El mito de la bandera y la verdadera invasión/ Fred Alvarez,

 El mito de la bandera y la verdadera invasión

Por Fred Alvarez Palafox

@fredalvarez

La historia de México suele guardarse en el mármol frío de los monumentos o en el bronce inmóvil de los héroes, pero hay mañanas en que el pasado despierta de golpe para confrontar nuestra cruda realidad. Sucedió este domingo, al leer la lúcida y dolorosa columna de Enrique Krauze en Reforma, titulada ¿Qué dirían los Niños Héroes?. Su lectura no solo me provocó una profunda coincidencia, sino la urgente necesidad de reflexionar sobre el peso de nuestros símbolos y la alarmante ligereza con la que hoy se pretenden utilizar desde la cúpula del poder.

Krauze nos devuelve con maestría al aciago 13 de septiembre de 1847. Nos hace sentir el polvo, el miedo y la inmensa valentía de aquellos jóvenes cadetes en el Castillo de Chapultepec, enfrentando a un ejército extranjero en una guerra flagrantemente injusta como lo reconoció en sus memorias el presidnete Ulysses S. Grant. Murieron 13 mil 768 invasores y al menos 25 mil mexicanos.

Aquellos muchachos -nos recuerda Enrique-, murieron por una causa nítida: la defensa de la soberanía nacional ante un invasor con uniforme y bandera extraña. El desenlace fue trágico —nos mutilaron la mitad del territorio—, pero la dignidad quedó intacta en la memoria colectiva.

Hoy, en pleno 2026, la tragedia persiste, pero ha cambiado drásticamente de rostro. Como bien apunta el historiador, México padece una nueva invasión, acaso más terrible porque no viene de fuera, sino que germina en nuestras propias entrañas. Los ejércitos del crimen organizado no portan banderas extranjeras ni avanzan en barcos de guerra; caminan por nuestras calles, dominan municipios enteros, imponen alcaldes, extorsionan al comerciante de la esquina y reclutan a balazos a nuestros jóvenes. Es una ocupación silenciosa e implacable que se consolidó al amparo de la indulgencia y de esa política claudicante de "abrazos" que marcó el pasado reciente.

Lo verdaderamente preocupante del momento actual es la respuesta institucional. Ante la creciente presión internacional —con argumentos legítimos o no— y las evidencias que brotan a la luz pública sobre los vínculos de la clase política con estas estructuras criminales, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por el peor de los refugios: la retórica chovinista. Pretender que perseguir a los cómplices del narcotráfico es un ataque a nuestra soberanía es una impostura histórica.

La escenificación de esta narrativa tuvo lugar apenas ayer en Kanasín, Yucatán. Bajo la sombra de los recientes y severos señalamientos de Washington contra políticos de Morena, la mandataria no buscó el desvío ni el matiz; al contrario, plantó cara y trazó una línea de fuego. Frente al micrófono, hiló una secuencia de sentencias categóricas que resonaron como un fuerte posicionamiento de Estado: “Nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México... Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la Transformación... Los corruptos de antes no le van a robar la Transformación”.

Al rematar su discurso advirtiendo que “ninguna persona que no sea honesta puede esconderse bajo el halo de la transformación”, Sheinbaum envió un mensaje a dos bandas. Hacia adentro, una advertencia de que las siglas del movimiento no serán un pasaporte de impunidad; hacia afuera —particularmente hacia la administración de Donald Trump—, un oportuno blindaje de soberanía frente a las crecientes presiones de Washington. Al proclamar que su fuerza proviene del pueblo, la presidenta buscó proteger la columna vertebral del régimen: su autoridad moral.

Sin embargo, es justo ahí donde el pragmatismo político choca con la profundidad de nuestra historia. La narrativa oficial intenta envolverse en la bandera nacional, emulando falsamente el sacrificio de Juan Escutia para justificar el disenso geopolítico. Pretenden hacernos creer que resistir la acción de la justicia internacional es un acto de patriotismo pura y dura.

Pero el argumento se debilita ante la realidad. No se está defendiendo la soberanía del ciudadano de a pie; se utiliza el sagrado lienzo tricolor como una pantalla de humo para capotear tormentas políticas y encubrir la impunidad de personajes con nombre y apellido en los expedientes del tribunal de la historia.

¿Qué dirían hoy aquellos cadetes de 1847 ante este espectáculo?, se pregunta Krauze. Sentirían una profunda vergüenza. Aquellos jóvenes dieron la vida para proteger a los ciudadanos de un enemigo externo; hoy, el discurso público se atrinchera en los símbolos patrios mientras el territorio real se desvanece en manos de la delincuencia.

La verdadera soberanía no se defiende protegiendo complicidades con discursos estruendosos desde un templete; se defiende devolviéndole la paz a los pueblos fantasmas, la libertad a las carreteras y la dignidad a un país que ya ha llorado a demasiados muertos. Envolverse en la bandera para ocultar el fracaso de la seguridad oficial no es heroísmo; es, sencillamente, una dolorosa evasión de la realidad.

Texto de Krauze..

¿Qué dirían los Niños Héroes?/Enrique Krauze 

REFORMA, 17 mayo 2026

México, 13 de septiembre de 1847.

Un grupo de cadetes del Colegio Militar decide permanecer en su plantel para defenderlo del ejército extranjero. Ha transcurrido casi un año y medio de la guerra con Estados Unidos. El norte del país -desde las costas de Texas hasta California- permanece invadido. Desde el desembarco en Veracruz hasta las puertas de la capital, las tropas mexicanas, valerosas pero carentes de preparación y recursos, han sufrido derrota tras derrota. Son frecuentes las atrocidades estadounidenses contra la población civil.

En la defensa del Castillo de Chapultepec, junto con decenas de soldados y oficiales, morirían seis de aquellos jóvenes cadetes -a quienes la tradición recordaría después como los Niños Héroes-. Sería una de las últimas resistencias. Habían combatido por una causa justa, la defensa de la soberanía del país. Tres días más tarde la bandera de las barras y las estrellas ondeaba en Palacio Nacional. Los Estados Unidos terminarían por apropiarse de la mitad del territorio mexicano.

"Fue la guerra más injusta", escribiría en sus Memorias Ulysses S. Grant. Morirían en ella 13 mil 768 invasores y al menos 25 mil mexicanos.

México, 179 años después.

El país vive una nueva invasión. Son los ejércitos del crimen organizado. No llegan con uniformes extranjeros. Ocupan, dominan y someten regiones enteras. Se han fortalecido a lo largo de casi cuatro decenios debido a la indulgencia, la incapacidad y la connivencia de autoridades en estados, municipios y aun en el nivel federal. Entre 2018 y 2024, gracias a los generosos abrazos que recibieron del gobierno, su presencia (con sus redes de complicidad política) se acrecentó significativamente.

A estas tropas dotadas de armamentos modernísimos no las mueve otro "destino manifiesto" que el de compartir la riqueza y el poder con el Estado mexicano. Para lograrlo, extorsionan, secuestran, asesinan, trafican con drogas, armas, personas, combustibles robados, mercancía pirata y precursores químicos. Cobran derecho de piso, desplazan comunidades, reclutan a los jóvenes por la fuerza, incendian negocios y controlan rutas comerciales o la venta de ciertos productos. Su violencia daña la economía, paraliza inversiones, destruye proyectos, vacía pueblos y condena a millones de personas a vivir con miedo. Sus líderes y personeros financian campañas, corrompen autoridades, obtienen concesiones, contratos (y libertad para operar), imponen candidatos y, cuando no los imponen, los secuestran o los matan. Ése es el ejército que asuela a México, y no solo a México. Cerca de medio millón de compatriotas han muerto por homicidio doloso desde 2007, casi la mitad de ellos desde 2018. Y a través de la introducción de drogas y del fentanilo, en la última década el crimen organizado ha provocado la muerte de más de 500 mil personas en Estados Unidos.

Más allá de la responsabilidad compartida (Estados Unidos desde la demanda de drogas, México desde la oferta), ambos países tienen frente a sí la oportunidad histórica de vencer juntos a este ejército invasor. Por una parte, el actual gobierno mexicano -ya sea por propio convencimiento o por presión de Estados Unidos- ha dado golpes sustanciales contra los delincuentes (decomisos, capturas, etc...). Por otra parte, el gobierno y la justicia de Estados Unidos han decidido proceder resueltamente contra el ejército del crimen (en todos sus estratos) y, con base en convenios internacionales, reclaman su entrega a los tribunales.

Pero algo falla...

Un factor inesperado: la incomprensible protección que el gobierno mexicano está ofreciendo a los socios políticos del crimen. La defensa que hace de ellos parece llegar a un extremo suicida, tensando nuestra relación con el vecino (del que depende en una proporción altísima nuestra economía) a un nivel que no se veía desde hacía al menos un siglo. En lugar de entregar a los responsables, el gobierno dice envolverse en la bandera nacional. Pretende hacernos creer que 2026 es 1847, y que ellos son los nuevos defensores de la soberanía nacional.

A nadie engañan. Con todas las estridencias de su presidente, no es Estados Unidos quien invade a México. Quien nos invade es el crimen organizado aliado a un sector del partido en el poder. La única soberanía que está defendiendo el gobierno es la de esos políticos delincuentes que todo México -y ahora el mundo- conoce por nombre y apellido.

Los Niños Héroes murieron por la patria defendiéndola del invasor. Hoy sentirían dolor y vergüenza.

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