El gobierno propicia una campaña contra la CIDH, denuncia su presidente/

No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa” James L. Cavallaro, presidente de la CIDH.

México tiene una relación bien compleja y complicada con la CIDH.

Revista Proceso # 2058, 2 de abril de 2016..

El gobierno propicia una campaña contra la CIDH, denuncia su presidente/J. JESÚS ESQUIVEL

El secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevista radiofónica que el GIEI terminará su labor este mes y ya no se necesitarán sus servicios para saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chong decidir eso, afirma, sino a la Comisión Interamericana. En entrevista con Proceso, el abogado estadunidense asegura que hay una campaña de desprestigio contra esa institución y reitera que existe en México una muy grave crisis de derechos humanos.

 WASHINGTON DC.- No –le dice la CIDH al gobierno de Enrique Peña Nieto–; no es prerrogativa de la Secretaría de Gobernación decidir si amplía o termina la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

“No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA.

 “Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH”, subraya Cavallaro, quien durante una larga entrevista telefónica con Proceso denuncia la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México contra los integrantes del GIEI y contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión.

El martes 29 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que no habría otra prórroga para el GIEI, que el próximo 30 de abril concluye su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Estamos dentro del plazo. Estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, indicó el secretario de Gobernación en esa entrevista radiofónica.

 Con un aplomo que refleja seguridad en lo que dice, el estadunidense Cavallaro enfatiza que, como lo establece el acuerdo firmado el 18 de noviembre de 2014 entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos, el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa es un punto que nada tiene que ver con lo que quiera o no quiera el gobierno de Peña Nieto.

“El acuerdo dice que la Comisión puede decidir si renueva o no la prórroga de participación. Es lamentable esta maniobra del gobierno de decir que no se va a renovar, cuando no le corresponde hacerlo”, insiste Cavallaro.

Llamado “Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región”, el documento firmado el 18 de noviembre de 2014 asienta en su décimo punto:

“El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos sería de seis meses, y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes.”

Cavallaro, respaldado por lo que determina el acuerdo, insiste en que el gobierno de Peña Nieto puede decir que no renovará la prórroga de asistencia del GIEI, inclusive que el mismo Grupo de Expertos diga que ya no quiere seguir coadyuvando, pero a final de cuentas, dice, la CIDH tendrá la última palabra.

“Es casi como decir que el Estado mexicano no se responsabiliza del caso Atenco. Al Estado no le corresponde decir eso. Es su opinión; vamos a recibirlo y la Comisión va a decidir”, insiste el presidente del órgano jurídico de la OEA.

Buscan la prórroga

Este lunes 4 se inician en Washington las sesiones de la CIDH, que terminarán el viernes 15. En ese plazo la Comisión decidirá el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa, en consulta con las partes involucradas.

Abogado graduado en la Universidad de Harvard y con un posgrado en derecho por la Universidad de California en Berkeley, Cavallaro se muestra optimista de que el GIEI seguirá investigando el caso de los 43 normalistas desaparecidos hasta que sea necesario.

Pero aclara: “Si el Estado adopta una actitud intransigente, de falta de asistencia y falta de colaboración con el GIEI, ahí se podría imposibilitar de hecho la renovación. Sería algo terrible y esperamos que no sea así”.

Sin adelantarse a los hechos, el especialista en asuntos de la defensa de los derechos humanos dice que la CIDH consultará al gobierno de México y a los representantes de las víctimas sobre el tema, por lo que la decisión última se tomaría a finales de este mes.

“Desgraciadamente parece que los medios de comunicación de México están engañados y han aceptado ese discurso (la declaración de Osorio Chong a Radio Fórmula). Lo publican tal cual. He leído: ‘No se va a renovar’. No. Esa es su opinión, es su insumo. Es como si yo dijera que esta entrevista no se va a publicar en la revista Proceso. Yo no mando en la revista Proceso; su director y sus editores determinan eso, no yo”, subraya.

La labor de seis meses del GIEI como coadyuvante en las investigaciones del caso Ayotzinapa finalizará el último día de este mes. Cuando eso ocurra, el GIEI deberá entregar un documento con las conclusiones de su trabajo.

Por eso el presidente de la CIDH también se sorprende por lo que afirmó categóricamente Osorio Chong: “Antes de recibir el informe del GIEI, el gobierno de México ya no quiere que siga. ¿Por qué? Debería por lo menos escuchar lo que van a decir los expertos. Fue el Estado mexicano el que solicitó que se creara el GIEI, lo ha financiado. Es interesante y muy curioso que ya no quiera que continúe colaborando”.

–¿El gobierno de México no acepta la autoridad de la CIDH? –pregunta el corresponsal.

–Es una situación un poco más complicada. México tiene una relación bien compleja y complicada con la CIDH. Por una parte es un Estado que por su normativa nacional, por la reforma constitucional, reconoce las instancias internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión. Es un Estado que nos buscó para montar el GIEI cuando lo necesitaba o cuando surgió el incidente.

“Había mucho interés por parte del Estado. Ha financiado al GIEI, ha facilitado las investigaciones en muchos momentos, si bien es cierto que a la vez no le ha permitido el acceso al 27 Batallón (de Infantería) –de Iguala– y no le ha permitido al GIEI entrevistarse con los soldados”, responde.

Al mismo tiempo, Cavallaro dice que quedó “atónito” cuando hace unos días en México se presentó una demanda civil contra Álvarez Icaza Longoria, y más porque la Procuraduría General de la República (PGR) no la eliminara al instante.

“¡No puede ser! Es una averiguación previa sin fundamentos, sin base, sin ninguna razón de ser. La PGR la ratificó y le dio trámite. ¡Caramba! ¿Cómo se explican estas acciones contradictorias? El término tendría que ser contradictorio para describir la posición del Estado mexicano frente a la Comisión.”

–¿Percibe al gobierno de México detrás de la demanda contra el secretario ejecutivo de la CIDH?

–Prefiero no entrar en especulaciones. Lo que sí digo es que la demanda llegó a la PGR; comenzó por una iniciativa particular, de algunas personas. Y si entiendo el derecho en México, al recibir la demanda la PGR tenía la opción de archivar, desestimar o ponerle fin a la averiguación, y no lo hizo. Es algo que evidentemente carece de fundamento. Ahí prefiero hacer la pregunta: ¿Por qué habrá decidido la PGR darle trámite a esta averiguación infundada, cuando hay tantos asuntos mexicanos que necesitan con urgencia investigaciones intensas, de calidad?

“Hay miles de personas desaparecidas, homicidios, incidentes de ejecuciones sumarias, ejecuciones cometidas por agentes del Estado, de acuerdo con las pruebas existentes. Y de este universo de problemas decide darle trámite a esta averiguación previa. Hay que preguntarse por qué lo hace.”

El desprestigio

Cavallaro declina sacar conclusiones políticas sobre la razón de la demanda contra el secretario ejecutivo de la CIDH. Aclara que eso es algo que no le corresponde decir.

“Lo que nos llama la atención y nos preocupa más es el hecho de que haya sido criticado Juan Méndez –relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU–, que es un experto reconocido en el mundo entero”, dice el presidente de la CIDH, y apunta: “Estoy preocupado por Álvarez Icaza Longoria, por la averiguación, por la campaña de desprestigio contra los integrantes del GIEI, por los ataques contra Juan Méndez y por ahí otros defensores de los derechos humanos de la sociedad civil”.

–¿A quién o a quiénes acusa la CIDH de llevar a cabo en México la campaña de desprestigio contra los integrantes del GIEI y contra Álvarez Icaza? –se le insiste.

–Dejo a los buenos periodistas mexicanos, que hacen un excelente trabajo de investigación, identificar quién o quiénes están detrás de las campañas. Es curiosa la existencia de la campaña y es preocupante. Sacamos un comunicado de respaldo al GIEI hace dos meses (el 30 de enero), por los ataques, por la plata recibida para financiar los trabajos del GIEI, porque a la licenciada Ángela Buitrago la quisieron ligar con la guerrilla colombiana y con otras cosas. Muy parecido a esta averiguación previa.

“Dice un dicho: ‘Avienta el lodo y algo se va a pegar’. Son mentiras descaradas, repetidas tantas veces. Alguien estará organizando la campaña, no sé quién. Me encantaría saber, me encantaría saberlo por un trabajo de investigación, para identificar al responsable o responsables; pero no puedo especular”, revira.

Buitrago integra el GIEI junto con Carlos Martín Beristáin, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.

Índice de letalidad

Desde la guerra militarizada contra las drogas que lanzara el expresidente Felipe Calderón, asegura Cavallaro, comenzó a profundizarse el deterioro de los derechos humanos en México, lo cual, machaca, “no es un problema creado por este gobierno (el de Peña Nieto); pero que durante este gobierno se hizo más visible y de ello se dio cuenta no sólo la CIDH sino el mundo entero”.

–¿Es en realidad tan grave la situación de los derechos humanos en México? –se le insiste.

–Sí, sí y sí. Por eso publicamos el informe Situación de los Derechos Humanos en México (2015).

–¿Es más grave ahora que la que había hace muchos años en México y la que existe en otros países de América Latina?

–Es muy grave y más grave que la de muchos países del continente, sí. Hasta por eso sacamos un informe en el cual calificamos la situación de “grave crisis”, porque es lo que vive México y ya no se puede esconder. El mundo entero lo está viendo, como en el caso Tlatlaya…

“Hay una cifra que debemos destacar. El índice de letalidad, que entre otras cosas compara los números de personas heridas y de las muertas en enfrentamientos con las fuerzas del Estado.

“Cuando se trata de las fuerzas militares mexicanas, debería haber más heridos que muertos. Los militares deberían disparar para incapacitar y no para matar. Los militares están realizando acciones de la policía, como una fuerza auxiliar. En México no hay ninguna invasión extranjera, de Guatemala o China.

“En un enfrentamiento entre supuestos delincuentes y efectivos de la Sedena o la Semar, es de 10 a 15 el número más bajo de muertos. Ha habido hasta 63. No son enfrentamientos, son ejecuciones de civiles”, resalta Cavallaro, muy alterado.

Basándose en estadísticas recopiladas por especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México en 2015 dice lo siguiente en términos del índice de letalidad en los enfrentamientos con criminales en los que han estado involucrados el Ejército o la Marina:

“En México el índice de letalidad del Ejército fue de 7.7 civiles por cada civil herido en 2013 y de 11.6 en el primer trimestre de 2014. Tomando datos de prensa, el índice de letalidad arroja en términos generales la tendencia de los datos oficiales. Ambos datos, oficiales y de prensa, indican que la letalidad en enfrentamientos de la Sedena tuvo el valor más elevado en 2011 y 2012, pero el descenso posterior arroja valores elevados del índice en un contexto donde la información no oficial ya no se estaría registrando o haciéndose pública.

“La Secretaría de la Defensa Nacional informó que a partir del 6 de abril de 2014 ya no se le da continuidad a dicha estadística, en relación de no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo federal, debido a que […] el personal de esta Secretaría, después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes, se desliga de los procesos de investigación correspondientes.”

El presidente de la CIDH califica esta situación de “chocante”, porque, para él, lo que dice la Sedena desde el 6 de abril de 2014 es algo así como que otros cuenten los cadáveres.

Cavallaro concluye: “Es una cosa chocante en una sociedad democrática. Soltar una fuerza letal, hacer un operativo, matar no sé a cuántos y ni siquiera preocuparse por el registro de las bajas. La reacción del gobierno de México sobre el caso Ayotzinapa es muy interesante.

“Aten los cabos sobre esos índices altísimos de letalidad. Aten los cabos, porque la situación es muy preocupante. Si se atan los cabos se ve la relación que existe, como en el caso Tlatlaya, pero a nivel nacional y sobre lo que ha ocurrido en los últimos años; estamos hablando de centenares, de miles de personas muertas y muy probablemente en ejecuciones sumarias que no se investigan.

“Desgraciadamente en México la norma es la exoneración. Sólo cuando hay mucha presión internacional se investiga, pero después se exonera bajo cualquier disculpa. Cuando se tiene una crisis de derechos humanos, cuando tienen fuerzas militares que pueden matar a miles de personas y que las han matado, ¿cómo no hablar de otra cosa que no sea de una crisis, una situación grave de los derechos humanos?” l