Y los empresarios, resentidos/Juan Carlos Cruz Vargas

Revista Proceso # 2068, 19 de junio de 2016.

Y los empresarios, resentidos/Juan Carlos Cruz Vargas

El sector empresarial del país logró que el Congreso de la Unión pusiera en la agenda, discutiera y aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La mala noticia es que no fue en los términos que la iniciativa privada pensó.

De entrada, los empresarios también tendrán que presentar su declaración 3de3, es decir, deberán poner a disposición del público sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. No sólo eso, el SNA contará con una Fiscalía Anticorrupción, la cual dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando el sector empresarial propuso una fiscalía con total independencia y autonomía respecto del Poder Ejecutivo.

A decir del líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, los empresarios continuarán como víctimas, mientras que los peces gordos que ocupan puestos públicos seguirán impunes, pues el SNA quedó corto y sin ninguna fortaleza.

En entrevista, el presidente de la Coparmex sentencia sobre la nueva Fiscalía Anticorrupción: “Es un punto nodal. Es un irreductible para que la reforma sea eficaz. El fiscal anticorrupción tiene que ser independiente, con autonomía política; suficiencia en sus capacidades administrativas para su función. Si no logramos dar este paso, muy difícilmente será eficaz la capacidad de persecución contra los servidores que se vean involucrados en corrupción”.

Luego advierte: “Nos vamos a quedar mucho tiempo persiguiendo peces flaquitos, a sardinitas, y difícilmente se verá que ese fiscal vaya por un pez gordo. ¡Y en México hay muchos tiburones que necesitan un fiscal con esas capacidades!”

 Nuevo sometimiento

 En la charla, en un salón del Club de Industriales, donde se reúne con su equipo de trabajo, el originario de Monterrey, abogado y director del despacho De Hoyos y Avilés, comenta que la creación de dicha fiscalía es una de las principales resistencias de la clase política.

 Echa un vistazo al pasado: “En México tenemos una larga tradición de que los procuradores los pone el Poder Ejecutivo. Es una facultad poderosísima que tiene el presidente. Pero para ser eficaces, los procuradores o fiscales deben tener una independencia operativa, una autonomía política, y tienen que estar dotados de los recursos técnicos, humanos y materiales para cumplir con su cometido. De otra manera, difícilmente lo harán”.

 Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción quedará bajo la tutela de la PGR; es decir, de la Presidencia de la República, que en este sexenio ha estado involucrada en conflictos de interés, como en la Casa Blanca, del propio Peña Nieto, o el de la vivienda de descanso en Malinalco, Estado de México, perteneciente al titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray. En los dos asuntos se vincula al empresario Juan Antonio Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

 Aún más. El empresario –licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Servicios Logísticos de México, compañía especializada en sistemas de almacenaje de alta densidad y automatización– denuncia que la Ley General de Responsabilidades Administrativas implica que “hay una resistencia a la transparencia. Todo aquello que suponga que los servidores públicos tengan que abrir sus ingresos, sus intereses, su situación patrimonial no les gusta a los servidores públicos ni a los legisladores”.

 Sin embargo, aclara que para el sector patronal, la Ley 3de3 “es una medicina que sí necesitamos, un mecanismo que nos permita monitorear la evolución patrimonial que tienen los servidores públicos, además de una forma de detectar cuando hay casos de corrupción”.

 Golpe a los impulsores

 El Senado decidió modificar el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que obliga a los empresarios a hacer públicas sus declaraciones.

 A Gustavo de Hoyos no le gustó la idea. De hecho, el jueves 16, después de realizar un mitin con los miembros de Coparmex en las escalinatas del Ángel de la Independencia para exigir un país sin corrupción, el líder calificó este hecho como “un despropósito”.

 “Esperamos que se corrija esta ocurrencia inmadura que se tuvo de tratar de trasladar a la sociedad, a los empleados, a los colaboradores, a los que participan en la iniciativa privada las obligaciones propias de los funcionarios públicos. Es un despropósito. Si se insiste en este punto, lo más seguro es que el sistema completo pueda colapsar. Parecería que el propósito es levantar una cortina de humo, tratar de camuflarse entre miles de declaraciones, para que aquéllas que verdaderamente nos importan, que son las de los funcionarios, queden ocultas.”

 No paró ahí, durante la conversación con este semanario, el representante empresarial dejó claro que el funcionario que no esté dispuesto al escrutinio público, que se dedique a otra cosa.

 “El funcionario público siempre tiene riesgos, como los policías y el bombero. Tiene que estar para el escrutinio; si no, que se dedique a otra cosa. Nadie está obligado a ser servidor público. Quien tenga la vocación tiene que estar dispuesto al escrutinio, a abrirse a la sociedad.”

 –¿Cómo asume su responsabilidad el sector empresarial en actos de corrupción, cuáles son las resistencias? –se le pregunta.

 –Nuestra premisa es que la ley debe estar por encima de todos y aplicarse sin distinciones. Nunca he escuchado que se pida un régimen de exclusión para los empresarios. Nuestra aspiración es que el sistema anticorrupción se aplique a todos por igual, sea un funcionario público, de alto o bajo nivel; sea un pequeño o gran empresario; sea un ciudadano. Eso es un tema que no está a discusión.

 De Hoyos menciona que otro sofisma que ocupa la clase política es que para que haya corrupción se requiere de un funcionario y un empresario.

 “No descartamos que haya casos de ese tipo y la ley debe caer sobre el privado y sobre el público. Lo que nos preocupa es que el principal promotor, el principal inspirador de la corrupción en este país, son los funcionarios.”

 De hecho, aseguró que los hombres de negocios son víctimas de la corrupción extorsionadora: “Hemos platicado con empresarios de otros países y de sectores del comercio, industria, de la construcción, que se ven sujetos de la corrupción extorsionadora. Es aquella donde el funcionario público retiene el pago de una factura, teniendo el recurso, con el único propósito de causar desesperación del empresario y luego manda un emisario, disfrazado de gestor, el cual dice que con un contrato de servicios de 10% a 20%, puede gestionar eficazmente un pago.

“Ése es el tipo de corrupción que está sufriendo nuestro país, pero ahí los empresarios no son copartícipes, son víctimas de una extorsión con charola”, sentencia.

De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México es el país más corrupto de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En América Latina, el estudio señala que México está en el escalón número 11 de 22 países de la región. Es más corrupto que Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Brasil, Colombia, Perú y Surinam.

“Esta es la paradoja”, señala el presidente de la Coparmex: México es considerado uno de los pocos países que reúne los atractivos para la inversión extranjera. “A los inversionistas les encanta el mercado interno, el régimen internacional de comercio que tenemos, nuestra ubicación, que estemos entre dos continentes, y nuestra plataforma exportadora a la principal economía del mundo.

“Todo lo hace un país muy atractivo. Sin embargo, esos atractivos se pueden opacar o eclipsar si no resolvemos el tema de la fragilidad del estado de derecho. Ese es el tema. Probablemente no hay otra circunstancia que esté afectando al desarrollo del país.”