La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas difundió este luyes 6 de noviembre un análisis a los testimonios brindados en tres juicios en contra de Los Zetas en EU.
Véase...:
Según el documento "Control... sobre todo el Estado de Coahuila", en 2004, Efraín Torres "El Z-14", en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz.
"Exactamente como lo hice en REFORMA de fecha 20 de abril de 2013, niego categóricamente que en la campaña para Gobierno del Estado en 2004 se haya recibido dinero alguno ilegal o del narcotráfico", replicó Herrera en una carta enviada al periódico Reforma...
"El testigo protegido miembro de la proditoria banda de Los Zetas no pudo señalar mi nombre, porque era falsa la declaración que pretendía involucrarme y que fue desechada por las autoridades de la Corte de Austin", agregó Fidel.
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La nota de referencia en Reforma es la siguiente...
Exhiben sobornos de Zetas a Gobernadores
Nota de César Martínez/ Reforma
Cd. de México (06 noviembre 2017).- Los Zetas tuvieron bajo su nómina a presidentes municipales, policías locales, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a elementos del Ejército y a gobernadores de Coahuila y Veracruz.
Incluso, el grupo criminal se favoreció hasta de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior se desprende del análisis que la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas realizó de las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales llevados a cabo en Estados Unidos contra miembros de Los Zetas.
Según el documento, titulado "Control... sobre todo el Estado de Coahuila", en 2004, Efraín Torres "El Z-14", en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz.
"Como socios, ellos (Colorado Cessa y Torres) iban a expandirla (a ADT Petroservicios) y crecer usando contratos públicos. Cuando el candidato ganara la gubernatura, él les daría los proyectos, y entonces, ellos iban a obtener el contrato público del Gobierno federal a través de Pemex", declaró José Carlos Hinojosa, un ex fiscal convertido en contador de Los Zetas, que fue detenido en 2008.
Rodrigo Uribe Tapia, otro lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía al ya Gobernador de Veracruz Javier Duarte, en cuyo patio mataron a una contadora.
El informe plantea que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus operaciones y donde realizaron sus más atroces crímenes.
El mismo Uribe Tapia declaró que él acompañó a Danny Menera, quien era el jefe de plaza de Piedras Negras, a entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio de control total sobre Coahuila.
El dinero lo entregaron a Vicente Chaires, el secretario personal del entonces Gobernador Humberto Moreira, y a Jesús Torres Charles, el Procurador General del Estado en ese tiempo, para sobornar al Mandatario estatal, según el relato.
"Lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el Gobernador de Coahuila en ese entonces", declaró Uribe.
Según Adolfo Tavira, identificado como ex administrador de producción de Televisa y narcotraficante, el actual Gobernador, Rubén Moreira, también colaboró con Los Zetas.
Él describió una ocasión en la que entregaron un pago al Mandatario en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero.
"Los testigos explicaron cómo Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales", determina el trabajo de la Universidad de Texas.
"Estos sobornos también garantizaron que las compañías de Los Zetas recibieran contratos públicos y permisos de construcción".
Uribe Tapia, quien lavaba dinero a través del centro comercial Black City Mall de Piedras Negras, aseguró que Los Zetas también le vendían carbón a la CFE, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les ayudó a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían pagar sobre sus ingresos.
El control que Los Zetas lograron, ya sea mediante sobornos o mediante una estrategia del terror, incluyó a la Policía Federal, a la PGR y a elementos del Ejército, además de ministerios públicos de Coahuila y policías estatales y municipales.
"Si bien los testigos no ofrecieron detalles respecto de cuáles divisiones del Ejército o la Policía Federal eran corruptas, en algunos testimonios se hizo mención de algunos incidentes específicos", indica el documento.
"(Jorge) De León (asistente de un líder Zeta) explicó que el Ejercito mexicano mantenía una relación no hostil con las agencias policiales locales que trabajaban con Los Zetas. Además, (Adolfo) Tavira declaró que la unidad militar asignada a Ciudad Acuña trabajaba junto con la policía local y con Los Zetas".
Hora de publicación: 11:22 hrs.
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Un informe revela el control que ejercían Los Zetas en México
Un estudio de la Universidad de Texas expone cómo el cartel de narcotraficantes sobornaba y extorsionaba a las instituciones de Coahuila y Veracruz
E.R.
El País, México 6 NOV 2017 - 22:32
Un informe de la Universidad de Texas, que recoge los testimonios de diferentes juicios contra miembros de Los Zetas en Estados Unidos, expone cómo el sanguinario cartel mexicano se hizo con el control de los Estados mexicanos de Coahuila y Veracruz. Los testimonios recabados detallan los sobornos a funcionarios públicos —desde policías hasta gobernadores—, una red de lavado de dinero vinculada a la estatal Pemex y hasta el poder sobre el centro penitenciario de la ciudad fronteriza de Piedras Negras. El estudio denuncia que Los Zetas alcanzaron unas cotas de impunidad tan altas que lograron erigirse como el único poder de facto en aquellas entidades.
El estudio parte de las declaraciones de 24 testigos —la mayoría exmiembros del grupo criminal— en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio (Texas) entre 2013 y 2016. "Las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son que el cartel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad. La segunda es que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel, ya sea por acción u omisión, en la comisión de estos abusos", resumió en un comunicado este lunes el centro de estudios.
Varios testigos, siempre según el informe, describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila —que han gobernado la entidad durante los últimos 10 años seguidos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— a cambio del control total del Estado.
Según el informe, que en este otro caso se basa en la declaración ministerial de un agente del FBI, uno de los fundadores de Los Zetas, Efraín Torres, financió la campaña del priísta Fidel Herrera rumbo a la gubernatura de Veracruz. Herrera gobernaría esa entidad desde 2004 hasta 2010.
Así es cómo, según el centro de estudios, operó durante décadas esta organización criminal, fundada a finales de los años noventa por 31 miembros de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y guatemalteco y que acabó convirtiéndose rápidamente en una de las más sanguinarias del narco mexicano.
Carreras de caballos y servicios petroleros
El centro de estudios explica que el lavado de dinero de Los Zetas se concentraba principalmente en dos negocios clave: las carreras fraudulentas de caballos y una compañía de servicios petroleros. ADT Petroservicios servía —según el testimonio de José Carlos Hinojosa (exfiscal convertido en contador de Los Zetas)— "para construir carreteras, hacer proyectos de Pemex, perforar, limpiar y cosas así, cualquier cosa para que Pemex los contratara". Los testimonios no señalan, no obstante, de manera directa a los funcionarios de la empresa petrolera nacional.
El informe expone que esta firma "es especialmente importante por sus supuestas transacciones con el Estado, particularmente con gobernadores". Y añade, según el testimonio de Hinojosa: "Gracias al financiamiento intensivo de Los Zetas y a los contratos públicos que se le asignaron, ADT Petroservicios creció y se expandió hasta convertirse en una de las piezas clave para las operaciones de lavado de dinero del cartel".
Territorios controlados por el cartel
Los testigos de los tres juicios declararon sobre el "control" de Los Zetas en varios Estados. Rodrigo Humberto Uribe (asesor de inversiones y encargado de lavado de dinero de la banda en Coahuila) mencionó en su declaración que los Estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla estaban bajo un "control total" del grupo criminal. Otros testigos añadieron detalles sobre este control, que estaba basado en la violencia y la corrupción.
Mordidas a policías y el jefe de plaza
Según la declaración de Uribe, recogida por el informe, el control de las fuerzas de seguridad consistía en dos estrategias clave. La primera se trataba de pagarle directamente a los policías locales, "para evitar que interfirieran con sus operaciones e involucrarlos activamente en las mismas". La segunda, más elaborada, consistía en que el jefe de la policía se tenía que reportar directamente con el jefe de la plaza —el líder designado por el cartel para una ciudad o zona— bajo amenaza de muerte.
Así resume el informe, según el testimonio de Marlon Campos Salmerón (policía municipal y traficante de drogas y armas para el grupo): "Los Zetas mantuvieron el control sobre la policía, garantizando su cooperación a través de la intimidación y la fuerza. Si policía se negaba a hacer ciertas cosas, lo amenazaban a él y a su familia".
Control de la cárcel y de los fiscales
En la declaración de José Luis Rodríguez —considerado por el informe como "narcotraficante para proveedores de alto nivel de Los Zetas—, se señalaba que "la prisión de Piedras Negras estaba bajo el control total de Los Zetas". Según añade, el cartel usaba la prisión para sus operaciones, que iban desde el arreglo de automóviles para esconder la droga, hasta la venta y distribución. También, Piedras Negras, según su testimonio, se convirtió en un refugio de los criminales para esconderse de la Marina y la Policía Federal.
Otro testigo comentaba que de aquella cárcel los prisioneros "podían entrar y salir cuando quisieran". El informe concluye que "no había encarcelamiento estricto". Según el testimonio de Rodríguez, "cuando los miembros de Los Zetas eran sentenciados a servir condenas en la cárcel, tenían acceso a drogas, alcohol, armas, televisiones, celulares, refrigeradores, mujeres y fiestas, además de cuartos propios".
Además del control de la cárcel, los testigos apuntan a que el cartel pagaba "grandes sumas de dinero a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para que los cargos penales se desechasen" y "para asegurarse de que algunas denuncias no fueran investigadas". La novia de un sicario, considerada como testigo en otro juicio, señaló que su pareja pagó 167.000 pesos (casi 9.000 dólares) para ser liberado de la prisión y para que se eliminasen los cargos en su contra
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