25 mar 2016

Qué pasa con el fiscal de Veracruz?

Reclaman inacción del fiscal de Veracruz
 Los cuatro jóvenes acusados son hijos de políticos y empresarios de Boca del Río. Foto: Especial
Nota de Isabella González

Reforma, Cd. de México (25 marzo 2016).- Javier Fernández, padre de una menor violada hace un año por cuatro jóvenes, hijos de políticos y empresarios locales, acusó a la Fiscalía de Veracruz de no actuar contra los culpables y de obstaculizar la investigación.
 Fernández reprochó en entrevista que desde hace cuatro meses se esperaba una sentencia condenatoria contra los agresores, pero en lugar de emitir el fallo, ahora le piden más pruebas.
El 3 de enero de 2015, al salir del antro PH en Boca del Río, su hija, de entonces 17 años, fue obligada a subir a un auto por los jóvenes Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez Acosta y Enrique Capitaine Marín, quienes la violaron en la casa de uno de ellos en el fraccionamiento Costa de Oro, relató Fernández.
A pesar de que desde el 16 de mayo de 2015 interpuso la denuncia con diversas pruebas como el señalamiento directo de su hija, estudios médicos, análisis psicológicos, dichos de testigos que acompañaban a la víctima y videos en donde los cuatro jóvenes admiten su culpabilidad, el lunes pasado la Fiscalía le informó que el abogado de los denunciados pidió seis nuevas pruebas.

 Los cuatro jóvenes son hijos de políticos y empresarios de Boca del Río, según el padre de la adolescente, quien decidió revelar los hechos ante la inacción de la Fiscalía estatal.
El caso Rougier, conocido así en la entidad por ser el nombre del colegio en donde estudiaban la víctima y los implicados, estalló en redes sociales.
Javier Fernández difundió una carta donde expresa su indignación por la falta de justicia y protección a los cuatro jóvenes. Además, circula un video donde ellos reconocen su participación en los hechos.
Desde el 15 de noviembre pasado, externó en entrevista, se esperaba la resolución del expediente 592/15/1ESP/VER/05.
"(Las autoridades) no han reaccionado. El Fiscal Luis Ángel Bravo les dijo a los medios que no lo iban a presionar y que no hay rezago en la investigación", explicó.
La agresión
"Mi hija iba saliendo del antro con sus amigas y estaban pagando el valet parking cuando ellos llegaron y, de la nada, la metieron al coche que Enrique Capitaine iba manejando", relató Fernández.
"Los amigos de mi hija intentaron perseguirlos, pero los perdieron. En el coche, Jorge Cotaita le quitó el celular, y ahí comenzó todo el abuso sexual".
La familia de la adolescente se enteró del suceso semanas después ante los cambios en su comportamiento.
"Un día colapsó con su hermana mayor y le contó todo, y luego nos dijo a nosotros", recordó el padre de la joven.
Tras iniciar un tratamiento psicológico y valorar la posibilidad del perdón, Fernández platicó lo sucedido a Ricardo Fernández Rivero, un amigo que tenía en común con los padres de los cuatro jóvenes, con quienes acordaron reunirse antes de actuar legalmente.
"Les pedí tres cosas para no proceder: que le pidieran disculpas a mi hija y que fueran filmados por mí; que se fueran inmediatamente de los lugares donde se encontraran a mi hija y que asistieran a tratamiento con un psiquiatra de mi confianza", explicó.
Así, sostuvo, los jóvenes fueron filmados pidiendo disculpas a la víctima, aceptando su culpabilidad y reconociendo que, cuando la violaron, estaban en muy malas condiciones.
No obstante, en lugar de cumplir la petición, familiares de los jóvenes comenzaron una campaña de desprestigio contra la hija de Fernández.
"Cuando vi que sucedía eso, decidí denunciarlos", expuso.
El 16 de mayo de 2015, Fernández interpuso la demanda penal.
Influencias
Fernández presentó como pruebas el señalamiento directo de su hija, estudios médicos ginecológicos y análisis psicológicos, realizados por particulares y por el Ministerio Público; además incluyó los testimonios de las amigas que acompañaban a la víctima y videos en donde los cuatro jóvenes admiten su culpabilidad.
No obstante, el lunes pasado, la Fiscalía veracruzana le informó que el abogado de los denunciados pidió seis nuevas pruebas.
"Yo fui con la ilusión de tener ya una respuesta, pero me pidieron más pruebas que, desde mi punto de vista y el de mi abogado, son totalmente absurdas y fuera de contexto", expresó.
Entre éstas, manifestó, se encuentran el testimonio de un velador que presuntamente cuidaba la casa donde fue ultrajada la menor y quien al parecer vive ahora en Puebla; además de las circunstancias familiares, educativas y sociales de la víctima.
"¿Y pretenden que yo les abra las puertas de mi casa para que vean cómo vivo? ¿Qué tiene eso de relevante con el caso?", comentó el padre de la menor.
Para Javier Fernández, la resolución del expediente ha sido postergado porque los jóvenes son hijos de conocidos empresarios veracruzanos.
"Los papás de tres de los jóvenes son empresarios que hacen negocios en Boca del Río y a nivel estatal" sostuvo.
"El papá de Enrique es Felipe Capitaine, ex Alcalde de Nautla y ex delegado de Tránsito de Boca del Río durante el Gobierno de Fidel Herrera", detalló.
La familia de Gerardo Rodríguez, añadió, tiene panaderías, y la de Jorge Cotaita renta propiedades.
"Desafortunadamente a casi un año de haber denunciado y con elementos, evidencias y testimonios suficientes para consignar, no lo han hecho", escribió Fernández en una carta publicada en medios locales de Veracruz.
"Me pregunto, ¿por qué aún no los han consignado? ¿Serán verdad los rumores de que 'ya tienen todo arreglado y no les harán nada' por ser parte de la alta sociedad y estar estrechamente relacionados con la clase política de Veracruz?", advirtió.
Niegan violación; ven interés político
En una carta pública, los cuatro jóvenes acusados de abusar sexualmente la menor se dicen inocentes y advierten un interés político en el caso.
Asimismo, externan que Javier Fernández Gómez, padre de la víctima, ha tergiversando y falseando los hechos registrados en enero de 2015.
"Negamos total y absolutamente que su hija haya sido ultrajada o violada, tal y como consta en las pruebas presentadas a la autoridad, y que están asentadas en la carpeta de investigación número 592/15", señalan en la misiva publicada el miércoles en medios locales y redes sociales.
Indican que fue la propia joven la que pidió seguir la fiesta y que fue su decisión subir al coche; también refieren que fueron amenazados y obligados a grabar el video con el argumento de que sólo quería que se disculparan.
"Como se observa en la filmación, en donde jamás aceptamos haber cometido algún delito, y que usted ha hecho público y sacado totalmente de contexto", sostienen.
"Es lamentable que en aras de un interés personal y ahora vemos que hasta político, no le duela marcar y señalar a su hija, y lastimar e infamar a nuestras familias. Pedimos que este sensible caso, por el bien de ambas partes se mantenga alejado de campañas políticas", añaden en el pronunciamiento.

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