierno federal (...) Obtener una indemnización es absolutamente complicado, que amerita tiempo, dinero y litigio que, puedo asegurar, ninguna organización cobra un solo porcentaje de nada en caso de que se haya obtenido indemnización. (...) Puedo asegurar que jamás, nunca, por cuestión ética, personal, cobraría a una víctima 1 solo peso para llevar un caso de este tipo”, aseguró.

Dijo que en el 2015 fue asesor del ministro José Ramón Cossío Díaz, pero negó haber influido para que la Suprema Corte le concediera un amparo de libertad a Alfonso Martín del Campo Dodd, sentenciado a 50 años de prisión por los homicidios de su hermana y su cuñado.

 “Eso es totalmente falso. No tuve ningún tipo de intervención en el caso. Yo era asesor, no era secretario de estudio y cuenta, entonces no tuve ningún tipo de intervención. Además, el día que se resolvió el caso el 18 de marzo, ya tenía tres semanas de haber renunciado a la SCJN (...) Yo era un empleado de rango medio sin capacidad sobre ningún caso”, aseguró.

Consideró que la denuncia de Miranda de Wallace es una campaña ligada al gobierno federal para “criminalizar” a los defensores y al sistema interamericano de derechos humanos, a fin de desacreditar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que revisan el caso Ayotzinapa. “Tiene que pagar el gobierno federal esta factura política de este gravísimo ataque en contra de los todos los defensores de derechos humanos en México”. Sergio Méndez Silva actualmente dirige la organización Justicia Pro Persona.

jmonroy@eleconomista.com.mx