En los nombramientos castrenses, López Obrador impone su criterio/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán son las dos piezas castrenses con las que Andrés Manuel López Obrador intentará atacar la violencia e inseguridad y, de paso, contrarrestar las críticas ciudadanas hacia las Fuerzas Armadas. En el caso de Sandoval González, quien estará al frente de la Sedena, la nominación fue bien vista porque no es cercano al saliente general Salvador Cienfuegos; con respecto a Ojeda, López Obrador continuó la tradición en la Semar, pero eligió a un marino cercano a Estados Unidos.
En lo que fueron sus designaciones más esperadas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aplicó una doble medida para designar a los nuevos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Al tiempo que mandó un mensaje de acercamiento a Estados Unidos, en el sector castrense mantuvo la expectativa sobre las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en el sexenio que termina.
Con la nominación del general Luis Cresencio Sandoval González al frente del Ejército, un general de división de 58 años, descabezó la línea de mando del saliente general Salvador Cienfuegos, con quien las confrontaciones fueron la constante desde antes de la campaña presidencial.
En la Marina-Armada de México, en cambio, optó por seguir la tradición al nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien formó parte del mando de esa institución en el actual gobierno y está por cumplir 65 años, la edad que lo mandaría a retiro.
Como próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, López Obrador aseguró que los próximos altos mandos del Ejército y la Marina tienen carreras sin mancha en el tema de violaciones a los derechos humanos, luego de 12 años del combate militar al narcotráfico.
Hasta su designación, Sandoval era el comandante de la IV Región Militar, con sede en Monterrey y que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En el sexenio pasado esa jurisdicción militar se vio involucrada en casos de violaciones a los derechos humanos de civiles.
A su experiencia de mando, que incluye su paso en 2016 como comandante de la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, se suma la administrativa y de manera destacada sus cursos de formación en Estados Unidos.
Sus colegas del Pentágono lo conocen por sus cursos en escuelas militares estadunidenses: administración de recursos de defensa, en la Naval Postgraduate School, en Monterey, California; superior de defensa continental, en el Colegio Interamericano de Defensa (CID), en Washington; operaciones de apoyo a la paz y hemisferio occidental y asuntos globales, en el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, y el CID, donde también hizo cursos sobre inteligencia y comando y medios de comunicación. En el Colegio de Defensa del Ejército mexicano se graduó como maestro en administración militar para la seguridad y defensas nacionales.
De mantenerse en el cargo todo el próximo sexenio, Sandoval, el general que nació en Ensenada, Baja California, tendrá todavía un año para seguir en el servicio activo, lo que no ha ocurrido prácticamente con ningún secretario de la Defensa en la historia reciente. Pertenece al arma de Caballería, la misma del general Audomaro Martínez, el militar más cercano a López Obrador, su paisano, a quien apoyó abiertamente desde su primera candidatura presidencial en 2006.
Tradición y ruptura
El almirante Ojeda tiene maestrías en administración naval y en seguridad nacional en el Centro de Estudios Navales, en México, pero forma parte de un cuerpo armado que, desde antes que el Ejército, se acercó a la Marina estadunidense, con la que desde hace años participa en ejercicios navales internacionales comandados por Estados Unidos.
Antes de ser inspector y contralor general de la Marina, fue comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, con sede en Mazatlán, a donde llegó pocas semanas después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en una operación iniciada por la Marina en Los Mochis, pero concretada por la Policía Federal.
El presidente electo sorprendió con sus decisiones en Defensa y Marina. Mandos del Ejército consultados por Proceso dicen que Sandoval no aparecía en las ternas que se barajaban en los mandos castrenses. “Fue algo que no esperábamos”, comentó un jefe militar el pasado miércoles en un foro sobre las fuerzas armadas realizado en la Universidad Anáhuac.
“A los generales que estaban en la línea de mando después del general secretario sólo les queda esperar su retiro y recibir su pensión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas”, declaró un mando cercano al saliente Cienfuegos.
Refirió que ocurrió lo mismo cuando Vicente Fox designó al general Clemente Vega García. Ese movimiento le permitió al panista deshacerse de la plana mayor que entonces estaba identificada con el PRI.
En la Marina tampoco se esperaba la designación de Ojeda Durán. Aunque su nombre sí se mencionaba entre los prospectos, había otro candidato que se daba casi como un hecho: el almirante José Luis Vergara Ibarra, quien incluso en plena sucesión publicó y promovió muy activamente su libro La seguridad nacional de México. Hacia una visión integradora.
El investigador en temas navales Guillermo Garduño, quien durante casi tres décadas fue profesor en el Centro de Estudios Navales (Cesnav), donde tuvo como alumno al próximo secretario de Marina, explica que López Obrador en este caso se ajustó a la tradición de seleccionar al mando más antiguo.
“La Marina tiene una tradición muy importante en la figura del comodoro. No es en modo alguno un grado, sino una jerarquía moral que se establece respecto al almirante de mayor antigüedad”, dice el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El presidente electo retomó esa tradición que se había roto con la designación del actual secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, dice Garduño, quien también fue profesor de la Universidad Naval.
Ojeda fue el alumno más joven de Garduño en la generación 1994-1995 de la maestría en seguridad nacional del Cesnav. Entonces era un capitán de navío y hoy todos sus compañeros de la maestría ya pasaron a retiro. Hasta antes de su nombramiento estaba a punto de la jubilación. Lo mismo le pasó al exsecretario Francisco Saynez Mendoza, el titular de Marina con Felipe Calderón, dice el investigador.
Los criterios de selección
Luego de la sorpresa que causó el lunes 22, cuando anunció las designaciones en su cuenta de Twitter, López Obrador sólo dio a conocer uno de los criterios que aplicó para la selección: que no estuvieran implicados en casos de violaciones a los derechos humanos, como sí lo estaban algunos de los finalistas cercanos a Cienfuegos, sobre todo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Horas después de que Cienfuegos hizo público su reconocimiento al general Sandoval como su sucesor, López Obrador informó que, con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo una investigación sobre los generales y almirantes con posibilidades de ser los nuevos jefes militares del país.
“Confieso que antes de decidir quiénes iban a ser los secretarios de Defensa y de Marina, pedí una investigación, muchas indagatorias, a la CNDH. Y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y almirantes, ya decidí quién iba a ser”, dijo el presidente electo, en el palacio de Lecumberri, que fue la penitenciaria donde fueron encarcelados muchos de los opositores al régimen del PRI y que ahora es la sede del Archivo General de la Nación.
López Obrador no abundó más sobre los otros elementos para decidirse por Sandoval y Ojeda. Sólo dijo que ese mismo criterio aplicará para los otros nombramientos que faltan en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en la Marina, como los subsecretarios, los jefes de Estado Mayor, los inspectores y contralores generales y oficiales mayores, así como el comandante de la Fuerza Aérea, y algunos mandos territoriales y navales que se hacen con el aval del presidente de la República.
Convertido en comandante en jefe de las fuerzas armadas cuando asuma formalmente el poder, López Obrador dio a conocer la aplicación de ese criterio justamente al presentar los resultados de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional.
Reiteró que su gobierno “no le apostará a la guerra” ni ordenará “violencia extrema” contra la población. Sin mencionar a las fuerzas federales, dijo que el Estado “es el principal responsable de la situación de violencia”.
Aseguró que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, la Comisión de la Verdad “llegará al fondo” y negó que con la investigación el Ejército se debilite. “Cuando se actúa con la verdad, las instituciones salen fortalecidas”. Y en lo que podría dar un giro a las actuaciones judiciales hasta ahora, expresó su rechazo a la práctica de “echarle la culpa siempre a los de abajo, a los que reciben órdenes”.
Preocupaciones castrenses
De acuerdo con las consultas de este semanario con militares en retiro, en los mandos salientes de la Sedena y de la propia Marina “hay preocupación” por los temas de violaciones a los derechos humanos que marcaron a las instituciones castrenses en el sexenio que termina: Tlatlaya, Ayotzinapa y Tamaulipas, principalmente.
Los dos primeros casos implican al Ejército y el tercero a la Marina. “Si se quieren hacer las cosas distintas, esos casos tendrían que reabrirse para saber verdaderamente qué pasó. Pero no para quedarse ahí, sino para que se establezcan responsabilidades, desde las órdenes que se dieron hasta la manera en que se cumplieron”, dice un general retirado cercano al equipo de López Obrador, quien prefirió omitir su nombre.
El próximo subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, Alejandro Encinas, ha adelantado que las investigaciones que se pudieran abrir en el trabajo de las comisiones de la verdad anunciadas no serían en contra de las fuerzas armadas, pero si hubiera elementos castrenses implicados se procedería contra ellos.
El reconocimiento de Cienfuegos
Momentos antes de las declaraciones del presidente electo, Cienfuegos Zepeda expresó su reconocimiento a quien será su sucesor, el general Sandoval González: “Es un hombre maduro, experimentado, leal, con muchísima experiencia, y un hombre bastante valiente para tomar decisiones que se tengan que tomar”, dijo en lo que pareció el último capítulo público de la confrontación que tuvo durante mucho tiempo con el ahora presidente electo.
Cienfuegos hizo esa declaración en Huixquilucan, Estado de México, en el campus de la Universidad Anáhuac, luego de inaugurar el foro “La Defensa del Estado Mexicano, marco jurídico para las Fuerzas Armadas”. Poco después de hacer ese breve comentario, el jefe del Ejército subió a la camioneta que lo llevaría de regreso a la Sedena.
Sobre “la valentía para las decisiones que se tengan que tomar” tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Un general que durante todo el sexenio fue cercano colaborador del titular de la Sedena aseguró: “Hemos dejado que la autoridad y la justicia civiles investiguen y sancionen esos casos. Es más, lo hemos hecho desde antes de 2014, cuando se estableció que la justicia militar ya no debe investigar casos en los que hay personal civil involucrado”.
–Pero en el caso de Ayotzinapa no hay claridad sobre el papel del Ejército –le comenta el reportero.
–Nosotros no tuvimos nada que ver. Eso está demostrado en las actuaciones judiciales. Es más, esa noche nosotros fuimos en auxilio de los civiles.
–¿Y la Comisión de la Verdad que ordenó la justicia federal?
–La rechazamos. Parece una celada. No compartimos la decisión de los magistrados y esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que hay imposibilidad jurídica de cumplir esa sentencia.
Resaltó que el próximo presidente seguirá apoyándose en las fuerzas armadas para tareas de seguridad, pero que tiene una ventaja: “El gobierno que se va ya pagó el costo político de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI). El próximo presidente ya no tendrá que hacerlo”.
Tanto Sandoval como Ojeda han sido defensores públicos de la legislación sobre la participación del personal castrense en labores de seguridad interior. Hace ocho años, cuando los militares estaban presionando en el gobierno de Calderón para obtener esa ley, Sandoval González, entonces general de brigada, reprochó a las autoridades civiles por el incremento de la inseguridad:
“Las fuerzas armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública (y) que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”, reportó el 19 de octubre de 2010 el periódico La Jornada sobre la participación del entonces jefe de la Sección Quinta (de Planes Estratégicos) del Estado Mayor de la Defensa, en un seminario realizado en la Cámara de Diputados.
Apenas en febrero pasado, un mes después de que entró en vigor la LSI, Ojeda Martínez aseguró que la presencia de los militares en las calles se debe a las necesidades de seguridad en el país:
“Muchas personas se preguntan el porqué de la presencia de las fuerzas armadas en las calles. Y la respuesta, aunque compleja, es porque respondemos a las necesidades actuales de la sociedad”, dijo el próximo jefe de la Marina, originario de Xalapa, Veracruz.
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