Inauguración de la 1ª Reunión Nacional 2017 de las Conferencias

Inauguración de la 1ª Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia.

Saludo a todas, a todos.

Saludo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el senador Pablo Escudero.

Al señor Procurador General de la República, Raúl Cervantes.

Al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

A Patricia Bugarín, a Álvaro Vizcaíno.

Señor General, señor Vicealmirante.

Gusto en saludarles.

Y por supuesto a los secretarios de Seguridad Pública, a Procuradores, Fiscales, a funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad, a los medios de comunicación.

A todas y a todos, muy buenos días.

En materia de seguridad y justicia, cuando uno avanza, avanzamos todos; y cuando uno retrocede, retrocedemos todos.

Por eso es tan importante esta Reunión Nacional, porque permite hacer un corte de caja, fijar prioridades y delinear estrategias.

Y qué mejor manera que hacerlo de manera conjunta, con las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia, que son dos caras de una misma moneda, y que requieren, hay que decirlo, un trabajo de fortalecimiento serio y sin cortapisas.

Porque ante los desafíos de seguridad -y se equivoca quien piense lo contrario- no hay caminos cortos ni salidas fáciles. Se requiere de instituciones sólidas.

El reto que tenemos enfrente, especialmente a nivel local, no es menor, y demanda del compromiso decidido de autoridades y órdenes de gobierno.

Se trata de que sin importar en dónde se encuentra, la población pueda confiar en sus policías, y de que toda víctima, sin importar su condición, pueda apoyarse, sentirse apoyada en el Ministerio Público.

Se trata de garantizar que a todo acto delictivo, corresponda, conforme a derecho, un acto, un acto de justicia, que proteja al inocente y castigue al culpable; que sea accesible, oportuno y transparente.

Eso es lo que está en juego cuando hablamos de fortalecer las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de las entidades federativas.

Su labor es fundamental como también lo es indispensable, para que en todo el territorio nacional, sin excepción, prevalezca el ejercicio pleno de derechos y de libertades.

Y para lograrlo tenemos, tenemos que ir todos juntos, articulando acciones a partir de diagnósticos puntuales que permitan por un lado, dar golpes de precisión contra la delincuencia, y por el otro, generar entornos de tranquilidad para la ciudadanía.

En este marco, si me lo permiten, quisiera abordar tres prioridades con ustedes:

Primero, la importancia de contar con instituciones de seguridad sólidas, que puedan cumplir su labor más allá, más allá de cambios de gobierno.

Porque la alternancia en el poder es parte de la normalidad política en una democracia como la mexicana.

Pero lo que no es normal, lo que no podemos permitir, es que un nuevo gobierno suponga comenzar de cero en materia de seguridad, por el contrario, se requiere una política implementada en lo local, pero diseñada con visión de Estado y pensando en largo plazo.

Para ello hay que trabajar en dos vías:

Por un lado, las entidades asumiendo la responsabilidad que les toca, contando siempre con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, sí, pero también, cumpliendo su tarea a partir de plazos y metas claras.

Con un esfuerzo serio para profesionalizar las corporaciones de seguridad, que va desde la dignificación de la labor policial y los controles de confianza, hasta la capacitación del personal y la dotación de equipo.

Se trata de construir instituciones que le sirvan a la sociedad, y de hacerlo en corresponsabilidad.

Porque el paso necesario en materia de seguridad solo es posible si los gobiernos locales participan, y cumplen su función constitucional a cabalidad.

Por otro lado, así como la sociedad requiere el fortalecimiento de las instancias de seguridad y justicia, así también el fortalecimiento de las instancias de seguridad y justicia requiere del Congreso.

Por eso, desde aquí hago un exhorto respetuoso al Poder Legislativo.

Y al hacerlo, les comparto dos consideraciones:

En primer lugar, que el dictamen de Mando Mixto, como está planteado, no sería funcional. Lo he planteado directamente al Congreso federal, particularmente en la Cámara de Diputados.

Por el contrario, al estipular un ir y venir de las facultades y las tareas de seguridad entre órdenes de gobierno, generaría incertidumbre y distracción de tiempo, energía y recursos de lo que realmente importa -crea la distracción- que es garantizar la tranquilidad ciudadana.

La segunda consideración tiene que ver con la situación de las policías municipales en el país.

¿A qué me refiero? De entrada, a que alrededor de 600 municipios no cuentan con una corporación propia, y a que solo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios.

Al mismo tiempo, mientras las 20 corporaciones municipales más grandes concentran el 25 por ciento del total de policías, el 10 por ciento de los policías municipales se dispersa entre mil 110 municipios, promediando alrededor de 12 elementos en cada una de estas corporaciones.

Es decir, existe una debilidad estructural que no puede pasarse por alto. Y que debe afrontarse desde el marco legal, pero no con base en consideraciones políticas, sino con altura de miras. Pensando no en intereses de partido, sino en lo que México necesita.

Y reconociendo que el fenómeno delictivo se ha transformado, y que hoy es muy distinto a como era hace 30 años, cuando el Congreso incluyó a la seguridad pública en el 115 constitucional.

Por eso es fundamental definir el modelo a seguir, si será el de policías municipales o el de estatales, pero hay que tomar una decisión, sin perder de vista que lo más importante es fortalecer a las instituciones.

Una segunda prioridad a la que haré referencia, tiene que ver con el nuevo Sistema de Justicia Penal, sin duda, una gran transformación que juntos hemos logrado, y que no podemos permitir que se desvirtúe.

Porque como todo, el sistema acusatorio es perfectible, y requiere ajustes para impedir que las nuevas reglas se traduzcan en casos de impunidad. Así lo ha referido el Procurador. Por eso es tan importante seguir trabajando en su consolidación.

Y por eso también celebro que ustedes vayan a revisar varios temas puntuales, que van desde los delitos que ameritan prisión preventiva, hasta aquellos que tienen que ver con el informe policial homologado.

En ese sentido, señalo prácticas que deben convertirse en rutinarias:

Primero, la evaluación permanente. No se trata de señalar a nadie, sino de medir el desempeño de todos y cada uno de los operadores, a partir de indicadores objetivos y puntuales.

De esa manera, sabremos en dónde estamos; qué resultados estamos obteniendo, y cuáles son las áreas que debemos de fortalecer.

Segundo, promover una mayor eficacia de la justicia alternativa, para cumplir el objetivo de descongestionar el sistema y concentrar esfuerzos en los casos de mayor impacto.

Para ello es importante contar con mediadores capacitados y eficaces, y consolidar, en todo el país, las unidades de atención temprana, para que los ciudadanos tengan la orientación necesaria y puedan resolver sus casos de manera pronta.

Y tercero, fortalecer la capacitación a las policías locales como primeros respondientes.

Ustedes lo saben bien, cuando las policías cumplen su labor, es más fácil que los ministerios públicos lleguen a fondo en la investigación de delitos, y viceversa, cuando el desempeño de los sistemas de justicia genera un entorno de respeto a la ley, se reduce la impunidad y la criminalidad.

Por último, una tercera prioridad tiene que ver con los sistemas penitenciarios estatales.

Se trata de un tema que todas y cada una de las entidades debe atender de forma prioritaria.

Y aquí el llamado es a voltear a ver las prisiones, y establecer orden y disciplina, antes de que haya más situaciones que lamentar.

Se necesita invertir en personal, equipamiento e infraestructura.

El Gobierno de la República ha destinado recursos a las entidades para ello. Por eso, no es aceptable que estos recursos o no se apliquen o sean reprogramados a otras tareas.

En este sentido, he instruido al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario Ejecutivo para que convoquen a una reunión la próxima semana en la que se planteen compromisos claros y una ruta crítica para atender esta problemática.

Señoras y señores:

La seguridad y la justicia son fines pero también medios para ampliar y fortalecer el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Trabajar por ellas es velar por el respeto a los derechos y la dignidad de las personas.

Es velar por la tranquilidad de lo que más quieren: su vida y la vida de sus seres queridos.

Eso es lo más valioso que tenemos como país, y ese es el bien fundamental por el que debemos seguir trabajando todos los días.

Porque la ley es el mejor pilar de la convivencia, y porque ahí radica el sentido de la seguridad y la justicia, que debemos todas y todos de impulsar.

Para que los propósitos no se queden en el papel.

Para que la ley y la justicia formen parte, siempre, de la realidad cotidiana de las y los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

Si me permiten hacer la declaratoria inaugural, hoy 28 de marzo del 2017, declaro inaugurada la Segunda Reunión Conjunta de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Les felicito por retomar este sistema, por reunirse nuevamente.

Al señor Procurador, al Comisionado Nacional, exhortarles para que con ustedes sea cada vez más cotidiano este encuentro por el bien de las y los mexicanos, por la justicia, por la seguridad que requiere nuestra nación.

 Muchas gracias por su atención.