La prisión de Lula no libera a Brasil de su crisis/

 La prisión de Lula no libera a Brasil de su crisis/ Carol Pires es reportera política y colaboradora regular de The New York Times en Español.

The New York Times, Domingo, 08/Abr/2018

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, al centro, llega a los cuarteles de la policía federal donde cumplirá su sentencia de doce años de cárcel, en Curitiba, Brasil, el 7 de abril. Credit Heuler Andrey/Agence France-Presse — Getty Images

Nadie en Brasil domina los símbolos de la política mejor que Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente se entregó el sábado a la Policía Federal para empezar a cumplir su condena de 12 años por corrupción, pero no sin antes pasar dos días rodeado de seguidores que lo acompañaron toda la noche en la sede del sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo, donde él empezó su carrera política como líder sindical. En 1980, también en un mes de abril, la dictadura militar lo encarceló por primera vez.

El juez Sergio Moro le ordenó presentarse a la policía antes de las cinco de la tarde del viernes 6 de abril. Pero Lula impuso sus propias reglas. Solo se entregó después de asistir a una misa ecuménica en conmemoración al cumpleaños de su fallecida esposa, Marisa Letícia. La celebró rodeado de aliados políticos, entre ellos otros dos candidatos presidenciales, en la propia sede del sindicato donde Lula y Marisa se conocieron en 1973 y donde él la veló el año pasado.


Antes de entregarse para ser trasladado a la cárcel en Curitiba, Lula no dejó de hacer política ni por un minuto. Pasó buena parte del día arengando a la población desde su camión de campaña y aprovechó la atención de los medios para propagar su discurso de que el encarcelamiento del candidato favorito a la elección presidencial de octubre deteriorará aún más la democracia brasileña. “Yo no voy a parar porque ya no soy un ser humano. Yo soy una idea. Una idea mezclada con las ideas de ustedes”, le dijo a una multitud que le gritaba: “No te entregues”. El carro de la policía federal designado para trasladarlo intentó partir dos veces, pero los seguidores del expresidente se lo impedían.

El juicio contra Lula encendió aún más los ánimos de los brasileños, ya sobresaltados por la crisis política. El 4 de abril, en la víspera de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de negar un recurso de habeas corpus al expresidente, el general Eduardo Villas Boas, jefe de las Fuerzas Armadas, despertó el fantasma de la dictadura al afirmar en Twitter que los militares comparten, “junto con todos los buenos ciudadanos, el repudio a la impunidad y el respeto a la Constitución, la paz social y la democracia”. Su mensaje fue interpretado como una intimidación a la corte. Otro general, Luiz Gonzaga Schroeder, fue más allá y dijo en una entrevista que en caso de que Lula fuera electo es “deber de las Fuerzas Armadas restaurar el orden”.

Ambos generales comparten la opinión de los que ven en la cruzada de Lula una descarada afrenta al combate a la corrupción que representa la operación Lava Jato. Su encarcelamiento es el punto más alto de esta investigación iniciada en 2014 pero no es, ni de lejos, el fin de la crisis política. En todo caso, la ida de Lula a prisión marca el inicio de una etapa de mayor incertidumbre a pocos meses de una elección presidencial. En contraste, muchos de los opositores de Lula también investigados por Lava Jato, no han sido perseguidos y guardan silencio a la espera de que se les olvide.

Lula está en el primer lugar de las encuestas de intención de voto y todavía puede presentar recursos ante los tribunales para revertir su condena de doce años y un mes de prisión, ser liberado e inscribirse como candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia. Mientras la corte electoral no revoque su candidatura invocando la Ley de la Ficha Limpia, que impide a un condenado ser candidato, él podría hacer campaña electoral desde la cárcel.

El mayor perdedor de ese desenlace sería la izquierda brasileña, que tiene a Lula como su principal líder. Con la izquierda desprestigiada, dividida y probablemente sin un candidato fuerte en las elecciones, Brasil podría seguir una tendencia de otros países de América Latina donde la derecha, que se ha negado a cortar lazos con los regímenes dictatoriales de sus países —como el caso de Chile—, tiene un importante auge y se ha fortalecido por el apoyo de grupos evangélicos.

No está nada claro si la democracia ganara algo con la detención de Lula, pero no hay duda de que si alguien gana con su caída es Jair Bolsonaro, el candidato presidencial conservador y militar retirado, quien está en el segundo lugar en las encuestas. Bolsonaro fue uno de los primeros en respaldar públicamente el mensaje del general Eduardo Villas Boas contra la corrupción. Ese es otro de los contrasentidos que desconciertan a los brasileños ya que Bolsonaro ha exaltado repetidamente al jefe del centro de torturas de la dictadura.

Mientras tanto, la radicalización política se hace sentir en la población. El 29 de marzo, durante un recorrido de Lula por Paraná, en el sur del país, para defender su libertad, dispararon contra su caravana. Es un signo alarmante de la escalada de la violencia política. Después de la negativa de habeas corpus, un hombre que gritaba ofensas contra Lula frente a un instituto fue internado con traumatismo craneal tras ser empujado por un militante del Partido de los Trabajadores y golpearse la cabeza contra un camión que pasaba. Y en protesta contra su detención, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), bloqueó carreteras en once estados. Varios periodistas fueron agredidos mientras cubrían el arresto de Lula.

Por ahora, el resurgimiento de los militares muestra que cuando el gobierno pierde control político, enciende el deseo de poder en los cuarteles. En un escenario extremo, un disturbio popular podría ser una excusa peligrosa para los que buscan socavar el sistema democrático usando el auge del radicalismo como pretexto. Ese no es un dato trivial en Brasil que está más a la deriva que nunca.