El C. Presidente pide la renuncia de todos los magistrados del TEPJF..
Luego de que ayer miércoles José Luis Vargas fuera removido de la presidencia del TEPJF por sus pares, en una acción que no sabemos aún si es legal o irregular, el C. Presidente López Obrador dijo que el Tribunal Electoral está en crisis, que todos los que lo conforman deberían renunciar, y que el nuevo Magistrado presidente Reyes Rodríguez lo insultó en una ocasión.
¿Lo insultó realmente?
El Presidente mostró en pantalla un tuit del 5 octubre del 2020 en el cual el Magistrado Reyes Rodríguez dijo lo siguiente: "Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional".
Ante esto, AMLO consideró como "degradante" el nivel moral de los jueces.
"Entonces, sí es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos: el INE y el Tribunal.
El quid fue que el tuit es falso...
Tras el escándalo por el mensaje del presidente, un usuario de redes sociales publicó un video donde se atribuyó la autoría del supuesto tuit, que en realidad siempre fue una imagen creada y difundida en Twitter.
“Yo no sabía quién era Reyes Mondragón hasta ayer y realmente no sé hoy, un día después, no tengo idea de porque dijo que habían hackeado su cuenta, yo subí la imagen falsa del tuit que nunca escribió y dejé que la muchedumbre hiciera el resto, amplificar un reclamo que en sus mentes parecía real”, dijo el usuario en una imagen borrosa.
Y resaltó el tema de los tiempos de publicación, pues no cuadran las horas entre el tuit del “viejo culero” con el de “hackearon mi cuenta”, lo cual demuestra que el mensaje es falso y forma parte de las llamadas fake news.
El tuit atribuido a Rodríguez Mondragón tiene fecha del 5 de octubre de 2020 a las 14:22 horas y dice textualmente “ojalá se muera ese viejo culero de palacio nacional”; mensaje que supuestamente fue borrado minutos después de su publicación.
Lo que no cuadra es un mensaje que sí aparece en la cuenta del magistrado y dice “hackearon mi cuenta de Twitter”, el cual tiene fecha del 5 de octubre de 2020 a las 13:19 horas; es decir, antes del tuit que falsamente se le atribuye al funcionario.
Sin embargo, lo que disparó las sospechas en aquella ocasión fue que el propio Rodríguez Mondragón dio de baja su cuenta de Twitter tras la aparición del polémico mensaje, aunque esté nunca fue publicado en su cronología de publicaciones.
Tras el reclamo presidencial Rodríguez Mondragón explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que él no escribió ese tuit y nunca fue publicado en su cuenta de Twitter como afirmó AMLO.
“En ese momento hubo muchas descalificaciones, yo la di de baja (la cuenta) y denuncié. Y el presunto autor lo explicó en un video, como estos tipos de comunicaciones pueden generar noticias falsas. La FGR hace dos semanas notificó el no ejercicio de la acción penal”.
Y reiteró que respeta plenamente al presidente y la investidura presidencial. “Le reitero todo mi respeto al señor presidente de la República“, dijo el recién electo nuevo presidente del TEPJF.
La crisis realmente está en que no hay inteligencia en Palacio Nacional... Grave.
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Las columnas políticas, hoy jueves 5 de agosto de 2021
Templo Mayor/ Reforma
MAL ESTÁN las cosas cuando los encargados de aplicar la ley no se ponen de acuerdo en lo que dice la propia ley. Es por eso que hoy el Tribunal Electoral amanece con dos presidentes. Por un lado Reyes Rodríguez, quien fue electo por los propios magistrados; y por el otro José Luis Vargas, que fue removido por sus compañeros y que se niega a abandonar el cargo.
COMO buenos abogados, ambos lados plantean exactamente lo opuesto... ¡con los mismos argumentos! El destituido dice que su cargo es por cuatro años y que en la ley no se establece la posibilidad de remoción. Sus contrapartes señalan que precisamente la ley les da la facultad de nombrar a quien ocupe la presidencia.
QUIÉN tiene la razón es lo de menos. Lo que realmente importa es que José Luis Vargas es insostenible como presidente del TEPJF. Que cinco de los siete magistrados hayan decidido removerlo no fue una ocurrencia de miércoles. Fue resultado de una larga lista de enfrentamientos, irregularidades y hasta insultos. Después de esto se ve difícil que siga contando con el apoyo del consejero jurídico, Julio Scherer, que tanto presumía tener.
A VARGAS le quedan dos caminos: renunciar dignamente a la presidencia... o convertirse en el Varguitas de "La Ley de Herodes" y tratar de aferrarse al hueso como sea.
POR CIERTO que a quien hay que reconocerle que nunca soltó el caso del magistrado Billetes es a Santiago Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mantuvo el dedo en el renglón de las investigaciones sobre los extraños manejos de dinero de José Luis Vargas, lo que hoy lo tiene con un pie fuera del TEPJF y con el otro pie en una carpeta de investigación.
DICEN QUE el gobierno de la 4T tiene las mejores intenciones... pero los peores resultados. Ejemplos sobran y el más reciente es el del conflicto con los gaseros. Se suponía que la intención era bajar el precio del gas LP, pero provocaron un problemón que puso en riesgo el abasto en buena parte del país.
SI BIEN los distribuidores que reparten el combustible de casa en casa ya anunciaron el fin de su paro de labores, el conflicto está lejos de haber terminado. Resulta curioso que el propio Andrés Manuel López Obrador los haya amenazado hasta con la Guardia Nacional, cosa que no ha hecho contra ningún narco.
ADEMÁS, está la disputa jurídica que viene, pues la decisión de la Secretaría de Energía de fijar un tope al precio, con la CRE como títere, va en contra de la propia Ley de Hidrocarburos, que claramente señala que esa es facultad de la Comisión Federal de Competencia Económica sólo si percibe un mercado distorsionado. Así que no prendan ningún cerillo porque esto huele a gaaas.
QUE en México la libertad de expresión es amenazada todos los días desde Palacio Nacional... no es falso, pero se exagera.
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¿Quién es quién en el ridículo?
Bajo Reserva/EL UNIVERSAL
En este espacio le contamos el 1 de julio pasado que Ana García Vilchis convirtió la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en un show de humor involuntario, gracias a la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”. Pues bien, en esta ocasión pasó de las bromas y el pastelazo al ridículo. Una vez más doña Ana intentó desmentir sin éxito varias notas verdaderas, incluyendo una de primera plana de EL UNIVERSAL, en la que nuevamente utilizó el aplastante argumento de que la información es falsa porque lo dice el gobierno y se acabó. Pero además, criticó un tema de portada del diario Reforma diciendo “no es falso, pero se exagera”. ¿Pues en qué quedamos? Ahora la Presidencia no solo va contra las noticias falsas, sino también contra las verdaderas, que alguien le dé un calmante a la presentadora del reporte, pues con los nervios ya no sabe si son falsas, verdaderas, exageradas, negativas, positivas, o qué cosa. El ridículo que hace la diputada suplente de Morena García Vilchis daría risa, si no fuera un ataque más a la libertad de expresión.
El negociazo de la Mañanera
Y ya entrados en la “Mañanera”, luego de la sección cómica, viene la sección comercial. Nos dicen que quienes agradecen más este ejercicio diario del presidente Andrés Manuel López Obrador son algunos youtubers y blogueros que hacen un negociazo con la conferencia de prensa. En varias ocasiones le hemos hablado de estos personajes que con sus “preguntas” ayudan a agilizar gestiones de asociaciones, sindicatos y demás. A veces, estas “ayuditas” son muy sutiles, pero otras no lo son tanto, como la de ayer cuando un youtuber, de plano, le pidió al Presidente que les pagara a unos ejidatarios de Chihuahua sus terrenos por los cuales, aseguran, no recibieron indemnización del gobierno federal de 1992. “Dos recordatorios o exhortos, presidente. Aquí más o menos año y medio yo le planteé la situación de más de un centenar de campesinos en Creel. Usted dijo que los atendería el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera… la situación no se resuelve, presidente déles una solución, págueles las tierras que gobiernos anteriores invadieron y que siguen teniendo esperanza en usted”, dijo el “periodista” al mandatario. Alguien en estas conferencias suele decir con frecuencia que lo que no suena lógico, suena metálico.
Una buena noticia para Tomás Zerón y Andrés Roemer
Ayer, nos comentan, el gobierno de México recibió una petición por parte de Israel. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores israelíes convocaron a embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellos México, para pedirles que condenen y pongan un coto al terrorismo y la agresión de Irán en la región. México no ha sido un país que haya ido en concordancia con Israel en sus intenciones de condena, así que nos dicen que este caso tampoco será la excepción. Desde luego, una potencial negativa mexicana no hará infelices a todos, pues el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y el señor Andrés Roemer, ambos solicitados a Israel en extradición, el primero acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa y el segundo por violación, seguro celebrarán que la cooperación México-Israel no esté pasando por su mejor momento.
El tema más urgente a resolver
Dentro de la bancada de Morena en la Comisión del Congreso de la Unión, nos dicen, están a la espera de la reacción del Poder Ejecutivo respecto al acuerdo avalado para reivindicar la imagen de la Malinche en la historia oficial y construirle un monumento a manera de desagravio. Senadoras morenistas por Tlaxcala, como Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez, empujaron el tema. Nos dicen que quizá las legisladoras se queden sin respuesta, pues aseguran que algunos en Palacio Nacional consideran que revalorar a esta mujer indígena que apoyó la invasión es ir contra del discurso que exige que España se disculpe. Como verá usted, mientras a algunos ciudadanos en el país les preocupa la pandemia, el desempleo, la inflación, la inseguridad, y algunos otros temas menores, las legisladoras morenistas se ocupan de resolver los problemas verdaderamente importantes de la República.
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Cada año ingresan ilegalmente al país entre 230 y 250 mil armas adquiridas en Estados Unidos/Héctor De Mauleón
El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco llamado Patrick Wood Crusius publicó un manifiesto en el sitio 8chan, en el que se alojaban grupos de extrema derecha, y en donde denunció “la invasión hispana de Texas”.
“Los hispanos tomarán el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas”, escribió.
Minutos más tarde entró en un Walmart ubicado en Cielo Vista Mall, en El Paso. Llevaba protectores auditivos y un rifle AK-47 en las manos.
Comenzó a caminar por los pasillos de la tienda, abriendo fuego contra la gente que se encontraba ahí. Era sábado, cientos de familias recorrían la tienda. Entre éstas, varias formadas por residentes de Ciudad Juárez que habían acudido a aprovechar las ofertas ante el inminente regreso a clases.
“Mi objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible”, declaró el agresor.
En unos minutos 23 personas murieron. 9 eran mexicanos. Hubo 26 heridos. La matanza de El Paso figuró entre las diez peores masacres cometidas en aquel país, en el que en solo ocho meses de 2019 habían sucedido 50 tiroteos.
Walmart es una de las tiendas donde los adolescentes de más de 21 años pueden adquirir armamento.
El canciller Marcelo Ebrard anunció que buscaría imputar cargos al responsable, detenido mientras intentaba huir a bordo de un auto, y buscaría su extradición por “terrorismo contra ciudadanos mexicanos”.
La masacre desató un profuso debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, en medio de la polarización desatada por Donald Trump y la proliferación de grupos de extrema derecha ligados al supremacismo blanco.
Al desarrollar la investigación del caso, el gobierno mexicano constató que con la misma facilidad con que Crusius adquirió el arma homicida para llevar a cabo el ataque en El Paso, los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delictivas adquieren las armas, incluso de alto poder –en supermercados, ferias y por internet— que luego son empleadas en todo tipo de crímenes.
Solo entre 2007 y 2020, más de 160 mil mexicanos fueron asesinados con armas de este tipo.
Según cifras del propio gobierno mexicano, cada año ingresan al país, atravesando la frontera de manera ilegal, entre 230 y 250 mil armas adquiridas en algunas de las 50 mil tiendas que las ponen a la venta en Estados Unidos.
Se afirma que cada 15 días los cárteles resurten su armamento por medio de diversas vías: desde el tráfico hormiga hasta los grandes movimientos en buques y tráileres.
Según la consultoría jurídica de México, “las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de México. Sin embargo, siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias de la mercadotecnia para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad o trazabilidad”.
De ese modo se han detectado armas dirigidas expresamente para el consumo de narcotraficantes: existe en el mercado, por ejemplo, una pistola de cachas nacaradas conocida como “El Jefe”, y hay registro de armas cuyo diseño original puede ser modificado para aumentar su poder destructivo.
La demanda va dirigida contra Smith &Wesson, Barret Firearms, Colt Manufacturing Company; Glock Inc y Sturm y Ruger & Co. Inc., entre otras.
Leyes expedidas en 2004 por el gobierno de George Bush otorgan inmunidad a productores y distribuidores de armas. “México reconoce el derecho de los Estados Unidos de mantener ese marco normativo. No obstante, reclama el derecho de establecer su propia relación con los productores y distribuidores de armas cuando el daño se está produciendo en nuestro país. La demanda exige una compensación económica por los daños que el país ha sufrido y acciones concretas para lograr un comercio responsable”.
El 14 de diciembre de 2012, joven de 20 años, Adam Lanza, asesinó a su madre de cuatro tiros en la cabeza. Con un fusil AR-15 que le había pertenecido a ella, así como con dos pistolas, un Glock y una SIG Sauer, se dirigió a la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en donde más de 450 niños recibían clases.
Ese día iba a ocurrir el tiroteo más mortífero ejecutado por una sola persona en la historia de Estados Unidos.
Lanza caminó por los pasillos, recorrió las aulas. Mató a 20 niños y a seis adultos, y luego se pegó un tiro.
Nueve familias iniciaron una demanda en contra de Remington, la empresa fabricante del fusil, por la manera en que lo había ofrecido al público (a través de un videojuego violento). Hace apenas unos días, después de un largo litigio, Remington propuso a la familia de las víctimas una reparación
Dice el gobierno mexicano que cuenta con argumentos para ganar este litigio, al que “una cuestión de principio y una obligación moral” que contribuya “a la restauración social y económica de innumerables comunidades de México”.
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México pasa de las quejas a la acción contra armas ilegales/Salvador García Soto
El Universal,
Durante por lo menos las últimas dos décadas, los gobiernos de México han tenido una queja constante y permanente en la difícil y dispareja relación con los Estados Unidos: el tráfico ilegal de armas, provenientes del vecino país y que ingresan al territorio mexicano por la frontera común; es una actividad que ha influido para aumentar exponencialmente los niveles de violencia y homicidios por el aumento de armas de alto poder, todas de origen ilegal y fabricadas por compañías estadounidenses, en manos de los cárteles de la droga.
La queja reiterada de México, que se planteó lo mismo en reuniones bilaterales , que en mecanismos y mesas de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, en encuentros de alto nivel con funcionarios y hasta en visitas oficiales de los presidentes de los dos países, nunca tuvo una respuesta efectiva y real del gobierno de Washington que, en distintas administraciones y por los enormes intereses y el poder de la industria armamentista de los Estados Unidos, nunca se comprometió a tomar acciones concretas para frenar el envío y el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga mexicanos.
Por eso cobra importancia la denuncia que el gobierno federal interpuso ayer ante las Cortes de Justicia de los Estados Unidos, en contra de grandes compañías fabricantes de armamento, a las que se acusa de incurrir en prácticas que fomentan la venta y el tráfico ilegal de armas a criminales mexicanos, además de pedir una “compensación económica” por el enorme daño que la presencia de esas miles de armas de origen estadounidense, han provocado a la sociedad mexicana por el aumento de los niveles de violencia en los últimos 20 años y tasas de homicidio, que ya rebasan los 320 mil mexicanos asesinados entre los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
Lo interesante de la demanda civil de daños que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, es que por primera vez —en un tema prioritario para México e ignorado por Estados Unidos en la relación bilateral— el gobierno mexicano decidió pasar de las quejas a la acción y, en la denuncia presentada en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, lugar donde están asentadas las empresas demandadas, acusa a poderosas compañías armamentistas estadounidenses de incurrir en “prácticas negligentes” que han provocado un “daño directo e indirecto” al Gobierno de México.
Las empresas de armas a las que demanda directamente la SRE son Smith & Wesson Brands; Barret Firearms Manufacturing Inc; Beretta USA Corp.; Beretta Holding SPA; Century Internacional Arms Inc; Colts Manufacturing Company Lic; Glock Inc.; Glock Ges.MBH; Sturm Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Groupo, Inc D/B/A Interstate Arms. Todas ellas, dice el texto de la demanda, “tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean utilizadas para actividades ilícitas en México”, además de que el gobierno mexicano acusa a esas compañías de que “facilitan y apoyan el tráfico de armas a México” porque “todas ellas tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas” a nuestro país.
La demanda, que fue elaborada por los abogados de la cancillería mexicana, en un proceso que, según dijo Marcelo Ebrard ayer en la conferencia mañanera, tardó dos años en redactarse, se fundamenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el Caso “The Shappire, 78 U.S. (11 WALL.) 164,167 (1871), que habilita a que un gobierno extranjero pueda demandar en cortes estadounidenses si tiene una demanda civil contra cualquier persona en los Estados Unidos. Con base en eso, se pide que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes en un monto (económico) que sea determinado en el juicio, además de que solicita que las compañías armamentistas demandadas "desarrollen e implementen estándares, lo suficientemente razonables, para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores para que desarrollen mecanismos de seguridad en sus armas y herramientas que prevengan que éstas sean utilizadas por personas no autorizadas”.
Veremos cómo le va a la demanda del Gobierno de México en las Cortes estadounidenses y qué tanto impacta políticamente esta acción histórica de las autoridades mexicanas que toca a la poderosa industria armamentista de los Estados Unidos, que tiene vínculos políticos y financia tanto campañas y políticos demócratas como republicanos. Ayer ya había reacciones políticas contra la demanda mexicana, sobre todo en el lado republicano, mientras las compañías demandadas respondieron a través de declaraciones de la Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de EU (NSSF) que contraatacaron acusando al gobierno mexicano de buscar un “chivo expiatorio” para eludir su responsabilidad en la actividad criminal y la corrupción imperante en el país.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras", respondió ayer Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, una asociación que agrupa a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego en los Estados Unidos.
No hay duda que esta denuncia de México, llevada a la Corte del Distrito de Massachusetts, tendrá repercusiones en la relación bilateral y se ve difícil que la justicia estadounidense le dé la razón a nuestro país en una demanda que tiene décadas siendo ignorada por distintas administraciones de Washington; pero tampoco hay duda que la decisión de demandar representa un giro interesante e histórico en la posición de México en materia de cooperación para la seguridad bilateral y el combate al narcotráfico, donde nuestro país y sus gobernantes se han resignado a la dolorosa realidad en la que nosotros ponemos los muertos y ellos, los estadounidenses, el consumo sin control y se quedan con la mayor parte de las multimillonarias ganancias que genera el tráfico de drogas.
NOTAS INDISCRETAS…
La destitución de José Luis Vargas, aprobada en su ausencia y por mayoría unánime de cinco magistrados que decidieron ayer deponerlo por considerar que su actuación como presidente de Tribunal Electoral federal ha sido “censurable” y “carente de ética”, terminó por exponer la profunda fractura y las diferencias que se ahondaron durante la gestión de Vargas. El bloque conformado por Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante, que siempre estuvo en contra del ahora depuesto presidente, terminó por sumar el voto de Felipe Fuentes Barrera, quien después de haber sido aliado de Vargas, terminó siendo traicionado por éste, que lo mandó investigar y lo acusó de usar recursos del tribunal en sus autos particulares. Al final, con la suma de Fuentes al bloque mayoritario, el magistrado Vargas se quedó solo con el apoyo de la magistrada Mónica Soto que fue la única que ayer no avaló la sesión en la que se votó unánimemente su destitución. A Vargas no sólo le faltó mano izquierda y operación política para tratar de transitar con sus compañeros magistrados, sino que las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía Anticorrupción en su contra, que aunque fueron desechadas por la FGR y luego reiteradas por Santiago Nieto, terminaron por afectarlo también en su autoridad interna, además de su imagen externa. Lejos de negociar u operar con sus pares, José Luis Vargas se confrontó y desoyó las quejas y peticiones que le hicieron varios magistrados. El rompimiento comenzó la semana pasada cuando, en una sesión de la Sala Superior, el magistrado presidente acusó que el “no votaba en manada”, aludiendo al bloque de sus compañeros, lo que le valió reclamos airados de Janine Otálora y los demás magistrados. Y aunque al final terminó disculpándose por su expresión, la realidad es que el acuerdo para destituirlo ya estaba armado sólo por los cinco magistrados en la sesión de ayer para que Felipe de la Mata lanzara la propuesta de deposición y revisión de su gestión por parte del pleno. La reacción de Vargas de suspender intempestivamente la reunión para que no se procesara ni votara la propuesta del magistrado De la Mata, resultó contraproducente, pues en un virtual “golpe técnico”, con base en la legislación electoral, la mayoría de ministros, incluida Mónica Soto, firmaron una orden para una nueva sesión en la que se discutiera el tema y esa carta ya apareció firmada por la magistrada Otálora en calidad de “presidente por ministerio de ley” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anoche el magistrado Vargas desconoció su destitución y acusó a sus compañeros de “usurpación de funciones”. Veremos en qué termina el rompimiento abierto y golpe técnico en el Tribunal que aún debe calificar varias de las elecciones estatales del pasado 6 de junio que fueron impugnadas con demandas de nulidad por los partidos…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
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Historia para leerle al presidente antes de dormir/Carlos Loret de Mola
Ahora el Tribunal ostenta dos presidentes: uno electo, bajo procedimiento de ley, y otro aparentemente de facto. | Roberto Rock L.
La Silla Rota, 05/08/2021;
rockroberto@gmail.com
Inmerso en la revisión de impugnaciones a los comicios más complejas en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convulsionó ayer bajo la presión de múltiples actores que buscan proteger intereses en juego, aun si con ello derrumban la credibilidad y solvencia jurídica de una institución que ha tomado al país 35 años construir.
Los reflectores se dirigieron de inmediato a la figura de Arturo Zaldívar, presidente de la Corte (recién desempacado de sus vacaciones en Nueva York, difundidas profusamente en redes sociales), cuyas huellas digitales parecerían figurar en esta crisis, en favor de uno de los bloques en pugna.
Un grupo de magistrados que se declararon inconformes con el desempeño del presidente del Tribunal, José Luis Vargas, electo en noviembre pasado por un periodo de cuatro años, armó ayer dos sesiones fuera de agenda en las que anunciaron que aquél sería depuesto, y "designaron" en su lugar primero a Janine Otálora y, poco después, a Reyes Rodríguez Mondragón.
Vargas rechazó esta determinación de los magistrados disidentes y llamó a sostener dos reuniones este jueves en busca de un acuerdo. Pero anoche mismo anunció que presentará una controversia para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de lo ocurrido y defina a quién le asiste la razón.
Zaldívar Lelo de Larrea tiene la responsabilidad (artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) de "conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación...".
El citado magistrado Rodríguez Mondragón pertenece al Tribunal desde noviembre de 2016, posición a la que fue impulsado por el Partido Acción Nacional gracias a sus antecedentes como funcionario en Los Pinos durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), pues se desempeñó en el área de Comunicación Social y luego fue secretario de Roberto Gil, entonces secretario particular del propio Calderón Hinojosa.
Gil Zuarth protagoniza una sorda confrontación con el gobierno de López Obrador, que lo ubica, con o sin pruebas claras, como actor clave en diversas conspiraciones políticas en contra de Palacio Nacional. Esa pugna derivó en días pasados en versiones extraoficiales de que el señor Gil es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera a causa de supuestos registros irregulares en sus declaraciones fiscales. En tal contexto, la inopinada designación de Rodríguez Mondragón (aplaudida en redes por el expresidente Calderón) fue interpretada desde el primer momento como un acto de provocación política.
La situación provocó ayer un intenso cruce de llamadas telefónicas entre funcionarios de Palacio Nacional, la Corte y el Senado, donde está radicada constitucionalmente la designación de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre ellos los del Tribunal. El líder de la fracción de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, emitió en sus redes sociales un urgente llamado a los tres poderes del Estado para evitar lo que denominó una "crisis constitucional".
La revuelta de magistrados electorales estuvo acompañada por la toma de oficinas y reclamos de renuncias contra diversos funcionarios del Tribunal. Anoche mismo el contralor, Enrique Sumano Cancino, que respalda la revuelta, mantenía sitiadas las oficinas del secretario general de Acuerdos, Carlos Vega Baca, una instancia clave en la asignación rotatoria, a cada integrante del pleno, de las impugnaciones que se presenten contra elecciones locales y federal, en particular sobre comicios para renovar gubernaturas.
En los días previos a esta crisis se había elevado la tensión interna en el Tribunal en torno a la inminente asignación del caso Nuevo León, donde diversos actores demandan la anulación de los comicios en los que resultó ganador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Una semana antes, la columna periodística de Carlos Loret de Mola en "El Universal" había revelado que tres magistrados electorales, entre ellos el citado Reyes Rodríguez, se habían reunido en privado en Monterrey con el señor García, ahora virtual gobernador electo, y con su esposa, la "influencer" Mariana Rodríguez, lo que contraviene las prácticas básicas de la justicia electoral.
La gestión de José Luis Vargas ha sido accidentada desde su inicio, pues resultó electo a causa de un desacuerdo interno en lo que fue un bloque mayoritario de cuatro magistrados: Felipe Fuentes (entonces presidente saliente), Mónica Soto, Felipe de la Mata y el propio Vargas. Fuentes pretendía ser reelecto, para lo que contaba con el respaldo del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
De acuerdo con testimonios recogidos por este espacio, la existencia de esta imposición externa, sin esfuerzo aparente de consenso interno, incomodó al resto de ese grupo, entonces cohesionado. En particular a la señora Soto, quien se colocó en un punto de ruptura al manifestar su interés en ser ella la electa. Las prolongadas fricciones derivarn en que Vargas se perfilara como tercero en discordia.
La irritación resultante, presumiblemente avalada por el ministro Zaldívar, indujo la inestabilidad que ayer trajo la referida convulsión, precedida por el surgimiento de una alianza entre los magistrados Fuentes y De la Mata con los integrantes del que fuera el bloque minoritario disidente: Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indálfer Infante.
Ahora el Tribunal ostenta dos presidentes: uno electo, bajo procedimiento de ley, y otro aparentemente de facto. Eso lo hace entrar en vilo, jurídica y políticamente. Las resoluciones que tome bajo esta circunstancia podrán ser atacadas fácilmente por los actores sujetos a la justicia electoral. Toda validación de los recientes comicios queda en un peligroso suspenso. Una institución clave para nuestra vida en democracia se asoma al precipicio.
@@A dos años de la masacre en El Paso, Texas/ Fred Alvarez Palafox
La matanza en El Paso, Texas es el séptimo tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de EU y el tercero más mortífero en Texas. | Fred Álvarez
La Silla Rota, 04/08/2021
@fredalvarez
opinion@lasillarota.com
En una ceremonia bilingüe y binacional, con la participación de representantes de México y Estados Unidos, fue inaugurado el Healing Garden (jardín de sanación) en el Parque Ascárate de El Paso, Texas en memoria de las 23 víctimas de la masacre de Walmart, ocurrido la mañana del 3 de agosto de 2019.
Aquella mañana de sábado, Patrick Wood Crusius entró armado con un fusil de asalto –AK-47– en la tienda comercial y comenzó a disparar contra la gente; 23 personas murieron y otras 24 resultaron heridas. El atacante fue detenido y las autoridades le atribuyeron un documento, publicado online, en el que apoya puntos de vista de nacionalismo blanco y racismo.
¡El impacto fue durísimo!
(Véase Masacre en Texas en la Silla Rota)
"Bienvenidos al segundo aniversario de una tragedia, pero que resultó dándonos aún más fuerza, más fe como personas y como la gran comunidad que somos", abrió en español el evento el juez del Condado, Ricardo Samaniego, antes de proceder al inglés. Minutos antes pudo caminar y admirar los 23 cipreses italianos recién plantados, uno por cada víctima.
En ese segundo aniversario, y como muestra del espíritu solidario se interpretaron los himnos nacionales de EU y México, y ondearon las banderas de ambos países.
Un pastor cristiano hizo una oración para dedicar el jardín, que busca ser un espacio de meditación que ponga fin al odio racial.
Los mexicanos llevamos muy en el corazón a las 23 personas que perdieron la vida, a sus familias, a los y las que fueron heridos", dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), presente en el acto. Marcelo condenó la matanza como un acto de "terrorismo" vinculado al supremacismo blanco de EU. Hace dos años pidió la extradición del autor de la masacre, un hecho imposible de ser concedido.
Biden alza la voz y condenó los hechos
El presidente norteamericano, a través de un artículo de opinión publicado en el diario "El Paso Times", condenó los actos de odio contra los inmigrantes.
En el texto Biden, envió su "amor" y apoyo a los seres queridos de las 23 víctimas del tiroteo de El Paso, que marcó la peor masacre de hispanos de la historia reciente.
"Este día sombrío es un recordatorio del trabajo que queda por hacer para sanar el alma de esta nación", escribió.
El autor de ese tiroteo precisó "pensó que su odio hacia los inmigrantes podría resultar más poderoso que la cultura y la vitalidad de la gente" de El Paso, pero "se equivocó", opinó el presidente demócrata...
"Sin embargo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha confirmado lo que la gente de El Paso sabe muy bien: la amenaza terrorista más letal para nuestra patria en los últimos años ha sido el terrorismo doméstico basado en el supremacismo blanco", subrayó.
"No podemos ignorarlo. Debemos enfrentar a la propagación de la violencia llena de odio en todas sus formas", agregó.
Biden aseguró que su Gobierno está "tomando medidas para reducir la radicalización en línea y el reclutamiento con fines violentos", e insistió en la necesidad de un mayor control de armas de fuego.
Recalcó que el Congreso debería "prohibir las armas de guerra, las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, tal como los que se usaron para devastar y herir" a las víctimas del tiroteo de El Paso.
Asimismo, y coincidentemente con motivo del aniversario de la masacre, Biden recibió en la Casa Blanca a representantes de la comunidad latina, para hablar de la reforma migratoria, su agenda económica o sus planes para proteger el derecho al voto.
Una demanda contra empresas de armas
Por su parte, el gobierno de México demandó ayer miércoles, a un grupo de empresas de armas de EU acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México.
La SRE informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, precisando que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense, sino contra algunos de los mayores fabricantes de armas.
La decisión del gobierno mexicano, busca reducir el tráfico de armas, pues actualmente muchas de las utilizadas en homicidios en México –7 de cada 10– vienen de aquel país, y se busca una compensación por daños, que se estima en hasta 10 mil millones de dólares.
No sabemos si la demanda prosperará, pero bienvenida..
Hace unos meses la justicia de Alemania multó a fabricantes de armas alemanes, por más de tres millones de euros de multa por la venta ilegal de miles de fusiles a cárteles de la droga de México.
Es la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en EU.
“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la demanda.
Incluso cita como ejemplo tres armas fabricadas por Colt que parecen estar enfocadas directamente a una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro de Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”. (NYT).
El gobierno mexicano está representado por abogados de Hilliard Shadowen, un bufete de abogados de Texas especializado en demandas colectivas, y por Jonathan Lowy, abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence, la organización de control de armas.
Y eso cuesta dinero. En tanto, empresas que La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de EU (NSSF, en inglés) dijo que la demanda carece de sustento.
"El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras", dijo Lawrence G. Keane, el abogado general de la NSSF, que congrega a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego de EU.
De acuerdo con la NSSF, las acusaciones del Gobierno de México son patentemente falsas dado que las armas de fuego son vendidas en EU de acuerdo con leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
"En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia", dijo Keane.
Muy duro!
La NSSF criticó que uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.
PD. ¿Y cómo va el caso penal del criminal de El Paso?
Patrick Wood Crusius, se encuentra en prisión en El Paso en espera de juicio; se le acusa de hasta 90 cargos federales y estatales, entre ellos crímenes de odio racial. La fiscalía pide se le imponga la pena de muerte.
Crusius, hasta el momento se ha declarado inocente y sus abogados defensores dicen que padece "discapacidad mental" grave. El proceso penal inició el jueves 10 de octubre de 2019 en el Tribunal de Distrito 409 del estado, presidido por el juez Sam Medrano.
La fiscal de distrito Yvonne Rosales, dijo recientemente que la pandemia ha retrasado los juicios, y que busca la pena de muerte. La próxima audiencia se pospuso del 3 de agosto hasta el 18 de noviembre.
Los costos del juicio, incluidos abogados y psiquiatras, ascenderá a millones de dólares, todo ello será pagado con los impuestos de ciudadanos texanos.
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