Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de
2016...
GLORIA
LETICIA DÍAZ
La
denuncia sobre la presunta ejecución extrajudicial de al menos ocho personas a
manos de militares en Nuevo Laredo en este semanario animó a la madre de otra
víctima para hacer a un lado el miedo y presentar una queja ante el presidente
Enrique Peña Nieto.
Como
ocurrió en el caso de las ejecuciones de Tlatlaya, hasta ahora había
prevalecido esa versión oficial, pero la primera queja le dio un giro al caso,
que la CNDH radicó en la Segunda Visitaduría General con el folio 92413/2016.
En
entrevista, la madre de otro de los ocho civiles que viajaban en la camioneta
blanca –quien pidió no publicar su nombre– admitió que el miedo la paralizó
aunque estaba indignada:
“No
quería denunciar, tenía temor a los militares porque ellos siempre amenazan. Lo
sé porque ha habido muchos casos de conocidas a las que los militares les dicen
que se queden calladas, porque las tienen bien ubicadas. Por eso hay tantas
muertes que quedan impunes.
“Cuando
miré en la revista (Proceso) me decidí. Dije: ‘Si ya hubo otra señora que
denunció, yo también lo voy a hacer’. Espero que no me pase nada, porque les
molesta a los militares que uno hable. Sí tengo miedo, pero si siempre voy a
vivir callada nunca vamos a hacer nada.”
El
viernes 28, asesorada por el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, la
mujer envió un escrito dirigido a Peña Nieto, al secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador general de la República, Raúl
Cervantes Andrade, y al titular de la CNDH.
En
su misiva, exige una investigación “profunda, imparcial y pronta”, suspender
los patrullajes del personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada
mientras se llevan a cabo las investigaciones; proteger la integridad de las
familias denunciantes, sobrevivientes y testigos de los hechos, y sancionar a
los responsables de la presunta “ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.
De
acuerdo con la queja, la tarde del mismo 3 de septiembre alguien le dijo a la
señora que su hijo había muerto bajo el fuego militar; pasada la medianoche
ella localizó el cuerpo en una funeraria y después fue a la Agencia del
Ministerio Público a exigir que se lo entregaran.
En
el documento, donde puntualiza que no vivía con su vástago, la señora indica
que entre el sábado 3 y el domingo 4 fue subido a las redes sociales el video
que pone en duda la versión oficial. Añade que “no había justificación para que
los militares privaran de la vida (a su hijo) de manera arbitraria y menos
disparándole en la cabeza a manera de tiro de gracia”.
En
la entrevista, explica que al ver el cuerpo advirtió que un disparo le entró
por la sien derecha y salió por la parte superior de la cabeza. Según la
versión oficial, él fue abatido adentro de la camioneta.
Al
enterarse de que en las redes sociales circulaba un video sobre los hechos, lo
buscó, situación que le provocó más dolor: “Vi que es muy obvio: dos personas
se bajaron de la troca y corrieron; uno de camisa blanca aparece merito atrás
de la camioneta blanca, casi abajo. ¿Cómo quieren que uno reaccione? Es bien
obvio que los militares los mataron”.
Señala
que en los últimos meses han ocurrido muchas muertes a manos de personal
castrense, pero opina que “si eran personas inocentes o no, si andan trabajando
mal, no lo sé, pero los militares no tienen el derecho de hacer justicia por su
propia mano, por eso existe un Ministerio Público, pero lo que hacen los
militares es matarlos”.
En
consecuencia, decidió exigir justicia en un intento de parar la violencia
militar en Nuevo Laredo, de la que “por miedo” no se habla. Y sostiene: “Si
ganamos el caso, sé que nunca me van a regresar a mi hijo, pero los que
hicieron eso que paguen, porque no tenían que matarlos”.
El
silencio de las autoridades
Explicó
que a la comisión llegó una primera queja en la que se “planteaba la entrega de
un cadáver: después quedó sin materia, se desistió de esa circunstancia”.
Después
se presentó otra con “señalamientos que se hacen a autoridades del Ejército”.
Ésta “es una queja que se acaba de radicar; hemos solicitado la información y
previsto el trabajo en campo al respecto, es decir el desplazamiento de
personal de la comisión a realizar una investigación”.
El
martes 25, un equipo de la CNDH se presentó ante el presidente del CDHNL,
Raymundo Ramos Vázquez, a fin de que lo apoyara en la ratificación de la queja
presentada por la madre de una de las víctimas y para recorrer el lugar de los
hechos.
En
entrevista, Ramos Vázquez explica que juntos revisaron la camioneta en la que
viajaban los ocho civiles y encontraron en ella “más de 50 impactos por todos
lados”, mientras que a lo largo de un kilómetro marcaron otros 48 “en fachadas
de negocios, paredes, rejas, bardas, ventanas y en la puerta de un hotel”.
Considera
que esos disparos “hablan de la intensidad del fuego y la intención de causar
daño” por parte de los militares aquel 3 de septiembre.
Como
la investigación podría durar al menos un año, por la complejidad del caso,
Ramos Vázquez destaca que la CNDH ordenó medidas cautelares para él y sus
representadas, pues “no estamos trabajando en un ambiente tranquilo sino en uno
hostil”.
Sin
embargo, aún no hay un acuerdo: “La CNDH dio aviso a las autoridades militares
y estatales para que no se nos moleste, para que tomen medidas de precaución y
medidas de seguridad para nosotros. Aún no han respondido, estamos esperando”.
Ramos
Vázquez, quien ha documentado 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias de
las Fuerzas Armadas desplegadas en Nuevo Laredo entre marzo de 2009 y agosto
pasado, también espera contestación del Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los mensajes
amenazantes que ha recibido en las redes sociales después de hacer pública la
denuncia.
En
una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con
copia para Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, Ramos
Vázquez da cuenta de expresiones difamatorias en las redes sociales y de la
presencia de personas desconocidas frente a su domicilio, como lo informó la
agencia Apro el martes 25.
Ramos
Vázquez expresa que ya ha pasado por momentos similares al presentar denuncias
ante la CNDH y la PGR contra marinos y soldados que cometieron abusos contra la
población civil de Tamaulipas:
“Ya
sé lo que viene: distorsión de la información y campañas de desprestigio e
intimidación. Por eso, cuando hablé con la gente del mecanismo de protección de
Gobernación (el martes 25), le pedí que le digan a la Secretaría de la Defensa
Nacional que deje esa campaña de linchamiento en las redes sociales. Me
respondieron que están evaluando las amenazas”.
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