29 abr 2018

Las columnas políticas hoy, a 29 de abril de 2018...

La Encuesta en Facebook de SDPnoticias de Federico Arreola..
 Realizada del 25 al 28 de abril a 17 mil 761 personas de 18 años en adelante residentes en México con acceso a Facebook.
Si la elección presidencial se realizara hoy, AMLO resultaría electo en las urnas con el 41.4 por ciento de la intención de voto; López Obrador perdió medio punto porcentual con respecto a la medición anterior,..
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Un alcalde más 
El Alcalde de San José Tenango, Oaxaca, Hugo García Ríos y dos policías municipales fueron atacados a balazos por sujetos armados.
Los hechos sucedieron ayer por la noche en la carretera Teocutlán-Tenango, a la altura del paraje Cerro de la Cruz, donde un grupo armado comenzó a disparar contra la camioneta Ford en la que viajaba el Alcalde.

La violencia contra Presidentes Municipales se ha recrudecido durante el sexenio de EPN, según cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
Mientras el sexenio pasado se registraron 47 asesinatos de ediles electos, en funciones y ex alcaldes, en la presente Administración federal suman 73. (74 con el de ayer).
"Hacemos una convocatoria para responder a las problemáticas tales como los lamentables atentados que han sufrido policías municipales y alcaldes en los últimos 11 años, ello requiere una estrategia especial que profundice la concentración de medidas preventivas que ya tenemos en desarrollo los tres órdenes de Gobierno", dijo David López Cárdenas, Alcalde de Metepec, Estado de México, y presidente adjunto de Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
Ante el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, los alcaldes participantes al Seminario Nacional de Seguridad Pública entregaron 12 propuestas en el tema y pidieron, entre otras cosas, terminar con los debates del Mando Único y reforzar a las corporaciones locales.
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Gran Marcha por la Vida en México: 22 mil personas dijeron “no” al aborto...(son las cifras de los organizadores..Según el periódico El Financiero fueron “cerca de 3 mil 500 personas quienes acudieron a la marcha...

El único candidato que participó fue Mikel Arriola
‏@MikelArriolaP
Hoy marchamos en familia, porque creemos en el respeto a la vida y en la importancia que este tiene para crear #UnaCiudadConValores. #LaFamiliaImporta
Al participar en la marcha dijo que "siempre estaré del lado de la vida, junto a las personas, aunque me cueste la crítica de muchos”.
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 Ricardo Anaya llamó este domingo a militantes de todos los partidos a emitir un voto útil para frenar a AMLO....
Aseguró,que ese voto útil no será producto de acuerdos cupulares, sino una decisión del electorado.
"Por supuesto que va a haber voto útil, eso tiene muy nervioso a López Obrador y ese va a ser uno de los factores que van a implicar nuestro triunfo el 1 de julio", dijo.
¿Llamaría a sus contrincantes a declinar?, se le preguntó.
"Este no es un asunto de acuerdos cupulares, es un asunto de que toda la gente buena que quiera 
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Las columnas políticas hoy, a 29 de abril de 2018...
Templo Mayor de Reforma/
CUENTAN que la tensión en el "Cuarto de Guerra" del candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, está más alta que el interior de una olla exprés sin válvula de seguridad.
ANTE la falta de resultados favorables, se dice que el candidato está dispuesto a dar un golpe de mano y, como en el voleibol, cambiar a todo el cuadro titular de su equipo con la idea de calmar las aguas y relanzar su campaña para los dos meses que le quedan.
TAMBIÉN aseguran que Meade anda molesto por las versiones que circulan de que podría declinar y de que se estaría gestando desde su campaña un supuesto pacto con el candidato frentista Ricardo Anaya.
EL HECHO es que el "no priista" se está sintiendo solo y varios de los integrantes de su campaña se están poniendo nerviosos ante los indicios de que vienen cambios en el equipo... y muy pronto.
UNA BUENA: hoy termina la simulación de cientos de candidatos a alcaldes, concejales y diputados locales en la CDMX que inician formalmente sus campañas después de llevar semanas -si no es que meses- promoviéndose.
PORQUE, con eso de que las campañas para la Jefatura de Gobierno comenzaron un mes antes, muchos aspirantes locales se han colado en eventos, recorridos y templetes para "acompañar" a sus candidatos y hacer "presencia"..., eso sin contar lo activos que han estado en las redes sociales, mails y Whatsapp.
Y UNA MALA: si los capitalinos ya estaban saturados de spots de radio, tv y hasta camiones con propaganda de partidos y candidatos, hoy comienza el bombardeo con volantes, bardas, mantas, espectaculares, vallas y demás elementos de publicidad callejera. ¡Ay, nanita!
FUE en el lejano 2005 cuando Tatiana Clouthier, entonces diputada federal, renunció al PAN alegando que los blanquiazules compraban voluntades, regalaban e intercambiaban puestos y que se habían convertido en una mala copia del PRI.
SI ASÍ pensaba entonces, ¿qué opinará ahora la coordinadora nacional de campaña de Andrés Manuel López Obrador de la postulación de la cuestionada ex panista y ex alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes como candidata plurinominal a una diputación por la coalición Morena-PT-PES?
¿LE HABRÁN consultado a la hija de "Maquío" la inclusión en las listas de su ex compañera de partido? ¿Y cómo le harán, si ambas se convierten en legisladoras, para ponerse de acuerdo y trabajar juntas? Son preguntas que antes se pintaban de azul y, ahora, adquieren tintes morenos.#
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 Frentes Políticos/Excelsior
I. Cumplidores. Mientras coordinadores de campañas se rompen los sesos ideando cómo lidiar con los problemas de México, como la violencia y el narcotráfico, hay instituciones que cumplen su obligación de manera continua y efectiva. La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con instituciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno, asestó un golpe en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  Aseguró un importante arsenal, rescató a una familia y detuvo a presuntos delincuentes. Más de 200 armas y un AK-47 bañado en oro. Unos pretenden con mentira llegar a sus metas, los otros dan certeza al país. Orgullo total por los soldados mexicanos.
II. Uno menos. Guanajuato es un estado que no levanta. Miguel Márquez Márquez, gobernador, está perdido en cuanto a estrategias de seguridad mientras el crimen le va ganando la guerra. En San José Iturbide, un policía ministerial terminó muerto, y otro lesionado, tras un enfrentamiento en el fraccionamiento, Residencial Campestre. Suman ya más de 200 muertes violentas y desaparecidos en Guanajuato, en lo que va del año y se rumora complicidad del gobernador, quien, por si alguien pregunta, andaba “afianzando” inversiones por 300 millones de dólares, en Hannover, Alemania, ese lugar tan bonito, seguro y lleno de paz.
III. Indefensos. Arturo Peimbert Calvo, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, informó el cierre de la oficina en la Cuenca del Papaloapan por amenazas de muerte de presuntos grupos delincuenciales al visitador en turno. La violencia desatada y el recrudecimiento de sus prácticas infames contra las víctimas hicieron que muchas familias, organizaciones o miembros de la sociedad civil cuenqueña se replegaran ante el inminente riesgo. Sin policías, ni abogados o defensores interesados en ocupar la vacante, los civiles están a merced de delincuentes. Por cierto, y la autoridad, ¿alguien la ha visto por ahí?
IV. Extrañeza. ¿Por qué si José Antonio Meade, candidato a la Presidencia por la alianza Todos por México, refiere ante estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, que: “he planteado la importancia de que el Presidente no tenga fuero y que el Ministerio Público sea autónomo”, entonces es el propio PRI el que ha detenido, según acusan, la iniciativa? La senadora Martha Tagle afirmó que el PRI no está a favor de la eliminación del fuero y sólo usó esa iniciativa con fines electorales. Y es que la “elogiada” propuesta para eliminar el fuero, hasta para el Presidente, fue frenada en el Senado. ¿A qué le juegan los políticos?, ¿alguien lo sabe?
V. Urge aclaración. Vaya embrollo en el que está metido el director del IPN Mario Alberto Rodríguez Casas, por no regresar 20 millones de pesos que recibió del INE. El problema trasciende las fronteras, pues es parte de un convenio para realizar un plan de manejo de crisis hacia las elecciones del 1 de julio, que suspendió unilateralmente y en el que participan especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Harvard y la empresa Embrace Tech de México. La denuncia fue hecha por el representante mexicano en el acuerdo, Israel Reyes, quien acredita que la cantidad no fue devuelta al INE. El directivo del IPN está obligado a rendir cuentas del bochornoso caso en el que deja en entredicho la buena imagen del centro educativo.
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Por la vida... PRI por PAN/Enrique Ananda
Excelsior...
Dirigentes y candidatos del Revolucionario Institucional ocuparon la primera fila en la VII Marcha de “Pasos por la Vida”

Enarbolando las banderas de la defensa de la vida (desde la concepción hasta la muerte natural) y la familia (tradicional), las mismas de las que abdicó el panismo “cupular”, su dirigencia, para ir en pos de la concreción de la antinatural alianza con la desfalleciente izquierda —más ávida de poder político y económico, como ellos, que de logros de orden ideológico y/o doctrinal— el priismo capitalino encabezó ayer, en la capital, la más importante concentración realizada hasta ahora en tiempos de campaña.
Ayer, efectivamente, y por paradójico que ello parezca, fueron dirigentes y candidatos del Revolucionario Institucional (PRI), liderados por Mikel Arriola Peñalosa, y no de Acción Nacional (PAN), como ocurrió en seis ediciones anteriores, quienes ocuparon la primera fila en la VII Marcha de “Pasos por la Vida” en la que, amén de denunciar el asesinato de poco más de 194 mil niños en el seno de sus madres, en hospitales de gobiernos perredistas, en sólo once meses, repudiaron la más reciente disposición que posibilita la práctica criminal del aborto hasta las 20 semanas de gestación…
Con el aspirante a la jefatura de Gobierno capitalino, en apoyo del masivo reclamo para que todos quienes aspiran a ocupar un cargo público en la Ciudad de México definan su posición en los temas citados, marcharon también la senadora y la diputada tricolores Lisbeth Hernández Lecona y Paz Quiñones Cornejo, expanista ésta; el candidato priista a alcalde en Coyoacán, Oliverio Orozco, más una decena de liderazgos de Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal). Por el blanquiazul lo hizo su dirigente de Acción Juvenil a nivel nacional, Alan Ávila Magos… ¡aun cuando, en otro momento, la dirigencia había anunciado la asistencia del ultraanayista Damián Zepeda Vidales, ¡su presidente!
A las puertas de la Asamblea Legislativa y luego de marchar desde el Monumento a la Revolución, Fernanda del Villar y María José Barrueta, dirigentes de la organización juvenil promotora del evento, aprovecharon para lanzar un reto que difícilmente tendrá respuesta por parte de aspirante alguno: “que, sin ambigüedades y de manera clara, precisa y directa, manifiesten cuál es su postura respecto de la cultura de respeto a la vida”… no de parte de los candidatos morenos a puestos de elección por convicción y, menos, de amarillos, azules o naranjas por elemental cálculo político…
Ante los más de 20 mil asistentes, según diversos conteos, las jóvenes destacaron el grave daño que siguen causando “esas políticas de muerte” como, mencionaron, ocurre ahora “con la emisión de la actualización de los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud para la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, mediante la cual se amplía la figura de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la vigésima semana y seis días de gestación”.
Vía su cuenta en Twitter, en su oportunidad, el priista-ciudadano capitalizó el hecho: “junto a miles de capitalinos refrendé mi postura de cuidar la vida desde su concepción, pues es ahí donde nace la familia” y luego, acompañado por su esposa, “hoy marchamos en familia porque creemos en el respeto a la vida y en la importancia que esta tiene para crear #UnaCiudadconValores.#LaFamiliaImporta”.
Moraleja: en política no hay espacios vacíos ni posturas (con amplio apoyo social, cual es el caso) sin postulantes o defensores...
ASTERISCOS 
* Oportuno, sin duda, el inmediato deslinde del moreno Andrés Manuel López Obrador y otros más de sus colaboradores más cercanos respecto de los despropósitos que, en relación a una supuesta expropiación masiva de empresas que no le apoyen al inicio de su gestión, planteó, en un video difundido a través de redes sociales, el impresentable Paco Ignacio Taibo II @Taibo2. 
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
                Twitter: @EnriqueArandaP
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 ¿Existe el PRI?
La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior...
Sin el presidencialismo exacerbado, el PRI es un partido disfuncional, en vías de desaparición, por lo menos en su modelo tradicional.
Entre los analistas y opinadores políticos existe la creencia de que uno de los mayores lastres que arrastra la candidatura presidencial de José Antonio Meade es el partido que lo postuló: El histórico, por muchas razones, Partido Revolucionario Institucional (PRI). El otro, se opina, el Presidente de la República. En realidad, esos dos lastres son uno solo: El uno no puede existir sin el otro.
Hasta antes de 1994, la candidatura presidencial del PRI garantizaba la obtención, por las buenas o por las malas, de la Presidencia de la República. El candidato del PRI iba a ser necesariamente Presidente de la República. Ése era el centro del poder de ambos.
El PRI era entonces un partido monolítico, que no permitía las disidencias internas ni externas; tenía el control de la clase política, inclusive de algunas “oposiciones”; disciplinaba a sus militantes con premios y castigos (esencialmente cargos públicos de elección o de designación y contratos de obras públicas también); teóricamente —y en hechos—, en éste militaban todos los mexicanos, a través de tres sectores que reproducían el mismo modelo hacia abajo, como dicen que se barren las escaleras.
Nadie estaba fuera del PRI. Los campesinos eran miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC), pasaporte para la obtención de beneficios y promociones agropecuarias, lo mismo ejidatarios que pequeños propietarios y latifundistas.
El partido en el gobierno conserva su estructura electoral interna y no hay ningún partido que en ese terreno le compita.
Los obreros, todos, eran necesariamente miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la que a través de sus sindicatos, necesariamente afiliados, los controlaba, lo mismo que a sus patrones.
La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) controlaba al resto de los mexicanos: Empresarios, grandes, medianos y pequeños; profesionistas, artistas y actores, locutores, boleros, comerciantes establecidos y ambulantes, empleados, burócratas, profesores, intelectuales y todo aquel que no cupiera en los otros dos sectores.
Hubo un tiempo en que llegó a tener un sector militar. Y también una organización de mujeres.
La maquinaria de control político perfecta, pero, sobre todo, una aplanadora electoral, que dependía de una voluntad única: La del Presidente de la República en turno.
Con la declinación del poder del Presidente la República se inició el fin del control político. La oposición política verdadera tuvo mucho que ver con esa declinación, pero también el último Presidente de la República impuesto por el PRI: Ernesto Zedillo, quien decidió no ejercer su poder en el partido que lo postuló. La “sana distancia”, le llamó. De los tres siguientes candidatos presidenciales apoyados por el PRI, dos perdieron las elecciones y uno, el actual, fue más candidato de sus pares gobernadores priistas que de su partido.
Hoy, el PRI y sus sectores carecen del control real sobre sus militantes. Es cierto que el partido en el gobierno conserva su estructura electoral interna y no hay ningún partido que en ese terreno le compita. Seguramente, será el único partido que tendrá representantes en todas y cada una de las casillas electorales del próximo 1º de julio, pero ya no puede garantizar los votos para su candidato y mucho menos su triunfo.
Sin el presidencialismo exacerbado, que ahora se intenta revivir desde la oposición con reales probabilidades de triunfo, el PRI es un partido disfuncional, en vías de desaparición, por lo menos en su modelo tradicional. Y que además carga con el desprestigio de años.
Ésa es la gran desventaja de José Antonio Meade en la contienda por la Presidencia de la República y no le quedan muchos días para convencer a la mayoría de los mexicanos que voten por él. Es de reconocer que quizás sea el candidato mejor preparado para ejercer la Presidencia de la República y también que es una buena persona, pero hoy eso no alcanza para obtener sufragios. Como antes, el candidato del PRI requiere de aquel PRI para ganar, un partido que hoy está mostrando su declinación.
Y en el improbable caso de que Meade ganase la elección presidencial, el PRI tendrá que reorganizarse, cambiar, refundarse, como se dice ahora, si es que quiere sobrevivir.
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 ¿Cumplirías?/Eduardo Caccia
Reforma, 29 Abr. 2018
En la sociedad mexicana, al hablar de política y gobierno, existe una marcada atención por obtener en lugar de dar. La concepción del bienestar está cargada de la esperanza en recibir. Escuchamos las promesas de los candidatos, lo que "nos ofrecen", lo que "vamos a recibir". Esta condición de recipientes es atávica, la tenemos aprendida desde las estructuras sociopolíticas y teológicas precolombinas, que posteriormente la Conquista acentuó. Durante y después de la Revolución se sigue hablando de "ya le hizo justicia la Revolución", equivalente a "ya le tocó", "ya recibió".
Hemos vivido un entrenamiento generacional para pedir, no sólo por parte de la clase política. La religión católica, por ejemplo, enseña a pedir con la esperanza de obtener; en la oración del Padre Nuestro se acostumbra poner las manos en intención de recibir. Incluso cuando se ofrece algo, es en intercambio para recibir (como en los sacrificios aztecas). A los pedigüeños de la calle se les llama pordioseros por sostener su ruego asistencial en nombre de Dios o por el amor de éste. Por eso el asistencialismo oficial es tan conectivo y clientelar (recordemos el ogro filantrópico de Paz); ¿qué harían políticos y líderes religiosos si los ciudadanos fueran libres y autosustentables?
En la tierra de la esperanza crecen alto las promesas, las esperamos como al mesías (otro acondicionamiento religioso). Tenemos una idea generalizada de que la solución a los problemas sociales es exógena y de que tenemos que exigir soluciones, nosotros, el pueblo bueno, pues enfrente están los políticos malos, los (únicos) causantes de problemas. Este razonamiento primario ha impulsado las candidaturas (aparentemente) apartidistas y las filosofías populistas. Hay una miopía en esperar a que tengamos el gobernante ideal, el hombre milagro, para que las cosas cambien.
Tenemos el gobierno que nos merecemos porque es una representatividad de la sociedad; duele: tenemos el gobierno que somos. Aunque hay excepciones de buenos ciudadanos, estos no están representados en un sistema político y cultural tan corrupto como buena parte de la sociedad. El mejor gobernante surgirá cuando tengamos una mejor sociedad, no al revés. De una comunidad con valores que se practiquen en lo ordinario y en lo simple, podrá surgir un líder que con esos valores encauce el rumbo nacional en lo extraordinario y complejo.
No es descabellado que para cambiar azotes como corrupción e impunidad (y males que de ello emanan: violencia, inseguridad) en lugar de esperar una promesa política hagamos nosotros una promesa ciudadana. Seamos la solución. ¿Qué tal si en esta contienda electoral añadimos a las promesas de los candidatos una promesa ciudadana? ¿Qué tal si cada uno de nosotros empieza con prometer y cumplir en su ámbito cercano, en circunstancias cotidianas, en ese breve espacio donde sí podemos incidir con el ejemplo?
Sería algo así: Yo, orgulloso mexicano, le prometo a México dejar de esperar todas las soluciones del gobierno. Prometo respetar la ley desde lo más intrascendente: no pasarme un alto, no dar vuelta prohibida, no meterme en sentido contrario, no circular por el acotamiento, no estacionarme donde no debo, así lo haga por mi comodidad y porque no me pasa nada; prometo no robarme la luz, no comprar mercancía pirata, prometo pagar mis impuestos, dar una cortesía imprevista a alguien cada día, prometo no meterme en la fila, no usar mis influencias para conseguir beneficios indebidos, no tomar lo ajeno, prometo ceder el asiento a una persona mayor, ser puntual en mis compromisos, respetar los derechos del prójimo como quiero que respeten los míos, prometo no dar mordida en trámites públicos o privados, prometo pagarle seguro social a los trabajadores domésticos que tenga, prometo apoyar una fundación para que más mexicanos cumplan su promesa por México, prometo acercar a otro mexicano a una actividad cultural, prometo que si un familiar mío está en actividades delictivas haré todo para disuadirlo en vez de apoyarlo con mi tolerancia cómplice, y prometo decir algo bueno de México cada día.
¡De pronto el destino del país no depende de un político (menos uno populista)! Mídete a ti mismo con la misma vara que mides al político:
 ¿Cumplirías?
@eduardo_cacci
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El calibre de las palabras/Juan E. Pardinas
Reforma, 29 Abr. 2018
Vivimos en un país donde el crimen organizado disuelve a jóvenes cineastas en tambos de ácido. En esa nación donde se han normalizado el poder y la brutalidad de la delincuencia se debería tener cierta prudencia para usar el término de "mafia" en el discurso político. En la disputa electoral mexicana, ya nos acostumbramos a que Andrés Manuel López Obrador use la palabra "mafia" para agrupar a sus antagonistas o a personas que no le rinden culto. Cuando un líder político usa un lenguaje beligerante contra sus adversarios es muy probable que esas expresiones se vuelvan moneda común en el léxico de sus seguidores.
En el 2006, AMLO fue definido como un peligro para México. El escenario político es una diana de tiro al blanco sobre la reputación de los individuos que osan subirse al tablado. La injuria, el sarcasmo y la desmesura son la pólvora que anima la mayoría de los proyectiles en redes sociales. Lo que distingue a AMLO es que desde su posición de candidato y su plataforma de millones de seguidores en Twitter y Facebook, él usa ese púlpito para atacar a personas e instituciones que no están en la boleta. A los criminales y a los corruptos, el Peje les propone estudiar la posibilidad de una amnistía, pero a sus críticos les reserva los proyectiles más expansivos de su arsenal verbal. Ese rasgo de su personalidad como candidato ¿cómo se manifestaría si llega a Presidente?
Si hoy se critica la frivolidad y la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, la plaza tuitera aplaude y celebra, pero si alguien osa criticar a AMLO aparecen de inmediato los memes de chayotes y las acusaciones de "plumas vendidas". En un país donde el gobierno federal entrega miles de millones de pesos al año a periódicos y medios de comunicación, resulta entendible que haya sospechas sobre las motivaciones de algunos críticos del candidato de Morena. Sin embargo, eso no implica que el Peje sea perfecto, ni que todos sus críticos tengamos un interés pecuniario en señalar los riesgos inherentes a su temperamento y su proyecto.
Él puede atacar por nombre y apellido a empresarios, periodistas e intelectuales, pero al mismo tiempo se busca impedir que un documental sobre el populismo en América Latina se transmita en televisión abierta. AMLO debería ponderar que sus palabras tienen peso y consecuencia. Sus inquinas son semillas de cizaña que no cosecharán nada bueno después del primero de julio.
En el campo de la economía y las finanzas, el simple enunciado de una barbaridad puede tener costos en pesos y dólares, si lo dice alguien con poder e influencia. Una secuencia de ataques tuiteros de Donald Trump en contra de Amazon.com les evaporó miles de millones de dólares a los accionistas de la súper tienda en internet. Toda inversión conlleva riesgos. A mayor riesgo, aumentará el costo del financiamiento que se requiere para realizar el proyecto. La diarrea de dicciones y contradicciones sobre el nuevo aeropuerto de la CDMX le aumenta el riesgo político y los costos de invertir en México. Para un secretario de Hacienda o un banquero central, un adjetivo mal puesto en un pronunciamiento público puede tener implicaciones financieras con demasiados ceros. Donde no hay inversión, no puede haber empleo.
Si hay corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto, hay que denunciarla y castigarla. Eso no implica cancelar todo el proyecto porque se infló el precio de una contratación. En cualquier dependencia pública hay riesgo de que se cometan transas, pero no por eso vamos a clausurar el gobierno federal. El Bronco, ese chiste de mal gusto que el Trife puso en la boleta, puede darse el lujo de decir estupideces impunemente, pero AMLO no. El candidato que va en primer lugar de las encuestas debería ponderar el calibre de sus palabras.
@jepardinas
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¿Qué sigue?/Luis Rubio
Reforma, 29 Abr. 2018
Kafka, dice la anécdota, hubiera sido autor costumbrista en México. Quizá ni él se hubiera imaginado los absurdos de nuestra vida cotidiana. En un cartón de Patricio Monero, la maestra pregunta: "¿No hubiera sido mejor primero el nuevo modelo educativo y después la evaluación docente?". El funcionario responde: "¡No estamos en Finlandia! Acá primero se pavimenta y después se mete el drenaje". Ejemplos de esta naturaleza, en todos los ámbitos de la vida nacional, son interminables, pero algunos tienen consecuencias graves.
Lo que es indudable es que las campañas presidenciales muestran lecturas dramáticamente diversas de la realidad nacional. El reciente debate exhibió no sólo una concepción contrastante de la forma en que deberían atenderse los asuntos nacionales, sino una impactante incapacidad para reconocer la naturaleza misma de los problemas. Los candidatos que se aprestan a conducir los asuntos nacionales tienen una extraordinaria disposición para eludir la discusión de los mismos. Sea que se trate de la corrupción o de la inseguridad, los asuntos de ese encuentro, los candidatos mostraron más interés por llegar a la silla que por resolver el problema.
Andrés Manuel López Obrador insiste que todos los mexicanos somos unos criminales en potencia y que nuestra naturaleza sólo cambiaría de tener un ingreso más elevado; para él, la honestidad se identifica con su persona y la solución a los problemas nacionales con su llegada a Palacio Nacional. Ricardo Anaya ha construido una campaña que recuerda a la de Fox, sugiriendo que los males se resolverían con meramente desalojar a los actuales inquilinos de los Pinos. José Antonio Meade no puede separarse de la administración actual y su equipo ha sido incapaz de comprender el entorno en el cual se disputa la presidencia en 2018. Margarita Zavala no encuentra su espacio ni reconoce que es diferente desde Los Pinos que desde el ocaso. El Bronco salió a divertirse y ser reconocido por sí mismo y, sin duda, es quien más cerca logró su objetivo.
Más allá de las anécdotas, el debate creó un momento político novedoso. AMLO tuvo un desempeño patético y ahora es claramente vulnerable: lo que parecía una elección cantada ya no lo es. Meade perdió la oportunidad de apalancar su circunstancia única como candidato ciudadano y su excepcional experiencia y personalidad para presentarse como el contendiente natural. Ese rol le corresponde ahora a Ricardo Anaya quien, si bien no logró asestar un golpe devastador, claramente cambió la naturaleza de la contienda.
La pregunta ahora es triple: primero, ¿redefinirá AMLO su campaña? Segundo, ¿tendrá la capacidad Anaya para transformarse en un candidato confiable y creíble para la presidencia? Y, tercero, ¿cómo actuará la esquina priista: apoyando a AMLO o negociando con Anaya? Yo no creo que haya otras preguntas relevantes en este momento.
Las tres preguntas son cruciales porque determinarán la dinámica que adquiera el proceso electoral a partir de ahora. AMLO previsiblemente continuará su campaña como si nada hubiera ocurrido, pero enfrentará cuestionamientos que hasta ahora pudo soslayar con facilidad y mostrará las contradicciones inherentes a cualquier campaña. Anaya tiene el reto de su vida que entraña no sólo presentarse exactamente al revés de como es, sino que implica la construcción de alianzas desde el ostracismo que él solo creó. Para Meade viene el momento de reconocimiento que la lectura del contexto fue errada y, por lo tanto, la estrategia inviable. Su dilema ahora -y el de los priistas, que no es el mismo- radica en meditar cuál es el escenario menos malo.
El momento también abre una excepcional oportunidad para la ciudadanía y para el desarrollo político del país. Por muchos años, la clase política -todos los partidos y políticos- ha gozado del dudoso privilegio de no tener que responderle a la ciudadanía por una combinación de al menos dos circunstancias: una, la estructural, que el sistema político no se ha abierto a la competencia; y la otra, que tanto el TLC como la migración hicieron posible mantener el bote a flote sin tener que molestarse demasiado. Ninguna de estas dos "anclas" será sostenible en el futuro, lo que exigirá que los políticos le rindan cuentas a la ciudadanía de una manera que era impensable antes y que, para los políticos, hasta hoy, sigue siéndolo.
Y esto me lleva de vuelta al drenaje. Por cuatro décadas, el país ha intentado resolver sus problemas a través de reformas estructurales que han transformado su economía, a la vez que han dejado una estela de problemas sin atender, que es precisamente la fuente de la candidatura de AMLO. Esas reformas eran y son necesarias, pero no son suficientes: para prosperar (que debería ser el único objetivo), México requiere una reforma institucional de fondo, de hecho, un nuevo sistema de gobierno. Ese es el único frente que no se ha atendido y ese es el origen de la pobreza del sur, la desigualdad en general y las enormes diferencias en desempeño económico a lo largo y ancho del país.
La coyuntura abre una enorme oportunidad; la pregunta es si hay políticos capaces de hacerla suya para beneficio del desarrollo del país y de la ciudadanía.
@lrubiof
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Triste sexenio/Gabriel Zaid
Reforma, 29 Abr. 2018
Después de dos sexenios panistas (que lograron la hazaña de sacar al PRI de Los Pinos, pero decepcionaron), el retorno triunfal del PRI confirmó la alternancia democrática y asombró al lograr reformas importantes. Se dijo que habían vuelto los que sí sabían gobernar.
Pero no sabían. Enrique Peña Nieto empezó con una aprobación ciudadana del 54% (Consulta Mitofsky) y cinco años después estaba en 26%.
Había prometido "Mover a México", y firmó ante notario 266 compromisos de su futuro gobierno. El primero fue "Crear la Comisión Nacional Anticorrupción". Sigue en veremos. Y, según Transparencia Internacional, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción del lugar 105 (2012) al 135 (2017), entre unos 180 países.
Había prometido "disminuir en al menos 50% la tasa de homicidios". Pero, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos aumentaron 18% de 2012 a 2017: de 59 a 69 diarios en el país. Y, según Alto al Secuestro, el promedio de secuestros en los primeros cuatro años subió 20%: seis diarios contra cinco del sexenio anterior.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las violaciones a los derechos humanos en 2017 alcanzaron niveles nunca vistos. Según el Índice Global de Impunidad (Universidad de las Américas Puebla), México ocupaba en 2017 el cuarto lugar entre los países de mayor impunidad en el mundo.
Según la AMIS, el robo de vehículos asegurados aumentó 24% de 202 diarios en 2012 a 250 en 2018. Según la Condusef, las reclamaciones a los bancos, aseguradoras y otros servicios financieros por posibles fraudes se duplicaron de 2012 a 2017.
Peña Nieto llegó al poder a tambor batiente, y la tambora continúa. Según Fundar ("El gasto en publicidad oficial de 2013 a 2016"), el gasto aprobado en 2013 fue de $5.5 millardos, el ejercido $8.2 (casi 50% más). En 2016, se aprobaron $4.6, pero se ejercieron $10.7 (más del doble). Todavía no se sabe lo que costarán las fanfarrias de 2018.
De marzo de 2012 a marzo de 2018, el porcentaje de rezagos en la Cámara de Senadores (donde pesa el PRI) subió de 37% a 98%. Los más significativos: transformar la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República y nombrar fiscal anticorrupción.
Luis Videgaray anunció que "Mover a México" lo sacaría del estancamiento económico. El crecimiento se duplicaría, subiendo por lo pronto al 3.5% en 2013 y llegando al 5% en 2018, sin inflación. Pero no se movió el crecimiento, sino la inflación. Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI), fue de 3.57% en 2012 y 6.77% en 2017. Paralelamente, el Índice de Confianza del Consumidor (INEGI y Banco de México) cayó de 99 en diciembre de 2012 a 85 en marzo de 2018.
Según el Banco, el precio del dólar subió 51%, de $13.01 al cierre de 2012 a $19.66 cinco años después. A pesar de lo cual, la balanza comercial pasó de un pequeño superávit en 2012 a un gran déficit en 2017. Según Pemex, la producción de gasolina cayó 40% de 2013 a 2017. Pero el robo se cuadruplicó de 2,612 a 10,363 tomas clandestinas. Y el precio de la Magna subió 70% de $10.81 el litro en 2012 a $18.50 en 2018.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública federal se elevó de 37% del PIB en 2012 a 46% en 2017. Endeudamiento para el gasto, no para la inversión. Según el INEGI, la formación bruta de capital fijo del sector público bajó año tras año.
El gabinete presidencial ha sido inestable. De los 29 titulares iniciales sólo quedan seis. En los otros 23 despachos han estado dos, tres y hasta cuatro titulares.
Tonterías notables: Ridículas, como recibir en Los Pinos al candidato Trump. O el abordaje armado de yates turísticos para ver si habían pagado los 50 dólares de internación. O la segunda fuga del Chapo Guzmán. Hipócritas, como el impuesto a los refrescos para salvarnos de la obesidad. Vergonzosas, como ocultar lo sucedido con 43 normalistas asesinados. O aceptar de un contratista la construcción de casas para Peña y Videgaray, en condiciones muy favorables. Ineptas, como contratar y cancelar costosamente el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Trágicas, como el Paso Exprés de Cuernavaca a Acapulco con "una durabilidad de más de 40 años" que no duró ni 40 semanas, después de una veintena de muertos en la construcción y dos más al derrumbarse. Tragicómicas, como la toma militar del hospicio de Mamá Rosa que destruyó una obra social admirable.
Pero no todo fue negativo. Las reformas fueron buenas, en términos generales. El desempleo bajó del 5% (abril de 2013) al 3.4% (enero de 2018), según el INEGI. La pobreza extrema se redujo de 11.5 millones de mexicanos en 2012 a 9.4 en 2016, según el Coneval.
El sexenio no llegó a los niveles de Echeverría y López Portillo. Fue nada más un triste sexenio. 
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Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
Anaya, paralizado por el triunfalismo/
ÁLVARO DELGADO
Después del debate del domingo 22, el candidato de la coalición Por México al Frente intensificó sus actividades proselitistas inmerso en un ambiente de triunfalismo, lo que contrasta con la opinión de sus colaboradores más cercanos, quienes se muestran cautos. Algunos le aconsejan relanzar la campaña. El dilema –que aún no resuelve Anaya– es definir si las cosas van bien y no se requieren grandes cambios, o si ya es hora de olvidarse del PRI y atacar sólo a López Obrador… Por lo pronto, el candidato se centra en captar el voto joven.

El triunfalismo de Ricardo Anaya se instaló en su entorno tras el debate de los cinco candidatos presidenciales, el domingo 22, del que se autoproclamó ganador y en cuyo posdebate ratificó su línea estratégica de que sólo él puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador con el “voto útil” del priismo.
“¡Anaya presidente, Anaya presidente!”, es la expresión sembrada por los animadores en los mítines del candidato, como en los cinco en un día que, por vez primera en su campaña, encabezó en Puebla, donde la maquinaria del exgobernador Rafael Moreno Valle movilizó a miles de acarreados.
“¡Acaba de darle un nocaut a ya sabes quién! ¡Lo dejó en la lona!”, festejó ante Anaya la candidata a senadora Nadia Navarro, en un mitin en Tepeaca, Puebla, el estado que más ha privilegiado en el primer tercio de su campaña.
Pero este ambiente triunfalista contrasta con la cautela de políticos experimentados cercanos a Anaya, como el senador Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición y candidato a diputado federal, quien la misma noche del debate lo vio “dominante”, pero no contundente ante López Obrador.
“Esto va hacer que López Obrador baje un par de puntitos, a lo mejor Ricardo sube un par de puntitos y va a disminuir la distancia que los separaba. Sin embargo, no hubo una situación contundente.”
–¿Hubo nocaut a López Obrador?
–No vi nocaut, pero lo vi no dominante de la cancha: evasivo, populista, como siempre ha sido, como un pescado resbaloso. Pero es el incumbente, el que va arriba, y era obvio que muchos de los asuntos críticos iban a ser en contra de él, y él tenía que venir a resbalarlos.
Agustín Basave, el coordinador de asesores de Anaya, es todavía más mesurado: aunque el desempeño del candidato en el debate replantea la contienda e implica un reposicionamiento de éste, “tenemos que evitar cometer el error de confiarnos”. 
Alerta: “Hay gente que piensa que le fue muy bien, que ganó el debate, y entonces todo de aquí en adelante es muy fácil: que vienen dos debates que va a volver a ganar y que ya ganó la Presidencia. No. Tenemos que ajustar cosas, tenemos que relanzar la campaña y no caer en el error, en el espejismo, yo diría, de que el debate ya decidió la elección”.
Pero el relanzamiento de la campaña de Anaya no se ha materializado porque existen dos posturas en el equipo de campaña y en la coalición Por México al Frente: la que establece que las cosas van bien y no hay que hacer mayores cambios, y la que plantea que es hora de olvidarse del PRI y atacar sólo a López Obrador.
Jorge G. Castañeda, el coordinador estratégico, es el más tenaz promotor de la convergencia priista, aunque no formalmente con el PRI, “ni mucho menos con Enrique Peña Nieto”, sino “con los votantes”, a quienes  invita a “venir a casa” con Anaya.
“Esos votantes tiene que venir a casa. ¿Por qué? Porque son jóvenes, en muchos casos universitarios, mujeres que deben reconocerse mejor en Ricardo Anaya que en López Obrador”, declaró, el viernes 27, al conductor Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente de Sonora. 
Ante este escenario en su equipo de campaña y la alianza de los partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Anaya se mantiene vacilante: No ha tomado aún ninguna decisión.
Hay una única cosa en la que hay consenso, conforme a información obtenida por el reportero: se necesita más “empatía y emotividad” en la campaña presidencial.
Clientelismo y acarreo
Pero, además de insípida, la campaña de Anaya ha sido poco explotada en el contacto con los ciudadanos en el primer tercio de la misma, que va del 30 de marzo, cuando se inició, hasta una semana después del primero de los tres debates: un mitin de proselitismo al día en promedio.
En efecto, en 30 días de campaña encabezó sólo 32 mítines –incluidos los previstos para el sábado 28 y domingo 29 de abril–, en 13 estados, siendo Puebla el que más días visitó: cinco.
Quinto padrón electoral del país, Puebla es, también, el estado en que Anaya más mítines –que su equipo de prensa llama “concentraciones ciudadanas”– ha encabezado, 13, incluido el previsto para el domingo 29, cuando arrancó la campaña a gobernadora de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle, quien a su vez es candidato plurinominal a senador.
Aunque Moreno Valle le disputó a Anaya la candidatura presidencial, al final pactaron que la esposa de éste sea la candidata a gobernadora, y él, coordinador de los senadores, cargo que también ambicionan Gustavo Madero y Miguel Ángel Mancera.
Y ella fue la que se ha puesto al servicio de Anaya las veces que ha visitado el estado, como el miércoles 26, cuando encabezó mítines en San Martín Texmelucan, Tepeaca, Atlixco, San Andrés Cholula y en el centro de espectáculos Acrópolis –algo iné­dito en la campaña–, a donde los asistentes fueron llevados en decenas de autobuses y a quienes proveyeron de bolsas con una naranja, una torta y un frutsi.
En San Andrés Cholula, donde a ratos llovió mientras se desarrollaba el mitin de Anaya, promotores panistas regalaron decenas de sombrillas con los colores del PAN, de fabricación china, importadas por la empresa El negocio perfecto, uno de los proveedores de Moreno Valle.
Así como se vieron personalmente en las dos visitas pasadas, ahora se entrevistaron en Atlixco, en privado, antes de la principal concentración de la Acrópolis, cuyo aforo de 10 mil 500 personas ni siquiera se colmó y se comenzó a vaciar justo cuando hablaba Anaya, que tuvo que abreviar su discurso a sólo siete minutos.
Aunque de proporciones distintas, este episodio en Puebla evocó el que padeció Josefina Vázquez Mota cuando, en el arranque de su campaña presidencial, en 2012, se le vació el Estadio Azul, también mientras daba su discurso, en lo que se conoce como el josefinazo. Anaya era asesor de la candidata.
–¿Por qué se van. 
–Ya nos aburrimos. 
Y sí: muchos habían llegado desde las cuatro de la tarde, cuando el mitin comenzó a las 20:00 horas. Mujeres, hombres y niños de condición humilde bajaban de las unidades de transporte y esperaban instrucciones de personas que los hacían formarse para ingresar en bloque al recinto.
A algunos los proveían de banderolas azules, anaranjadas o amarillas de los partidos coaligados; a otros les daban camisetas, y a algunos más, bolsas de mandado. A todos les repartieron tortas, que comían sentados en las butacas.
Poco entusiasmo concitó Anaya en estos mítines en Puebla, con un discurso idéntico a los que pronuncia en todo el país, aunque en esta ocasión tuvo más contacto con los asistentes, tomándoles la mano a las mujeres, besando niños y tomándose selfies.
En Tepeaca, donde se ubica el tianguis más antiguo de América y que tiene 458 años de haberse fundado, un jovencito traía una iguana que capturó. “Se parece a los dinosaurios del otro partido”, dijo ante las risas de sus simpatizantes mientras acariciaba al animal. 
En el primer tercio de su campaña, Anaya ha privilegiado los estados con mayor padrón electoral: al Estado de México ha ido tres veces; en la Ciudad de México ha tenido siete actos de campaña; en Jalisco, también tres; en Veracruz, cuatro; en Puebla, 13; Guanajuato, una vez, y Nuevo León, dos. 
Agenda de derecha 
Justamente en su segunda visita a Nuevo León –en la primera, el martes 10, cenó en privado con el Grupo de los Diez potentados empresariales– fue al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la tercera institución de educación que visita en la campaña.
En su apuesta por el voto joven, Anaya ha sido el único de los cinco candidatos presidenciales que ha visitado, además, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tres instituciones de carácter privado.
Anaya ha privilegiado también las reu­niones con la iniciativa privada, sector al que pertenece en su condición de empresario-político, y se ha reunido con ellos en la Ciudad de México, Mérida, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Córdoba.
Aunque acogido con calidez, fue en el ITESM –al que llegó acompañado por Basave y Salomón Chertorivski, el coordinador del plan de gobierno– donde Anaya enmudeció con la pregunta que le formuló el estudiante guanajuatense Arturo Arámburu: “Si tú no fueras candidato el día de hoy, ¿por quién votarías?”.
Anaya no atinaba a contestar. Sólo sonreía, nervioso, en medio del murmullo de los mil 800 estudiantes que abarrotaron el auditorio Luis Elizondo, que desde 1994 recibe a todos los candidatos presidenciales.
“Sólo un nombre. Nada de rodeos ni contextos”, insistió Arámburu, quien ante el estupor de Anaya concedió: “Bueno, puedes dar la razón por la que sí votarías”.
“Lo que pasa es que la política es un asunto de equipo. Yo sí creo en eso”, se trataba de escabullir Anaya. “Entonces, como los integrantes de la coalición me están apoyando a mí, yo evidentemente estaría apoyando al que fuera el candidato de nuestra coalición. ¿Quieres una respuesta concreta?: si yo no hubiera sido candidato del PAN, probablemente lo hubiera sido Margarita, y por supuesto yo la hubiera apoyado”.
Fue un guiño más de Anaya a Zavala y a su esposo, Felipe Calderón, quien no ha dejado de criticarlo y que al respecto le respondió en su cuenta de Twitter: “Si hubiese habido la democracia interna que había prevalecido durante 75 años en el PAN, la o el candidato de este partido electo democráticamente estaría adelante en las encuestas, aún sin alianza. La destrucción de la vida democrática del PAN lastimó toda nuestra democracia”.
En su participación en el ITESM, donde fue el primero de los cinco candidatos presidenciales que acudirán ante el estudiantado, Anaya, como los otros candidatos, fue interrogado sobre varios temas y asumió la agenda de la derecha.
Por ejemplo, por primera vez, a pregunta específica, se declaró en contra del aborto: “Vida”, respondió. Y también se manifestó contra la legalización de las drogas: “No va a resolver el problema”.
Sobre la pena de muerte y la eutanasia, también se declaró en contra: “No es la solución”. 
–¿Matrimonio igualitario? 
–Tolerancia. 
–¿Equidad de género? 
–Indispensable. 
–¿Corrupción? 
–Cáncer.
También por primera vez se manifestó contra las “innecesarias” pensiones a los expresidentes y por lo “necesario” de reducir los altos sueldos de los funcionarios.
En dos planteamientos que ha hecho López Obrador, coincidió en uno y en el otro discrepó. 
–¿Revocación de mandato? 
–Conveniente. 
–¿Amnistía para delincuentes? 
–Locura.
En el encuentro en el ITESM también le preguntaron a Anaya sobre sus amigos y si, de llegar a la Presidencia de México, también los ayudaría.
“Sí, te voy a decir cómo; y no, también te voy a decir cómo”, matizó el candidato, quien creó una fundación sin fines de lucro que derivó en un negocio de casi 8 millones de pesos para sus amigos constructores Eduardo de la Guardia Herrera y Abraham Jaik Villarreal (Proceso 2153).
“El servicio público no es para ayuda, en lo personal, a tus amigos. Pero les voy a ayudar a construir un mejor país, en el que sus hijos puedan vivir seguros y en paz, en el que crezca la economía, haya oportunidades de empleo.”
Vendedor como empresario de una nave industrial a su amigo Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero, Anaya afirmó: “El amiguismo, la política de cuates, le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Creer que llegas al gobierno para que tus cuates se hagan ricos, para ayudar a tu gente más cercana me parece que es una ayuda mal entendida. Eso es corrupción”.
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...Pero posiciona a sus cuates en Querétaro/ÁLVARO DELGADO
El candidato presidencial Ricardo Anaya afirma que “el amiguismo, la política de cuates, le ha hecho muchísimo daño a nuestro país” y se opone a un “fiscal carnal”, pero él colocó a dos de sus amigos como presidentes del Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ) y del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ).
Se trata de los dos órganos garantes de la democracia en Querétaro, que exigen plena autonomía, pero sus respectivos presidentes, Gerardo Romero Altamirano y Martín Silva Vázquez, son parte del grupo político de Anaya en el estado desde que eran estudiantes.
Romero Altamirano, presidente del IEEQ, tiene una relación con Anaya desde que ambos estudiaban en el Instituto Queretano San Javier, y fue miembro de Acción Juvenil del PAN cuando el secretario era José Luis Báez, actual presidente estatal con licencia de ese partido.
Es, además, amigo íntimo de Felipe Fernando Macías, candidato a diputado federal y coordinador de logística de la precampaña presidencial de Anaya; y cumplió durante tres meses esa función sin dejar de cobrar como regidor del ayuntamiento de la capital estatal.
El presidente del IEEQ es también amigo de Antonio Rangel, jefe de los diputados locales del PAN y recién incorporado a la campaña presidencial como coordinador de agenda del candidato y con quien, además junto con Báez, Anaya creó la Fundación por más humanismo que, pese a ser una asociación no lucrativa, derivó en un negocio de 8 millones para sus amigos constructores Eduardo de la Guardia Herrera y Abraham Jaik Villarreal ( 2153).
Justamente por la militancia de Romero Altamirano en el PAN, el PRD impugnó su nombramiento como consejero del IEEQ en 2014, pero Anaya, quien era presidente interino del PAN y diputado federal, lo respaldó y fue electo por el Instituto Nacional Electoral.
Más aún: El amigo de Anaya le renta las oficinas del IEEQ a su suegro, Donino Ángel Martínez Díez, a quien le paga 167 mil 544 pesos mensuales, según el contrato de adjudicación directa firmado el 10 de febrero de 2017.
Por su parte, el presidente del TEEQ, Martín Silva Vázquez, fue compañero de Anaya en la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y trabajaron juntos, entre 2001 y 2002, en el ayuntamiento queretano a las órdenes de director de Seguridad Pública, Édgar Mohar Kuri, actual tesorero del PAN y de la campaña de Anaya.
Y cuando Anaya fue secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón (2003-2009), también trabajaron juntos: el primero como secretario particular y el segundo como secretario técnico.
Siendo presidente nacional del PAN, Anaya logró que el Senado, presidido por el panista Roberto Gil Zuarth, nombrara a su amigo magistrado del TEEQ por siete años, en abril de 2016, y apenas en diciembre del año pasado sustituyó en la presidencia de ese órgano a Gabriela Nieto Castillo, hermana de Santiago, el exfiscal electoral federal.
Justamente en diciembre de 2017 circuló ampliamente un video que acreditó que en el ayuntamiento de Querétaro se almacenaba propaganda del PAN, por lo que Morena y el PRI presentaron una queja ante el IEEQ, que Romero Altamirano ordenó desechar, y el TEEQ, presidido por Silva Vázquez, declaró improcedente; ambos, amigos de Anaya.
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Desempolva el PRI la estrategia del voto masivo de los burócratas/JOSÉ GIL OLMOS...
Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
El debate de los candidatos presidenciales, el pasado domingo 22, no cambió las tendencias electorales. Por eso, José Antonio Meade, estancado en el tercer puesto, dedicó los mítines de la semana pasada a los dos temas que le quitan el sueño: López Obrador –a quien sigue llamando “un peligro para México”– y la posibilidad de que decline su candidatura, un rumor que cobra más fuerza cada día. Ante este panorama, la vieja guardia priista echa mano de uno de sus trucos más viejos: el voto corporativo. Trabajadores del Estado informan a Proceso que se les exige –so pena de sanciones laborales– reclutar a personas que comprometan su sufragio por la alianza Todos por México.
Ramos Arizpe, Coah.- Cuando los reporteros le preguntaron por tercera vez si declinaría en favor de Ricardo Anaya, el gesto se le endureció a José Antonio Meade y contestó que no lo haría por ningún motivo.
“Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración, a lo que estoy seguro será la realidad el primero de julio, que es que habré de ganar la elección”, contestó con el gesto adusto.

Después del primer debate, el domingo 22, la situación para el candidato de la alianza Todos por México –PRI, PVEM y Panal– no cambió. No subió ni un punto porcentual sino que bajó un par para estancarse en el tercer sitio, y su discurso mantuvo el débil impacto con el que inició su campaña.

De ahí que empezaron a circular versiones de que en algunos integrantes de la dirigencia del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como en la cúpula empresarial, había una seria preocupación por el estancamiento de Meade y el nulo éxito de su campaña, coordinada por Aurelio Nuño.

Según versiones de algunos militantes del PRI, el paso a seguir era un cambio de candidato; al final se pensó que ya no había tiempo de hacerlo y sería contraproducente. Asimismo se planteó una eventual declinación de Meade en favor de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente –PAN, PRD y MC–, pero esta posibilidad también se descartó, porque se desconfía del panista.

Por último se dijo que podría optarse por que, soterradamente, una parte del apoyo del partido, empresarial y de gobierno, se inclinara por Anaya, a quien aún le ven posibilidades de vencer a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

En ese contexto Meade empezó a levantar la voz en cada acto de campaña para pedirle a la militancia priista “salir a la calle”, ir casa por casa y convencer a la gente de que voten por él. “Denme su voto”, pidió al final de cada mitin.

Y no dejó de hablar de los dos departamentos de López Obrador, a quien califica de “mentiroso” por no haberlos incluido en su declaración de bienes, aunque el tabasqueño precisó que no lo hizo porque esos inmuebles ya son parte de la herencia de sus hijos.

La voz y el semblante de Meade, sin embargo, se endurecieron al paso de los días en su gira por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También su discurso contra el tabasqueño, al que se le han dedicado videos en las redes sociales, donde se mezclan imágenes de violencia con el mensaje de que es un “peligro para México”, tal como se hizo antes de la elección presidencial de 2006. En su discurso, al hablar de López Obrador lo calificó de “personaje violento y peligroso para el país”.

En Matamoros, al término de un encuentro con empresarios y sociedad civil, Meade manifestó que hay que temerle a López Obrador porque está reeditando su discurso violento de las pasadas elecciones: “La guerra sucia implica anónimos y mentiras; una contienda electoral implica contraste. Y en la medida en que ese contraste no apunte a nada que sea falso, no puede ser calificado como guerra sucia”, argumentó Meade.

–Entonces, ¿sí hay que tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador? –pregunta el reportero.

–A mi juicio, sí.

–¿Está reeditando el esquema de 2006?

–Creo que él está reeditando el de 2006 y el de 2012, porque estamos oyendo lo mismo, y peor, en 2018.

–¿Por qué tenerle miedo a Andrés Manuel?

–Por lo que propone en materia de seguridad, por lo que propone en materia económica, por lo que propone en materia de prácticamente todos los temas que implican para el país un retroceso importante. 

No hubo un solo acto de campaña en la semana siguiente al debate en el que no se refiriera a López Obrador, ya fuera por sus departamentos, por su propuesta de amnistía, la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México o su intención de cambiar las reformas educativa y energética. 

El voto corporativo

Pero al tiempo que Meade cambió su discurso, la estructura del PRI comenzó a moverse como en los viejos tiempos, organizando actos masivos, acarreando gente, ofreciéndoles apoyos y, principalmente, echando a andar una operación de cooptación del voto entre los burócratas
sindicalizados.

Aunque ya lo hacían de manera sutil desde marzo, cuando empezó la campaña, los líderes de los trabajadores sindicalizados de las dependencias federales aumentaron la presión después del primer debate, exigiéndoles a los burócratas conseguir 10 votos cada uno, so pena de recibir sanciones.

Herederos de las viejas prácticas de coacción y cooptación del voto corporativo, la dirigencia nacional del PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto reeditan una práctica que tiene por lo menos 30 años y que en la elección de 1988 fue fundamental para que Carlos Salinas triunfara. 

En aquella elección los burócratas sindicalizados fueron parte del operativo para conseguir 1 millón y medio de votos para Salinas de Gortari:  20 sufragios por cada trabajador. La diferencia es que antes todo lo hacían de manera más autoritaria, porque había un control absoluto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, controlada por Hugo Domenzáin. 

Ese control se deshizo en 2003, en la dirigencia de Joel Ayala, con la salida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manejado por Elba Esther Gordillo, quien usó a los maestros para formar su propio partido, Nueva Alianza, luego de su rompimiento con el PRI.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 5 millones 400 mil trabajadores en el sector público. Luego del primer debate y de que Meade no despegó del tercer lugar, los líderes de los sindicatos de burócratas empezaron a presionar más a los trabajadores de algunas dependencias federales, a quienes exigen que lleven el registro de 10 personas cada uno para que voten por el candidato “ciudadano” del PRI.

Trabajadores de algunas dependencias federales, que aceptaron hablar con Proceso a condición de que no se citen sus nombres, comentan sobre este operativo de coacción y cooptación del voto que obliga a cada uno de ellos a llevar el registro de 10 personas –con copia de la credencial de elector, dirección, nombre completo y correo electrónico– que aseguren que emitirán su voto por los candidatos del PRI, principalmente por Meade.

Este semanario pudo hablar con trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que han denunciado esta práctica y muestran los formatos que les entregan las directivas sindicales para que consigan los apoyos; además de que los amenazan con sanciones si no acatan las órdenes.

Quieren 20 millones

Desde antes del inicio de la contienda, tanto el vocero de la campaña, Javier Lozano, como el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, declararon que Meade ganará la elección con 20 millones de votos, 40% de la votación. 

En diciembre Ochoa Reza manifestó que trabajarán para que cuatro de cada 10 mexicanos voten por Meade, “el hombre más preparado en la elección”. En enero Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña, sostuvo que el objetivo mínimo es de 20 millones de votos.

Las estimaciones del presidente nacional del PRI y de Nuño rebasan los 19 millones 226 mil votos que en 2012 obtuvieron en alianza con el Partido Verde –38.21% del total de sufragios emitidos–, con los cuales Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia.

Ahora los encargados de la campaña de Meade plantean ganar con más votos de los que consiguió hace seis años Peña Nieto, con la ayuda de las grandes empresas de comunicación, la jerarquía católica y los principales empresarios del país.

Sin embargo, ahora ya no tienen todo ese apoyo. Meade no suma simpatías con su disfraz de ciudadano ni con su débil discurso y, principalmente, por la imagen de corrupción indeleble en el PRI y en la administración de Enrique Peña Nieto. 

Burócratas que hablaron con Proceso –afiliados al sindicato del ISSSTE y quienes piden que no se revelen sus identidades, por temor a perder el empleo– dicen que los líderes sindicales Luis Miguel Victoria Ranfla e Hilario Ramírez Chávez los usan para apoyar tanto a Meade como al candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola.

Indican que el pasado sábado 7 los obligaron a ir al centro deportivo del ISSSTE a un acto de campaña de Arriola, con la amenaza de que si no iban, habría consecuencias. “Como a otros sindicatos, nos hacen asistir a eventos de los candidatos y nos amenazan con quitarnos la licencia sindical o cancelar tiempo, si no se asiste a los eventos.

“A los trabajadores que no tienen licencia sindical y están en sus respectivas áreas, los invitan a los eventos a cambio de días o de permisos; y si no asisten, no se los dan.” 

El sábado 7 asistió todo el aparato sindical a un acto de Arriola: los directores, coordinadores, jefes de departamento y el nuevo director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Jorge Erick Pérez Pérez, quien se presentó además como asesor del candidato al gobierno capitalino.

A partir de la tercera semana de la campaña, con Meade estancado en tercer lugar, lo mismo que Arriola, los dirigentes del sindicato del ISSSTE empezaron a presionar a sus integrantes a fin de que se movilicen con sus amigos y familiares para que llenen los formatos y aseguren los votos, señalan los trabajadores del gobierno federal.

En dichas hojas –de las que entregaron copias al reportero– les piden primero poner sus datos laborales y personales, así como los de 10 personas más que se comprometen a dar su voto por Meade y Arriola.

“Lo más lamentable en estos momentos es que no es obligación votar por un partido o un candidato; nos fuerzan a pasar a finanzas con las listas para entregar los documentos y, por el otro lado, la administración envía correos para promover el libre voto, pero los directores te ordenan que asistas a los eventos del PRI”, dice uno de los denunciantes entrevistados. 

Otro manifiesta resignado: “Como trabajadores sólo podemos apechugar y callar ante represalias de la administración y del sindicato. Estamos desprotegidos ante esta mafia de poder”.

Y muestra los dos formatos que les están entregando: el primero es una hoja donde le piden todos sus datos; en otra hoja deben poner los datos de 10 amigos y familiares. “Se está pidiendo el número de la clave de elector, peso, complexión, etcétera, pero sólo para desviar la atención del objetivo principal: que demos el voto por Meade”, precisa. 

Trabajadores de Pemex señalan a este semanario que desde el inicio de la campaña, la dirigencia sindical les empezó a distribuir unas formas en las que se les piden los datos de 10 personas. 

“Nos están dando esos papeles y nos piden nuestros datos de la credencial de elector. No podemos decir que no, ¡ni se nos vaya a ocurrir!, porque si lo hacemos, en ese momento agarran el teléfono y nos reportan. Nos marcan y luego vienen las represalias”, sostiene un trabajador petrolero de la sección 44, en Tabasco.

Precisa que aunque al principio les exigieron que llevaran los datos de 10 personas, con la escasa respuesta que están recibiendo, ahora les piden que lleven los que sean. “Tráenos tres personas o cinco, las que sean, pero tráenos los que se puedan para anotarlos en la lista de que votarán por Meade. No les importan los candidatos a diputados, senadores o gobernadores, quieren que los votos que consigamos sean para presidente”, confiesa.

Precisa que los formatos se los están dando a todos los trabajadores, sin excepción, en todas las plantas del país. 

“Hay mucha gente que está enojada pero se queda callada, por las represalias: nos pueden quitar el trabajo y el de nuestros familiares. Quisiéramos gritar, pero no podemos; todos los compañeros piensan lo mismo, estamos hartos de esta situación, porque si decimos algo nos van a congelar el trabajo y eso no lo queremos”, advierte.

Otro empleado de Pemex, éste, de la Ciudad de México, señala que esta situación se ha repetido en otras elecciones, pero que ahora se percibe más desesperación del PRI: “Están desesperados, están bien cabrones. Ya no saben cómo conseguir los votos. Es que muchos ya no les hacen caso e inventan pretextos para no entregarles los formatos llenos”, dice.
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Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
Desempolva el PRI la estrategia del voto masivo de los burócratas/JOSÉ GIL OLMOS
El debate de los candidatos presidenciales, el pasado domingo 22, no cambió las tendencias electorales. Por eso, José Antonio Meade, estancado en el tercer puesto, dedicó los mítines de la semana pasada a los dos temas que le quitan el sueño: López Obrador –a quien sigue llamando “un peligro para México”– y la posibilidad de que decline su candidatura, un rumor que cobra más fuerza cada día. Ante este panorama, la vieja guardia priista echa mano de uno de sus trucos más viejos: el voto corporativo. Trabajadores del Estado informan a Proceso que se les exige –so pena de sanciones laborales– reclutar a personas que comprometan su sufragio por la alianza Todos por México.

Ramos Arizpe, Coah.- Cuando los reporteros le preguntaron por tercera vez si declinaría en favor de Ricardo Anaya, el gesto se le endureció a José Antonio Meade y contestó que no lo haría por ningún motivo.

“Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración, a lo que estoy seguro será la realidad el primero de julio, que es que habré de ganar la elección”, contestó con el gesto adusto.

Después del primer debate, el domingo 22, la situación para el candidato de la alianza Todos por México –PRI, PVEM y Panal– no cambió. No subió ni un punto porcentual sino que bajó un par para estancarse en el tercer sitio, y su discurso mantuvo el débil impacto con el que inició su campaña.

De ahí que empezaron a circular versiones de que en algunos integrantes de la dirigencia del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como en la cúpula empresarial, había una seria preocupación por el estancamiento de Meade y el nulo éxito de su campaña, coordinada por Aurelio Nuño.

Según versiones de algunos militantes del PRI, el paso a seguir era un cambio de candidato; al final se pensó que ya no había tiempo de hacerlo y sería contraproducente. Asimismo se planteó una eventual declinación de Meade en favor de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente –PAN, PRD y MC–, pero esta posibilidad también se descartó, porque se desconfía del panista.

Por último se dijo que podría optarse por que, soterradamente, una parte del apoyo del partido, empresarial y de gobierno, se inclinara por Anaya, a quien aún le ven posibilidades de vencer a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

En ese contexto Meade empezó a levantar la voz en cada acto de campaña para pedirle a la militancia priista “salir a la calle”, ir casa por casa y convencer a la gente de que voten por él. “Denme su voto”, pidió al final de cada mitin.

Y no dejó de hablar de los dos departamentos de López Obrador, a quien califica de “mentiroso” por no haberlos incluido en su declaración de bienes, aunque el tabasqueño precisó que no lo hizo porque esos inmuebles ya son parte de la herencia de sus hijos.

La voz y el semblante de Meade, sin embargo, se endurecieron al paso de los días en su gira por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También su discurso contra el tabasqueño, al que se le han dedicado videos en las redes sociales, donde se mezclan imágenes de violencia con el mensaje de que es un “peligro para México”, tal como se hizo antes de la elección presidencial de 2006. En su discurso, al hablar de López Obrador lo calificó de “personaje violento y peligroso para el país”.

En Matamoros, al término de un encuentro con empresarios y sociedad civil, Meade manifestó que hay que temerle a López Obrador porque está reeditando su discurso violento de las pasadas elecciones: “La guerra sucia implica anónimos y mentiras; una contienda electoral implica contraste. Y en la medida en que ese contraste no apunte a nada que sea falso, no puede ser calificado como guerra sucia”, argumentó Meade.

–Entonces, ¿sí hay que tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador? –pregunta el reportero.

–A mi juicio, sí.

–¿Está reeditando el esquema de 2006?

–Creo que él está reeditando el de 2006 y el de 2012, porque estamos oyendo lo mismo, y peor, en 2018.

–¿Por qué tenerle miedo a Andrés Manuel?

–Por lo que propone en materia de seguridad, por lo que propone en materia económica, por lo que propone en materia de prácticamente todos los temas que implican para el país un retroceso importante. 

No hubo un solo acto de campaña en la semana siguiente al debate en el que no se refiriera a López Obrador, ya fuera por sus departamentos, por su propuesta de amnistía, la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México o su intención de cambiar las reformas educativa y energética. 

El voto corporativo

Pero al tiempo que Meade cambió su discurso, la estructura del PRI comenzó a moverse como en los viejos tiempos, organizando actos masivos, acarreando gente, ofreciéndoles apoyos y, principalmente, echando a andar una operación de cooptación del voto entre los burócratas
sindicalizados.

Aunque ya lo hacían de manera sutil desde marzo, cuando empezó la campaña, los líderes de los trabajadores sindicalizados de las dependencias federales aumentaron la presión después del primer debate, exigiéndoles a los burócratas conseguir 10 votos cada uno, so pena de recibir sanciones.

Herederos de las viejas prácticas de coacción y cooptación del voto corporativo, la dirigencia nacional del PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto reeditan una práctica que tiene por lo menos 30 años y que en la elección de 1988 fue fundamental para que Carlos Salinas triunfara. 

En aquella elección los burócratas sindicalizados fueron parte del operativo para conseguir 1 millón y medio de votos para Salinas de Gortari:  20 sufragios por cada trabajador. La diferencia es que antes todo lo hacían de manera más autoritaria, porque había un control absoluto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, controlada por Hugo Domenzáin. 

Ese control se deshizo en 2003, en la dirigencia de Joel Ayala, con la salida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manejado por Elba Esther Gordillo, quien usó a los maestros para formar su propio partido, Nueva Alianza, luego de su rompimiento con el PRI.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 5 millones 400 mil trabajadores en el sector público. Luego del primer debate y de que Meade no despegó del tercer lugar, los líderes de los sindicatos de burócratas empezaron a presionar más a los trabajadores de algunas dependencias federales, a quienes exigen que lleven el registro de 10 personas cada uno para que voten por el candidato “ciudadano” del PRI.

Trabajadores de algunas dependencias federales, que aceptaron hablar con Proceso a condición de que no se citen sus nombres, comentan sobre este operativo de coacción y cooptación del voto que obliga a cada uno de ellos a llevar el registro de 10 personas –con copia de la credencial de elector, dirección, nombre completo y correo electrónico– que aseguren que emitirán su voto por los candidatos del PRI, principalmente por Meade.

Este semanario pudo hablar con trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que han denunciado esta práctica y muestran los formatos que les entregan las directivas sindicales para que consigan los apoyos; además de que los amenazan con sanciones si no acatan las órdenes.

Quieren 20 millones

Desde antes del inicio de la contienda, tanto el vocero de la campaña, Javier Lozano, como el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, declararon que Meade ganará la elección con 20 millones de votos, 40% de la votación. 

En diciembre Ochoa Reza manifestó que trabajarán para que cuatro de cada 10 mexicanos voten por Meade, “el hombre más preparado en la elección”. En enero Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña, sostuvo que el objetivo mínimo es de 20 millones de votos.

Las estimaciones del presidente nacional del PRI y de Nuño rebasan los 19 millones 226 mil votos que en 2012 obtuvieron en alianza con el Partido Verde –38.21% del total de sufragios emitidos–, con los cuales Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia.

Ahora los encargados de la campaña de Meade plantean ganar con más votos de los que consiguió hace seis años Peña Nieto, con la ayuda de las grandes empresas de comunicación, la jerarquía católica y los principales empresarios del país.

Sin embargo, ahora ya no tienen todo ese apoyo. Meade no suma simpatías con su disfraz de ciudadano ni con su débil discurso y, principalmente, por la imagen de corrupción indeleble en el PRI y en la administración de Enrique Peña Nieto. 

Burócratas que hablaron con Proceso –afiliados al sindicato del ISSSTE y quienes piden que no se revelen sus identidades, por temor a perder el empleo– dicen que los líderes sindicales Luis Miguel Victoria Ranfla e Hilario Ramírez Chávez los usan para apoyar tanto a Meade como al candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola.

Indican que el pasado sábado 7 los obligaron a ir al centro deportivo del ISSSTE a un acto de campaña de Arriola, con la amenaza de que si no iban, habría consecuencias. “Como a otros sindicatos, nos hacen asistir a eventos de los candidatos y nos amenazan con quitarnos la licencia sindical o cancelar tiempo, si no se asiste a los eventos.

“A los trabajadores que no tienen licencia sindical y están en sus respectivas áreas, los invitan a los eventos a cambio de días o de permisos; y si no asisten, no se los dan.” 

El sábado 7 asistió todo el aparato sindical a un acto de Arriola: los directores, coordinadores, jefes de departamento y el nuevo director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Jorge Erick Pérez Pérez, quien se presentó además como asesor del candidato al gobierno capitalino.

A partir de la tercera semana de la campaña, con Meade estancado en tercer lugar, lo mismo que Arriola, los dirigentes del sindicato del ISSSTE empezaron a presionar a sus integrantes a fin de que se movilicen con sus amigos y familiares para que llenen los formatos y aseguren los votos, señalan los trabajadores del gobierno federal.

En dichas hojas –de las que entregaron copias al reportero– les piden primero poner sus datos laborales y personales, así como los de 10 personas más que se comprometen a dar su voto por Meade y Arriola.

“Lo más lamentable en estos momentos es que no es obligación votar por un partido o un candidato; nos fuerzan a pasar a finanzas con las listas para entregar los documentos y, por el otro lado, la administración envía correos para promover el libre voto, pero los directores te ordenan que asistas a los eventos del PRI”, dice uno de los denunciantes entrevistados. 

Otro manifiesta resignado: “Como trabajadores sólo podemos apechugar y callar ante represalias de la administración y del sindicato. Estamos desprotegidos ante esta mafia de poder”.

Y muestra los dos formatos que les están entregando: el primero es una hoja donde le piden todos sus datos; en otra hoja deben poner los datos de 10 amigos y familiares. “Se está pidiendo el número de la clave de elector, peso, complexión, etcétera, pero sólo para desviar la atención del objetivo principal: que demos el voto por Meade”, precisa. 

Trabajadores de Pemex señalan a este semanario que desde el inicio de la campaña, la dirigencia sindical les empezó a distribuir unas formas en las que se les piden los datos de 10 personas. 

“Nos están dando esos papeles y nos piden nuestros datos de la credencial de elector. No podemos decir que no, ¡ni se nos vaya a ocurrir!, porque si lo hacemos, en ese momento agarran el teléfono y nos reportan. Nos marcan y luego vienen las represalias”, sostiene un trabajador petrolero de la sección 44, en Tabasco.

Precisa que aunque al principio les exigieron que llevaran los datos de 10 personas, con la escasa respuesta que están recibiendo, ahora les piden que lleven los que sean. “Tráenos tres personas o cinco, las que sean, pero tráenos los que se puedan para anotarlos en la lista de que votarán por Meade. No les importan los candidatos a diputados, senadores o gobernadores, quieren que los votos que consigamos sean para presidente”, confiesa.

Precisa que los formatos se los están dando a todos los trabajadores, sin excepción, en todas las plantas del país. 

“Hay mucha gente que está enojada pero se queda callada, por las represalias: nos pueden quitar el trabajo y el de nuestros familiares. Quisiéramos gritar, pero no podemos; todos los compañeros piensan lo mismo, estamos hartos de esta situación, porque si decimos algo nos van a congelar el trabajo y eso no lo queremos”, advierte.

Otro empleado de Pemex, éste, de la Ciudad de México, señala que esta situación se ha repetido en otras elecciones, pero que ahora se percibe más desesperación del PRI: “Están desesperados, están bien cabrones. Ya no saben cómo conseguir los votos. Es que muchos ya no les hacen caso e inventan pretextos para no entregarles los formatos llenos”, dice.
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Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
La amnistía ya existe y beneficia al panista/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El perdón a la pena por el delito de delincuencia organizada a uno de los implicados en el caso que ha tocado al candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y podría aplicarse en caso de que Andrés Manuel López Obrador busque reducir la violencia, si gana las elecciones.

La figura del perdón es una forma alternativa de solución de controversias, establecido en las reformas constitucionales que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón para modificar el sistema de justicia penal, en 2008, y que entró en vigor hace dos años en todo el país.

Una de las modificaciones fue la del artículo 17 de la Constitución para que las leyes prevean “mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal” y aseguren “la reparación del daño”.

Los llamados criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios son dos de las figuras de ese nuevo sistema y fueron las que permitieron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda llegar a un acuerdo con Luis Alberto López López, chofer de Manuel Barreiro, quien a través de una empresa fantasma le compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos.

Con los criterios de oportunidad, el Ministerio Público tiene la facultad de no ejercer la acción penal; es decir, no castigar el hecho o perdonar al delincuente siempre y cuando haya reparación del daño. Los acuerdos reparatorios se deben dar entre la víctima y el imputado, incluso en delitos culposos y patrimoniales.

En el caso, la UIF pactó el perdón con López López, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una modalidad del delito de delincuencia organizada.

El chofer de Barreiro firmó un acuerdo reparatorio y en razón de ello, le entregó la nave industrial a la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado viernes 20. De esa manera, a López López ya no se le aplicará ninguna pena por el delito que se le acusaba y que está previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

La bodega de Manhattan Master Plan, una empresa fantasma creada ex profeso, estaba a nombre del chofer porque así lo pidió Barreiro, el viejo conocido de Ricardo Anaya, pese a que el candidato presidencial intentó inicialmente desconocerlo.

Según Anaya, el caso ya está aclarado, como insistió en el primer debate presidencial, el domingo 22. Pero está lejos de eso. 

El pasado miércoles 25, el diario digital El Español reveló que las autoridades europeas investigan la estructura financiera en Gibraltar y en paraísos fiscales para eventualmente obtener fondos para el candidato presidencial y expresidente del PAN.

Las operaciones también se habrían hecho en Canadá, donde se refugió Barreiro apenas se conoció el escándalo en México y en el que también está implicado el hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva, quien tiene intereses en Querétaro, como la sociedad Advance Real Estate, así como 14 compañías en España, según informó el corresponsal de Proceso en Madrid, Alejandro Gutiérrez.

Desde el 1 de marzo la PGR bloqueó y embargó las cuentas en México de Barreiro y de Olea Villanueva.
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Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
Leyzaola Pérez, acusado de tortura en Tijuana, candidato a diputado del PES/
GLORIA LETICIA DÍAZ
La defensa de Julián Leyzaola Pérez –un teniente coronel en retiro postulado como candidato a una diputación plurinominal en Tijuana– llegará hasta donde tope, dice el Partido Encuentro Social, al tiempo que descalifica a sus detractores de carecer de pruebas. Sin embargo, un policía de Tijuana asegura que cuando fue funcionario de seguridad pública, Leyzaola fue un torturador. Además, dice en la querella que interpuso contra él, tiene una cauda de recomendaciones del ómbudsman nacional y otras comisiones estatales por reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Desde principios de mes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Guadalajara, Jalisco, dio entrada a una queja presentada por José Luis Hernández Gálvez contra la designación del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez como candidato a diputado de la alianza Juntos Haremos Historia por el distrito 8 de Baja California, además de que ocupa el primer lugar en la lista para la Primera Circunscripción por el Partido Encuentro Social (PES) como plurinominal.

El promotor de la querella, un policía de Tijuana, sostiene que Leyzaola tiene un historial de recomendaciones en su contra, así como denuncias penales por presuntas violaciones a derechos humanos cuando fue responsable de seguridad pública de Tijuana y Ciudad Juárez 

Once días después, Hernández Gálvez acudió a la Sala Regional para ampliar el recurso e impugnar la candidatura plurinominal a la que fue inscrito el militar, según consta en el expediente SG-JE-18/2018.

Leyzaola, sostiene Hernández Gálvez, es “un reconocido torturador y violador sistemático de los derechos humanos en Baja California y Chihuahua por parte de las comisiones estatales de derechos humanos en los estados antes mencionados y también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.

Hoy, esas imputaciones contra el militar forman parte de un juicio electoral en su contra, aunque él dice desconocer lo anterior. En entrevista con Proceso, el militar aclara que a principios de abril presentó su renuncia a la postulación por el distrito 8, pues se someterá a un tratamiento médico, aunque adelanta que defenderá su candidatura plurinominal.

“Si se me impugna –dice–, yo también voy a ampararme. El INE (Instituto Nacional Electoral) no me puede suspender mi derecho ciudadano, yo no tengo suspendidos mis derechos políticos.”

En su edición 2160, Proceso entrevistó a José Antonio Guevara y Óscar Enríquez, directores de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), respectivamente, así como el de Hernández Gálvez en torno a la postulación de Leyzaola como candidato a diputado federal.

Los tres recordaron que, como funcionario de los municipios fronterizos de Tijuana (2008-2010) y Ciudad Juárez (2011-2014), Leyzaola acumuló 19 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, tres de ellas emitidas por el ómbudsman nacional.

Además de ello, subsisten 25 averiguaciones previas y actas circunstanciadas contra Leyzaola, 23 de las cuales se iniciaron ante autoridades ministeriales de Baja California; el resto se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y son por delitos como tortura y homicidio, además de una resolución de inhabilitación durante ocho años que el ayuntamiento de Tijuana emitió en agosto de 2013.

La querella más reciente

José Luis Hernández Gálvez, quien mantiene una denuncia penal contra Leyzaola por tortura, integró en su impugnación ante la Sala Regional del TEPJF copias de las recomendaciones y los números de averiguaciones previas y actas circunstanciadas integradas entre 2008 y 2015 contra el teniente coronel, quien en 2016 fue candidato del PES a la alcaldía de Tijuana.

El demandante aclaró que algunos de esos señalamientos contra Leyzaola forman parte de informes que organizaciones nacionales e internacionales han entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Penal Internacional (CPI). 

En su escrito ante la Sala Regional del TEPJF, Hernández Gálvez se presenta como “víctima de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad, amenazas, allanamiento de morada, robo con violencia, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación, tortura y tratos crueles y degradantes”.

Lo anterior, dice, fue acreditado por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y también ante la sindicatura municipal de Tijuana.

En el documento entregado a la Sala Regional de Guadalajara, del que Proceso tiene copia, Hernández Gálvez indica que recurrió al tribunal electoral “a efecto de que se anule la candidatura de dicho personaje, por ser un reconocido violador de derechos humanos en México y en el extranjero, lo cual contrapone los perfiles idóneos de cualquier aspirante a ocupar un cargo de elección popular”.

E insiste: la designación de Leyzaola como candidato a diputado federal –por mayoría relativa y por la vía plurinominal– “atenta gravemente contra la credibilidad del respeto a los derechos humanos en México y ante el extranjero”, toda vez que nuestro país “ha suscrito diversos tratados internacionales en donde se compromete a respetar los derechos humanos”.

El viernes 6, el magistrado ponente Eugenio Isidro Partida Sánchez giró instrucciones para que se notificara al Consejo General del INE de la demanda iniciada por Hernández Gálvez. El instituto respondió el miércoles 11, según lo constató el propio demandante cinco días después, es decir el lunes 16.

En entrevista con Proceso, Hernández Gálvez sostiene que su intención es “sentar un precedente” para que se revisen los perfiles de los candidatos a ocupar puestos de elección popular.

Está consciente, dice, de que puede sufrir un revés: “A lo mejor me van a decir que no tengo interés jurídico en la impugnación, a lo mejor no me otorgan lo que estoy pidiendo, pero quiero dejar un precedente de que los candidatos tienen que ser personas honorables; no puede ser candidato una persona considerada violador de derechos humanos, que en los requerimientos en un futuro se tenga que prever ese rubro porque es fundamental”.

En entrevista telefónica con la reportera, el militar narra que desde el momento en que el PES le ofreció la postulación, él advirtió a la dirigencia nacional que no podía hacer una campaña “de tierra” debido a su discapacidad, derivada de un atentado que sufrió en mayo de 2015 en Ciudad Juárez.

Sin embargo, aclara, “ellos insistieron. Me inscribieron como candidato al Distrito 8 y en el primer lugar de la lista plurinominal de la primera circunscripción”.

Leyzaola asegura que renunció a la candidatura por mayoría relativa a principios de mes y ratificó su decisión el martes 17. Por lo que atañe a su candidatura a la diputación plurinominal puntualiza que las recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos y las denuncias penales en su contra no son motivo para suspenderle sus derechos políticos.

“Si se me impugna, yo también voy a ampararme –sostiene–. El INE no me puede suspender mi derecho ciudadano, y la candidatura es un derecho ciudadano.”

El entrevistado admite que no tiene “el perfil” para ser legislador federal –“a mí me gusta gobernar”–, pero dice estar dispuesto a asumir el reto si ello significa legislar en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI).

“Si alguien sabe cómo la LSI viola la soberanía de los estados y las instancias gubernamentales, soy yo. Soy militar y también he estado en el servicio civil. No estoy de acuerdo con esa ley porque premia la ineptitud, le quita responsabilidades a las instancias gubernamentales encargadas de combatir a la delincuencia y se las pasa a las Fuerzas Armadas, que no están adiestradas para eso; además, con esa ley los mexicanos estamos sujetos a los arrebatos de una persona; me refiero al presidente.

Y añade: “Voy a defender esto que estoy diciendo. Por eso quiero ser diputado, aunque sea cuatro meses, porque, después yo lo que quiero es ser presidente municipal de Tijuana, donde viven mi familia y mis amigos y yo mismo”.

“Es una guerra política”

En términos político electorales, a Leyzaola no le preocupan las recomendaciones de comisiones de derechos humanos en su contra; tampoco que en junio del año pasado la CNDH haya recomendado al gobierno municipal de Benito Juárez (Cancún) que desestimara contratarlo como asesor de seguridad.

“Esas acusaciones por abusos no tienen sustento. (La CNDH y las otras comisiones) creen que tienen la verdad absoluta”, dice.

Y agrega: “Todos los funcionarios de seguridad pública tienen denuncias… Todos los delincuentes, lo primero que hacen cuando son detenidos, es presentar una denuncia en derechos humanos”.

Según el militar, Hernández Gálvez –quien presentó la impugnación en la Sala Regional de Guadalajara del ­TEPJF y la denuncia penal por tortura– “está aferrado en terminar con mi carrera. Yo lo mandé detener y yo lo presenté a la procuraduría con un certificado médico. Quien ­determinó que era legal la detención fue el Ministerio Público, no yo”.

Berlín Rodríguez Soria, representante del PES ante el Consejo General de INE, asegura que hasta el jueves 19 su partido no había sido notificado de la impugnación contra la candidatura de Leyzaola a diputado plurinominal.

No obstante, dice a la reportera, el PES va a defender la postulación plurinominal del teniente coronel “hasta donde tope”. Relata que su partido mantiene una estrecha relación con Leyzaola, quien como su candidato en la contienda electoral por la alcaldía de Tijuana en 2016 perdió por poco más de 4 mil votos contra el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Cuestionado sobre si el PES tenía conocimiento de los señalamientos contra Leyzaola, Rodríguez Soria resalta que hasta ahora no hay una sentencia condenatoria contra el militar, quien sólo ha sido “objeto de guerra política”.

Y comenta: “La opinión pública y la sociedad lo tienen como alguien que sobresalió en la defensa de la seguridad pública y contribuyó a darle tranquilidad a la sociedad; por eso lo quieren castigar”.

Quienes acusan a Leyzaola de tortura y entre otros delitos son organismos públicos de derechos humanos, insiste la reportera.

El representante del PES ante el INE responde: “No dudo que se tuvo que haber hecho uso de la fuerza ante el crimen organizado. ¡Imagínese que llegue con un ramo de flores a los narcotraficantes!, Así no se va a poder (combatir a los delincuentes)”.

–Las recomendaciones de la CNDH y de las comisiones de derechos humanos de Baja California y Chihuahua contra ­Leyzaola, ¿no fueron elementos a considerar la legitimidad de su candidatura? –se le cuestiona.

–No dudo que al teniente coronel, con su actuar, haya afectado a muchos intereses de gente y que hoy la única forma que tienen para frenarlo es a través de este tipo de cosas. 

–Son recomendaciones que se emitieron antes de que fuera incluso candidato a la alcaldía de Tijuana…

–Eso es verdad, y curiosamente ahora que es candidato a diputado lo sacan. Por lo pronto, el único instrumento que tenemos es la ley; obvio que lo vamos a defender hasta donde nos den las fuerzas legales para mantenerlo.
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Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
Y de pronto... silencio estatal sobre los alumnos disueltos en ácido
LA REDACCIÓN
Luego de que el lunes 23 la fiscalía jalisciense dio a conocer que el Cártel de Jalisco Nueva Generación asesinó y disolvió en ácido a los tres estudiantes de cine tras confundirlos con integrantes de un grupo antagónico, autoridades estatales, así como de la Comisión de Derechos Humanos local, han mirado a otro lado ante los cuestionamientos contra su investigación. Por lo pronto, familiares de los jóvenes rechazan que sus hijos estén muertos, porque ni siquiera tienen en sus manos las pruebas de lo que el fiscal general y el gobernador han sostenido. 

La Fiscalía General de Jalisco, que encabeza Raúl Sánchez Jiménez, ha dejado más dudas que certezas en los familiares de los tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos el 19 de marzo en el municipio de Tonalá y que, les dio a conocer, fueron asesinados y disueltos en ácido por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los confundieron con miembros de un grupo antagónico.  

El sábado 21, la fiscalía estatal informó a las madres de Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y de Marco Francisco García Ávalos que el resultado de la investigación indicaba que los alumnos de la Universidad de Medios Visuales CAAV fueron secuestrados, torturados, asesinados y disueltos en ácido. Sin embargo, las mujeres se negaron a aceptar la versión de la autoridad al no tener los restos de sus hijos y al escuchar que se trata sólo de indicios.

Los familiares de los jóvenes prefieren seguir rezando por su pronta aparición y exigen a la autoridad que mantenga la búsqueda.

Precisamente los rezos los encabeza la madre de Jesús Daniel, una mujer de estatura baja, cabello largo negro y piel morena. Públicamente expone su fe en las manifestaciones públicas recientes contra la desaparición de los jóvenes, como aquella que se realizó el 24 de marzo último, cuando cientos de personas se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, en Guadalajara, a la que renombraron “Glorieta de los desaparecidos”.

En aquella ocasión, la mamá de Jesús Daniel tomó el micrófono y dedicó unas palabras a Dios, pidiendo la aparición con vida de los estudiantes. Las otras dos mujeres (madres de Javier Salomón y Marco Francisco) hablaron ante los asistentes sobre la última vez que vieron a sus hijos.    

El lunes 23, en conferencia de prensa, cuando la fiscalía presentó un video en el que explicaba cómo sucedieron los secuestros y los homicidios de los estudiantes de cine, se le preguntó a la autoridad cuándo habían informado a las familias los resultados del caso y si ellas habían aceptado lo expuesto.  

El fiscal de Derechos Humanos de Jalisco, Dante Haro, quien además durante cinco meses también se encargó de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (área que desde el lunes 16 está a cargo de José Raúl Rivera) respondió que “las familias han sido comunicadas de manera directa (desde) la semana pasada. Conforme van saliendo los hechos, se van comprobando, se les ha dado toda la información de los operativos, de las personas (involucradas)”. También aseguró que las familias estaban conformes con los resultados de las indagatorias. 

Haro expuso que prueba de ello es que “nos acompaña la licenciada Lina Gutiérrez, quien es la abogada de las familias (de las víctimas) y que, a final de cuentas, ella puede constatar los diferentes tratos y atenciones que se les ha dado”.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jesús Medina Varela, dijo el jueves 26 a Proceso que “es falso” que las madres de los estudiantes de cine estén conformes con los indicios que les ha revelado la fiscalía.

“Las familias no están de acuerdo. En este momento no tienen en sus manos un dictamen científico. En este momento, hay que decirlo abiertamente, las familias no están de luto, no han vivido el duelo, y no han vivido el duelo porque no tienen un dictamen. Les han dicho que ya va a llegar, que ya casi lo tienen.

Continuó: “Cuando me refiero a un dictamen, es el que comprueba científicamente que las muestras de ADN (halladas por la policía) coinciden con las de sus hijos. Hasta este momento, ellos no las tienen en su poder; entonces, por eso es que el día de hoy desconocemos el resultado, porque todavía las familias no tienen pruebas de lo que se dijo en esa rueda de prensa”.

Incluso Medina Varela, quien tiene contacto con los padres de familia, explicó que, pese a que la abogada de las víctimas estaba presente en la conferencia de prensa, como lo expuso Haro, los padres de familia desconocían el video que se mostró el lunes 23. 

El líder estudiantil agregó que las víctimas buscarán apoyo de la ONU para que revise la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Jalisco.

El miércoles 25, ante las dudas que ha generado el caso, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la carpeta de investigación de los tres estudiantes estaba puesta a disposición para que sea “revisada por más de un organismo nacional o internacional, para que pueda certificar que las evidencias y el conjunto de indicios con el que cuenta esta carpeta, efectivamente, corresponden a lo que sucedió y a la realidad”.

Javier Salomón tenía 25 años, era originario de Mexicali; Marco y Daniel, ambos de 20, eran de Tepic y de Los Cabos, respectivamente. 

Quienes los conocieron en la universidad afirman que “ellos siempre estaban juntos para hacer las tareas. Eran un grupito, siempre fueron solidarios. Salomón apoyaba con material y sus ideas; era amable. Daniel es de gran corazón y Marco era el gracioso y el bueno con la tecnología, incluso ayudaba a los profesores cuando un aparato no quería funcionar”.

Inconsistencias 

Fuentes cercanas al caso dieron a conocer a este semanario que Gerardo y Omar, presuntos integrantes del CJNG y presuntos asesinos de los jóvenes, fueron capturados 15 días antes de la conferencia de prensa del lunes 23, en la que la autoridad también informó que ambos fueron vinculados a proceso durante la madrugada del domingo 22, por secuestro agravado. 

Quienes conocen de la investigación, además, dijeron que a los detenidos les fue sembrada droga con el objetivo de mantenerlos en custodia 48 horas más, hecho que podría derrumbar el caso sobre ambos personajes por faltas al debido proceso.  

Otra de las presuntas irregularidades que podrían detonar la libertad de los detenidos es que fue difundida públicamente la identidad de los procesados, pese a que la investigación está en curso. Por ejemplo, de Omar se dio a conocer que se trata de un rapero que se hace llamar QBA y que cobraba 3 mil pesos semanales en el CJNG por disolver los cuerpos de las personas que asesinaban.

Al respecto, se buscó una impresión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Alfonso Hernández Barrón. Sin embargo, el director de Comunicación Social del organismo, Carlos Martínez Maguey, explicó que el ómbudsman estatal no se encontraba y que la posición de la comisión la daría el jueves 26 el primer visitador Javier Perlasca Chávez. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Proceso también solicitó una entrevista en la Fiscalía General de Jalisco para hablar con la jefa de su área de Investigación, Lizette Torres, sobre algunas inconsistencias en el caso. La petición fue hecha el miércoles 25. No obstante, la encargada de la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, Cristina Díaz, rechazó la solicitud. 

De igual manera se buscó a Dante Haro. Vía celular, el funcionario respondió que no estaba autorizado a dar entrevistas, pero comentó que su labor es estar al pendiente de las madres de las víctimas.

Otra de las anomalías del caso que las autoridades no han aclarado es que la Fiscalía informó que Diego Gabriel Mejía, integrante del Cártel Nueva Plaza, antagónico al CJNG, dueño de la casa en la que fueron confundidos los estudiantes de cine, había sido detenido en 2015 en dicho inmueble.

Posteriormente, la misma dependencia estatal dio a conocer que el mismo sujeto fue capturado el 13 de julio de 2015, pero a bordo de un auto (Mural 27/4/2018).   

Las líneas de investigación 

El 19 de marzo pasado los estudiantes del segundo cuatrimestre de la Universidad de Medios Visuales CAAV concluyeron la grabación de un cortometraje para la clase de montaje, tarea que debían entregar el 21 de ese mes. 

El lugar donde grabaron es conocido como La Cabaña, finca que presuntamente era de Edna Judith, tía de Salomón, pero que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en realidad pertenece a Diego Gabriel Mejía. 

Un mando del CJNG se enteró de que el capo rival pronto saldría del Reclusorio Metropolitano, por lo que ordenó vigilar la finca que se ubica en Ocotillo.

Cuando Marco, Daniel y Salomón y su novia Valeria, así como dos primas, una de ellas identificada como Alejandra –hija de Edna–, iban circulando por el nuevo Periférico, entre el kilómetro 19 y 20, a la altura del fraccionamiento Colinas de Tonalá, y se les descompuso uno de los vehículos, seis hombres armados –dos de ellos identificados como Salomón y Juan Carlos Barragán, El Canzón– los detuvieron.

Los captores les dijeron a los jóvenes que eran elementos de la Fiscalía General de Jalisco y únicamente subieron a los tres estudiantes de cine a una de las dos camionetas en las que viajaba el comando.   

Hasta el momento, según fuentes del caso, la autoridad estatal no ha llamado a declarar a alguna de las mujeres que estuvieron en la detención. Además, la madre de Marco declaró a este semanario que la novia de Salomón se fue a Estados Unidos el mismo día en que los jóvenes fueron secuestrados, mientras que Alejandra y la otra chica no se sabe dónde están. 

Ese 19 de marzo los estudiantes fueron llevados a la casa de El Canzón, en la calle Lechuza 8991, colonia Pinar de las Palomas, en Tonalá. De acuerdo con la versión oficial, ahí murió Javier Salomón debido a los golpes que recibió cuando era interrogado para que revelara el paradero de Daniel Mejía.

De manera inmediata, sus captores decidieron asesinar a los otros dos estudiantes. Después, los tres cuerpos fueron trasladados a una finca ubicada en la calle Amapola 450, en la colonia Prados de Coyula, también en Tonalá, para ser disueltos en ácido.

De acuerdo con la Fiscalía, en una gota de sangre se logró identificar material genético de Jesús Daniel. En el caso de Marco, fue mediante cabello hallado en la zona. Sin embargo, no hay rastros de Javier Salomón. 

Una perito que participó en la investigación explicó que en la casa de la calle Amapola se encontró material genético de al menos otras 20 personas. Sin embargo, precisó que pudiera ser de los acusados. 

El Canzón fue asesinado el lunes 2 en la calle 5 de Febrero, en la colonia San Carlos, supuestamente por órdenes de El Cochiloco, jefe de plaza del CJNG en Tonalá, luego de que el primero tenía remordimiento por haber asesinado a los estudiantes y el jefe de plaza temía que fuera a delatarlos. 

La autoridad busca a otros seis sujetos implicados en el homicidio de los tres jóvenes.

Relaciones peligrosas

Edna Judith, tía de Javier Salomón, está vinculada a personas del Cártel Nueva Plaza mediante Elizabeth Alcalá Juárez, suegra de Diego Mejía (pareja de Joana Elizabeth Águila Alcalá), relacionados con el negocio de estéticas o masajes para caballeros.

Edna Judith fue detenida el martes 3, acusada de lenocinio agravado, ya que, de acuerdo con la carpeta de investigación 35243/2018, era administradora de una veintena de estéticas donde se ejercía la prostitución.

Este semanario realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y encontró que a nombre de Edna Judith existe una finca que se ubica en Haciendas de Santa Fe, Sexta Etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con los registros, dicha propiedad la compró el 11 de mayo de 2014 a Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, por 254 mil 649 pesos; para completar el pago solicitó un crédito hipotecario por 67 mil 103 pesos a un plazo de 15 años. 

A nombre de Elizabeth Alcalá se localizaron 10 propiedades. En al menos dos de ellas se encuentran los negocios que administraba Edna Judith. Uno es identificado como Masajes Alcalá y se encuentra en el número 1683 de la avenida Revolución. El otro es Masajes para Caballeros Mediterráneo, que está en avenida Niños Héroes 970, en Guadalajara.

Según la escritura 42685, Elizabeth compró la propiedad de la avenida Revolución el 8 de septiembre de 1998, mientras que la de Niños Héroes la adquirió el 29 de diciembre de 2005 por 1 millón 620 mil pesos, de acuerdo con la escritura 42149.

La Fiscalía de Jalisco identificó a la suegra de Diego Mejía como su testaferro. Sin embargo, existen indicios de que también lo sería su cuñada, de nombre Isis.

Destaca que Isis, siendo menor de edad, compró una propiedad en Guadalajara, en el número 3300 de la calle Marquesa, en la colonia Jardines del Nilo, por 700 mil pesos, el 31 de agosto de 2004, como consta en la escritura 30802.

Sin embargo, según la información recabada, Isis donó dicha propiedad a su madre el 14 de febrero de 2013, y ésta la vendió el 17 de enero de 2018. 

En 2004 Elizabeth compró otro inmueble en Guadalajara, también en la calle Marquesa de Calderón, pero con el número 3343; es de 145 metros cuadrados y pagó por él 1 millón 360 mil pesos. 

El 1 de julio de 2005, según la escritura 37356, la suegra de Diego pagó en efectivo la casa de la calle Francisco López de Gómara 1142, en el fraccionamiento Jardines de la Paz, en Guadalajara. La mujer solicitó en 2008 autorización al municipio para abrir una guardería, la cual todavía funciona.

El 16 de agosto de 2011 compró en 795 mil 195 pesos una vivienda de la calle Joaquín Fernández de Lizardi 3334, colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara. El 29 de diciembre de 2015 compró locales en la colonia Niños Héroes.

La última de sus adquisiciones, con fecha 16 de junio de 2017, fue una casa en Franz Liszt 5558, en la colonia La Estancia, en Zapopan; por ella pagó 3 millones 381 mil pesos.  

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