Un estudio de la Universidad de Texas expone cómo el cartel de narcotraficantes sobornaba y extorsionaba a las instituciones de Coahuila y Veracruz.
Este es el informe:
E.R.
El País, México 6 NOV 2017 - 22:32 Un informe de la Universidad de Texas, que recoge los testimonios de diferentes juicios contra miembros de Los Zetas en Estados Unidos, expone cómo el sanguinario cartel mexicano se hizo con el control de los Estados mexicanos de Coahuila y Veracruz. Los testimonios recabados detallan los sobornos a funcionarios públicos —desde policías hasta gobernadores—, una red de lavado de dinero vinculada a la estatal Pemex y hasta el poder sobre el centro penitenciario de la ciudad fronteriza de Piedras Negras. El estudio denuncia que Los Zetas alcanzaron unas cotas de impunidad tan altas que lograron erigirse como el único poder de facto en aquellas entidades.
El estudio parte de las declaraciones de 24 testigos —la mayoría exmiembros del grupo criminal— en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio (Texas) entre 2013 y 2016. "Las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son que el cartel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad. La segunda es que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel, ya sea por acción u omisión, en la comisión de estos abusos", resumió en un comunicado este lunes el centro de estudios.
Varios testigos, siempre según el informe, describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila —que han gobernado la entidad durante los últimos 10 años seguidos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— a cambio del control total del Estado.
Según el informe, que en este otro caso se basa en la declaración ministerial de un agente del FBI, uno de los fundadores de Los Zetas, Efraín Torres, financió la campaña del priísta Fidel Herrera rumbo a la gubernatura de Veracruz. Herrera gobernaría esa entidad desde 2004 hasta 2010.
Así es cómo, según el centro de estudios, operó durante décadas esta organización criminal, fundada a finales de los años noventa por 31 miembros de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y guatemalteco y que acabó convirtiéndose rápidamente en una de las más sanguinarias del narco mexicano.
Carreras de caballos y servicios petroleros
El centro de estudios explica que el lavado de dinero de Los Zetas se concentraba principalmente en dos negocios clave: las carreras fraudulentas de caballos y una compañía de servicios petroleros. ADT Petroservicios servía —según el testimonio de José Carlos Hinojosa (exfiscal convertido en contador de Los Zetas)— "para construir carreteras, hacer proyectos de Pemex, perforar, limpiar y cosas así, cualquier cosa para que Pemex los contratara". Los testimonios no señalan, no obstante, de manera directa a los funcionarios de la empresa petrolera nacional.
El informe expone que esta firma "es especialmente importante por sus supuestas transacciones con el Estado, particularmente con gobernadores". Y añade, según el testimonio de Hinojosa: "Gracias al financiamiento intensivo de Los Zetas y a los contratos públicos que se le asignaron, ADT Petroservicios creció y se expandió hasta convertirse en una de las piezas clave para las operaciones de lavado de dinero del cartel".
Territorios controlados por el cartel
Los testigos de los tres juicios declararon sobre el "control" de Los Zetas en varios Estados. Rodrigo Humberto Uribe (asesor de inversiones y encargado de lavado de dinero de la banda en Coahuila) mencionó en su declaración que los Estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla estaban bajo un "control total" del grupo criminal. Otros testigos añadieron detalles sobre este control, que estaba basado en la violencia y la corrupción.
Mordidas a policías y el jefe de plaza
Según la declaración de Uribe, recogida por el informe, el control de las fuerzas de seguridad consistía en dos estrategias clave. La primera se trataba de pagarle directamente a los policías locales, "para evitar que interfirieran con sus operaciones e involucrarlos activamente en las mismas". La segunda, más elaborada, consistía en que el jefe de la policía se tenía que reportar directamente con el jefe de la plaza —el líder designado por el cartel para una ciudad o zona— bajo amenaza de muerte.
Así resume el informe, según el testimonio de Marlon Campos Salmerón (policía municipal y traficante de drogas y armas para el grupo): "Los Zetas mantuvieron el control sobre la policía, garantizando su cooperación a través de la intimidación y la fuerza. Si policía se negaba a hacer ciertas cosas, lo amenazaban a él y a su familia".
Control de la cárcel y de los fiscales
En la declaración de José Luis Rodríguez —considerado por el informe como "narcotraficante para proveedores de alto nivel de Los Zetas—, se señalaba que "la prisión de Piedras Negras estaba bajo el control total de Los Zetas". Según añade, el cartel usaba la prisión para sus operaciones, que iban desde el arreglo de automóviles para esconder la droga, hasta la venta y distribución. También, Piedras Negras, según su testimonio, se convirtió en un refugio de los criminales para esconderse de la Marina y la Policía Federal.
Otro testigo comentaba que de aquella cárcel los prisioneros "podían entrar y salir cuando quisieran". El informe concluye que "no había encarcelamiento estricto". Según el testimonio de Rodríguez, "cuando los miembros de Los Zetas eran sentenciados a servir condenas en la cárcel, tenían acceso a drogas, alcohol, armas, televisiones, celulares, refrigeradores, mujeres y fiestas, además de cuartos propios".
Además del control de la cárcel, los testigos apuntan a que el cartel pagaba "grandes sumas de dinero a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para que los cargos penales se desechasen" y "para asegurarse de que algunas denuncias no fueran investigadas". La novia de un sicario, considerada como testigo en otro juicio, señaló que su pareja pagó 167.000 pesos (casi 9.000 dólares) para ser liberado de la prisión y para que se eliminasen los cargos en su contra
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