Revista Proceso # 2190, 12 de agosto de 2018..
El Díaz Ordaz de hoy/
JOSÉ GIL OLMOS
Durante su itinerario político –15 años de militancia en el PRI y los últimos seis en el PAN–, el poblano Rafael Moreno Valle Rosas amasó una fortuna de al menos 100 millones de pesos y un poder político con el cual pretende llegar a la presidencia con la bandera del Partido Acción Nacional en 2024. Le gusta ejercer el poder, incluso a trasmano, una ambición que aprendió de su maestro y paisano Gustavo Díaz Ordaz. Nieto de Rafael Moreno Valle
–quien fue retirado de la gubernatura en 1972 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez–, el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas es proclive al “sultanato”; es decir, a ejercer el poder de manera “personalísima”, concentrando facultades legales y metalegales.
“Un régimen así no soporta contestación alguna”, indica el estudio intitulado Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017). La presencia del autoritarismo subnacional, elaborado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (Uia) campus Puebla bajo la coordinación de Juan Luis Hernández y publicado el año pasado.
Cuando fue gobernador (en el periodo 2011-2017), según el estudio, Moreno Valle Rosas optó por “el modelo Díaz Ordaz”; no permitió ninguna protesta social. En su primer año de gestión, ya tenía el control de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los partidos de oposición, los órganos autónomos electorales, de transparencia y de derechos humanos, además de una buena parte de la prensa poblana.
Manejó a su antojo las finanzas estatales: realizó nueve obras de alto impacto con un costo total de 14 mil 856 millones de pesos bajo el esquema de deuda Asociación Público Privada (APP) y de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) a pagar en un periodo de 10 a 25 años, con lo que disparó la deuda, que llegó a 69 mil 737 millones de pesos, de acuerdo con un análisis de las leyes de ingresos y egresos del estado de 2011 a 2016.
Las malas obras
Algunas de las construcciones de la administración morenovallista fueron cuestionadas por sus irregularidades, opacidad y funcionalidad. La del Museo Internacional de Barroco –que se hizo bajo el esquema de deuda de PPS a pagar en 23 años, por ejemplo– carece de acervo artístico. Al principio se presupuestó en 7 mil 280 millones de pesos, pero la suma se elevó a 18 mil 337 millones por concepto de intereses.
Sin embargo, la que presenta mayores irregularidades es la del Parque Paseo del Teleférico, presuntamente inspirada en una obra de la ciudad alemana Koblenz, que el entonces gobernador panista visitó acompañado por su secretario de Turismo, Francisco Javier Trauwitz Echeguren.
Moreno Valle Rosas otorgó dos contratos por adjudicación directa a la empresa suiza a nombre de Bartholet Maschinenbau A.G. (folios 01/2012 y 10/2012, firmados el 29 y 30 de agosto de 2102) por casi 11 millones de francos suizos (154 millones 260 mil 47 pesos).
Según la documentación consultada, el gobernador panista pagó 50% por el primer proyecto. No obstante, dos meses después se firmó otro convenio de adjudicación directa con la empresa AYPP Constructores por 115 millones 43 mil 499 pesos (ST/CGAJ7No. 01/2012).
Sin embargo, debido a que la casona del Torno, que pretendía habilitar como la estación, es patrimonio nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le negó el permiso. El proyecto se suspendió y se hizo una nueva contratación.
El primer contrato con la empresa suiza desapareció de los registros oficiales. Al final, en agosto de 2014 se hizo una nueva adjudicación directa a la empresa CEMS mediante un contrato por 143.4 millones de pesos (SFA-OP-ADF-2014-031).
Si se pagaron las tres contrataciones, el teleférico costó entonces más de 309 millones de pesos, financiados bajo el esquema de endeudamiento PPS y APP a pagar en 20 años, lo que da una deuda total superior a mil 258 millones.
Otra obra morenovallista es la de las plataformas de Audi, concesionadas a Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, cuyo monto fue de mil millones de pesos a pagar en 14 años, lo que elevó la deuda estatal a casi 18 mil millones.
Una más: el conflictivo segundo piso de la autopista México-Puebla, concesionado a la constructora española OHL y a la Promotora y Operadora de Infraestructura, costó 5 mil millones, pero por el esquema de deuda contratado a pagar en 30 años sube a más de 14 mil millones; es decir, casi se triplicó.
También están el Centro Integral de Servicios (CIS), construido por Grupo Termo Control. Su costo fue de 3 mil 800 millones a pagar en 24 años, por lo que la deuda se eleva a 9 mil 823 millones de pesos, así como la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, encomendada a Edificaciones y Desarrollo de Ingeniería. Su costo inicial fue de mil 622 millones de pesos, pero se incrementó a casi 5 mil millones, a pagar en 20 años.
A su vez, el costo de las construcciones Estrella de Puebla y Parque Lineal encargados a la empresa Maurer German Wheels, que inicialmente se estimó en 400 millones, subió a mil 414 millones de pesos por el endeudamiento a pagar en 25 años.
El nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia que hizo Osa Constructora y Edificadora con un presupuesto de 321 millones de pesos, subió hasta 944 millones por el esquema de deuda a pagar en 20 años.
Un caso similar fue el de la contratación del alumbrado ecológico en seis municipios, asignada a la empresa Infraenergía por 404 millones de pesos y que subió hasta 761 millones por la deuda adquirida a pagar en 10 años.
Como Díaz Ordaz
La investigadora Emma R. Morales García de Alba, quien participó en el estudio mencionado de la Uia, comenta que las obras no fueron concebidas para cubrir las necesidades de servicios básicos, infraestructura y equipamiento en las comunidades visibles, sino para cubrir necesidades de ciertos grupos de inversionistas empresarios y desarrolladores inmobiliarios, y crear “un mundo de percepciones positivas”.
Según el estudio, Moreno Valle llegó al gobierno con la bandera del cambio y la alternancia, pero desde el primer día se trazó un objetivo: construir su candidatura presidencial, y para ello siguió el modelo de Gustavo Díaz Ordaz. Y, al igual que su coterráneo de Chalchicomula, no respetó los derechos humanos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el gobierno morenovallista se registraron 6 mil 479 casos de “quebrantamientos a los derechos humanos” en materia de seguridad jurídica y libertad. Hubo denuncias de espionaje y él aplicó un “ejercicio arbitrario de poder”, peor que el de su antecesor, el priista Mario Marín.
Los investigadores de la Uia campus Puebla señalan: “Rafael Moreno Valle busca ser presidente de la República con un ejercicio de gobierno en Puebla esencialmente autocrático. Peña Nieto gobernó el país como gobernó el Estado de México. ¿Eso es lo que nos espera si eventualmente Moreno Valle llega a ser candidato presidencial y posible triunfador en los comicios presidenciales? ¿Más autoritarismo, represión, espionaje, corrupción, pacto de impunidad entre los partidos y obras públicas con sobre costo?”.
El pasado 28 de mayo, la corresponsal de Proceso en Puebla, Gabriela Hernández, informó sobre una denuncia presentada por un grupo de candidatos a diputados por la coalición Juntos Haremos Historia, quienes revelaron los negocios del exmandatario panista.
Ellos señalaron que Moreno Valle se hizo accionista de la cadena hotelera City Express, la cual creció de manera inusitada durante su sexenio. Tenía 15 hoteles; ahora cuenta con 138, siete de ellos en el extranjero.
“Este es el verdadero rostro del gobierno de Moreno Valle, un gobierno que en seis años recibió más de 300 mil millones de pesos (de presupuesto) y mantiene a Puebla como el cuarto estado más pobre del país, que no utilizó el dinero para tareas de seguridad y que a todas luces sólo usó su cargo para enriquecerse”, sentenció en esa ocasión el entonces candidato a diputado local por San Pedro Cholula José Juan Espinosa.
También declaró que al iniciar su administración Moreno Valle dijo en su declaración patrimonial que tenía 22.3 millones de pesos; para 2015, su fortuna casi se quintuplicó, pues llegó a los 94.4 millones.
Hoy, Moreno Valle busca presidir el PAN, en tanto que su cónyuge Marta Érika Alonso es la virtual gobernadora electa de Puebla. Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, declaró en vísperas de presentar su impugnación ante el Tribunal Electoral Estatal:
“Creo que el PAN está reflexionando sobre Moreno Valle, quien es el político más tóxico de la política mexicana. Lo van a tratar desde lejos porque piensa que con su dinero puede resolverlo todo. ¿Quién se cree? Es el político tóxico de la política mexicana
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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