Golpe blando! Cuidado..Todo cambia dice la canción de Violeta Parra.
El C. Presidente López Obrador confiesa en mañanera que cambiará las leyes con los votos de Morena y aliados, sabe que no podrá modificar la Constitución - no tiene los votos-, y para no "violar la ley", dejará al final el caso en manos de la @SCJN; seguir la ruta de la Ley Eléctrica.
Y para poder conseguirlo necesita sólo 4 votos de los ministros, ya los tiene. ¡Cochinero!
Es decir, apuesta a que, anticipando que habrá controversias constitucionales para echar para abajo el decreto, cuente en la Corte con los votos necesarios para que no se revierta la decisión, ya sea un un simple acuerdo o modificación a la Ley..
¿Qué dijo hoy?
Afirmó que el Poder Judicial será el encargado de resolver si es constitucional o no que la GN pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Enviará la iniciativa para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo.mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores no están trabajando, todo lo rechazan, están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes. Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar al Congreso.
"Va ser el Poder Judicial el que va resolver, como sucedió con la reforma eléctrica.
Esa manera de operar de AMLO va como dice Enrique Quintana hoy, en contra en contra de uno de los principios básicos que da estabilidad y certidumbre a las inversiones: la certeza jurídica.
Es un desprecio del presidente al marco jurídico, una mentada de madre.
Los ministros que podría hacer el papel de paleros son i) Loreta Ortiz en primer lugar, ii) segundo el presidente Arturo Zaldivar que cuando se vote ya no será presidente ya que aspira a brincar al cargo de fiscal de la FGR; iii) YASMÍN ESQUIVEL y ii) ALFREDO GUTIÉRREZ.
Presidente se ve ud como un golpista, con todo respeto, y sin respeto también.
El general Secretario le debe decir NO al Presidente..; Recordemos que AMLO quizo que el presidente de la la SCJ extendiera su mandato y se hubo varios veces con el tema , hasta que Arturo Zaldiva dijo no..
Esta es la ruta como lo publica Reforma hoy...
Un decreto para transferir la Guardia Nacional a la Sedena podría abrir las siguientes vías jurídicas:
Controversia constitucional
° La pueden presentar las cámaras del Congreso ante la Corte.
° Sería por invasión del Ejecutivo al ámbito de competencia del Legislativo.
° El Ministro o Ministra instructor podría suspender el acuerdo o decreto.
Reforma a la Ley de la GN
° La aplicaría el Congreso hasta septiembre que reanuda sesiones.
° Podría ser objeto de Acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
° Al menos 33% de diputados o senadores, o la CNDH, la podrían presentar.
° Los Ministros no podrían suspender las leyes impugnadas.
° Organizaciones también pueden promover amparos, pero es una vía más larga.
Amparos
° Organizaciones civiles podrían promoverlos ante cualquier juez federal.
° Algunos podrían suspender el decreto con efectos generales.
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MEXIT: Advierten riesgos devastadores por salida del T-MEC
Si México optara por salirse del tratado comercial con EU y Canadá (T-MEC), como hizo Gran Bretaña de la Unión Europea, las consecuencias para su economía serían devastadoras, advirtieron especialistas.
Si bien el escenario es poco probable, anticiparon que la consecuencia inmediata sería una crisis financiera por el freno a las inversiones y la salida masiva de capitales.
"Un anuncio formal de México para retirarse del tratado afectaría los mercados, entonces ahí está una de las consecuencias inmediatas: la crisis financiera", advirtió Adrián Vázquez, socio de Vázquez Tercero y Zepeda, despacho de abogados en comercio internacional.
"Muchas de las inversiones planeadas se irían a EU porque este concepto de nearshoring ya no tendría razón de ser en México, y poco a poco algunas inversiones se saldrían de México".
Rafael García, director de la consultoría E&CEX, destacó que la salida provocaría una fuga de capitales y restaría competitividad al País.
Además, es posible que el País pierda posición en el mercado estadounidense y sea desplazado por Argentina, Brasil, Corea y Japón, detalló.
Por su parte, Manuel Molano, profesor del Tecnológico de Monterrey, indicó que la posible salida del México del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) implicaría un retroceso económico del País. (Reforma, nota Frida Andrade).
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OCHO COLUMNAS 9 DE AGOSTO:
1. Reforma. ACUSAN GOLPE A CONSTITUCIÓN. Enfila Presidente Guardia Nacional a Sedena
2. El Universal. OPOSICIÓN IRÁ A LA CORTE POR DECRETAZO DE AMLO SOBRE GUARDIA NACIONAL. El acuerdo para integrar este cuerpo de seguridad a la Sedena es inconstitucional, dicen a El Universal expertos y líderes del PAN, PRI, PRD y MC en el Congreso
3. La Jornada. EMITIRÁ PRESIDENCIA DECRETO PARA QUE LA GN PASE A LA SEDENA. López Obrador rechaza que transgreda la Constitución
4. Milenio. LA FGR PUSO MARCA PERSONAL A PEÑA NIETO DESDE OCTUBRE 2020. El MP ya cuenta con documentación personal y pública del ex mandatario, como ingresos y salidas, pasaporte, ubicación de domicilios, licencia de conducir y hasta el INE
5. Excélsior. GN SERÁ PARTE DE LA SEDENA, POR DECRETO. Se busca proteger a la Guardia: López Obrador
6. El Financiero. PREOCUPA INFLACIÓN A CEO’S DE EMPRESAS EN BOLSA. Las operaciones seguirán afectadas por altos precios: directivos
7. El Economista. INGRESOS EXCEDENTES NO HAN COMPENSADO COSTO DE ESTÍMULOS A LAS GASOLINAS. Por IEPS a gasolinas y complementarios, 161,445 mdp sin captar
8. La Razón. AMLO ANUNCIA "ACUERDO" PARA QUE GN PASE AL EJÉRCITO; OPOSICIÓN REBATE. Anticipan recurso de inconstitucionalidad
9. 24 Horas. EXPRIME GOBIERNO A LOS FIDEICOMISOS. Obtiene 65 mil millones de pesos
10. Reporte Indigo. A LA SEDENA, POR DECRETO. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió eludir al Legislativo con un decreto para que la Guardia Nacional sea formalmente parte de la Defensa Nacional; opositores aseguran que el asunto acabará por definirse en la SCJN
11. La Crónica. AMLO PASA POR DECRETO LA GUARDIA NACIONAL A LA SEDENA. “Ya la cuestión operativa está a cargo de la Defensa", señala el Presidente
12. El Sol de México. AMLO PASA GUARDIA NACIONAL A LA SEDENA. López Obrador adelanta que su acuerdo se publicará esta semana y reestructurará SSPC
13. El Heraldo de México. EMPUJÓN, A TREN MAYA Y GUARDIA NACIONAL. Un juez concedió suspensiones definitivas a 2 de 3 amparos contra el Tramo 5, en tanto, el Presidente prepara decreto para pasar al cuerpo policiaco a la Sedena y reestructurar la SSPC.
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Las columnas políticas hoy, martes 9 de agosto de 2022
Pasan a la báscula al titular de Aduanas
Bajo Reserva/ El Universal
La mañana del pasado sábado, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegó el jefe de las Aduanas, Horacio Duarte, para abordar un avión comercial rumbo a Manzanillo, Colima, para acompañar al presidente López Obrador a una supervisión en ese puerto. Nos detallan que poco antes de las 8 de la de la mañana, don Horacio llegó a la sala 20 y se formó para abordar la aeronave. En ese momento, una trabajadora de seguridad le indicó a Duarte que saliera de la fila para hacerle una revisión. Un poco sorprendido, el exaspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México accedió a esta revisión, la cual para muchos pasajeros es molesta, pues tienen que sacar todos los objetos que lleven en el equipaje de mano, y esperar a que los encargados de seguridad les pasen un detector de metales por el cuerpo. Nos aseguran que la revisión no fue un asunto armado y que es casi un hecho que el empleado de seguridad no tenía idea de que al pasajero que pasó por la báscula es el machuchón de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Reunión de corcholatas del Edomex
El pasado viernes hubo una comida para celebrar el cumpleaños de Anuar Azar Figueroa, el presidente del PAN en el Estado de México, a la que asistieron priistas y panistas. Nos dicen que en la mesa principal estuvieron el propio festejado, así como Enrique Vargas, destapado abanderado panista al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral y Laura Barrera, dos de las aspirantes priistas a la candidatura tricolor a la gubernatura, entre otros invitados. Nos cuentan que se hablaron varias cosas, pero la principal, es que coincidieron en que no habrá rompimiento, ni con el gobierno que encabeza Alfredo del Mazo, ni con el compromiso de las tres fuerzas políticas de construir una alianza para enfrentar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, quien ya está designada por su partido para buscar arrancarle a la oposición, en 2023, la entidad cuyo peso electoral es clave para ganar la elección presidencial de 2024.
La extraña ausencia de la secretaria del Trabajo en la mina
Son varias las teorías acerca de la razón por la que no se ha visto a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estar cerca de las labores de rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Una de ellas, nos hacen ver, es que no quieren que el nombre y la imagen de doña Luisa se asocie con la tragedia de la mina, y que vengan preguntas incómodas sobre qué ha hecho la dependencia a su cargo para evitar que este tipo casos sigan sucediendo. Aseguran que es posible que dentro del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación estén pensando en la joven funcionaria federal para alguna candidatura y que no quieren que la corcholata se le vaya a abollar. Otros señalan que la ausencia no tiene nada de extraño, sino que se debe, simplemente, a que la titular de la Secretaría del Trabajo tiene, precisamente, mucho trabajo, y una agenda muy apretada.
Incómoda memoria de las benditas redes sociales
“No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de seguridad”, esas fueron las palabras del Andrés Manuel López Obrador de 2010, y que ayer se hicieron virales en las redes sociales. Diversos usuarios criticaron el cambio de discurso del primer mandatario, quien 12 años después anunció ayer que publicará un decreto para que la Guardia Nacional, que estaba concebida como una institución civil, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el video de más de 2 minutos, López Obrador dice que la solución es atender las causas sociales como dar empleos y atender a los jóvenes. Y remata: “No podemos aceptar un gobierno militarista (…) que regresen los soldados a los cuarteles”. Las benditas redes sociales tienen una incómoda memoria, nos hacen ver.
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Templo Mayor en REFORMA
EL DECRETAZO de Andrés Manuel López Obrador confirma lo que tanto se temía en la 4T: la Guardia Nacional fue un fracaso. Y no es cuestión de política, sino de aritmética.
LA ORDEN presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, obedece principalmente a que sin soldados y marinos, esa corporación quedaría en los huesos.
DE ACUERDO con la reforma que le dio vida, los elementos castrenses deben reincorporarse a la Sedena y a la Marina al concluir este sexenio. ¿Y por qué no los quiere devolver AMLO? Porque se quedaría con apenas 23 mil efectivos en la Guardia Nacional, ya que los otros 90 mil, en realidad, son militares. Un fracaso en resultados y en su integración.
ESTO quiere decir que el gobierno fue incapaz de convencer a mujeres y hombres de sumarse a su proyecto de seguridad. Pero, sobre todo, que contrario a lo que se ha dicho en Palacio Nacional, este gobierno se sostiene gracias a las Fuerzas Armadas, no al apoyo popular.
GRAN ALEGRÍA causó la versión de que Elena Álvarez-Buylla podría dejar el Conacyt para irse a la SEP. La alegría, por supuesto, fue del sector científico nacional que ya no puede más con la doctora que cree que existe la "ciencia neoliberal".
Y ES QUE con todo y que fue Premio Nacional de Ciencias, Álvarez-Buylla ha dedicado su gestión en el Conacyt a ir en contra del conocimiento, al privilegiar la ideología sobre la ciencia. Su legado no es como para un Nobel: una persecución judicial contra científicos, el desmantelamiento de apoyos para profesores universitarios, la imposición irregular de un director en el CIDE y, claro, la farsa de los respiradores y la vacuna Patria para el Covid-19.
PERO, sin duda lo más escandaloso de su gestión es el saqueo de los recursos para ciencia y tecnología, para entregárselos a las obras favoritas del Presidente. Apenas el viernes pasado, tuvo una reunión virtual con legisladores y ahí reconoció que el apoyo a académicos terminó en las pistas del desolado AIFA, por ejemplo.
SI LA IDEA es terminar de demoler a la Secretaría de Educación Pública, la designación de Elena Álvarez-Buylla es más que merecida.
TAL Y COMO dice el Presidente, en el norte de México hay sequía y en el sureste lo que sobra es agua para que se instalen allá las empresas cerveceras. El problema, sin embargo, es que no hay la suficiente infraestructura, ni abasto eléctrico y mucho menos certeza para las inversiones. Gracias a las empresas cerveceras mexicanas, nuestro país es el primer exportador de este producto en el planeta. Además, se generan 55 mil empleos directos y más de 700 mil indirectos, por lo cual sería bueno que AMLO platicara con el sector cervecero antes de seguir derramando la espuma de las ocurrencias. ¡Salud!
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Confidencial
‘Las vueltas que dio la vida…’/ Confidencial .
El Financiero,
Como era de esperarse, las redes sociales fueron un hervidero luego del anuncio de López Obrador de que, por la vía del decreto (“acuerdo”), hará que la Guardia Nacional pase a quedar adscrita a la Defensa. Circularon profusamente declaraciones de AMLO cuando era dirigente opositor, en 2010, advirtiendo que “no es con el Ejército que se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”, exigiendo “que no se utilice al Ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles” y dejando en claro que “no podemos nosotros aceptar un gobierno militarista”. Como dice la interpretación de Rocío Durcal, “cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas…”.
Parlamento electoral de ‘sordos’
Cada quien va con su música y su narrativa por su lado. Los de la oposición en San Lázaro no acuden a los foros de Morena y sus aliados, y los de la 4T no asisten a las mesas de Va por México para escuchar a los ponentes invitados. A los primeros temas, como la integración de ayuntamientos y alcaldías, la segunda vuelta electoral, la urna electrónica, entre otros, la oposición no fue a escuchar a los expositores. Mientras que a las ponencias de José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, en la primera mesa llamada Evolución de las reformas y la visión hacia el futuro, que organizaron PAN, PRI y PRD, tampoco llegaron los de la 4T.
¿Mensaje al electorado de BJ?
Ayer, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la fiscalía local detectó 10 empresas fantasma “vinculadas al cártel inmobiliario” de la Benito Juárez. Consideró que “está muy extraño” que el hoy líder de los diputados federales panistas, Jorge Romero, “no estuviera enterado” de que, cuando gobernaba la demarcación, algunos funcionarios otorgaban permisos de construcción irregulares. Y remarcó que por ello “se les acusa de enriquecimiento ilícito, y trabajaron en muchas administraciones (del PAN)... y es importante que lo conozcan todos los habitantes de la ciudad y particularmente de la Benito Juárez”.
Justicia tortuosa
La escena del video que se difundió hace unos días en redes sociales, donde se observa a un policía de la CDMX poniendo una bolsa de plástico a un detenido, al tiempo que le propinaba golpes en la cabeza, es suficiente para que la persona agredida esté en libertad por actos de tortura, aunado a que los abogados ya acreditaron alteración del reporte policial sobre la detención y falta de pruebas contra el aprehendido. Pero, lejos de ello, la fiscalía capitalina consignó el caso a un juez, y a su vez el juez dictó prisión preventiva. La víctima lleva ya dos meses en prisión y su caso, lejos de la revisión.
Compromisos ambientales
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recordó que los presidentes Biden y López Obrador realizaron una declaración conjunta en la que adoptaron “una América del Norte limpia, reconociendo la importancia de invertir en fuentes de energía renovable, y promoverlas”. Por esto, míster Ken aseguró que “este compromiso debe trascender los desafíos políticos del momento”. Lo curioso es que ese compromiso que habría asumido el mandatario mexicano se contrapone con su política eléctrica, que se concentra más en el uso de energías sucias que en las renovables.
Apertura y desmañanada
El presidente López Obrador abrirá a la prensa, por primera vez, una reunión diaria de seguridad. Aunque ya había hecho el compromiso con los medios, estaba esperando que retornara Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, luego de que pescó por enésima vez Covid-19. Sin embargo, el acceso sólo estará limitado a cinco medios, y se prevé que en días posteriores ingresen más, de cinco en cinco.
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Masacres: hemorragia que no cesa/Héctor De Mauleón
El año ha sido una espantosa carnicería: 250 masacres en seis meses
El Universal,
El viernes pasado llegó al 911 un reporte de detonaciones en un bar clandestino de San José el Nuevo, municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dos unidades policiacas se acercaron al lugar y reportaron que, regadas por el piso, había varias personas con disparos de arma larga.
Se solicitó el auxilio de socorristas, quienes corroboraron que ocho personas habían perdido la vida y que cinco más se hallaban heridas.
Los agresores que esa noche habían llegado en motos y camionetas, abrieron fuego contra 13 personas.
El Ejército, la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, iniciaron un operativo de búsqueda que terminó con los resultados de siempre: ningún detenido y solo unos cuantos rastros del sitio por el que habían huido los agresores.
La misma noche, a través de mensajes de WhatsApp, se esparció la noticia de que había ocurrido una masacre en el camino de terracería que conecta Tolixtlahuaca con Tejería, en el municipio de Quechultenenago, Guerrero.
Las autoridades hallaron un cuadro aterrador. Seis personas asesinadas con tiros de .223 y 7.62, entre ellas, dos menores de edad.
Cuatro de las víctimas presentaban tiro de gracia, y dos habían sido decapitadas: sus cabezas se hallaban a unos metros, a un lado de una camioneta Estaquitas a la que los agresores habían prendido fuego.
La masacre es atribuida en la zona a la pugna que sostienen Los Tlacos y Los Ardillos. En comunicaciones cambiadas en redes sociales entre habitantes de la región se señala que las víctimas formaban parte del último de estos grupos.
No hubo, sin embargo, detenidos. Ninguna información sobre quienes acribillaron y decapitaron a esas personas.
14 muertos en masacres perpetradas en México con solo unas cuantas horas de diferencia.
En su informe más reciente sobre atrocidades y eventos de alto impacto ocurridos en el país, la organización Causa en Común señaló que entre enero y junio de 2022 se llevaron a cabo 250 masacres.
El mapa del horror incluye los estados de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Veracruz, el Estado de México y Baja California.
A estas cifras deben agregarse las de julio, el segundo mes más violento en lo que va del año, y en el que se cometieron 2 mil 331 homicidios dolosos en el país, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en mayo, el peor mes del año, se habían denunciado 2 mil 472 homicidios).
El 3 de julio, en una cantina de Fresnillo, Zacatecas, que paradójicamente se llama “El Paraíso”, hombres armados ejecutaron a cinco personas.
Al día siguiente a la medianoche, en Boca del Río, Veracruz —un estado con más de seis mil desaparecidos y totalmente sembrado de fosas clandestinas—, otro comando irrumpió en un domicilio y en menos de un minuto asesinó a quienes ahí dormían: tres hombres, tres mujeres y un niño.
Las víctimas eran propietarias de una carnicería. El gobierno del estado aseguró que “como en todas las veces que se atente contra las y los veracruzanos, no habrá impunidad”, pero hasta la fecha no hay información alguna sobre los agresores.
A las cifras del país de los cien asesinatos al día en promedio, en unas horas se sumaron 11 víctimas más: otras 11 historias de impunidad.
2022 había comenzado con una masacre en el Valle de Mexicali, en Baja California. A las 9:30 del 1º de enero, un comando mató a cinco personas en un domicilio, por supuestos conflictos de narcomenudeo.
El año ha sido una espantosa carnicería.
Apenas el 10 de junio pasado se reportó en León, Guanajuato, el asesinato de seis miembros de una familia que salía de un salón de fiestas en la colonia Santa María de Cementos.
El mayor de ellos era carpintero y tenía 65 años. Entre las víctimas había dos mujeres y un menor de edad. Sujetos armados y encapuchados habían arribado en motocicletas, abriendo fuego contra varios de los asistentes.
Este fin de semana, a la galería de horrores se agregaron, nuevamente, los nombres de Celaya y Quechultenango.
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Estrictamente Personal
El político atrapado en la mina/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, agosto 09, 2022 |
El accidente en el pozo de carbón en Sabinas, donde se lucha por rescatar con vida a 10 mineros atrapados desde hace una semana, tiene un daño colateral: el poderoso grupo Coahuila y el gobernador Miguel Riquelme. Todos los caminos de los probables responsables del siniestro –por las pésimas condiciones laborales y la falta de supervisión gubernamental– conectan con el gobernador y lo colocan en una situación incómoda que estará pronto a salir a la opinión pública.
El impacto político, sin embargo, se empezará a dimensionar en la medida en que se vayan dando a conocer los detalles de los propietarios de la concesión y de los contratos, como parte de la investigación que inició desde el domingo la Fiscalía General de la República, y sus vinculaciones con funcionarios estatales y federales. Qué tanto el golpe se quedará en Riquelme y el grupo Coahuila; qué tanto en el gobierno federal, dependerá de cómo el gobernador logre sacudirse el golpe y pueda trasladarlo a la Ciudad de México.
No va a ser fácil. Sabinas ha estado gobernado históricamente por políticos del PRI, y muchos de ellos han estado asociados a la minería. “En Sabinas, todos están metidos en la minería”, dice una persona con profundo conocimiento del tema. “La mitad tiene minas, y la otra mitad trabaja en ellas”. En una de ellas, en el complejo minero del ejido Las Conchas, en la comunidad de Agujita, se dio el derrumbe que atrapó a los 10 mineros.
El título de explotación minera de Las Conchas está a nombre de Claudia María Iribarren González. Sin embargo, existe otro título de concesión a nombre de la Compañía Minera El Pinabete, SA de CV, que es la actual concesionaria del pozo de carbón, de acuerdo con la Secretaría de Economía, donde sus accionistas formales son Héctor Villarreal González y Héctor Villarreal Beltrán. Los beneficiarios de la explotación de la mina, sin embargo, han sido otros.
La información que tiene el gobierno federal confirma que los contratos del pozo de carbón los ha realizado la empresa Beneficios Carboníferos AJ, SA de CV, propiedad de Régulo Zapata Jaime, donde su hijo, Régulo Zapata Morales, es también socio. La empresa ha obtenido contratos por más de 250 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad, bajo la gestión de Manuel Bartlett.
Zapata Jaime fue presidente municipal de Sabinas, y en los últimos días ha negado ser propietario del pozo de carbón siniestrado. Técnica y legalmente, tiene razón. Por una parte, quien aparece como “patrón” ante el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo federal es Cristian Solís Arriaga, de 27 años, y sobre el cual no hay información que permita corroborar su solidez económica. Por el otro, el título de concesión, de acuerdo con los datos disponibles, no lo tiene Zapata Jaime, sino originalmente Iribarren González, que es pariente de su esposa, Martha Carolina Morales Iribarren, que también fue alcaldesa de Sabinas.
Morales Iribarren terminó su gestión en 2009, tras lo cual el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, la invitó a ser subsecretaria de Turismo. De ahí, el gobernador Rubén Moreira la hizo diputada local. Su sucesor, Riquelme, la designó subsecretaria de Trabajo en febrero del año pasado, con el objetivo, dijo en ese entonces el gobernador, de “reforzar la región carbonífera”. No le importó al gobernador el conflicto de interés que ello implicaba, al trabajar y operar en una industria donde sus familiares son parte importante de la misma, con el potencial para colusión o corrupción.
Los amarres políticos de Zapata Jaime no impidieron que tampoco, en lo que va del sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Bartlett, le haya dado contratos por cuando menos 250 millones de pesos, para la compra de carbón. Tampoco fue motivo de reconsideración, que la familia esté involucrada en escándalos mineros. Un sobrino de él, Álvaro Jaime Arellano, que también aparece en las tarjetas en poder del gobierno federal, provocó en 2016 un conflicto social en la comunidad de Cloete, en el mismo municipio de Sabinas, donde el entonces regidor, y heredero del título de concesión, provocó socavones en una zona donde había viviendas de interés social. Las autoridades federales le cancelaron la concesión, pero sigue trabajando en el carbón.
Otro cabo suelto es el hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, Régulo Zapata Morales, contratado por su primo Francisco Morales Purón para trabajar en Parque Fundidora, en Monterrey, donde Aída Araceli Acuña Cruz, que fue diputada local del PRI en Tamaulipas y trabajó en el gabinete del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, es la contralora. En aquel entonces, su esposo era el delegado del ISSSTE –actualmente es empresario– y se enfrentó con el entonces diputado y exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
El siniestro en Las Conchas puede afectar a Bartlett, aunque de manera relativa, y a la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, por las fallas que pudo haber tenido en la vigilancia y supervisión de las condiciones laborales en la región carbonífera. En todo caso, la tragedia está comenzando a mostrar el árbol político genealógico del grupo Coahuila que, sin ser un paraguas consolidado como fue Atlacomulco, es considerado como la mejor maquinaria electoral del PRI en la actualidad.
El principal golpe probablemente será sobre Riquelme, quien hasta ahora no ha trasladado ninguna responsabilidad al gobierno federal, pero ha guardado silencio sobre las ramificaciones que tiene la industria y la autoridad de Sabinas con su administración y el PRI. El gobernador ha actuado con rapidez en la tragedia, pero en sólo un plano. Tiene que explicar cómo a una protegida de los Moreira –aunque los hermanos estén hoy peleados–, que él adoptó como parte de su administración, la promovió a un cargo donde ignoró que había conflicto de interés y un potencial para que le explotara en las manos, lo que finalmente sucedió, sin que la tragedia haya concluido todavía.
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Coordenadas
La Guardia Nacional y el TMEC/Enrique Quintana
El financiero,
¿Qué tienen que ver las consultas en materia de política energética en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) con la propuesta que ayer hizo el presidente de la República para hacer depender a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional?
Aunque no lo parezca, ambas cosas están conectadas.
Para fundamentar esta afirmación, permítame darle los argumentos.
El 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional.
La reforma al artículo 21 constitucional señala lo siguiente:
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”
Más abajo, el mismo artículo precisa:
“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”.
Es inequívoca la redacción de la reforma constitucional y lo es porque el 21 de febrero de 2019 se aprobó dicha reforma en el Senado por 127 votos a favor y ninguno en contra.
Es decir, la redacción derivó de la negociación que Morena realizó con todos los partidos políticos y que resultó en una votación unánime.
Ayer, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo lo siguiente:
“…voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa…”. Agregó: “…en la esfera de mis atribuciones puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno del gobierno. Puede ser por un decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional”.
Hay que recordar que AMLO anunció el envío de una propuesta de reforma constitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
El anuncio de ayer indica que el presidente ya no quiere estar a expensas de se realice una negociación política en el Congreso para obtener la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional.
Esto implica que el presidente busca saltar lo establecido por la Constitución mediante un simple decreto.
Aquí es donde encontramos la conexión entre este tema con el asunto de las consultas relativas a la política energética en el marco del TMEC.
En materia energética, se saltaron las normas del tratado mediante cambios legales, decretos o decisiones de carácter administrativo.
No importó que, desde el punto de vista legal, un tratado internacional ratificado por el Senado tenga una jerarquía superior a la de un acuerdo administrativo o una ley secundaria.
Pareciera que la decisión es que, si alguna norma estorba a las decisiones presidenciales, pues se busca cómo darle la vuelta a esa norma, en vista de que el partido en el gobierno no cuenta con los votos necesarios para reformar la Constitución.
En el caso energético, esas violaciones pueden irse a la instancia que el propio TMEC establece, que es un panel formado por árbitros nombrados por los países en litigio. Se trata de una instancia que ya no depende del aparato del Estado mexicano.
En el tema de la Guardia Nacional, quizá la apuesta sea que, anticipando que habrá controversias constitucionales para echar para abajo el decreto, cuente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos necesarios para que no se revierta la decisión, sea simple acuerdo o modificación a la Ley de la Administración Pública.
Esta manera de operar del presidente va directamente en contra de uno de los principios básicos que da estabilidad y certidumbre a las inversiones: la certeza jurídica.
No se trata de la materia del asunto. Hay muchos empresarios que ven bien que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. El tema es el desprecio al marco jurídico.
¿Cuántas empresas de las que hoy analizan realizar inversiones en el país mantendrán sus planes si perciben que en los años que restan a la actual administración la impaciencia o desesperación del presidente de la República pueden conducir a que se salten las normas constitucionales a través de decretos presidenciales o decisiones administrativas?
Espero que en las secretarías de Economía y Hacienda tengan respuesta a esta interrogante.
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Las confesiones de Pío dejan mal parado a AMLO/ Carlos Loret de Mola
El Universal,
Hace dos años, el 20 de agosto de 2020, en el espacio de Latinus que encabezo, revelamos los videos en los que se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, recibiendo sobres de dinero en efectivo clandestinamente. Dinero que formaba parte de una serie de entregas millonarias programadas. Dinero que Pío aceptó haber recibido y utilizado. Dinero que según el presidente eran aportaciones para la creación de Morena. Dinero que el hermano del presidente dice en el video que es para Andrés Manuel.
Han transcurrido dos años desde que el presidente confesó que tenía conocimiento del destino del dinero, dos años desde que expresó que no metería las manos al fuego por nadie. Dos años desde que se puso a prueba su palabra, dos años de que su gobierno tuvo la oportunidad de demostrar que la corrupción y la impunidad se podían terminar casi por decreto, como él lo había imaginado. Dos años… y nada.
El caso lo tiene en sus manos la Fiscalía General de la República y su titular ha maniobrado con el tema durante los mismos dos años sin decidir si lo imputan por delitos electorales… o lo dejan navegando en la impunidad. La FGR se ha negado a dar la información necesaria al INE para que éste pueda proceder con la indagatoria que les corresponde. Se han utilizado todo tipo de tácticas dilatorias y cambios de dirección. Tanto así que en junio de este año el hermano del presidente, denunció al fiscal Gertz por incumplir con los tiempos para determinar si se ejercerá la acción penal el caso.
Hace unos días, el abogado que representa a Pío López Obrador, en entrevista con Azucena Uresti, reveló que Pío le dijo que Andrés Manuel sabía todo, que el presidente de México debe ser citado a declarar, pues asegura que si alguien tiene todos los detalles del caso es él. ¿Se está debilitando la lealtad consanguínea? ¿Se habrá cansado Pío de poner el pecho a las balas cuando el dinero llegó a su hermano el presidente? ¿Le estarán dando ganas a Pío de que su poderoso hermano rinda cuentas?
Ya veremos en qué termina todo, pero a manera de ejercicio, vale la pena recordar los últimos casos:
Exonerado Bartlett que dicen que no incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias por no haber declarado 23 propiedades, suyas, de su pareja y de sus hijos. Irma Eréndira, autoexonerada por su Secretaría sin siquiera investigar sus millonarias propiedades. José Ramón, exonerado del conflicto de interés. Martinazo, el otro hermano captado en video con sobres amarillos, nada. Gertz, con su lista de denuncias, nada. Para los incómodos, toda la persecución. Para los cercanos, nada.
SACIAMORBOS
Paradoja estrella: Pío, que recibió el dinero ilegal, denuncia al periodista que reveló los videos que lo exhiben; Andrés Manuel, para quien era el dinero según los propios videos, acusa al mismo periodista ¡de corrupto!
historiasreportero@gmail.com
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Coordenadas
La Guardia Nacional y el TMEC/ Enrique Quintana
El Financiero,
¿Qué tienen que ver las consultas en materia de política energética en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) con la propuesta que ayer hizo el presidente de la República para hacer depender a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional?
Aunque no lo parezca, ambas cosas están conectadas.
Para fundamentar esta afirmación, permítame darle los argumentos.
El 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional.
La reforma al artículo 21 constitucional señala lo siguiente:
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”
Más abajo, el mismo artículo precisa:
“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”.
Es inequívoca la redacción de la reforma constitucional y lo es porque el 21 de febrero de 2019 se aprobó dicha reforma en el Senado por 127 votos a favor y ninguno en contra.
Es decir, la redacción derivó de la negociación que Morena realizó con todos los partidos políticos y que resultó en una votación unánime.
Ayer, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo lo siguiente:
“…voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa…”. Agregó: “…en la esfera de mis atribuciones puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno del gobierno. Puede ser por un decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional”.
Hay que recordar que AMLO anunció el envío de una propuesta de reforma constitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
El anuncio de ayer indica que el presidente ya no quiere estar a expensas de se realice una negociación política en el Congreso para obtener la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional.
Esto implica que el presidente busca saltar lo establecido por la Constitución mediante un simple decreto.
Aquí es donde encontramos la conexión entre este tema con el asunto de las consultas relativas a la política energética en el marco del TMEC.
En materia energética, se saltaron las normas del tratado mediante cambios legales, decretos o decisiones de carácter administrativo.
No importó que, desde el punto de vista legal, un tratado internacional ratificado por el Senado tenga una jerarquía superior a la de un acuerdo administrativo o una ley secundaria.
Pareciera que la decisión es que, si alguna norma estorba a las decisiones presidenciales, pues se busca cómo darle la vuelta a esa norma, en vista de que el partido en el gobierno no cuenta con los votos necesarios para reformar la Constitución.
En el caso energético, esas violaciones pueden irse a la instancia que el propio TMEC establece, que es un panel formado por árbitros nombrados por los países en litigio. Se trata de una instancia que ya no depende del aparato del Estado mexicano.
En el tema de la Guardia Nacional, quizá la apuesta sea que, anticipando que habrá controversias constitucionales para echar para abajo el decreto, cuente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos necesarios para que no se revierta la decisión, sea simple acuerdo o modificación a la Ley de la Administración Pública.
Esta manera de operar del presidente va directamente en contra de uno de los principios básicos que da estabilidad y certidumbre a las inversiones: la certeza jurídica.
No se trata de la materia del asunto. Hay muchos empresarios que ven bien que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. El tema es el desprecio al marco jurídico.
¿Cuántas empresas de las que hoy analizan realizar inversiones en el país mantendrán sus planes si perciben que en los años que restan a la actual administración la impaciencia o desesperación del presidente de la República pueden conducir a que se salten las normas constitucionales a través de decretos presidenciales o decisiones administrativas?
Espero que en las secretarías de Economía y Hacienda tengan respuesta a esta interrogante.
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Guardia Nacional y espectros sexenales/Jorge Fernández Menéndez
Columna Razones
Excelsior,
Ayer, el presidente López Obrador anunció que, por decreto, incorporará la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que, además, hará adecuaciones, no explicó cuáles, para que la Secretaría de Seguridad, que ya no tendrá capacidades operativas, hoy no las tiene, se transforme en una secretaría de seguridad y justicia.
Yo sí estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional se incorpore institucionalmente a la Defensa, más allá de que así funciona, en los hechos, desde el día uno de su creación. Pero no por las causas que esgrime el presidente López Obrador, que está tan obsesionado con borrar el pasado que, hasta cuando tiene razón, se equivoca.
No es porque haya que garantizar que estando bajo mando civil “no se corrompa”, como dice el Presidente que se corrompió la Policía Federal. Sin duda, existen más controles en la Defensa que en la mayoría de las instituciones civiles, pero, en todo caso, lo que habría que mejorar serían esos mecanismos de control en las instituciones del Estado que, sin razón, hoy están siendo progresivamente desmantelados. Pero hay policías que dependen de mando civil que funcionan muy bien, como la de la Ciudad de México o la de Yucatán.
Ésa no es, no debe ser, la razón de la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena. Lo es la creación de un sistema institucional fuerte, sólido, que permita, sobre esa base (y la misma sí la tienen por encima de otras instituciones la Defensa y el Ejército), construir lo que no tenemos: un sistema policial nacional que abarque los tres niveles de gobierno. Ése debe ser el objetivo, desde ese punto de vista entonces tiene toda la razón de ser la incorporación plena de la Guardia Nacional a la Defensa. No inventamos nada: es el modelo de Colombia con una eficiente Policía Nacional incorporada a la Defensa.
Es lo mismo que se buscaba con la Policía Federal y que nunca pudo concretarse porque no hubo apoyo político para hacerlo, porque existen muchos intereses en que la seguridad interior esté balcanizada, dividida y porque concebimos la seguridad como algo sexenal. Lo propuso muchas veces el presidente Calderón y fue rechazado por las fuerzas políticas, incluso dentro de su propio partido. Después de Ayotzinapa, también lo propuso el presidente Peña Nieto, en un movimiento que impulsó el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pero ni siquiera se llevó el tema al Congreso.
El propio general Cienfuegos tenía la idea de crear una Gendarmería que era un proyecto muy similar al de la Guardia Nacional, que tampoco nunca se llevó a cabo, por lo menos no como fue pensado originalmente. No creo que la Policía Federal tuviera las deficiencias de la magnitud que le atribuye el Presidente, ni siquiera los números de los elementos operativos de los que habla son correctos, pero sí creo que una Guardia Nacional incorporada a la Defensa, con sus características actuales, que se plantee como base de un sistema policial nacional que abarque todo el país, es un acierto. Ése debería ser el tema de debate, no las descalificaciones sexenales. Otra concepción presidencial errada es el tema de la tecnología, los especialistas, “los ingenieros” los llamó él, en las policías contemporáneas. Lo dice porque está obsesionado con García Luna, pero sin tecnología, especialistas e inteligencia no hay ningún sistema de seguridad que funcione en ningún país complejo como el nuestro. Y si la anterior Policía Federal tuvo un acierto fue precisamente ése: apostar a tener un área de inteligencia, un sistema tecnológico avanzado que le diera certidumbre a las capacidades operativas.
El presidente López Obrador se burló ayer del búnker de la Policía Federal construido en aquellos años, pero ese búnker y Plataforma México fueron dos instrumentos extraordinarios que no se pudieron utilizar con todas sus capacidades precisamente por diferencias políticas e institucionales, sobre todo entre el Ejército, la Marina y la propia Policía Federal (algo para lo que serviría la incorporación de la GN a la Sedena). Porque el hecho es que, sin inteligencia, sistemas, “ingenieros”, ninguna institución de seguridad puede tener éxito. Qué bueno que la Guardia Nacional tenga 110 mil elementos operativos y 260 cuarteles, pero sin una gran estructura de inteligencia, sin seguridad cibernética, sin inteligencia de datos e información, no se avanza o se termina dependiente íntegramente de otros. Y la Guardia Nacional lo sabe y trabaja en ello.
Una vez más, lo que critica el Presidente es lo que ha permitido los avances de su principal precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, en términos de seguridad: lo que ha hecho García Harfuch fue combinar inteligencia, sistemas, cámaras, “ingenieros”, con capacidad operativa. Se puede hacer bien o mal (en la CDMX se ha hecho muy bien), pero en seguridad nadie inventa el hilo negro.
La Guardia Nacional debe estar en la Defensa por las buenas razones, no por las malas, para que se logre crear con base en ella un sistema policial realmente nacional y que funcione como lo hizo en Colombia, siguiendo un mecanismo similar al que estamos adoptando, la Policía Nacional dentro del ejército de ese país. No deja de ser una paradoja que ahora el nuevo presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, quiera hacer exactamente lo contrario que López Obrador: quitar a la Policía de la Defensa para mandarla al ministerio del Interior.
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Guardar y hacer guardar… la Guardia Nacional/Pascal Beltrán del Río
Excelsior
Tres años, ocho meses y siete días después de protestar que guardaría y haría guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó públicamente que la Carta Magna le queda chica a sus propósitos. En su conferencia mañanera de ayer anunció que emitirá un acuerdo del Ejecutivo por el que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa”, adelantó.
El problema es que la Constitución, en su artículo 21, establece, sin margen de interpretación, que la Guardia Nacional —creada en su periodo— es un cuerpo de seguridad civil y debe estar encuadrada en la secretaría a cargo de la seguridad pública. Ése fue el texto que la oposición aceptó para que López Obrador pudiera hacer bueno el compromiso que había hecho en su campaña electoral. La reforma fue publicada en marzo de 2019 y la ley reglamentaria, en mayo. Sin embargo, al año siguiente el mandatario comenzó a regatear el carácter civil que el Congreso había conferido a la Guardia Nacional, en un decreto en el que se establece que las Fuerzas Armadas sigan participando en tareas de seguridad pública “durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
Así, el tabasqueño hizo suya la estrategia de seguridad de sus antecesores, que él había rechazado desde su campaña electoral de 2012, cuando prometió que los soldados volverían a sus cuarteles. El 19 de junio de 2020, mes y medio después de la publicación de aquel decreto, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, presentó una controversia constitucional, considerando que existían “razones fundadas” para que fuera revisado por la Suprema Corte, cosa que a la fecha no ha ocurrido.
Un año después, el 15 de junio de 2021, López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma constitucional, en 2023, para que “forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea, como una rama (…) porque no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que, considero, convienen al país”.
Dijo que dicha iniciativa sería parte de un paquete de tres. Una en materia eléctrica y otra de corte electoral son las otras dos que anunció ese día. La eléctrica fue enviada a la Cámara de Diputados el 1 de octubre pasado. Fue desechada el 17 de abril por no alcanzar la mayoría calificada, ante el rechazo de la oposición. Once días después, el Ejecutivo mandó su iniciativa de reforma electoral, misma que está en la etapa de parlamento abierto.
El 9 de junio, las dirigencias nacionales de los partidos que forman la alianza Va Por México anunciaron una “moratoria constitucional”, mediante la cual bloquearían cualquier iniciativa del oficialismo para modificar la Carta Magna. Aunque los líderes parlamentarios opositores rechazaron dicha instrucción, adelantaron que no se debía contar con sus bancadas para aprobar la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
Quizá es por esa imposibilidad de ver aprobada su iniciativa en el Congreso que López Obrador ha decidido ahora proceder por la vía de un decreto. Explicó que, aun así, enviará la iniciativa, pero “no quiero que vaya pasando el tiempo”.
¿Por qué la prisa del mandatario? ¿Será para componer el desorden administrativo que ha causado el paso de recursos públicos de una dependencia a otra, como ha sucedido en la construcción de las obras emblemáticas del gobierno y también en la operación de la Guardia Nacional?
En todo caso, el Presidente debe saber que un decreto no puede estar por encima de la Constitución. Si anunció, en junio de 2021, una iniciativa de reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, es porque está consciente de que los cambios que quiere no pueden proceder sin ella.
Pero, con la lentitud con la que ha operado la Suprema Corte respecto de la controversia constitucional contra el decreto de mayo de 2020, podemos imaginar que se acabaría el sexenio antes de que allí se discutiera una eventual impugnación.
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Militarización por decreto/Leo Zuckermann
Leo Zuckermann
Excelsior,
Cuando el Congreso aprobó la formación de la Guardia Nacional en 2019, una de las condiciones que puso la oposición fue que la institución dependiera de un mando civil. Ergo, se reformó el artículo 21 de la Constitución, donde se ordenó que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. La estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional quedó “adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.
Una vez aprobada la reforma constitucional, se promulgó la Ley de la Guardia Nacional, donde claramente se define que “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”.
Así, aunque la Guardia Nacional fue concebida como una institución fundamentalmente militar, de jure quedó subordinada a la autoridad civil. Sin embargo, a este gobierno le importa un pepino la ley. Como López Obrador siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera del Ejército, de facto así ocurrió. Formalmente dependía de la SSPC, pero, en la práctica, quedó a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Después de las elecciones intermedias de 2021, el Presidente anunció la intención de hacer tres reformas constitucionales durante la segunda mitad de su sexenio. Una de ellas sería acabar con la simulación de la Guardia Nacional: hacer de jure lo que de facto ya estaba ocurriendo, es decir, adscribirla a la Sedena.
El gobierno, sin embargo, no tiene los votos para aprobar ninguna reforma constitucional sin el apoyo de la oposición (me refiero a la suma del PAN, PRI, PRD y MC).
En abril pasado, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica. Gracias a que la oposición se unió, no se obtuvo la mayoría calificada de dos terceras partes. Fue una dura derrota para el gobierno. Empoderada, la oposición anunció que tampoco votarían a favor de las otras dos reformas del Presidente, incluyendo la de pasar la Guardia Nacional a la Sedena.
Ayer, López Obrador anunció que eso de la Constitución le tiene sin cuidado. Quiere militarizar la Guardia Nacional por decreto. Bueno, ya está militarizada, pero ahora, por sus pistolas, hará de jure lo que está sucediendo de facto:
“Por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”.
Ah, bueno.
Se trata de una mentada de madre para el orden jurídico mexicano. Como no tiene los votos en el Congreso para enmendar la Constitución, el Presidente decreta que se haga el cambio, aunque esta modificación sea inconstitucional.
Previsiblemente, varios interesados demandarán que el acuerdo del Ejecutivo se eche para atrás porque contradice la Constitución y la Ley de la Guardia Nacional. El caso seguramente llegaría al Poder Judicial, que declararía inconstitucional e ilegal el susodicho decreto.
El Presidente también dijo ayer que el cambio lo podría hacer reformando las leyes secundarias. Mencionó la “Ley de la Administración Pública”, pero habría que modificar también la Ley de la Guardia Nacional.
En términos de reformas a leyes secundarias, el Ejecutivo sí tiene mayoría en ambas cámaras. Aquí la apuesta sería realizar algo similar a lo ocurrido con la industria eléctrica. Aunque la nueva ley secundaria en esta materia era inconstitucional, se requería que ocho de los once ministros de la Suprema Corte así la definieran. Pero sólo siete lo votaron de esta forma, por lo que la Ley de la Industria Eléctrica quedó en una especie de limbo jurídico, donde no es inconstitucional, pero sí sujeta a desafiarse por la vía del amparo.
Bueno, pues lo mismo ocurriría con la Guardia Nacional en caso de que cuatro ministros de la Corte se atrevieran a declarar como constitucional una reforma legal secundaria que la adscribiera a la Sedena, cuando la Carta Magna define, con toda claridad, que tiene que estar a cargo de la SSPC.
En fin, que hoy tenemos una militarización en los hechos y mañana podría legalizarse por decreto o reforma a leyes secundarias, aunque éstas contradigan a la Constitución.
Twitter: @leozuckermann
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La Feria
El 1-2 de AMLO con la Guardia Nacional/Salvador Camarena
El Financiero,
Es un déjà vú imposible de obviar.
A Andrés Manuel López Obrador le gusta crear todo tipo de condiciones para seguir avanzando su agenda, incluidas las que rayan en lo inconstitucional.
Lo vimos con la reforma eléctrica –rechazada por la oposición–, y lo vemos ahora con la Guardia Nacional.
El Presidente anunció ayer que buscará, por decreto, que ese cuerpo de seguridad se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. En otras palabras: dar un barniz de legalidad a lo que ha sido un hecho todo el sexenio: esos uniformados nunca dependieron ni obedecieron a mando civil alguno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El anuncio llega más de un año después de que el mandatario informara que ésta era una de las tres iniciativas de reforma constitucional que buscaría. La tercera es la electoral.
¿La declaración de ayer significa que AMLO se desiste de intentar pasar en el Congreso la reforma para militarizar la Guardia Nacional? De ninguna manera.
Porque lo que el Presidente quiere es armar su consabido 1-2.
El paso 1 es que la iniciativa seguirá su ruta en el Congreso porque el tabasqueño considera que gana incluso perdiendo.
Para empezar, porque una reforma de este corte no está condenada al fracaso. Una cosa es que Morena no tenga los números en las bancadas para juntar de inmediato las dos terceras partes necesarias para una reforma constitucional, y otra es que Palacio Nacional haya renunciado a romper el NO de la oposición.
Desde hace semanas se comenta que legisladores de Jalisco y Nuevo León estarían ya apalabrados para, llegado el momento, ir junto con la Federación en esta reforma. Los gobiernos de esos estados, surgidos de Movimiento Ciudadano, tendrían claro que requieren la cooperación de las Fuerzas Armadas –más incluso que de la Guardia Nacional– para enfrentar sus retos de inseguridad, así que no querrían darse el lujo de complicar su diálogo con la Defensa.
Con los votos naranjas no alcanza para sacar la reforma, pero se rompe la negativa en bloque de la oposición y, por ende, otros legisladores de ésta tendrían mayor costo al negarse a lo que pretende el gobierno federal en esta materia.
Y si a pesar de ello el Presidente fuera –como con la eléctrica– derrotado, argumentará que él lo intentó por la buena, y sacará raja política a esa ‘derrota’ frente a sus ‘retrógradas’ e ‘irresponsables’ adversarios.
Pero esa eventual ‘derrota’ será subsanada con lo anunciado ayer. Al promulgar un decreto, que previsiblemente será respondido judicialmente por legisladores u otro actor con personalidad para ello, López Obrador se da el margen necesario para actuar durante meses, pues esos procedimientos no se tramitan ni resuelven en semanas.
Exactamente así ocurrió en el tema eléctrico: en el Legislativo dio una batalla política-propagandística, pero en la Corte se aseguró de crear para sí un limbo que hoy le permite hacer prácticamente todo en ese mercado.
Porque el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y no pocos ministros de la misma, comen de la mano del titular del Ejecutivo. Así que nadie puede descartar que, llegado el momento de atender un reclamo de inconstitucionalidad frente al decreto, ese poder le regale al tabasqueño, primero, un limbo de muchos meses para que la Guardia Nacional opere sin problemas y, segundo, hasta una resolución a modo que hoy no podemos prever.
Así es AMLO. Genera un caos en el que él se siente cómodo, mientras sus adversarios –a pesar de todo lo que hemos visto estos cuatro años– no pueden evitar mostrarse descolocados. Otro 1-2.
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El relevo en la SEP y los escándalos de Álvarez-Buylla/Mario Maldonado;
El Universal
Este martes la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, acudirá a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional donde, si nada cambia de último minuto, será presentada como la nueva secretaria de Educación.
El relevo de Delfina Gómez, quien de por sí fue muy cuestionada por su falta de experiencia para encabezar la SEP, no pudo ser más escandaloso: Álvarez-Buylla arrastra una serie de acusaciones por corrupción, malversación de fondos, nepotismo, despidos injustificados y también por desahuciar el Sistema Nacional de Investigadores.
El lunes, Álvarez-Buylla se despidió de su círculo cercano en el Conacyt, donde hace algunos días se rumoraba entre los más íntimos de la bióloga que el Presidente le había ofrecido la Secretaría de Educación. El sueño se hizo realidad y, con todos los negativos que significa para el gobierno, el presidente y sobre todo para la educación pública, tomará el lugar de Delfina Gómez en los siguientes días.
La aún titular del Conacyt rehuyó, durante 10 meses, presentarse a comparecer ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para aclarar el rosario de escándalos que acumula desde que tomó la titularidad del máximo organismo gubernamental mexicano en materia científica y tecnológica en diciembre del 2018.
Fue finalmente el jueves pasado cuando acudió a la comparecencia vía remota. En la reunión virtual, Álvarez-Buylla se exhibió sin recato frente a los legisladores de oposición, quienes la cuestionaron sobre el destino de los recursos de los fideicomisos que se extinguieron hace dos años.
“Parte de esos recursos fueron invertidos y el resto regresaron a donde debía estar, a los recursos disponibles de la Tesofe (Tesorería de la Federación) para proyectos prioritarios a nivel del gobierno federal, incluyendo los de ciencia y tecnología”, respondió Álvarez Buylla.
Algunos de estos proyectos prioritarios son el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, todos con sobrecostos considerables en sus presupuestos originales y con análisis técnico-económicos que apuntan a que ninguno será rentable.
De acuerdo con el periodista Antimio Cruz se calcula que de los cerca de 45 mil millones de pesos de fondos y fideicomisos para la ciencia y tecnología que se extinguieron, unos 22 mil millones se habrían entregado a la Federación para los llamados proyectos prioritarios.
Algunos otros escándalos que pesan sobre Álvarez-Buylla son: una denuncia penal por el delito de tráfico de influencias, tras la designación de su madre, Elena Roces Dorronsoro, como investigadora nacional emérita del Conacyt.
Una reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores con el que se aprobó la eliminación de apoyos económicos para unos mil 632 académicos de instituciones privadas y de otros estímulos para científicos que trabajan en centros públicos.
Denuncias de académicos sobre que se han cambiado al menos a tres directores de centros de investigación públicos para poner en su lugar a perfiles afines al gobierno.
Las reformas al reglamento del Conacyt que disminuyeron los financiamientos a los proyectos de investigación, para concentrar los fondos en los denominados Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt.
Y la compra de 700 ventiladores para enfrentar la crisis del Covid. Para ello se destinaron 259 millones de pesos, no obstante, los aparatos se entregaron a destiempo y algunos no cumplían con las características requeridas.
Posdata
Sobre el relevo de Álvarez-Buylla en el Conacyt se habla –además de su segunda de abordo, Aideé Orozco, directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación– de los perfiles que trascendieron para encabezar la SEP: el director de Materiales Educativos de la SEP, Max Arriaga; la directora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa, y la encargada de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Unifin, en reestructura
En medio de la volatilidad de los mercados financieros y el nerviosismo por la quiebra de empresas como Crédito Real, algunos jugadores del sector financiero no bancario son vistos con incertidumbre por parte de los inversionistas, aunque sus procesos sean distintos y vayan de la mano de las autoridades.
Ayer las acciones de Unifin, una empresa mexicana de arrendamiento enfocada a pequeñas y medianas empresas, cayeron cerca de 15% por este tema, pero la compañía asegura que está en proceso de reestructura conforme a las reglas del regulador del sector, la CNBV, y de la Secretaría de Hacienda.
La firma busca maximizar su flexibilidad financiera con el fin de apoyar a sus más de 10 mil pymes en México. Veremos si se logra.
@MarioMal
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El trabalenguas del senador José Narro/ Roberto Rock
El Universal,
Casi cuatro meses ocultó el senador morenista José Narro su responsabilidad en el drama de dos marinos sustraídos ilegalmente de su comisión en Acapulco, destinados a su seguridad personal y luego desaparecidos, sin que haya mayores esperanzas de hallarlos con vida. Hoy solo sabemos sus nombres: Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita.
Las últimas seis semanas las ha dedicado Narro a enredarse con versiones cada vez más estrafalarias. Pero no ha destinado un solo minuto para colaborar con la autoridad en favor de la vida y los derechos humanos de estas víctimas. Todavía el pasado jueves dio una nueva versión, con la que desmintió declaraciones previas suyas. Lo hizo en un mullido salón de un hotel de lujo capitalino. No en balde este hombre, que alguna vez fue médico, busca ser el nuevo presidente del Senado.
Gracias a una investigación del proyecto “Latinus”, difundida el último día de junio, sabemos que, desde el ya lejano marzo, Narro Céspedes pidió por escrito a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, también de Morena, retirar de la misión que tenían asignada en aquel puerto dos marinos que custodiaban al secretario de Seguridad Municipal, Maximiliano Serrano, para ponerlos al servicio del senador por Zacatecas, que requería a esos militares “vestidos de civil” y con sus armas de cargo, según el oficio que firmó. Las declaraciones de Narro han cambiado sobre el motivo del requerimiento; la fecha del envío de la carta; cuánto tiempo se hizo acompañar de los marinos, o si los despidió el mismo día en que los citó en un exclusivo restaurante al sur de la Ciudad de México.
“No los conocí. Sólo los vi ese día…”, dijo Narro, aunque se sabe que los marinos tuvieron en uso una camioneta Audi 2018 del senador —valor estimado de un millón de pesos…, al fin que “no los conocía”.
Uno diría que el Senado debería llamar a cuentas al señor Narro para explicar su proceder. Resultaría pertinente que sus electores en Zacatecas, a los que ha intentado gobernar, le merecieran el respeto suficiente para darles explicaciones. ¿Sería acaso mucho pedir que la sociedad mexicana por entero fuera enterada de lo ocurrido?
Dos carpetas de investigación han sido abiertas, en el ámbito local y en el federal. Sobre su contenido, quienes menos saben son las familias de los marinos desaparecidos. Nadie les explica nada, mucho menos el senador Narro o la alcaldesa Abelina López —quien, en otro gesto típico del cinismo político, despidió como chivo expiatorio a su jefe de policía, que solo acató la orden de enviar a los marinos.
Apuntes: Con la obsequiosa ayuda del polémico magistrado electoral José Luis Vargas, cuya propuesta de sentencia sería avalada por el pleno del tribunal esta misma semana, el senador “en suspenso” por Baja California Jaime Bonilla se apresta a regresar a su escaño en la llamada cámara alta. Antes tuvo la pretensión de que ese cuerpo legislativo interpusiera una controversia constitucional para defender su causa, a lo que se opuso la presidenta, Olga Sánchez Cordero. El retorno de Bonilla agudizará los problemas de la nueva gobernadora —formalmente morenista—, Marina del Pilar Ávila, cuya gestión luce desgarrada entre su esposo, el panista Carlos Torres, y su jefe de gabinete, el priista Alfredo Álvarez. Ambos la han atraído pugnas con grupos clave, destacadamente el empresariado de Tijuana, al que dejó plantado hace un par de semanas durante una cena con la cual arrancó un foro internacional de inversionistas que incluyó la participación de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, entre otros personajes.
rockroberto@gmail.com
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Seguridad nacional y opacidad/ José Ramón Cossió
El Universal,
En febrero de 2014 se publicó una reforma constitucional en materia de trasparencia y acceso a la información pública. Aun cuando se trató de un paso en la protección de los derechos humanos, tuvo un aspecto de dudosa progresividad. Me refiero a la facultad conferida a la persona titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando se estimara que las decisiones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pudieran poner en peligro la seguridad nacional. Tal medio de impugnación ha dado lugar a diversos problemas y restricciones de lo que la propia Constitución caracteriza como un derecho humano (art. 6°).
El primer problema es la falta de definitividad de lo resuelto por el Inai. Salvo por la búsqueda de una excepcional protección al Ejecutivo Federal y a su administración pública, no se entiende por qué se revisan las decisiones del órgano que la propia Constitución estima como límite del sistema en la materia. El segundo problema tiene que ver con la ambigüedad en el uso del concepto “seguridad nacional”. Aun cuando su entendimiento debe enmarcarse en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional, el uso que le han dado las respectivas personas consejeras jurídicas y la Suprema Corte, constituyen una lamentable restricción al mencionado derecho.
De acuerdo con los datos del Inai, la Consejería Jurídica ha promovido un total de 39 recursos, de los cuales solo ocho han sido resueltos. La información desagregada es indicativa de lo que está sucediendo. En 2015 se promovió uno, en 2016 uno, en 2017 dos, en 2019 uno, en 2020 uno, en 2021 veintisiete, y seis en lo que va del 2022. Las materias de la impugnación han sido respecto de bitácoras de vuelo del presidente Peña Nieto, intervenciones telefónicas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), elecciones presidenciales, bloqueos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), información vinculada con la Covid-19 —licitaciones, contratos, programa de vacunación, caducidad de las vacunas—, software “Pegasus”, oficios del secretario particular del actual Presidente de la República y acta de entrega-recepción de la Procuraduría Fiscal. Por razones que ellos sabrán, las personas titulares de las consejerías jurídicas han considerado que estos temas vulneran la seguridad nacional, ya que tienen cabida en la Ley de la materia. A su vez, la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte han resuelto que así es y han negado la entrega de información en distintos casos.
Los datos mencionados muestran tres cosas: la enorme utilidad que les ha significado el recurso a los presidentes de la República, la problemática administración de los criterios por parte de la Suprema Corte y el peligro de que, aquello que fue pensado como excepción, termine adquiriendo un uso ordinario. Lo delicado del tema es que, insisto, el derecho humano al acceso a la información pública se vea restringido y, finalmente, anulado, en perjuicio del control de las actividades gubernamentales y de la asignación de responsabilidades.
Por la incomodidad del presidente López Obrador con la transparencia, es previsible que haga un uso creciente del recurso señalado. En algunos casos, para no dar a conocer lo que él mismo o sus muy cercanos hacen u omiten. En otros más, para de plano ocultar lo relacionado con la muy amplia y poderosa administración pública. A estas alturas del sexenio, no podemos desconocer ya el uso tanto discrecional como excesivo que el gobierno y las instituciones encargadas de limitarlo le dan al concepto de seguridad nacional. Lo relacionado con el recurso asignado al abogado o abogada del Presidente es una buena muestra más de ello.
Ministro en retiro de la SCJN.
@JRCossio
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Prenderse fuego/Layda Negrete
El Universal
El 27 de julio de 2022 la Fiscalía General de Jalisco convocó a una conferencia de prensa. El principal objetivo era comunicar una extraña teoría dentro de la investigación por el delito de feminicidio de Luz Raquel Padilla. El Fiscal General, quien mostró amplias destrezas en el arte de decir cosas sin querer queriendo, transmitió la idea de que Luz Raquel se había prendido fuego a sí misma, provocando su propia muerte. Sorprendió a todos.
Los medios publicaron el mensaje de forma inmediata. Algunos medios tomaron como un hecho irrefutable la visión del fiscal Luis Joaquín Méndez y emplearon en sus encabezados frases como: “Luz Raquel se prendió fuego a sí misma.” “Fiscalía de Jalisco apunta que Luz Raquel murió tras prenderse fuego.” “Indaga Fiscalía un presunto autoataque.”
Otros medios, con mayor sensibilidad, concluyeron correctamente que la Fiscalía no pretendía informar sino atacar a la víctima. Entendieron lo reprochable del acto. Los periodistas en estos medios usaron correctamente el término “revictimización''.
La información presentada por la Fiscalía de Jalisco revictimiza a Luz Raquel. Esto sucede porque esta institución, la única con el poder de investigar su muerte y la violencia que le precedió, hizo públicos elementos dirigidos a destruir su credibilidad. El fiscal también puso en duda la confiabilidad de los testigos que asistieron a Luz Raquel. Por ejemplo, el fiscal afirmó de forma categórica que la botella de alcohol y un encendedor encontrados a su lado, habían sido comprados por ella e implicó que ella se había infligido las quemaduras. Facilitó la historia sin resaltar que era, por el momento, una conjetura a partir de elementos dispersos que no han sido formalmente presentados ante un juez. En contraste, los testigos que ayudaron a la víctima en el parque público donde todo ocurrió, han declarado ante la Fiscalía y ante los medios, su apreciación del evento como un ataque con múltiples perpetradores.
Por otro lado, el Fiscal sembró la duda sobre la veracidad de la violencia formalmente denunciada por Luz Raquel antes de su muerte, concretamente la relacionada con un conflicto vecinal que iba en escalada. Para este caso, de forma muy preocupante, mostró videos facilitados por quienes son precisamente posibles perpetradores de los delitos denunciados. Como si fuese el abogado defensor de Ismael N, vecino de la víctima y hoy probable responsable, hizo afirmaciones sobre hechos que no le constaban, con imágenes proporcionadas por los familiares de Ismael, avanzando la noción de que Luz provocó la violencia, la buscó o se la inventó. Cuando uno de los periodistas asistentes cuestionó al fiscal sobre si los videos mostrados formaban parte de la carpeta de investigación, el Fiscal fue incapaz de confirmarlo.
En un sentido amplio, lo que hizo la Fiscalía es violar el derecho a la verdad que es central para la justicia penal. La Fiscalía de Jalisco atacó a una víctima que ya estaba muerta. Lo hizo sumariamente, en cuarenta minutos, sin dar espacio para controvertir la teoría expuesta, sin juez, sin defensa, en público, sin remedio. La víctima culpable de su propio destino, de su propia muerte.
La lamentable conferencia de prensa se convocó después de diez días de críticas contra el Gobierno de Jalisco y su Fiscalía. Pero acusar a la víctima de un extraño suicidio no es hacer investigación y mucho menos justicia. Con esta torpeza el gobierno estatal es el único que no aprende, se prende y se consume en fuego.
Investigadora en justicia penal.
@laydanegrete
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Expropiar la luz/Francisco Martín Moreno
en REFORMA
AMLO ha advertido que fijará su posición en torno a la defensa de la soberanía mexicana en materia de los recursos energéticos en su malhadado discurso el 16 de septiembre. ¿Quién dijo que la soberanía estaba en juego cuando el T-MEC fue aprobado por el Senado y AMLO lo ratificó ante Trump? Lo que sí está en juego es la palabra y el futuro de México.
¿Por qué crear una torpe efervescencia política en el marco de un desfile militar, sí, militar, no deportivo, el día de la independencia y con un Zócalo saturado de acarreados? ¿Por qué provocar una alarma en las mesas de los consejos de administración nacionales y extranjeros, de donde dependen las inversiones, la generación de riqueza, la recaudación fiscal, la captación de divisas y la generación de empleos, entre otros rubros vitales? ¿Por qué amedrentar a aquellos de quienes dependemos?
Si los inversionistas exigen certeza jurídica y estabilidad política para exponer sus capitales, ¿por qué crear incertidumbre y atentar en contra de fuentes de prosperidad envidiadas por el mundo entero? ¿Qué mensaje quiso enviar AMLO a la nación y la comunidad de negocios, cuando invitó el 16 de septiembre de 2021 a Díaz-Canel, el execrable tirano cubano, a dar un discurso en el Zócalo ante el asombro de los "intelectuales orgánicos" amantes del respeto y de la libertad? ¡Menudo atentado en contra de nuestra historia y de la investidura presidencial!
Si AMLO ha desechado, en apariencia, la posibilidad de abandonar el T-MEC, ¿su discurso del 16 de septiembre se reducirá a un nuevo mensaje verborreico para insistir en que "México no está a la venta", o tal vez ha decidido, a saber, que emulará a Lázaro Cárdenas, el padre de la Dictadura Perfecta, cuando expropió el petróleo en 1938?
Es decir: ¿AMLO va a caer en los supuestos del artículo 14.8.1 del T-MEC y expropiará las multibillonarias inversiones de los proveedores de energía eléctrica de EU y de la Unión Europea? ¿Propondrá una consulta a mano alzada en el Zócalo para nacionalizar la industria eléctrica, la barata, la limpia, la moderna, la no contaminante, la competitiva, para rescatar de la ruina a la CFE? Las indemnizaciones se elevarían a decenas de miles de millones de dólares con los que México no cuenta, por lo que los acreedores se resarcirían de los daños mediante la imposición de aranceles impagables a las exportaciones mexicanas a EU y a Canadá, lo cual provocará una parálisis económica y social de insospechables consecuencias.
Si AMLO expropiara la industria eléctrica no solo acarreará el afortunado final de la 4T, sino la ruina de México. Si ya perdió más de 20 mil millones de dólares al destruir el NAICDMX y construir el AIFA, ¿por qué no invitará al pueblo bueno y sabio a que pague el costo de la indemnización entregando sus animalitos y relojes, a la usanza de "Tata Lázaro"? ¿Cómo explicarles a los humildes militantes de Morena que al levantar sus manos en el Zócalo estarán suscribiendo su pena de muerte?
Ante el crecimiento de la demanda de energía, sin nuevas inversiones multibillonarias oportunas, sin nuevos proyectos de generación ni de transmisión, el Sistema Eléctrico Nacional se colapsará en 2025 con grave daño para la economía y para la nación. ¿A dónde va un país sin energía, en todo el contexto literario?
Pemex es la única empresa petrolera quebrada en el mundo con un pasivo impagable de más de 110 mil millones de dólares, al igual que lo está la CFE en ruinas con pérdidas operativas de decenas de miles de millones de pesos anuales. La 4T, la "Esperanza de México", ¡horror!, no aprendió nada de las burocratizaciones del petróleo, de la energía eléctrica y de la educación, entre otros rubros patéticos. A pesar de lo anterior, ¿AMLO intentará apropiarse de bienes ajenos, dicho sea eufemísticamente, para suplir las deficiencias energéticas de su gobierno?
Al expropiar la luz, nos quedaremos sepultados en la oscuridad y en la parálisis porque el disparo de los aranceles compensatorios cancelará nuestro futuro. Nada me gustaría más que estar equivocado.
Esperar hasta el 16 de septiembre para conocer el futuro de México es un juego imperdonable en contra de los supremos intereses de la patria. ¿Por qué jugar con nuestra estabilidad?
www.franciscomartinmoreno.com
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Milico/Manuel J. Jáuregui
en REFORMA
La jugada está más que clara: el Presidente/Emperador López sabe que a través del Congreso carece de los votos suficientes para cambiar la Constitución (Artículo 21), y con ello poner a la Guardia Nacional bajo el Ejército.
¿Y quién es el jefe del Ejército? Pues él, López, el Supremo Milico en México.
Su plan de avanzar más por el sendero de la militarización de México, esto es, de ser el Jefe Supremo de todo, queda implícito en la jugada que acaba de realizar.
Y como a todo dictador que no le importan las leyes ni los principios democráticos, y siendo él un socialista tiránico, avienta un DECRETO inconstitucional PISOTEANDO a nuestro Congreso para pasarse la Guardia Nacional de uno de sus bolsillos, el civil, al otro, el militar.
Démonos cuenta que con esta intentona, TODA -o casi toda- fuerza legítima del Estado quedaría bajo su mando directo: SEDENA, Ejército, FAM, Marina y Guardia Nacional.
Nuestra Constitución ordena que la paz interna, la paz pública, queda en manos civiles; las Fuerzas Armadas son para defender nuestro territorio de amenazas EXTERNAS.
La seguridad interna corresponde -constitucionalmente- a una Secretaría de Seguridad, de manera que por decreto NO PUEDE legítimamente transferir el Mariscal López una fuerza de orden civil a que forme parte del Ejército.
Esto resulta aberrante: no sólo ES inconstitucional, sino que conforma un atentado contra la democracia interna de nuestro País.
La tendencia hacia la militarización que llevamos en este sexenio concentra un poder excesivo -inconstitucional- en las manos de UN SOLO HOMBRE.
Este poder no corresponde al de un Presidente, sino al de un dictador, y no duden ni un segundo, amigos lectores, que la intentona de "coup" descrita tiene como fin concentrar el poder -todo el poder- en las manos del señor López, dejando fuera al Poder Legislativo y al Poder Judicial: es la imposición por la fuerza del Poder Ejecutivo por sobre todos los demás, federales, estatales y municipales.
¡Al diablo con el republicanismo y con la democracia! ¡Al diablo con la separación de poderes y con la Constitución!
Posiblemente FRACASE el tirano en la consumación de este "coup", pues el Congreso, o por lo menos sus integrantes independientes, apelarán a nuestras Cortes y siendo tan obvia la violación constitucional, eventualmente la Suprema Corte la detenga.
Mas esto no importa, y no sobran ministros que se doblen, por lo tanto alarma a más no poder el CINISMO de este intento autoritario; el hecho de que este señor se ATREVA a tan enorme paso, al gran tamaño y dimensiones de su ilegalidad.
Deveras que el solo intento basta para denunciar la existencia en él de un alma política negra, con insaciable hambre de poder, que no RESPETA ley alguna, ningún límite a su poder, despojado de cualquier recato que lo haga respetar nuestras INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS y las BUENAS PRÁCTICAS de Gobierno y las que de ellas se derivan.
Lo que pretende realizar el camarada López resulta tan aberrante que sólo los más repudiados dictadores latinoamericanos lo han intentado, entre ellos los Hnos. Castro, Daniel Ortega y Chávez/Maduro.
Seguros estamos que los observadores extranjeros, los analistas y los reporteros no dan crédito a lo que sucede en México, vecino y socio del país más democrático (y próspero) de nuestro Continente, Estados Unidos, junto con nuestro otro socio, CANADÁ.
¡En lugar de marchar en sincronía con ellos, intencionalmente el Gobierno mexicano opta por la discordia y desentona por completo con la armonía económica y democrática que viven nuestros vecinos y socios!
Lamentablemente, no es sólo el ACAPARAMIENTO ilegal del poder en manos presidenciales lo que alarma, creando desconfianza dentro y fuera de México.
También tenemos el cinismo descarado con el que pretende este mismo Presidente intervenir en la economía en sentido contrario a la LIBERTAD de emprendimiento consagrada en nuestra Constitución.
Ello cuando por sus pistolas pretende decidir dónde SÍ y dónde NO se pueden establecer industrias.
Algo totalmente aberrante: un Presidente no puede prohibir o limitar la actividad empresarial.
¡Es el mercado y no un aspirante a Emperador el que determina qué se puede y qué no se puede realizar en las actividades económicas!
Ayer por la mañana tuvimos una muestra de esta megapreocupante tendencia absolutista cuando sin pudor ni recato pretendió prohibir -de nuevo por sus pistolas- que en el norte del País se realice más producción de cerveza.
Afirmó él, quizá desquiciado ya por tanto poder que ha acumulado, que sólo en el sur y sureste del País se puede -o debe- producir cerveza.
¿Imaginan ustedes a cualquier Presidente ordenando qué actividad económica se puede o no realizar?
Sólo quizá en Rusia. Augurio nada bueno.
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¡¡¡La buena!!!/Guadalupe Loaeza
en REFORMA
"Estoy en plena forma y tengo que bajar de peso", le dijo, por último, y con mucha determinación, Beatriz Paredes a Mónica Garza, entrevistadora del Canal 40. La entrevista giró alrededor del hecho de que la senadora buscará ser candidata presidencial para el 2024 por la alianza PRI-PAN-PRD.
He allí dos buenas noticias: su candidatura a la Presidencia y su deseo de bajar de peso. La primera revelación era la que esperábamos los más escépticos y desesperanzados en cuanto a las próximas elecciones presidenciales. Resultaba imposible que en todo el espectro político mexicano, la oposición no contara con un candidato o candidata de calidad y con experiencia como, sin duda, es el caso de Beatriz que sí tiene las herramientas suficientes para enfrentarse a Morena, movimiento que ya da por hecho que su candidata Claudia Sheinbaum llegará a la Presidencia de la República. Pues no. Beatriz Paredes representará a los millones de mexicanos y mexicanas inconformes con la situación que ha creado el partido en el poder. A que López Obrador no contaba con esa posibilidad. Enfrentarse a una política tan profesional e inteligente como lo es la ex gobernadora de Tlaxcala no será fácil. Gracias a su larga experiencia en la política y a su arrolladora personalidad, seguramente elevará el nivel de la contienda, que buena falta hace. Imaginemos un debate entre Claudia Sheinbaum y Beatriz Paredes, ganadora de varios premios de oratoria desde que era muy joven. Beatriz es una apasionada de la confrontación de ideas, de conceptos y de propuestas. En cambio, Claudia repite lo que dice su jefe cuyas ideas no son precisamente las más brillantes, como lo demuestra la situación del país. Ahora que Claudia está abiertamente en campaña, la Ciudad de México está abiertamente a merced del crimen organizado y de la inseguridad. Hace unos días tenía como invitado para una entrevista por Zoom a una destacada personalidad, diez minutos antes del programa me escribió: "Acaban de asaltar a mi hijo". No tuve palabras para reconfortarlo, mientras que la señora Sheinbaum estaba muy ocupada, no en sus deberes, sino en campaña. Eso de estar en campaña tan anticipadamente, a estas alturas, se supone que es una violación de la ley electoral. Los morenistas se sienten tan seguros y están tan pagados de sí mismos que hacen lo que quieren. Nadie les pone freno y al INE, se lo pasan por el arco del triunfo.
Hace muchos años tengo el privilegio de conocer a Beatriz Paredes; sobre ella y su trayectoria he escrito mucho y siempre en términos muy elogiosos. Confieso que siempre me ha llamado la atención su personalidad, la cual me parece como un caleidoscopio de muchos colores, unos más brillantes que otros. Beatriz es una enamorada de la vida, de la poesía, de la literatura, de la música, de los huipiles de su tierra, pero sobre todo de México. Beatriz siempre ha luchado por un país más democrático y justo. Está por el diálogo, por escuchar al otro y por tender puentes. A Beatriz le encantan la buena conversación y el cine. Más que los partidos, a Beatriz le interesa el ser humano, no importa del color que sea. No le teme a los conflictos, ni a los desacuerdos. Beatriz discierne, discute, dialoga y es autocrítica. La imagino perfecta como presidenta de la República en estos momentos, en que nuestro país está tan dividido y violentado. Beatriz es muy honesta, primero consigo misma y luego con los demás. No le llaman la atención los bienes materiales. Conozco su casa en San Ángel, la misma de siempre, decorada con muchos objetos de artesanías de muchas partes de la República. Beatriz, licenciada en sociología, con posgrado en literatura, ha leído muchísimo y ha aprendido más como ex embajadora de Cuba y de Brasil. Ha escrito tres libros y cantado miles de canciones acompañada de su guitarra. Beatriz ha sido diputada tres veces, y fue subsecretaria de Gobernación. Los que conocen a Beatriz, de 68 años, saben que se trata de una mujer de convicciones y que asume sus responsabilidades a cabalidad.
Beatriz Paredes está genuinamente preocupada por el país, por su economía por la incontrolable violencia y los feminicidios. Desde que se lanzó a la política su tema ha sido la mujer. Aunque todavía falta mucho para las elecciones, pensemos que ahora contamos con una candidata de una verdadera oposición y que puede tener grandes posibilidades de llegar a la Presidencia. Y por último, y con todo respeto, le recomendamos una muy buena dieta porque le espera una campaña muy dura.
gloaezatovar@yahoo.com
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