La
reaprehensión de 2014, cuestionada por jueces/
ANABEL
HERNÁNDEZ
Revista Proceso, 17 de enero de 2016.
Además
de integrar un expediente sólido para consignar a Joaquín Guzmán Loera,
resolver su extradición y lo que proceda a partir de la fuga del sinaloense del
penal del Altiplano, las autoridades federales aún tienen que enfrentar el
juicio por la reaprehensión de febrero de 2014. Ni la PGR ni la Marina han
podido acreditar la legalidad de esa acción contra Guzmán Loera y su entonces
“secretario particular”, Carlos Manuel Hoo.
Nada
de la Operación Gárgola ni la versión del gobierno federal sobre la recaptura
del Chapo Guzmán ocurrida en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, pudo ser
acreditado por la Procuraduría General de la República (PGR) ni por la
Secretaría de Marina (Semar) ante el Poder Judicial. Cuando menos así quedó
demostrado en el Segundo Tribunal Unitario y el Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Décimo Segundo Distrito en dos sentencias de amparo dictadas en 2014
y 2015.
De
hecho en el único parte informativo de la detención, suscrito por los marinos Ángel Rafael Martínez Yépez y José
Antonio Nava Luna, sostienen que ellos dos solos detuvieron al líder del Cártel
de Sinaloa de manera casi accidental.
En
aquella ocasión el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer que la recaptura de Guzmán Loera y su entonces
secretario particular, Carlos Manuel Hoo Ramírez, militar retirado de un grupo
de élite, obedeció a una operación de las áreas de “inteligencia” del gobierno
de México y fue el resultado de meses de trabajo de diferentes instituciones.
