Revista
Proceso # 2064, 22 de mayo de 2016..
Otra ley de
avanzada, la de Niños, resultó inoperante/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
El
proceso que siguió la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN) –desde
la iniciativa presidencial hasta su armonización en los estados– mostró la
improvisación del Ejecutivo en el diseño de normas de vanguardia, la presión de
los grupos conservadores para modificar aspectos progresistas y la forma en
que, ante esos grupos, sucumben los políticos de la mayoría de los partidos.
Las
presiones conservadoras fueron a causa de temas históricamente reivindicados
por el activismo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e
intersexual (LGBTTTI), o por el feminismo, cuyas posturas son ferozmente
combatidas por los defensores de la más rancia tradición judeo-cristiana.
En
particular, lo más rechazado por el conservadurismo tenía que ver con el libre
desarrollo de la personalidad, así como con los derechos sexuales y
reproductivos. Vencidos de antemano esos tópicos en la discusión, el acoso y
campañas de odio soterradas marcaron la actuación de los grupos ciudadanos
relacionados con las iglesias.
La
consecuencia: los diputados eliminaron contenidos y matizaron conceptos.
Todo
se inició el 1 de septiembre de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto
decidió usar la facultad de enviar una iniciativa preferente, consistente en
remitir a cualquiera de las cámaras del Congreso, el día de inicio del periodo
ordinario de sesiones, una propuesta de ley que el Ejecutivo considere
prioritaria y no implique reforma constitucional: debe ser votada en un mes y
remitida a la cámara revisora para que la vote el mes siguiente.
Hasta
ahora, esa es la única iniciativa preferente que Peña Nieto ha enviado, y su
propósito fue que se creara la LGDN. El objetivo era establecer un marco legal
para todo el país que garantizara los derechos de la infancia.
En
realidad, la iniciativa presidencial no contenía los conceptos precisos de
derechos de personalidad, tampoco lo relativo a derechos sexuales y
reproductivos. Estaba tan mal elaborada, que durante el mes que se discutió en
el Senado se cambió en 80%, según el análisis que hizo la Red por los Derechos
de la Infancia (Redim), dirigida por Juan Martín Pérez García.
Organizaciones,
la mayoría integrantes de la Redim, habían trabajado durante cinco años en un
proyecto de LGDN, y durante las consultas en el Senado se sumó la opinión del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para resultar en un proyecto
garantista que iba mucho más allá de la iniciativa presidencial, y que, como
corresponde a las preferentes, se remitió en un mes a la Cámara de Diputados.
Las
presiones, el acoso
El
caso más crítico fue el que sufrió la priista Diva Gastélum, quien presidía la
Comisión de Equidad de Género. Primero en las redes sociales y luego a través
de mensajes de amenaza personales hacia ella y su familia. El 29 de octubre de
2014, senadores del PRI, PAN y PRD denunciaron el hostigamiento ante el pleno.
Para
entonces, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su
presidente, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, había emitido
un comunicado para pronunciarse en contra de uno de los derechos previstos en
la LGDN. Se refería a la inclusión del concepto “derechos sexuales y
reproductivos”, que según ellos no se entendía.
En
ese comunicado se citaba la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México,
que establecía:
“Que
niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y
espaciamiento de hijos que deseen; recibir información y tener acceso a los
métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; el derecho a contar
con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad
sexo-genérica que deseen.”
Luego
planteaban su preocupación porque los derechos sexuales y reproductivos de la
LGDN significaran eso.
En
los días siguientes las organizaciones de corte católico Red Familia, Consejo
Mexicano de la Familia ABP y Voz Pública emprendieron un cabildeo en la Cámara
de Diputados y publicaron un desplegado en el cual exigían que se eliminara la
expresión “derechos sexuales y reproductivos”, con argumentos similares a los
de la CEM.
De
nada sirvieron las reuniones y la insistencia ante el entonces líder de los
diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Los legisladores de ese partido y
los del PAN eliminaron la expresión, a gusto de la Iglesia. En entrevista,
Pérez García recuerda:
“Se
pusieron superduros (los grupos de Iglesia), empezaron a hacer campañas para
tirar la ley; lanzaron una estrategia con mensajes de WhatsApp y redes
sociales, diciendo que se permitía mutilación genital, cambio de sexo,
pederastia, un montón de barbaridades y un video que circuló, principalmente,
en colegios católicos.
“Salvo
en algunas escuelas privadas y grupos en que se circuló todo eso, no hubo mayor
eco. Pero los diputados del PRI y del PAN aceptaron el tema. Lo discutimos
muchísimo con Beltrones, le dijimos que eliminar el concepto significaba
retraso, dar el mensaje de que los conservadores doblaban al PRI.”
Y
lo consiguieron. Lo importante, dijeron los involucrados tanto en el ámbito
legislativo como de las organizaciones ciudadanas, era rescatar la mayor parte
del articulado.
Del
lucimiento a la inoperancia
En
un acto propicio para el lucimiento presidencial, pese a que su iniciativa fue
un auténtico fracaso y se modificó en su mayor parte, la residencia oficial de
Los Pinos se convirtió, el 4 de diciembre de 2014, en el escenario de la
promulgación, con un discurso de autoafirmación de compromiso del gobierno.
Peña Nieto se llevó el mérito.
Como
suele ocurrir en esos actos, siguieron las selfies y fotografías grupales. Toda
una celebración. Sólo faltaba la armonización en las entidades federativas con un
plazo perentorio al 6 de junio de 2015. Cerca de la mitad de los estados no lo
lograron, pues se toparon con el muro religioso, marcadamente hostil a la LGDN,
en los casos de Puebla y, peor aún, en Sinaloa (Proceso 2019).
En
Sinaloa, el obispo Jonás Guerrero y los funcionarios de la curia pedían
eliminar el término “igualdad sustantiva”; cambiar la frase “preferencias
sexuales” por la de “género por sexo, pues los niños no tienen preferencias
sexuales”; y eliminar “el concepto de libre desarrollo de la personalidad” y
sustituirlo por el de “bienestar y desarrollo integral”. Esos matices,
aparentemente inofensivos, tenía una carga homofóbica.
En
las semanas siguientes, diputadas como la perredista Imelda Castro y la priista
Sandra Lara Díaz empezaron a recibir agresivos mensajes en sus domicilios,
celulares y correos, mientras los comentarios en redes sociales firmados por
padres de familia de colegios privados se radicalizaban. Los mensajes eran
persistentes, alegaban el derecho de los padres contra el libre desarrollo de
la personalidad, la igualdad sustantiva y preferencias sexuales.
De
acuerdo con Pérez García, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, habló con el gobernador Mario López Valdez –quien promovía las
peticiones de la Iglesia– para evitar que se trastocara el espíritu de la ley.
Después de un tiempo, dice Pérez García, los conservadores se salieron con la
suya y lograron que la ley local, entre otras cosas, incluyera el derecho de
los padres.
El
análisis de la Redim permite observar la influencia religiosa: sin efectos
jurídicos, la exposición de motivos de la iniciativa de ley local, en Puebla,
incluyó el reconocimiento a “la vida desde la concepción”. En tanto, en
Quintana Roo la ley disminuyó a un lugar (y a propuesta del gobernador) la
participación de la sociedad civil en el sistema de protección, mientras que en
Querétaro se eliminó la presencia de ciudadanos.
Sólo
la Ciudad de México pudo recuperar el apartado eliminado por los diputados.
Pérez
García lamenta que no consiguieron el respaldo del gobierno federal para
promover una acción de inconstitucionalidad en esos casos.
En
diciembre pasado Proceso hizo una solicitud de información a la Presidencia de
la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. El propósito era
saber si había estudios, si habían dado seguimiento a la implementación de lo
que fue iniciativa preferente. También, si proyectaban acciones de
inconstitucionalidad y si llevaban una verificación de cumplimiento de la
armonización en los congresos locales. Nada. Ninguna de las dos instancias
volvió a conocer sobre el avance en la implementación de la ley, por lo que
declararon la inexistencia de la información.
Con
todo y que se trata de una ley de avanzada, a decir de la Redim e instancias
internacionales, la indiferencia del gobierno federal para la implementación de
la LGDN se tradujo en la falta de presupuesto, por lo que hasta ahora es
inoperante.
Realizada
la armonización en todo el país, la LGDN no termina de implementarse, al menos en
lo que compete a las modificaciones al Código Civil federal, a la Ley General
de Educación o a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
entre otros, pero ya hay diputados que intentan hacer reformas legislativas. Es
decir: todavía no se cumple pero ya la quieren reformar.
Entre
otros puntos identificados por la Redim destacan los cambios en aspectos
administrativos relacionados con adopciones, cambio de responsabilidades en
dependencias e instancias oficiales y la modificación de palabras con un
sentido cosmético o correcciones de estilo.
El
problema, dice Pérez García, es que influenciados o bien, para justificar su
productividad, hay legisladores que quieren reformar la LGDN, algo que desde la
perspectiva de la Redim se considera peligroso, porque puede romper el
equilibrio de la norma y generar retrocesos.
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