Aquel incidente en Huitzilac.

Celebro que un Tribunal ordenara esta semana a inmediata libertad de nueve de 12 ex agentes de la extinta Policía Federal por el caso Huizilac..

Dice la nota de Rubén Mosso de Milenio del 20 de abril que un Tribunal Federal ordenó la inmediata libertad de nueve de 12 agentes de la extinta Policía Federal que fueron sentenciados por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa contra dos agentes de la CIA y de un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México.

"MILENIO tuvo acceso a la resolución dictada por Silvia Carrasco Corona, magistrada instructora de la ponencia “A”, del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Octavo Circuito, quien en acato a una sentencia de amparo ordenó la libertad.

Los ex agentes fueron acusados por la PGR de intentar matar a los estadunidenses Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner, así como al capitán de fragata Fabián Molino Yera, quien conducía un vehículo con placas diplomáticas, en las inmediaciones de Tres Marías, en la carretera federal México-Cuernavaca, el 24 de agosto de 2012.

"Funcionarios federales consultados revelaron a MILENIO que hasta el momento dos ex policías ya abandonaron las cárceles donde se encontraban y el resto continúa con el trámite administrativo.

La orden se dio en cumplimiento al amparo otorgado a los quejosos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en contra de la sentencia que les fue dictada el 30 de octubre de 2019.

Los únicos agentes que permanecerán en prisión son Francisco Humberto Segovia Domínguez, Héctor Francisco Martínez Leyva y Raúl Sánchez Fonseca, a quienes se les ratificó la pena de 16 años de prisión.

La magistrada ordenó la liberación de Carlos Sánchez Durán, José Uriel Garrido Franco, Jorge Alberto Vargas Camacho, quien ya dejó la cárcel, al igual que Ranulfo Ruelas López; Emir Suárez García, Ángel Mauricio Sotelo Martínez, Tomás Romanillo Armenta, Rafael Rivera Córdova y Gerardo Ramírez Garduño. 

A todos ellos se le impuso una pena de 10 años seis meses de prisión, la cual se tuvo por compurgada, por lo que se ordenó su inmediata libertad, aunque deberán cubrir de manera solidaria el pago de un millón 810 mil 900 pesos, por concepto de reparación del daño por lo que respecta al delito de daño a propiedad ajena.