No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa” James L. Cavallaro, presidente de la CIDH.
México tiene una relación bien compleja y complicada con la CIDH.
Revista
Proceso
# 2058, 2 de abril de 2016..
El gobierno
propicia una campaña contra la CIDH, denuncia su presidente/J. JESÚS ESQUIVEL
El
secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevista radiofónica que el
GIEI terminará su labor este mes y ya no se necesitarán sus servicios para
saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la
CIDH, James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chong decidir eso,
afirma, sino a la Comisión Interamericana. En entrevista con Proceso, el
abogado estadunidense asegura que hay una campaña de desprestigio contra esa
institución y reitera que existe en México una muy grave crisis de derechos
humanos.
“No
es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación,
dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James
L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), dependiente de la OEA.
El
martes 29 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que
no habría otra prórroga para el GIEI, que el próximo 30 de abril concluye su
labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso
Ayotzinapa.
“Estamos
dentro del plazo. Estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo
que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril
termina ese trabajo”, indicó el secretario de Gobernación en esa entrevista
radiofónica.
“El
acuerdo dice que la Comisión puede decidir si renueva o no la prórroga de
participación. Es lamentable esta maniobra del gobierno de decir que no se va a
renovar, cuando no le corresponde hacerlo”, insiste Cavallaro.
Llamado
“Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la
perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las
facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos
humanos en la región”, el documento firmado el 18 de noviembre de 2014 asienta
en su décimo punto:
“El
mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos sería de seis meses, y podrá
extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en
consulta de la CIDH con las partes.”
Cavallaro,
respaldado por lo que determina el acuerdo, insiste en que el gobierno de Peña
Nieto puede decir que no renovará la prórroga de asistencia del GIEI, inclusive
que el mismo Grupo de Expertos diga que ya no quiere seguir coadyuvando, pero a
final de cuentas, dice, la CIDH tendrá la última palabra.
“Es
casi como decir que el Estado mexicano no se responsabiliza del caso Atenco. Al
Estado no le corresponde decir eso. Es su opinión; vamos a recibirlo y la
Comisión va a decidir”, insiste el presidente del órgano jurídico de la OEA.
Buscan
la prórroga
Este
lunes 4 se inician en Washington las sesiones de la CIDH, que terminarán el
viernes 15. En ese plazo la Comisión decidirá el futuro de la participación del
GIEI en el caso Ayotzinapa, en consulta con las partes involucradas.
Abogado
graduado en la Universidad de Harvard y con un posgrado en derecho por la
Universidad de California en Berkeley, Cavallaro se muestra optimista de que el
GIEI seguirá investigando el caso de los 43 normalistas desaparecidos hasta que
sea necesario.
Pero
aclara: “Si el Estado adopta una actitud intransigente, de falta de asistencia
y falta de colaboración con el GIEI, ahí se podría imposibilitar de hecho la
renovación. Sería algo terrible y esperamos que no sea así”.
Sin
adelantarse a los hechos, el especialista en asuntos de la defensa de los
derechos humanos dice que la CIDH consultará al gobierno de México y a los
representantes de las víctimas sobre el tema, por lo que la decisión última se
tomaría a finales de este mes.
“Desgraciadamente
parece que los medios de comunicación de México están engañados y han aceptado
ese discurso (la declaración de Osorio Chong a Radio Fórmula). Lo publican tal
cual. He leído: ‘No se va a renovar’. No. Esa es su opinión, es su insumo. Es
como si yo dijera que esta entrevista no se va a publicar en la revista
Proceso. Yo no mando en la revista Proceso; su director y sus editores
determinan eso, no yo”, subraya.
La
labor de seis meses del GIEI como coadyuvante en las investigaciones del caso
Ayotzinapa finalizará el último día de este mes. Cuando eso ocurra, el GIEI
deberá entregar un documento con las conclusiones de su trabajo.
Por
eso el presidente de la CIDH también se sorprende por lo que afirmó
categóricamente Osorio Chong: “Antes de recibir el informe del GIEI, el
gobierno de México ya no quiere que siga. ¿Por qué? Debería por lo menos
escuchar lo que van a decir los expertos. Fue el Estado mexicano el que
solicitó que se creara el GIEI, lo ha financiado. Es interesante y muy curioso
que ya no quiera que continúe colaborando”.
–¿El
gobierno de México no acepta la autoridad de la CIDH? –pregunta el
corresponsal.
–Es
una situación un poco más complicada. México tiene una relación bien compleja y
complicada con la CIDH. Por una parte es un Estado que por su normativa
nacional, por la reforma constitucional, reconoce las instancias
internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias de la Corte
Interamericana y los informes de la Comisión. Es un Estado que nos buscó para
montar el GIEI cuando lo necesitaba o cuando surgió el incidente.
“Había
mucho interés por parte del Estado. Ha financiado al GIEI, ha facilitado las
investigaciones en muchos momentos, si bien es cierto que a la vez no le ha
permitido el acceso al 27 Batallón (de Infantería) –de Iguala– y no le ha
permitido al GIEI entrevistarse con los soldados”, responde.
Al
mismo tiempo, Cavallaro dice que quedó “atónito” cuando hace unos días en
México se presentó una demanda civil contra Álvarez Icaza Longoria, y más
porque la Procuraduría General de la República (PGR) no la eliminara al
instante.
“¡No
puede ser! Es una averiguación previa sin fundamentos, sin base, sin ninguna
razón de ser. La PGR la ratificó y le dio trámite. ¡Caramba! ¿Cómo se explican
estas acciones contradictorias? El término tendría que ser contradictorio para
describir la posición del Estado mexicano frente a la Comisión.”
–¿Percibe
al gobierno de México detrás de la demanda contra el secretario ejecutivo de la
CIDH?
–Prefiero
no entrar en especulaciones. Lo que sí digo es que la demanda llegó a la PGR;
comenzó por una iniciativa particular, de algunas personas. Y si entiendo el
derecho en México, al recibir la demanda la PGR tenía la opción de archivar,
desestimar o ponerle fin a la averiguación, y no lo hizo. Es algo que
evidentemente carece de fundamento. Ahí prefiero hacer la pregunta: ¿Por qué
habrá decidido la PGR darle trámite a esta averiguación infundada, cuando hay
tantos asuntos mexicanos que necesitan con urgencia investigaciones intensas,
de calidad?
“Hay
miles de personas desaparecidas, homicidios, incidentes de ejecuciones
sumarias, ejecuciones cometidas por agentes del Estado, de acuerdo con las
pruebas existentes. Y de este universo de problemas decide darle trámite a esta
averiguación previa. Hay que preguntarse por qué lo hace.”
El
desprestigio
Cavallaro
declina sacar conclusiones políticas sobre la razón de la demanda contra el
secretario ejecutivo de la CIDH. Aclara que eso es algo que no le corresponde
decir.
“Lo
que nos llama la atención y nos preocupa más es el hecho de que haya sido
criticado Juan Méndez –relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes de la ONU–, que es un experto reconocido en el
mundo entero”, dice el presidente de la CIDH, y apunta: “Estoy preocupado por
Álvarez Icaza Longoria, por la averiguación, por la campaña de desprestigio
contra los integrantes del GIEI, por los ataques contra Juan Méndez y por ahí
otros defensores de los derechos humanos de la sociedad civil”.
–¿A
quién o a quiénes acusa la CIDH de llevar a cabo en México la campaña de
desprestigio contra los integrantes del GIEI y contra Álvarez Icaza? –se le
insiste.
–Dejo
a los buenos periodistas mexicanos, que hacen un excelente trabajo de
investigación, identificar quién o quiénes están detrás de las campañas. Es
curiosa la existencia de la campaña y es preocupante. Sacamos un comunicado de
respaldo al GIEI hace dos meses (el 30 de enero), por los ataques, por la plata
recibida para financiar los trabajos del GIEI, porque a la licenciada Ángela
Buitrago la quisieron ligar con la guerrilla colombiana y con otras cosas. Muy
parecido a esta averiguación previa.
“Dice
un dicho: ‘Avienta el lodo y algo se va a pegar’. Son mentiras descaradas,
repetidas tantas veces. Alguien estará organizando la campaña, no sé quién. Me
encantaría saber, me encantaría saberlo por un trabajo de investigación, para
identificar al responsable o responsables; pero no puedo especular”, revira.
Buitrago
integra el GIEI junto con Carlos Martín Beristáin, Francisco Cox Vial, Claudia
Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
Índice
de letalidad
Desde
la guerra militarizada contra las drogas que lanzara el expresidente Felipe
Calderón, asegura Cavallaro, comenzó a profundizarse el deterioro de los
derechos humanos en México, lo cual, machaca, “no es un problema creado por
este gobierno (el de Peña Nieto); pero que durante este gobierno se hizo más
visible y de ello se dio cuenta no sólo la CIDH sino el mundo entero”.
–¿Es
en realidad tan grave la situación de los derechos humanos en México? –se le
insiste.
–Sí,
sí y sí. Por eso publicamos el informe Situación de los Derechos Humanos en
México (2015).
–¿Es
más grave ahora que la que había hace muchos años en México y la que existe en
otros países de América Latina?
–Es
muy grave y más grave que la de muchos países del continente, sí. Hasta por eso
sacamos un informe en el cual calificamos la situación de “grave crisis”,
porque es lo que vive México y ya no se puede esconder. El mundo entero lo está
viendo, como en el caso Tlatlaya…
“Hay
una cifra que debemos destacar. El índice de letalidad, que entre otras cosas
compara los números de personas heridas y de las muertas en enfrentamientos con
las fuerzas del Estado.
“Cuando
se trata de las fuerzas militares mexicanas, debería haber más heridos que
muertos. Los militares deberían disparar para incapacitar y no para matar. Los
militares están realizando acciones de la policía, como una fuerza auxiliar. En
México no hay ninguna invasión extranjera, de Guatemala o China.
“En
un enfrentamiento entre supuestos delincuentes y efectivos de la Sedena o la
Semar, es de 10 a 15 el número más bajo de muertos. Ha habido hasta 63. No son
enfrentamientos, son ejecuciones de civiles”, resalta Cavallaro, muy alterado.
Basándose
en estadísticas recopiladas por especialistas del Centro de Investigación y
Docencia Económicas y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el
informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México en 2015
dice lo siguiente en términos del índice de letalidad en los enfrentamientos
con criminales en los que han estado involucrados el Ejército o la Marina:
“En
México el índice de letalidad del Ejército fue de 7.7 civiles por cada civil
herido en 2013 y de 11.6 en el primer trimestre de 2014. Tomando datos de
prensa, el índice de letalidad arroja en términos generales la tendencia de los
datos oficiales. Ambos datos, oficiales y de prensa, indican que la letalidad
en enfrentamientos de la Sedena tuvo el valor más elevado en 2011 y 2012, pero
el descenso posterior arroja valores elevados del índice en un contexto donde
la información no oficial ya no se estaría registrando o haciéndose pública.
“La
Secretaría de la Defensa Nacional informó que a partir del 6 de abril de 2014
ya no se le da continuidad a dicha estadística, en relación de no ser necesaria
para esta dependencia del Ejecutivo federal, debido a que […] el personal de
esta Secretaría, después de repeler una agresión, se limita únicamente a
preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades
competentes, se desliga de los procesos de investigación correspondientes.”
El
presidente de la CIDH califica esta situación de “chocante”, porque, para él,
lo que dice la Sedena desde el 6 de abril de 2014 es algo así como que otros
cuenten los cadáveres.
Cavallaro
concluye: “Es una cosa chocante en una sociedad democrática. Soltar una fuerza
letal, hacer un operativo, matar no sé a cuántos y ni siquiera preocuparse por
el registro de las bajas. La reacción del gobierno de México sobre el caso
Ayotzinapa es muy interesante.
“Aten
los cabos sobre esos índices altísimos de letalidad. Aten los cabos, porque la
situación es muy preocupante. Si se atan los cabos se ve la relación que
existe, como en el caso Tlatlaya, pero a nivel nacional y sobre lo que ha
ocurrido en los últimos años; estamos hablando de centenares, de miles de
personas muertas y muy probablemente en ejecuciones sumarias que no se
investigan.
“Desgraciadamente
en México la norma es la exoneración. Sólo cuando hay mucha presión
internacional se investiga, pero después se exonera bajo cualquier disculpa.
Cuando se tiene una crisis de derechos humanos, cuando tienen fuerzas militares
que pueden matar a miles de personas y que las han matado, ¿cómo no hablar de
otra cosa que no sea de una crisis, una situación grave de los derechos
humanos?” l
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