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Oaxaca recoge los lodos de 2006

Revista Proceso # 2070, 3 de julio de 2016...
Oaxaca recoge los lodos de 2006/ARTURO RODRÍGUEZ Y PEDRO MATÍAS
OAXACA, Oax.- Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto social ocurrido en esta entidad entre 2006 y 2007 siguen sin castigo, dice Samuel Alfonso Castellanos Piñón, titular de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social (Feidtras), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).


Y añade: no hubo justicia para las víctimas ni se establecieron mecanismos para evitar la repetición de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, tortura y agresiones padecidos por los integrantes de los movimientos sociales. “A una década de impunidad se suman nuevos crímenes de Estado, como los de Nochixtlán”, con saldo de nueve muertos y más de 50 lesionados.
 La Feidtras es una instancia creada en 2011 para indagar los crímenes contra defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, tanto del conflicto social de 2006 como de los que se registraran en lo sucesivo, pero cuyo objetivo, a decir de su titular, “se diluyó por la falta de un compromiso político del titular del Ejecutivo” estatal.
 Hasta antes de los hechos de Nochixtlán y Hacienda Blanca, del pasado 19 de junio, la Feidtras acumulaba 140 expedientes abiertos, sólo dos resueltos, con un detenido sujeto a proceso y seis órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.


Aunque lo solicitó al fiscal general y a los fiscales regionales, Castellanos Piñón fue excluido de las investigaciones de los operativos en las mencionadas zonas, así como de los asesinatos, en Juchitán, de Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, identificados por la FGEO como comunicadores. Lo anterior se suma a una larga lista de obstáculos con que se ha topado la Feidtras desde el inicio de sus actividad.

En entrevista con Proceso, Castellanos hace un recuento de las trabas que ha encontrado.

Por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) tardó cuatro años en entregarle 11 expedientes por igual número de homicidios cometidos en 2006. Lo que recibió eran averiguaciones sin avances, que se integraron con versiones y confesionales inverosímiles para incriminar a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el nombre que adoptó la suma de organizaciones sociales en el conflicto de hace una década.

Con la idea de procurar una “justicia transicional”, es decir, que al salir Ulises Ruiz se pudiera acabar con la impunidad, con la llegada del opositor aliancista Gabino Cué Monteagudo en 2010, la creación de la Feidtras atrajo a declarar a víctimas y testigos de la represión. Pero pronto la expectativa se canceló.

“Hubo avances pero las víctimas nunca dejaron de señalar que en las policías y las instancias de procuración de justicia veían a servidores públicos que participaron en la represión durante el gobierno de Ulises Ruiz. Inclusive, señalaban a subprocuradores y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, por lo que no tenían confianza”, dice Castellanos.

De pronto, el gobierno de Cué anunció pagos por reparación del daño a las víctimas. Castellanos observó entonces que no se estaban apegando a estándares internacionales, que en una reparación se deben considerar los aspectos moral y económico, pero también de acceso a la justicia.

A partir de las indemnizaciones, ya fueron muy pocos a declarar, ni atendían los llamados de la Feidtras ni presentaron más testigos. A los torturados no les aplicaron el Protocolo de Estambul. Los avances quedaron en nada. “Pareciera que se les orientó o se les pidió que a cambio del pago dejaran de exigir justicia”, asegura.

Por cierto –y en referencia a los hechos actuales–, hasta el 30 de junio, la CNTE seguía denunciando que las instancias competentes no habían realizado peritajes, excepto en la zona de Nochixtlán y Hacienda Blanca. Ese día se realizó la reunión de víctimas y deudos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Ciudad de México. El compromiso ofertado ahí y publicitado después por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, fue que se indemenizaría a las familias de los fallecidos.

Volviendo a la entrevista con el fiscal Castellanos, afirma que uno de los últimos tropiezos para generar confianza con las víctimas de 2006 ocurrió el 6 de agosto de 2015, cuando Cué designó a Héctor Joaquín Carrillo Ruiz fiscal general del estado; en 2006 éste fue uno de los agentes del Ministerio Público que remitieron detenidos a los penales de Nayarit y que dieron carpetazo a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“Con molestia y desconfianza por esa designación, las víctimas abandonaron su demanda de justicia”, lamenta Castellanos, que por otra parte acusa la falta del presupuesto, el personal y los estímulos comprometidos en un inicio, que redujeron la ambiciosa instancia a una simple agencia del Ministerio Público.

Crímenes de lesa humanidad

La creación de la Feidtras no fue el único acto de Cué para resolver la impunidad de 2006, pero cuyo trabajo terminó boicoteando él mismo.

En septiembre de 2014, por decreto del gobernador, se instaló la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), instancia de investigación con presupuesto público pero independencia en sus actuaciones, integrada por el sacerdote Alejandro Solalinde, el periodista Diego Enrique Osorno y la antropóloga Marina Patricia Jiménez.

El 29 de febrero de este año, la CVO entregó su informe titulado Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca, en el que concluyó que durante el conflicto de 2006-2007, las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado: en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, que llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban.

El siguiente paso era entregarlas a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público.

Con sus investigaciones, la CVO concluyó que al menos en nueve casos hay elementos suficientes para sostener que hubo ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.

De acuerdo con el informe, “de manera masiva y sistemática el Estado violó el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.

Además, documentó que la tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Considerando el conjunto de 263 testimonios, aclara el informe, identificar a 373 víctimas fue una cifra baja, debido a varios factores: el primero relacionado con la desconfianza que la CVO supuso por ser un órgano autónomo del gobierno del estado. El segundo fue la presencia de las fuerzas federales, enviadas para aplicar la evaluación educativa a la que se opone el magisterio oaxaqueño.

Y un elemento adicional: la desconfianza de la población, al no ver resultados tangibles en cuanto al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño.

El informe de más de mil páginas no sólo documenta los casos de las víctimas, sino también el nombre de los perpetradores en un anexo. Varios de los incluidos en la lista seguían en la nómina del gobierno de Cué, a quien se le recomendaba cesarlos e iniciar contra ellos procesos de sanción. Entre los nombres de los perpetradores destacaba el del actual fiscal Carrillo Ruiz.

Las 30 recomendaciones de la CVO incluían no sólo acciones de acceso a la justicia, sino la aplicación de mecanismos, disposiciones normativas y reorganizaciones administrativas, para evitar la repetición de lo ocurrido. El gobierno de Cué ni siquiera se manifestó al respecto.

Castellanos Piñón afirma que la creación de la CVO generó esperanza, pero luego el gobierno estatal ni siquiera aceptó participar en un acto formal. “Una de las cosas más deprimentes, que acabaron con las expectativas que tengo como fiscal, es el absoluto silencio de las autoridades respecto al informe de la Comisión de la Verdad”, afirma.



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