El laberinto de Bucareli: formas, tiempos y omisiones

 El laberinto de Bucareli: formas, tiempos y omisiones

Por: Fred Álvarez Palafox

@fredalvarez

En el complejo ecosistema de las relaciones Estado-Iglesias, la forma suele ser fondo. En la "mañanera" de este viernes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció con tono de novedad la suspensión del registro de Naasón Joaquín García como ministro de culto ante las autoridades mexicanas. El anuncio, sin embargo, deja un sabor agridulce y una pregunta en el aire: ¿es justicia real o simplemente burocracia tardía?

Para quienes conocen el tema a fondo —y sospecho que la secretaria no lo conoce con esa misma profundidad—, la distinción técnica es vital, pero sus implicaciones políticas son aún más profundas. Lo que se ha suspendido es meramente el registro individual de Naasón en el padrón de los más de 107 mil ministros registrados en el país. Una raya más al tigre para un hombre que purga una condena de 16 años en California por delitos que agravian la dignidad humana.

La Secretaria admitió sin ambages la limitación de su medida: “Lo que sí está detenido... es que un ministro de culto que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido... porque además está purgando una condena fuera de nuestro País”. Pero lo confesó con una naturalidad pasmosa: “ya tiene algunos meses que se ha suspendido”. Si ya tenía meses, ¿por qué presentarlo hoy como una acción de rigor presente?

El elefante en la habitación, sin embargo, sigue ahí: la Asociación Religiosa (AR). La estructura jurídica de la Iglesia La Luz del Mundo permanece intacta, blindada por un andamiaje legal que exige acreditar faltas "sistemáticas" para ser removida. La propia funcionaria lo confirmó al señalar que la institución conserva su registro: “La iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo”.

La Secretaria apela a la “prudencia” y sostiene que el gobierno actúa solo cuando la autoridad judicial da el parte. Pero, caray, ¿cuánta prudencia cabe frente a una realidad que nos explotó en la cara hace años? Naasón Joaquín García perdió su autoridad moral y su libertad el 3 de junio de 2022, cuando se declaró culpable para eludir la cadena perpetua. Lo hizo admitiendo lo innombrable: tres cargos de abuso sexual de menores, dos de cópula con menores y otro por actos lascivos; una confesión que lo dejó registrado de por vida como depredador sexual en Estados Unidos.

Ante este expediente de horror, que hoy se use la tribuna pública para informar —con aires de diligencia— sobre una baja administrativa que ocurrió "hace meses", suena más a un trámite de archivo empolvado que a una verdadera política de Estado. Es la justicia de escritorio llegando tarde a una escena del crimen que el mundo entero ya conocía.

Mientras la justicia estadounidense fue expedita al desmantelar la impunidad del llamado "Apóstol de Dios", en México el reloj administrativo parece haberse detenido en una pausa complaciente. La baja formal en los registros de Bucareli llega con un retraso que raya en la irrelevancia. Mientras la AR mantenga su estatus, la estructura que permitió el ascenso y la protección del líder sigue operando bajo el amparo de la ley.

¿Justicia o trámite? Al calificar la medida como parte de las "investigaciones", el gobierno intenta proyectar un rigor que no tiene. Para el observador atento, queda claro que se trata de una reacción reactiva, no de una política proactiva de supervisión.

 Retirarle el título de ministro a un sentenciado no es nota - ademas no la necesita para ser el líder-,  es, en todo caso, la fe de erratas de un sistema que tardó demasiado en leer la realidad.

La verdadera noticia, la que sacudiría el tablero, habría sido la suspensión del registro como AR. Todo lo demás es cosmética burocrática.

Por cierto, el juez federal Juan José Rodríguez Velarde, con sede en Puente Grande, Tonalá, reprogramó para el próximo día 27 la audiencia en la que se decidirá si se reabre el caso. El ajuste se dio a petición de la defensa de los agraviados, quienes solicitaron tiempo para revisar a fondo una robusta carpeta de investigación que suma ya 2 mil 516 fojas. En el mundo del derecho, como en el de la política, el diablo suele esconderse en los detalles de esos expedientes kilométricos.