Palabras del Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.

 La Reforma de Justicia Penal. Un Compromiso de Estado Hecho Realidad

Noche del viernes 17 de junio de 2016-

Palabras del  Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales:

Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Senador de la República, don Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; señor Diputado Federal, don José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; señora y señores que nos acompañan del Consejo de la Judicatura Federal; señores Consejeros; señor Ministro Alberto Pérez Dayán; señora Procuradora General de la República, doña Arely Gómez; señoras y señores; Secretarios de Estado.

General Salvador Cienfuegos y el Almirante Vidal Soberón, que por su relación de fuerza, están muy vinculados con las acciones de la justicia.

Señores gobernadores de las entidades de la República y señor Gobernador Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Saludo también a doña María de los Ángeles Fromow Rangel, quien ha sido titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

 Magistrado Edgar Elías, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; señor licenciado Humberto Castillejos, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. En fin. A todos los que nos acompañan; Senadores, Jueces, Magistrados de todos los ámbitos jurisdiccionales.

 El más alto perfil de este evento público, se identifica con la gran trascendencia histórica del motivo que nos reúne.

 No resulta desproporcionado afirmar que la significación de la reforma del Sistema de Justicia Penal está sólo por un lado de los procesos constituyentes de los que emanaron las cartas fundamentales que por voluntad del pueblo de México han regido los destinos de nuestra historia como nación.

 Así de importante es el paso que los mexicanos hemos dado para transformar con un cambio radical el paradigma para la solución de las problemáticas en materia de justicia penal.

 Se volvió una especie de secreto a voces y a veces de gritos desesperados, un crudo mensaje social que el Sistema de Justicia Penal había dejado de cumplir solventemente con su misión de resolver las problemáticas especialmente graves de la sociedad.

 Que quedó rezagado en temas tan sensibles como la justicia pronta, el rol de las víctimas en el proceso, la aplicación del principio de inocencia o la transparencia para ser eficiente la respuesta estatal.

 La confianza en este sistema se estaba perdiendo. La gente ya no confiaba en esos procedimientos e iba perdiendo credibilidad en la actuación de los jueces. Se iba perdiendo también con ello la legitimidad en la impartición de justicia y, por ello, dejo de tener en la realidad vigencia.

 En este estado de cosas, se tuvo que reconocer que las modificaciones de mayor o menor extensión en importancia al sistema anterior, terminaron siendo sólo de maquillaje o simplemente anecdóticas, puesto que el sistema ya no aportaba nada a favor de la seguridad y tranquilidad de las familias, ni mucho menos evidenciaba el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

 El poder reformador de la Constitución tomó una decisión jurídico-política trascendental, que se materializó en la Reforma Constitucional de 2008, y que se vinculó con un esfuerzo institucional sin precedentes, para llegar a este punto en el hoy, en el que se ha implementado un nuevo Sistema Penal en todo el territorio Federal.

 Estamos hablando, ni más ni menos, de una verdadera Reforma de Estado.

 Hemos emprendido la renovación completa de uno de los brazos esenciales, tanto del Derecho Público, como de la organización jurídica de cualquier sociedad.

 El pueblo de México representado en el Constituyente Permanente tomó la decisión de cambiar el andamiaje procesal de una materia siempre sensible a un contexto necesariamente más transparente.

 El precio que como sociedad hemos pagado por no tener o no haber tenido una justicia con todos los estándares necesarios, ha sido muy alto: el incremento del delito por una creciente impunidad y la pérdida de confianza en las instituciones.

 Ante la magnitud de esta dolorosa realidad y ante el peso de la responsabilidad histórica de revertir su inercia, todos los aquí, presentes, hemos cumplido la tarea impuesta por nuestra Ley Suprema, implementando la Reforma en el ámbito Federal y local, desde los primeros operadores hasta los jueces, que dicen la última palabra.

 Si bien son muchos los retos por venir, los avances son manifiestos y, por ello, a todos ustedes extiendo mi más amplio reconocimiento.

 Con la articulación entre el nuevo Sistema y el Juicio de Amparo, a través de la cohesión jurisprudencial, a cargo de los tribunales de la Federación y en última instancia obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, se está construyendo ya un andamiaje jurídico que permitirá hacer realidad en la práctica la aplicación de este nuevo sistema.

 A pesar de que la justicia Federal lleva pocos días de haberse instalado, me refiero a poco menos de año y medio, ya tenemos más de 240 tesis de jurisprudencia que están regulando y encauzando el nuevo Sistema.

 El Poder Judicial de la Federación está comprometido a lograr el sistema eficiente que resuelva la problemática penal desde su primera etapa hasta la reparación del daño, con absoluto respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados.

 Destacadamente, desde luego, del imputado, pero con igual énfasis y preminencia los de las víctimas. Ecuación, sin duda, compleja, pero necesaria en el marco de la vigencia del Estado de Derecho.

 Conscientes de que la labor no puede ser aislada, de que la impartición de justicia no tiene una frontera indudable entre los distintos órganos competentes, hemos emprendido, en la justicia Federal, una labor trascendente para buscar y lograr contacto con los otros operadores, tomando siempre en cuenta y reconociendo la indudable importancia de los juzgadores de todos y cada uno de los estados de la República.

 Esta experiencia de trabajo y comunicación interinstitucional ha sido invaluable, pues nos ha enriquecido la experiencia de quienes ya lo habían estado operando.

 Lo realizado hasta ahora por todos los involucrados, qué duda cabe, constituye ya un verdadero parteaguas en la concepción e instrumentación de la Justicia Penal en México.

 Sin embargo, no debemos, en modo alguno, echar las campanas al vuelo. Una sociedad que no cambia, muere. La esencia de la sociedad es el movimiento, y ello implica el cambio.

 Las experiencias de la sociedad y de las personas no son para olvidarlas. Si son malas, son para cambiarlas; si son aleccionadoras, son para aprovecharlas.

 Los esfuerzos realizados a lo largo de estos ocho años alcanzan para responder a la sociedad con la puesta en marcha de un instrumento completamente nuevo de justicia.

 Éste ha sido un paso sólido, sí, pero nos resta un largo camino que tiene como horizonte un futuro de una realidad decididamente mejor.

 Aún debemos entender y aplicar a cabalidad la reforma en los hechos, hacer que cada una de las salas de audiencia tengan una reforma penal, vista como un nuevo paradigma con condicionantes y referentes axiológicos permanentes, como la efectiva reparación del daño para las víctimas, la fluidez y eficacia de los mecanismos alternativos que nos allanan el camino para la más pronta y completa solución de un problema.

 Es nuestra Constitución, por ejemplo, la que determina que las pruebas que hayan sido obtenidas con violación a los derechos fundamentales son nulas, porque a pesar de que parece que prueban algo, si son violatorias no prueban nada, así lo exige nuestra ley fundamental: todo imputado debe presumirse inocente, no importa en qué contexto social o mediático se encuentre, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

 Qué mal haríamos en suponer que hemos terminado. Que engañoso sería decirle a los gobernados que el Sistema de Justicia ya está resolviendo todos sus problemas.

 Más que decir: ya hemos cumplido con transformar nuestro Sistema de Justicia, debemos pensar que ya hemos detenido la inercia histórica de una forma de procuración e impartición de justicia, y que ahora comienza el reto de hacer realidad la nueva, una mejor, transparente y libre forma de impartir justicia penal; frente a la gente, con razones y argumentos, con principios protectores, sin ocultamientos, ni zonas oscuras.

 La vieja tendencia debe ser revertida, y eso sólo sucederá en la medida en que se consoliden y desarrollen las acciones instrumentales que estamos llevando a cabo.

 Los resultados de una justicia efectiva están por lograrse, con la etapa de implementación nos ubicamos frente al camino. Pongámonos en marcha y recorrámoslo.

 Éste es el momento de la historia que nos corresponde. Encontremos, entonces, un punto de equilibrio entre el reconocimiento y el compromiso.

 El primer paso que hemos dado es determinante, sin duda, en la reforma. Por sí mismo no resuelve la problemática de todos los días, pero sienta las bases para andar este nuevo camino que, no debemos perder de vista, aún es largo.

 Estimada audiencia, distinguidos asistentes:

 Para concretar la reforma hemos realizado un esfuerzo de planeación y ejecución, coordinados a todos los niveles, con todos los órganos e instancias de gobierno, en todas las entidades de la República y en el sistema federal, que no había tenido precedente alguno, porque el valor de estas metas lo merece.

 El éxito de esta etapa de consolidación sólo puede estar precedido de un arduo, continuo y sistemático empeño que habrá de seguir con la misma calidad e, incluso, de ser posible, con superior calidad al que hemos hecho hasta ahora.

 Precisamente, para lograr la consolidación del sistema, los diversos actores del cambio nos hemos comprometido y lo haremos en un minuto más, firmar el convenio de coordinación a continuar con esfuerzos combinados, a partir de experiencias y mantener la comunicación para darle una mejor forma a esta concreción del sistema.

 Los ojos de la sociedad, más todavía, las esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada están puestas en este nuevo sistema penal. No podemos ni debemos fallarle.

 Los jueces federales y locales asumimos el reto de cumplir con el mandato popular, plasmado en nuestra Ley Suprema: dar a todos, sin distinción, sin discriminación, una justicia moderna, transparente, eficiente y profesional, que solucione las controversias y resuelva con todo rigor las conductas ilícitas.

Preocupándonos con igual empeño por la condición de las víctimas, por resarcirle los daños, por minimizar las consecuencias del delito, haciéndolo siempre sin excepción mediante el respeto a los derechos de todos, de la dignidad humana, de la condición de la persona y de los más altos intereses de la sociedad.

Estamos, he dicho ya, en un nuevo camino, con un horizonte promisorio, que, si lo seguimos con lealtad, honestidad, integridad e independencia nos debe llevar a alcanzar las metas más nobles que nos exigen todos los mexicanos.

Hacia allá nos dirigimos los Jueces con voluntad y convicción.

Muchísimas gracias