Las columnas políticas hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global

Por Fred Alvarez Palafox.

El peaje de la miseria: la caída del intocable

Ayer se rompió una ley no escrita en la historia de la democracia española. El pacto de impunidad silenciosa que, por décadas, protegió a los exinquilinos de La Moncloa saltó por los aires. Lo hizo con el peso de un auto demoledor de 85 páginas, dictado por el juez José Luis Calama. Aquí ya no hablamos de sospechas etéreas ni de rumorología de pasillo; hablamos de un rastro indeleble de correos electrónicos, transferencias bancarias y escuchas telefónicas que imputan formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta trama de tráfico de influencias.

El hilo de la madeja comenzó a desenredarse en marzo de 2020, con el escandaloso rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Al borde de la quiebra técnica y estrechamente vinculada al régimen chavista, la compañía se propuso asaltar los fondos del erario español, a sabiendas de que los cauces legales jamás le alcanzarían. Para lograrlo, desplegó una agresiva estrategia de influencia a dos bandas: la vía Ábalos-Koldo y la vía Zapatero. Como ilustró con crudeza uno de los implicados en los mensajes que hoy reposan en la causa judicial: estaban dispuestos a hacer lo que fuera, y al precio que fuera, con tal de asegurar el botín.

Pero el alcance de este terremoto trasciende la clásica mordida doméstica; apunta a una auténtica geopolítica estructural de la corrupción. El auto judicial describe un peaje estandarizado y frío: para comprar crudo venezolano saltándose las sanciones internacionales, las corporaciones debían enviar primero una carta de intenciones a la "Oficina del Presidente Zapatero" en Madrid. Solo después de ese visado, Delcy Rodríguez asignaba los buques en Caracas. 

Una triangulación perfecta entre España, Venezuela y corporaciones ligadas al Partido Comunista Chino.

Sin embargo, el detalle más doloroso no está en los despachos, sino en el estómago vacío del pueblo venezolano. Mientras el chavismo utilizaba las cajas de comida CLAP  - Comités Locales de Abastecimiento y Producción-, como un mecanismo de chantaje y control social, la red investigada facturaba miles de euros por una planta empaquetadora. Cobrar fortunas por el macabro privilegio de empaquetar la miseria.

¿Y qué implicaciones tiene este sismo en México?

El escándalo desarma por completo las narrativas locales y salpica directamente a nuestro país al revivir un turbio expediente de lavado de dinero operado entre 2016 y 2018 a través, precisamente, del programa CLAP. Bajo ese esquema, operadores globales como Alex Saab amarraron contratos en territorio mexicano para comprar despensas de baja calidad a precios inflados.

Aunque el fraude penal germinó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la afinidad ideológica del gobierno posterior intentó congelar el tema en el olvido. Hoy, con la presión de Washington y las cartas judiciales españolas sobre la mesa, al entorno político mexicano le resultará imposible mirar hacia otro lado. El expediente de la conexión Caracas-Madrid-México está abierto de par en par, y promete helarnos la sangre.

Es inevitable preguntarse si este escenario guarda alguna relación con la llamada Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada el pasado 18 de abril en Barcelona. En aquel foro coincidieron figuras como Pedro Sánchez, Lula da Silva, Gustavo Petro y la alta representación de México. Apenas unos días después, el 23 de abril, estalló el caso Rocha, desatando una oleada de presiones que alcanzó incluso la gestión de los consulados. Quizá no sea más que una enorme especulación, pero en la alta política las casualidades rara vez existen; suelen ser, más bien, los hilos invisibles de una misma trama. 

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Relaciones entre Cuba y EU..

La reactivación de un expediente con tres décadas de antigüedad —el trágico derribo de las avionetas de "Hermanos al Rescate" en 1996— se convierte hoy en la punta de lanza de una ofensiva judicial y política sin precedentes.

El caso de "Hermanos al Rescate"

Para entender la gravedad de esta acusación, hay que rebobinar la cinta hasta el 24 de febrero de 1996. En aquel entonces, Raúl Castro no era el jefe de Estado, sino el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Aquella tarde, dos avionetas Cessna de la organización de exiliados cubanos "Hermanos al Rescate", que solían buscar balseros en el Estrecho de Florida y lanzar propaganda sobre la isla, fueron derribadas por cazas MiG cubanos. El argumento de La Habana fue la violación de su espacio aéreo; la versión de Washington y de la OACI fue que el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional.

Murieron cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses. El dolor de esas familias quedó suspendido en el tiempo, congelado por la geopolítica... hasta ahora.

La crónica de una escalada anunciada

El anuncio del fiscal general interino, Todd Blanche, no es un hecho aislado, sino el clímax de una narrativa que se ha venido cocinando bajo la administración de Donald Trump:

Rompiendo el molde diplomático: Durante casi 70 años, Washington manejó sus diferencias con el régimen cubano a través de embargos, retórica y operaciones encubiertas. Llevar a un ex Presidente y líder histórico al banquillo de los acusados en una corte federal de Miami es cruzar el Rubicón.

Emitir esta acusación desde el Tribunal Federal de Distrito de Miami tiene una carga simbólica y política innegable. Es el epicentro del exilio cubano, donde el eco de las avionetas derribadas nunca dejó de sonar.

Las implicaciones: ¿Justicia tardía o jaque mate político?

Con 94 años a cuestas y formalmente retirado del día a día del gobierno (aunque manteniendo su peso moral en el Partido Comunista), es prácticamente imposible que Raúl Castro pise una celda en Estados Unidos.

Cuba no extradita a sus líderes y cerrará filas en torno a lo que considerará una "agresión imperialista".

Sin embargo, el impacto real de esta medida no es físico, sino un golpe de ajedrez en el escenario internacional:

El mensaje es el precedente: Al dictar estos cargos, la justicia estadounidense establece un nuevo estándar. "Si matan a estadounidenses, los perseguiremos. Sin importar el cargo". La narrativa ya no es solo de embargo económico, sino de persecución penal internacional.

La crónica de la revolución cubana, que empezó con el fusil en la Sierra Maestra en 1959, escribe hoy uno de sus capítulos más complejos no en las costas de la isla, sino en los folios de una corte de Florida.

La gran pregunta ahora es cómo responderá La Habana a este golpe directo al corazón de su vieja guardia#

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Ofrece Rubio a cubanos nueva relación

En un mensaje especial en video difundido este miércoles, el Secretario de Estado Marco Rubio, se dirigió directamente al pueblo cubano en español para ofrecer una "nueva relación" entre ambos países. Este acercamiento, respaldado por el Presidente Trump, plantea la condición de interactuar directamente con los ciudadanos, dejando fuera al liderazgo comunista de la isla.

La declaración coincide con la inminente expectativa de que el Departamento de Justicia estadounidense anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años.

Rubio reiteró el ofrecimiento de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, aclarando que deben ser distribuidos a la población a través de la Iglesia católica.

Rubio rechazó que los severos apagones de hasta 22 horas diarias se deban a un bloqueo petrolero de EU, atribuyendo la falta de energía, combustible y comida al saqueo de recursos por parte de quienes gobiernan.

El Secretario denunció que el conglomerado militar GAESA funciona como "un Estado dentro del Estado", controlando el 70% de la economía cubana y acumulando miles de millones en activos provenientes de hoteles, bancos y remesas, fondos que —afirmó— se destinan al lujo de una pequeña élite en lugar de modernizar las dañadas centrales eléctricas del país.

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Las columnas políticas hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Todos los caminos llevan a Tabasco/ El Universal

Bajo Reserva

Nos cuentan que la alta sensibilidad en el movimiento morenista por el caso Sinaloa se debe no sólo a la gravedad de las acusaciones de la fiscalía de Nueva York contra el gobierno de Rubén Rocha Moya sino también a las ramificaciones del caso, las cuales, nos dicen, conducen a Tabasco. A la muy evidente y exhibida cercanía del expresidente Andrés Manuel López Obrador con don Rubén durante toda su gestión en la administración estatal, se suma la estrecha vinculación del general Gerardo Mérida Sánchez, hoy bajo custodia de autoridades estadounidenses, con el también general Audomaro Martínez Zapata, hombre de todas las confianzas del exmandatario federal desde su primera candidatura presidencial en 2006. La carrera de don Gerardo creció de la mano de don Audomaro, ambos formados en la inteligencia militar. Con el visto bueno de López Obrador, el general Martínez sacó al general Mérida de su retiro para llevarlo a áreas de seguridad estatales, la última de ellas, a Sinaloa.

¿Y la subsecretaría para América del Norte?

Tras la llegada de Roberto Velasco como canciller se han dado cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores sin que hasta ahora se haya nombrado titular de la Subsecretaría para América del Norte. Nos dicen que en este reacomodo, Jennifer Feller salió de la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y su lugar fue ocupado por César Villanueva Esquivel. Ante la negociación del T-MEC, las fricciones con Washington, el Mundial y la protección de los connacionales, nos señalan que urge una figura para la subsecretaría de América del Norte, que dejó vacante el propio Velasco. ¿Será que don Roberto mantiene la cartera dominada y no ve necesidad de que sea ocupada de tiempo completo por alguien?

Interparlamentaria en lugar seguro

A propósito de la relación con el vecino del norte, nos cuentan que senadores de la 4T promueven una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos para hablar exclusivamente de la revisión del T-MEC. Nos hacen ver que, en estos tiempos turbulentos, los legisladores del bloque oficialista están tomando precauciones para evitar sorpresas. La propuesta que han planteado a los congresistas estadunidenses es que la reunión se realice de este lado de la frontera, en Nuevo León o la Ciudad de México, con lo que se blindarían algunos senadores que pudieran tener problemas con su visa. Y que, nos dicen, no son pocos.

¿Y yo por qué?: Rosa Icela

Quien nos comentan que en pleno vendaval por el caso Sinaloa se aventó “un Fox”, fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Tras finalizar una conferencia de prensa sobre los trabajos del gobierno federal para la búsqueda de desaparecidos, los reporteros le preguntaron si sabía en dónde está Rubén Rocha Moya, a lo que la funcionaria respondió con la pregunta: ¿Yo por qué? Y en seguida, quizá al darse cuenta de que emulaba al expresidente panista Vicente Fox, recalcó: “Ahora sí que ¿yo por qué?”. Doña Rosa Icela apresuró el paso y evitó responder todas las preguntas sobre el tema de la acusación en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y 9 exfuncionarios estatales, remitiendo a lo que se ha dicho en la conferencia mañanera presidencial. ¿Será que terminarán diciéndole a Rocha Moya: “Comes y te vas”?

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Templo Mayor/ Reforma.

FALTAN 22 DÍAS para que inicie el Mundial de Futbol y en México ya se está formando la ola pero no de emoción de los aficionados, sino la de una tormenta perfecta para el país. Desde protestas sociales hasta escasez de electricidad, pasando por la inseguridad de siempre e incluso temas de movilidad por obras inconclusas o improvisadas y los pendientitos en los aeropuertos.

MUCHOS GRUPOS querrán aprovechar la vitrina internacional para manifestar sus reclamos y ya las madres de desaparecidos han anunciado que protestarán en los alrededores del Estadio Azteca. A eso se suma la amenaza de controladores aéreos de irse a huelga en todo el país, debido a las malas condiciones de trabajo que, según dicen, padecen. También están los maestros de la CNTE que, para no variar, quieren aprovechar el escenario para hacer desmanes, perdón, movilizaciones sociales en contra de la política educativa del gobierno y, de paso, pa' que les den más lana.

Y NO HABRÍA QUE menospreciar las advertencias sobre posibles apagones en el país, debido a que habrá, sí o sí, un incremento en el consumo de energía eléctrica.

CONFORME se vaya acercando más el Mundial, la presión de la olla nacional seguirá aumentando.

AL ESTILO de Vicente Fox, cuando a Rosa Icela Rodríguez le preguntaron si sabe dónde está Rubén Rocha Moya, respondió: "¡¿Y yo por qué?!". La titular de Gobernación se negó a aclarar si conoce el paradero del gobernador de Sinaloa con licencia. Cosa de recordar que al morenista no se le ve en público desde hace semanas. Justo después de que Estados Unidos pidió su extradición por narcotráfico, apareció pidiendo licencia al cargo... pero en un video.

SERÍA EXTRAÑO que el gobierno federal le hubiera perdido la pista a Rocha Moya, toda vez que el aparato estatal está volcado en defender al sinaloense, tratando de exculparlo de toda sospecha, y sobre todo buscando argumentos para no entregarlo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

PRIMERO CON la cantaleta de las pruebas, de que manden pruebas, que enseñen las pruebas, que justifiquen con pruebas la petición de extradición. Y ahora salieron con una nueva: que desde 2018 Estados Unidos no ha extraditado a una sola persona a México. Y a lo mejor es cierto... pero eso no elimina la acusación contra Rocha Moya.

POR CIERTO, no hay que perder de vista lo que pase en Bolivia, donde un viejo colega de AMLO, el ex presidente Evo Morales, está atrincherado en su casa convocando a una especie de revuelta para defenderlo. Según su versión, existe un interés de EU por aprehenderlo, aunque la otra versión es que Evo lo que busca es tirar al presidente Rodrigo Paz y por eso anda agitando a sus huestes. La cosa tampoco pinta nada bien para los bolivianos.

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El asset cubano/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, mayo 20, 2026 |

Once cubanos prominentes de la dictadura castrista y tres entidades del gobierno en La Habana fueron sancionados este lunes por Estados Unidos, que consideró que significaban una amenaza para su seguridad nacional. Las sanciones se extienden a personas extranjeras que los apoyen de alguna forma o sean beneficiarias de sus servicios. Si bien forman parte de las acciones de presión creciente que está ejerciendo la administración Trump sobre el régimen castrista, hay una ramificación directa a Palenque, porque su vecino más emblemático, Andrés Manuel López Obrador, puede ser un daño colateral.

Entre las instituciones sancionadas se encuentra el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad interna, los servicios de inteligencia y las prisiones, junto con la Dirección de Inteligencia, que popularmente se conoce como el G2, que depende del ministerio. Ambas, que tenían una fuerte presencia en Venezuela –controlando la seguridad interna y la inteligencia local–, fueron desmanteladas tras la extracción del expresidente Nicolás Maduro a principios de año, de quien esperan que, en las negociaciones o interrogatorios en Nueva York, donde está preso, les ayude a terminar de armar el rompecabezas de las acciones clandestinas cubanas en toda América Latina.

Maduro, como antes lo fue Hugo Chávez, era un asset (activo) de la inteligencia cubana. López Obrador, de acuerdo con una de las investigaciones en su contra que se están realizando en Estados Unidos, también. Un asset no es lo mismo que un agente de inteligencia (espía), quien, a diferencia del primero, es parte de una estructura que les da pertenencia, formalidad y, al mismo tiempo, control. Suelen operar bajo cobertura diplomática en los países donde son asignados, pero también utilizan regularmente credenciales de periodista para hacer su trabajo.

Un asset de inteligencia proporciona y da información que le solicita el agente de inteligencia designado para ser su enlace –que se llama case officer en el argot de inteligencia–, pero no pertenece formalmente a la institución. Hay assets que son reclutados mediante convencimiento, extorsión, favores, protección o dinero, pero hay otros que lo hacen por afinidad ideológica. El asset les da acceso, influencia, financiamiento y apoyo logístico.

López Obrador pertenece a la segunda categoría. No se convirtió en un activo del G2 por coerción, extorsión o dinero, sino por convicción ideológica, de acuerdo con la investigación estadounidense a la que se ha tenido parcialmente acceso. El expresidente no fue un tonto útil del G2, sino que compartía el objetivo estratégico cubano de hacerle daño a Estados Unidos. Durante varios años les fue funcional, pero una vez en la Presidencia se convirtió en una pieza estratégica.

Una de las acciones que emprendió por iniciativa cubana, que se montó en las simpatías de altos funcionarios mexicanos, provocó uno de los últimos conflictos con el gobierno de Estados Unidos: la presunta participación de militantes de Morena que utilizaron los consulados de México en ese país para hacer proselitismo político. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera tajante el señalamiento, pero está en marcha la investigación que se espera produzca un informe público del Departamento de Estado.

El intervencionismo de López Obrador en los procesos electorales, sin embargo, fue público. En varias ocasiones hizo un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos para que votara contra los republicanos, incluido el entonces senador Marco Rubio, actual secretario de Estado.

Los primeros trascendidos de la investigación sobre los consulados señalan que la red consular mexicana está manipulada por los cubanos, y que buscaron incidir en el voto en Estados Unidos, haciendo campaña en contra de Donald Trump y a favor de los demócratas. De acuerdo con los datos de inteligencia que produjo el FBI y que deberá corroborar el Departamento de Estado, el gobierno de López Obrador dispuso de 160 millones de dólares durante dos años, enviados a un número no precisado de consulados bajo la cobertura de programas específicos, que se emplearon para el proselitismo de las células de Morena en ese país, las cuales nunca han sido discretas.

López Obrador también le dio cobertura a miles de cubanos. Una fuente estadounidense dijo que el entonces director de Migración, Francisco Garduño, naturalizó a poco más de 50 mil cubanos como mexicanos. También extrajeron de Bolivia y Ecuador, en ocasiones de manera clandestina porque estaban siendo perseguidos por la justicia de esos países, a bolivianos y ecuatorianos –cercanos al castrismo– durante la pandemia de la covid-19, quienes viajaban a Venezuela y de ahí a México, donde al llegar al aeropuerto en Toluca, durante la noche, les cambiaban sus documentos sudamericanos por mexicanos.

El alineamiento de López Obrador con la dictadura castrista fue público, llegando al extremo de traer al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como invitado de honor y orador distinguido en el desfile militar del 16 de septiembre de 2021. El 14 de marzo pasado salió de su refugio en Palenque, cuando Estados Unidos inició un bloqueo económico contra Cuba, contra el “exterminio” de Cuba, citando al general Lázaro Cárdenas, que, en otro momento y contexto de la historia, declaró que “no es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es nuestra”.

A diferencia de otros presidentes, que no todos simpatizaban con lo que devino el régimen castrista, López Obrador no jugó al equilibrio entre Estados Unidos y Cuba, sino que tomó partido por La Habana. Aunque no hay precisión sobre el año en que se convirtió en asset del G2, según la información a la que se tuvo acceso, fue cuando menos en 2006. Es altamente probable que Sheinbaum, que sabe de la afinidad ideológica de López Obrador con el castrismo –que, por sus declaraciones, comparte–, desconozca que el expresidente es mucho más que un mero simpatizante. Es un activo de la inteligencia cubana, como también lo son varios de quienes se encuentran en su entorno político, por lo que quizás las externalidades de la acción en Washington contra la inteligencia cubana no alcancen a calibrarse.

Una fuente estadounidense admitió que uno de los objetivos que tienen en México es desmantelar “el círculo ominoso entre los servicios de inteligencia extranjeros, el crimen organizado y autoridades corruptas”. Esta cara del conflicto que se vive entre México y Estados Unidos no se está viendo en Palacio Nacional, donde analizar, bajo nuevos supuestos, los diferentes pisos que están tensionando a los dos países podría tener mejores soluciones para salir de esta crisis.

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La lista de nombres que Carmona entregó a Estados Unidos /Héctor De Mauleón

El Universal, | 20/05/2026 |

El 25 de noviembre de 2021, Julio César Carmona Angulo solicitó la protección del gobierno de Estados Unidos a cambio de entregar información sobre el tráfico de drogas en Tamaulipas y el dinero que su hermano, Sergio Carmona, conocido como El Rey del Huachicol, había entregado a políticos mexicanos a fin de financiar sus campañas electorales.

Hacía solo dos días que El Rey del Huachicol había sido asesinado en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León: un crimen que a cinco años de distancia no ha sido esclarecido.

Ante una agencia de seguridad estadounidense, Julio César Carmona sostuvo que era probable que su hermano hubiera sido asesinado por los mismos políticos cuyas campañas financió en diferentes estados del país, y que habían recibido distintas cantidades de dinero, directamente de sus manos.

Carmona alegó que le era imposible regresar a México por miedo de que su vida se encontrara en peligro. A cambio de protección, se ofreció a colaborar con el gobierno de Estados Unidos.

Para entonces, el FBI tenía abierta una investigación sobre el tráfico ilegal de combustible en la frontera y en esa investigación se habían cruzado los negocios de El Rey del Huachicol y sus tratos con agentes de ambos lados de la frontera.

Poco antes de que mataran a Carmona, agentes de esa oficina lo contactaron para exponerle lo que tenían y proponerle un acuerdo.

Carmona tenía el defecto de no callarse nada. En las semanas que siguieron muchas personas con las que tenía tratos, incluidos políticos y militares de alto rango, estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo.

Cuando su hermano Julio César buscó protección a cambio de un acuerdo, el FBI se mostró sumamente interesado. De inmediato se ordenó que se sumaran a la investigación otras instancias, como el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Se les ordenó echar mano de todos los recursos a su disposición para investigar distintas plataformas y obtener números telefónicos, mensajes de texto e información en redes sociales de las personas que Julio César Carmona había señalado. Fue el primer paso en esa investigación.

La intención era armar un expediente lo más sólido posible, a fin de presentarlo ante el fiscal general y el Departamento del Tesoro, que ya llevaba por su cuenta una profunda investigación contra el lavado de dinero procedente del tráfico ilegal de combustible.

Según fuentes cercanas a la investigación, entre los nombres que Julio César Carmona entregó como parte de la red política que su hermano había financiado (se estima que aportó más de 500 millones de pesos, obtenidos gracias al control que tenía sobre la Aduana de Reynosa, por donde pasó millones de litros de huachicol), se encuentran el del entonces presidente nacional de Morena, y hoy secretario de Educación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado Carrillo (y al menos un par de familiares de este, incrustados en el gobierno de la CDMX).

Están también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su hijo Humberto Villarreal Santiago. Está Rubén Rocha Ruiz, hijo del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como Eduardo Gattás Báez, actual presidente municipal de Ciudad Victoria.

Están el exsecretario de Gobernación de López Obrador, Ricardo Peralta Saucedo, y la excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores.

En la lista aparece el exsecretario de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala, nombrado por unanimidad en marzo pasado como vocero estatal de Morena, y figuran también, entre una veintena de nombres, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal.

De acuerdo con varios testigos consultados por esta columna, en una reunión celebrada en Polanco en diciembre de 2021, en la que iba a hablarse de la encuesta para definir al candidato a la gubernatura de Tamaulipas, uno de los presentes le echó en cara a Mario Delgado que hubiera dejado que Carmona se metiera a Morena hasta la cocina. En esa reunión se hallaba el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

En días recientes, el exalcalde de Matamoros Mario Alberto López reveló que el presidente de Ciudad Madero, Erasmo González, enlace de los candidatos de Morena en el estado con Sergio Carmona, fue el conducto por el cual El Rey del Huachicol se acercó al partido. Según dijo, Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, y él, fueron los únicos que no le aceptaron a Carmona su dinero:

“Fui de los pocos que los mandó a volar cuando vinieron. Yo nunca tuve relación con ellos, soy de los pocos que no recibió dinero en efectivo, de los pocos que no recibió dinero en especie, de los pocos que se deslindó cuando estaba vivo el señor”.

Peña Ortiz fue, sin embargo, otro de los mencionados por Julio César Carmona.

Tras el terremoto de Sinaloa, Estados Unidos ha anunciado que vienen nuevas acusaciones. Todos los mencionados saben que comenzaron a ser investigados hace cinco años. Deben estar temiendo que, en caso de hayan prosperado, las nuevas acusaciones revienten ahora de aquel lado.

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Lo que dicen Andy, Clara y Jesús contra Claudia/Carlos Loret de Mola

El Universal, 20/05/2026 

Anhelan el estilo de mando de López Obrador. Y lo comparan con el de Claudia Sheinbaum. Dicen que él siempre estaba sereno, calmado, con las cosas bajo control, dando instrucciones (buenas o malas) pero claras, no ambiguas. Recuerdan que el sello de él era el buen trato. Que no le gritaba a nadie ni buscaba humillar a sus colaboradores delante de otros.

Pero ella... lo de ella es otra cosa.

Dicen que se ha normalizado en la presidenta Sheinbaum un estilo de mando basado en maltrato, gritos, groserías, reacciones viscerales y descalificaciones en público. ¿Cómo te va a ir en tu cita con la Presidenta? Depende de en qué humor la encuentres. No se trata de una mala temporada. No es un hecho aislado. Es un estilo recurrente de mando.

Esto es lo que dicen en reuniones privadas Andy López Beltrán, Clara Brugada y Jesús Ramírez. Los representantes del ala dura de Morena están en guerra contra la presidenta Sheinbaum y su equipo. Y cada vez expresan con mayor desparpajo sus quejas sobre la primera mandataria. Varias personas que han estado con ellos en privado me relataron exactamente las mismas palabras.

Según han contado el hijo de López Obrador, el exvocero de AMLO y la jefa de Gobierno a su gente de confianza, que hablaron conmigo a condición de no revelar sus nombres, al menos tres funcionarios ya le pusieron el alto a la Presidenta cuando intentó alzarles la voz: el general Ricardo Trevilla, Marcelo Ebrard y la propia Clara Brugada.

Hay una guerra intestina en Morena. Cada vez se exhibe más. Cada vez hay más testimonios y datos que la confirman. Se están fracturando. Y en el ala dura están en pie de lucha:

Adán Augusto López mantiene la influencia política y controla el Senado, a pesar de sus vínculos con La Barredora y sus expedientes de enriquecimiento inexplicable. Andy López Beltrán opera en un montón de áreas del gobierno donde tiene a sus leales canalizando los contratos a donde él les dice, a pesar de las recurrentes denuncias públicas en su contra. Ricardo Monreal, a pesar de que le pidieron desde Palacio Nacional y desde Gobernación deshacerse de Pedro Haces, lo sigue teniendo cerca y sigue controlando la Cámara de Diputados. Jesús Ramírez no ha perdido el dominio de la narrativa de las mañaneras y la red de periodistas afines. Y Clara Brugada resguarda el bastión político, electoral y económico que es la Ciudad de México.

Todos le han jugado las contras a la Presidenta... prácticamente sin consecuencias.

SACIAMORBOS

¿Y ya habrá pagado la hipoteca de su casa el conocido queretano que encabezó la UIF de AMLO y se dedicó a investigar a quien pensara distinto a su jefe?

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La sombra del general y el objetivo de Trump/Salvador García Soto

Detrás del discurso de seguridad de Trump está el objetivo de debilitar a Morena, por ser de las últimas fuerzas de izquierda, que se le resisten y desafían la ideología ultraderechista

El Universal, | 20/05/2026 |

Como en varias de las tramas de corrupción en el sexenio lopezobradorista, el nombre del general tabasqueño Audomaro Martínez Zapata aparece ahora mencionado en el caso de los extraditables de Sinaloa. Quien propuso y promovió al también general Gerardo Merida Sánchez para que llegara como secretario de Seguridad de Sinaloa, en el gobierno de Rubén Rocha Moya, fue el general Audomaro, quien tenía el control sobre la mayoría de los temas de seguridad en el país, a través de su CISEN reinventado como CNI.

Fuentes de la administración rochista en Sinaloa aseguran que cuando el hoy gobernador con licencia estaba integrando su gabinete, el director de la Comisión Nacional de Inteligencia llamó personalmente al mandatario electo para sugerirle el nombre del militar retirado Mérida Sánchez, para que lo colocara como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, recomendándolo como persona de su confianza, algo que Rocha aceptó y lo integró a su equipo.

Lo que hizo Audomaro en Sinaloa es lo mismo que hacía en todos los estados gobernados por Morena, donde él recomendaba y los gobernadores contrataban a los recomendados como titulares de sus áreas de seguridad. Sólo que en el caso sinaloense, el recomendado del general ahora está acusado por el gobierno de Estados Unidos de “conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos”, además de asociarse y colaborar con Los Chapitos.

Aunque la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, salió a tratar de deslindar al general Sánchez Mérida del gobernador Rocha Moya, y afirmó que fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que recomendó al militar retirado para que ocupara la Secretaría de Seguridad estatal, fuentes de la Sedena niegan haber sido ellos quienes mandaron al general retirado con Rocha Moya, y apuntan también hacia su compañero general Audomaro Martínez como el autor de dicha recomendación, mencionando que el director del CNI, por decisión del presidente López Obrador, era quien recomendaba a los secretarios de seguridad en los estados.

Por eso es que la sombra del general Zapata —no el morelense sino el tabasqueño— aparece también en las investigaciones sobre la narcopolítica morenista que tiene el Departamento de Estado y que ya empezó a judicializar y a solicitar en extradición al gobierno de México, el Departamento de Justicia.

A estas alturas, para nadie es secreto que la maquinaria legal, de investigación y hasta el sistema judicial estadounidense, ya se echó a andar por órdenes del presidente Trump para convertir el combate a los narcos mexicanos y también a los políticos que los protegen y se asociaron con ellos, en una jugosa y rentable bandera electoral para la campaña del trumpismo en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre de este año. Y el objetivo detrás del discurso de seguridad y protección para los estadounidenses, es también dañar y debilitar al partido Morena y al régimen que encabezan, por ser de las últimas fuerzas de izquierda, sino es que la última, que se le resisten y desafían la ideología ultraderechista que Trump está imponiendo a todo el continente y particularmente a los países de Latinoamérica.

Y debilitar a Morena, para los intereses de Washington, pasa por hacerlo también con su líder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, que ya salió de su ostracismo en Palenque para iniciar lo que el llama “la defensa de la soberanía”, con la presidenta Sheinbaum como su aliada incondicional.

Por eso no es equivocado decir y advertir que en estos momentos, eso que llaman el “American Establishment”, y que conforman todas las agencias de seguridad que tiene bajo su mando el Departamento de Estado, la DEA, la CIA, el FBI, ICE, CBP, Homeland Security, la OFAC, entre otras instituciones estadounidenses, todas coordinadas por el todopoderoso secretario Marco Rubio, está enfocado en un solo objetivo: acabar con Morena como la fuerza política dominante en México.

Lo de fondo es que Trump no quiere a la izquierda gobernando en ningún país de Latinoamérica y menos en lo que él considera su “backyard” o Patio Trasero, y es un hecho evidente que, desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense está combatiendo a las izquierdas latinoamericanas, y en el caso de Morena, lo hace con una muy dura y grave bandera, que es la acusación de narcoterrorismo contra el partido gobernante en México.

Eso explica por qué la respuesta de la presidenta Sheinbaum, después de la ruda y breve llamada que tuvo con el presidente Donald Trump el viernes pasado, llegó el fin de semana en una frase nueva en el discurso soberanista y defensivo que maneja la mandataria mexicana: “Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero la va a arrebatar. Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México”, dijo la presidenta el sábado pasado desde Yucatán, donde inauguró una universidad Rosario Castellanos.

¿Sabe la presidenta que Donald Trump quiere destruir a su partido y a su supuesta “transformación”? y por eso el mensaje un día después de su llamada con el inquilino de la Casa Blanca. Por supuesto que sabe que ese es el objetivo final de la embestida trumpista y también sabe que la oposición en México es aliada de Washington en ese objetivo.

Y lo que ese mensaje de la Presidenta también deja claro es que, si alguna vez tuvo un dilema como muchos suponen, en los hechos y por su enfrentamiento abierto a Washington, la doctora ya se definió claramente y no tiene dudas en si debe ser jefa de Estado o jefa de Partido. Y si a su defensa genérica de la soberanía nacional, con la que ha respondido y contenido los afanes injerencistas de Trump, ya le añadió la palabra y el concepto ideológico con el que López Obrador bautizó a su movimiento y al régimen que ha engendrado, está más que claro que Sheinbaum va a defender la “transformación” y a todos sus protegidos y no necesariamente los intereses del país.

NOTAS INDISCRETAS…

Ahora que, por el capricho de doña Clara Brugada la ciudad se ha “ajolotizado” y se pinta de tonos lilas y morados para recibir al turismo mundialista, sería bueno que la Jefa de Gobierno, en lugar de enojarse y reclamar que se hagan “burlas” en forma de memes y comentarios en las redes sociales, debería aprovechar que logró posicionar el término “ajolotización” y que hizo visibles y más populares a los ajolotes de Xochimilco, para dar un paso más allá del uso político de esta especie de anfibios endémica de la ciudad y de los antiguos canales xochimilcas. Si Brugada admira y ama tanto a los ajolotes como dice, estaría muy bien que además de pintarlos y representarlos en el paisaje urbano, ahora destinara recursos públicos o creara un programa, en coordinación con el Instituto de Biología de la UNAM y de otras organizaciones sociales y civiles, para rescatar, limpiar y recuperar el hábitat natural de estos fascinantes anfibios chilangos. Las descargas de aguas negras y el crecimiento de la mancha urbana ha reducido no solo la cantidad de chinampas y la actividad agrícola que en ellas se realiza, y ha fomentado la contaminación de los canales donde la población de ajolotes se reduce dramáticamente de 6 mil especímenes por cada kilómetro cuadrado que había en 1998, a solo 36 ajolotes por kilómetro cuadrado en la época actual. En 28 años la disminución de los ajolotes es alarmante y se explica porque los canales de Xochimilco fueron abandonados y entre el turismo excesivo y la urbanización de chinampas y la contaminación por descargas de aguas negras, perdieron la vocación de terrenos agrícolas que producían en 1950 todas las verduras y hortalizas que consumía la Ciudad de México en esa época. Hoy la UNAM tiene un proyecto con el cual proponen recuperar la agricultura intensiva y tecnificada en las chinampas xochimilcas, que han demostrado ser mucho más productivas que muchas técnicas modernas de agroindustria, para que Xochimilco y sus canales vuelvan a ser un vergel agrícola que hoy podría producir hasta el 10% del consumo de hortalizas y verduras para la zona urbana de la ciudad capital. Al menos que Brugada aproveche la enorme publicidad y la polémica que generó con su “ajolotización” para que esto termine en algo realmente bueno y que demuestre que sí le preocupan los ajolotes y su entorno. ¿Será que la Jefa de Gobierno aprovecha bien y de manera positiva su propuesta de ajolotizar y transformar a Xochimilco y toda la riqueza histórica, cultural, ambiental y agrícola del último reducto que quedó de la antigua ciudad flotante de Tenochtitlán?…Los voceadores, un gremio que con mucho esfuerzo y dedicación se encargan de distribuir los periódicos impresos en toda la República, fueron ayer reconocidos por el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, con motivo del Día de la Voceadora y el Voceador, por su loable trabajo para llevar diariamente la información a miles de hogares oaxaqueños. Para apoyar a los voceadores de su estado, Jara les hizo la entrega formal de escrituras e instrumentos notariales para que sus familias tengan certeza jurídica y tranquilidad patrimonial. El gremio de voceros a nivel nacional y Oaxaca no es la excepción, se esuferzan por mantener su actividad en tiempos donde la tecnología digital ha desplazado en gran medida la impresión de periódicos y revistas, y son un oficio que, si bien ya no tiene los números y la fuerza que tuvo en épocas pasadas, siguen cumpliendo con un objetivo social importante, como es difundir el periodismo impreso en el país…Se batieron los dados. Nos cayó la Serpiente.

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Las dudas sobre las extradiciones que reclama México/Mario Maldonado

El Universal, | 20/05/2026 |

La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco respondieron a Estados Unidos con una estadística cuestionable. Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, según la lámina presentada este martes en la conferencia matutina, México formuló 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos y “no se ha entregado ninguno”.

Sin embargo, una revisión de expedientes judiciales federales estadounidenses realizada confirma que el sistema sí ha procesado solicitudes mexicanas y, en algunos casos, ha culminado con entregas efectivas. El caso más visible es el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido en Florida y extraditado a México en 2022. Y no es el único expediente relevante. En California aparece Prudencio Segura Castillo, reclamado por abuso sexual en Guerrero y declarado extraditable. También Bryant Rivera, acusado de feminicidio en Tijuana. Aaron Seth Juárez, procesado por homicidio. Alfredo Ramón Cerda, acusado de delitos sexuales contra una menor en Baja California. José Ismael Mojica Rodríguez, reclamado por homicidio calificado. En Arizona aparece Cruz García Mitchel, requerido por homicidio intencional. En California también figura José Trinidad Martínez Santoyo, cuya extradición fue certificada y cuyo intento de frenar su entrega vía habeas corpus fue rechazado. Es decir, el argumento de que Estados Unidos no procesa ni da curso a reclamaciones mexicanas no se sostiene.

A esa evidencia documental se suma lo reportado esta semana por el periodista Juan Pablo Reyes, quien documentó, con base en información pública de la Fiscalía General de la República, que durante 2025 Estados Unidos realizó al menos nueve entregas de personas reclamadas por México. Algunos de esos casos corresponderían a procesos judiciales; otros habrían transitado por mecanismos distintos, incluidas rutas migratorias o administrativas. Lo relevante es que incluso la información oficial contradice la narrativa simplista del “cero”.

Sheinbaum y Velasco aseguraron que de los 269 requerimientos, 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes. De estos últimos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición. Pero el dato verdaderamente revelador es otro. En 47 de esas 50 solicitudes urgentes, Estados Unidos pidió a México información adicional. Es decir, en casi todos los casos Estados Unidos sí respondió, pero señalando deficiencias, insuficiencias o inconsistencias en los expedientes enviados por las autoridades mexicanas.

Al parecer las distintas fiscalías mexicanas no integraron expedientes capaces de sostenerse bajo los estándares jurídicos de Estados Unidos. Por eso el gobierno mexicano ha insistido con las “pruebas” contra Rubén Rocha Moya, su ahijado Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, dos de los cuales ya se entregaron a la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales.

El verdadero problema está en los expedientes políticamente explosivos, donde aparecen nombres como el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad reclamado por México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; Víctor Manuel Álvarez Puga, perseguido por presuntos delitos fiscales y lavado; Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, vinculados al multimillonario caso del Infonavit; Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex buscado por el caso Odebrecht; o José Ulises Bernabé, exfuncionario relacionado con el caso Ayotzinapa.

El problema es que mezclar deportaciones, expulsiones administrativas, entregas temporales, procesos migratorios y extradiciones formales termina contaminando cualquier estadística y permite construir versiones políticas convenientes, aunque poco precisas.

Estados Unidos ha elevado la presión sobre México y particularmente sobre objetivos considerados prioritarios en materia de narcotráfico y corrupción. Todo apunta a que el gobierno de Trump va por extradiciones de alto perfil, decomisos y destrucción de narcolaboratorios con o sin el permiso de México.

¿Hasta qué punto el gobierno mexicano estirará la liga antes de aprehender y enviar a alguno de los tres (o a todos) imputados por Estados Unidos que están escondidos en Sinaloa?

Posdata 1

Ahora fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien cargó contra México. Este martes, durante una conferencia sobre el combate al financiamiento al terrorismo, puso en el mismo nivel al Cártel de Sinaloa y a Hezbolá. Esto es reflejo de la nueva doctrina de Estados Unidos para tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones criminales y como amenazas equiparables a estructuras terroristas, con todo lo que eso implica en materia financiera, diplomática y operativa.

El Departamento del Tesoro ya ha activado herramientas extraordinarias contra redes financieras vinculadas al narcotráfico, mediante el FinCEN, uno de sus brazos más agresivos.

En México, esa presión ya produjo efectos visibles. La congelación preventiva de cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa confirmó que el sistema financiero mexicano entendió el riesgo reputacional y regulatorio de ignorar las alertas estadounidenses. La banca sabe lo que significa quedar bajo sospecha del Tesoro. El antecedente de señalamientos de FinCEN contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado para cárteles dejó claro que Washington está dispuesto a aislar del sistema financiero en dólares a quien considere facilitador.

No es coincidencia que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas y defiende la soberanía, los bancos hayan optado por blindarse primero.

Posdata 2

Tras años de cuestionamientos y en medio de vulnerabilidad del sistema eléctrico, salió silenciosamente el director del CENACE. El pasado 30 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía ejecutó la salida de Ricardo Mota Palomino de la dirección general y nombró a Mauricio Cuéllar Ahumada como encargado de despacho.

El relevo pasó prácticamente inadvertido pese a tratarse del organismo responsable de operar el Sistema Eléctrico Nacional, justo cuando se aproxima la temporada de mayor presión sobre la red por el incremento de las temperaturas y la demanda energética, con regiones como la península de Yucatán que siguen reportando episodios recurrentes de estrés operativo y cortes en el suministro.

La salida de Mota se da además después de años de cuestionamientos internos y externos sobre su gestión. En este espacio se documentaron desde 2022 privilegios, viajes y posibles conflictos de interés dentro del CENACE, incluido el involucramiento de funcionarios del organismo en actividades vinculadas con la IEEE, organización con la que el entonces director mantenía cercanía. Más allá de esas polémicas, el punto central es la conducción del operador técnico del sistema eléctrico quedó en manos de un encargado de despacho, sin mayor explicación pública de la Secretaría de Energía, en un momento particularmente delicado para la confiabilidad del sistema.

Mota Palomino fue identificado como un perfil cercano al grupo de Manuel Bartlett y sobrevivió buena parte de la transición energética del nuevo gobierno.

Posdata 3

La cancelación del proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean en Mahahual revela que, al menos en este caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por contener un megaproyecto turístico antes que cargar con el costo político y ambiental de autorizarlo. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, confirmó que la Semarnat no aprobará el desarrollo, valuado en alrededor de mil millones de dólares y concebido para convertir una franja del Caribe mexicano en un destino masivo para cruceristas.

El caso es relevante porque el proyecto había sido presentado como una gran apuesta de inversión turística en Quintana Roo, con el respaldo de una narrativa de desarrollo económico y generación de empleos, pero terminó atrapado entre cuestionamientos ambientales y presiones sociales. En noviembre pasado, una investigación de EL CEO documentó que la viabilidad política del proyecto se desplomó tras la revisión ordenada desde el gobierno federal, cuando ya existía una fuerte oposición por el posible impacto sobre manglares, arrecifes y el ecosistema de Mahahual.

El mensaje para los grandes inversionistas es un tanto ambiguo. Por un lado, el gobierno insiste en que México necesita capital privado y certidumbre para nuevos proyectos; y por el otro, un desarrollo impulsado por una de las mayores navieras del mundo terminó frenado en la última milla regulatoria.

La administración de Mara Lezama apostó por un proyecto emblemático vinculado al turismo de cruceros, pero la última palabra la tuvo el gobierno federal.

@MarioMal

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México '269', EU 1… y vamos perdiendo

El asalto a la razón/Carlos Marín

Milenio,

Es muy desafortunado el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum para intentar justificar la negativa de apresamiento con fines de extradición de la presunta banda de los diez de Rubén Rocha Moya.

Informó ayer que Estados Unidos ha negado a México 269 solicitudes de detención con similares fines, pero confunde peras con erizos.

Asume iguales a personas reclamadas por delitos vulgares y funcionarios o exfuncionarios acusados de crímenes que el gobierno solicitante cataloga como “terroristas”.

La diferencia es jurídica, política y estratégica, lo que modifica por completo el contexto de la exigencia.

No es lo mismo acusar a quien sea de peculado, evasión fiscal, asesinato, fraude o facturación apócrifa y narcomenudeo que de “terrorista”.

La dimensión cambia inclusive en el terreno diplomático, porque al incorporar esa etiqueta Estados Unidos convierte el asunto en prioridad de seguridad nacional y, guste o no a Sheinbaum, la clasificación altera los márgenes de tolerancia, negociación y cooperación entre ambos países.

Por eso son tan endebles los alegatos de “soberanía” y “reciprocidad”.

Llama la atención que Washington ha rechazado 269 solicitudes mexicanas (se antoja conocer los motivos precisos de cada negativa), pero usar esos expedientes para justificar la resistencia mexicana frente a los reclamos actuales equivale a una lógica perversa: si el vecino incumple la ley, pero sigue impune, yo también puedo incumplirla.

Es el razonamiento infantil de quien pretende legitimar su conducta reproduciendo faltas ajenas.

Más delicado aún: el mensaje mexicano se produce en vísperas de la visita a México de tres figuras clave del gobierno de Trump: Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional; Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas, y Jamieson Greer, representante comercial en las negociaciones del T-MEC (la agenda obvia es de temas de seguridad bilateral, cooperación en el combate al narcoterrorismo y negociaciones económicas).

Sheinbaum ha enfatizado que se trata de “coordinación con respeto a las soberanías”, pero la composición de la misión estadunidense envía un mensaje mucho más claro, sobre todo cuando a la producción de drogas como el fentanilo, Estados Unidos la considera “arma de destrucción masiva”.

Difícil imaginar peor momento para transmitir la impresión de que México relativiza acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo escudándose en agravios administrativo-penales de ocho años a la fecha.

Una cosa es exigir reciprocidad diplomática y otra minimizar la gravedad de acusaciones que involucran presuntas alianzas entre autoridades morenistas y organizaciones criminales.

El gobierno de Sheinbaum parece no advertir que el problema dejó de ser penal para convertirse en geopolítico.

Y cuando Washington mezcla narcotráfico con terrorismo, las reglas del juego cambian brutalmente.

Lo preocupante es que en Palacio no terminen de entenderlo...

cmarin@milenio.com

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Zapatero: más allá de Plus Ultra/ Guadalupe Sánchez, Guadalupe Sánchez, licenciada en Derecho, abogada en ejercicio y gerente del bufete NOVALEX SPAIN. Autora del libro 'Populismo punitivo' (2020 Ed. Deusto)

The Objective

Ayer fue un día inédito en la historia de la democracia Española: un expresidente del Gobierno está formalmente imputado. La ley no escrita según la cual a los inquilinos de La Moncloa no se les investiga —ese pacto silencioso entre élites por el que la presidencia funciona en España como una suerte de inmunidad vitalicia— se ha quebrado por fin. Y la ha quebrado un juez, José Luis Calama, con un auto que bien merece el adjetivo de demoledor.

Ochenta y cinco páginas. Indicios sólidos, plurales y concordantes. Conversaciones interceptadas, correos, contratos, transferencias bancarias, informes de la ONIF y de la UDEF. Y una conclusión sin medias tintas: existe «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero».

Sí, el mismo Zapatero que el sanchismo ha dedicado años a rehabilitar política y mediáticamente, presentándolo como un estadista visionario y una referencia moral de la izquierda española. Y, al mismo tiempo, el gran legitimador occidental del chavismo, el interlocutor amable de Maduro y el arquitecto intelectual del proceso de demolición institucional que hoy padecemos, construido a semejanza del bolivariano. El hombre que dijo que abandonaba la política para «contar nubes» resulta que, presuntamente, llevaba años contando algo bastante más prosaico: billetes.

Voy a hacer un esfuerzo de divulgación, porque me importa que mis lectores comprendan realmente la dimensión de los hechos por los que se investiga a Zapatero. Y conviene entender algo desde el principio: el alcance de esta causa trasciende con mucho el de un simple entramado institucional de comisiones y mordidas. Lo que describe el auto judicial apunta a una estructura de influencia con derivadas internacionales, conexiones geopolíticas y capacidad para operar en sectores estratégicos vinculados a regímenes autoritarios. Vamos por partes.

El rescate de Plus Ultra: dos puertas, una ganadora

Marzo de 2020. Plus Ultra —una aerolínea marginal, técnicamente quebrada y con conexiones chavistas— necesitaba 53 millones de euros del bolsillo de los contribuyentes. Y entendió rápidamente algo elemental: para acceder a semejante rescate no bastaba con presentar papeles. Hacían falta influencias. Muchas influencias.

Así que la compañía decidió jugar a dos bandas. Por un lado, la vía Ábalos-Koldo. Por otro, la vía Zapatero. Y no escatimaron esfuerzos. Como resumió gráficamente uno de los implicados en un mensaje incorporado a la causa: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín».

Pues bien: pagaron. Y por las dos ventanillas. Pero la que terminó abriéndose de par en par fue la del expresidente del Gobierno.

Los propios investigados lo celebraban internamente sin demasiados rodeos: «Nuestro pana zapatero detrás»; «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana». El nivel de seguridad era tal que, cuando el Consejo Gestor del FASEE ni siquiera se había reunido formalmente, Julio Martínez Martínez —el «tocayo» en el argot interno de la trama y hombre de máxima confianza de Zapatero— ya estaba felicitando a los accionistas por la concesión del rescate.

Información privilegiada en estado puro. O, dicho de otra forma, gente celebrando una decisión pública millonaria antes siquiera de que el órgano competente la adoptara oficialmente.

El cobro

Como nadie regala nada, había que pagarle al expresidente. Y aquí entra el entramado: Análisis Relevante, Whathefav (sociedad de las hijas), Inteligencia Prospectiva, Gate Center, Idella, Caletón, Summer Wind, Afitta… Una constelación de sociedades sin actividad real cuya función es emitir facturas ficticias, redactar contratos a medida y triangular pagos. El propio Calama lo describe con la frialdad de un forense: «Facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal». Resultado: 490.780€ directos a Zapatero desde Análisis Relevante, 352.980€ desde Gate Center, 681.318€ desde Thinking Heads. Y cifras paralelas hacia Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero que, oficialmente, se presentaba como una agencia creativa y multimedia especializada en eSports y marketing digital.

Y aquí dejamos Plus Ultra, porque el auto de Calama va mucho más allá. Llega a Venezuela y también a china.

La resolución describe un mecanismo diseñado para que nadie compre crudo venezolano sin pasar antes por la red de Zapatero. ¿Cómo funciona, para dummies? El interesado redacta una Letter of Intent —una carta de intenciones— y la envía a una entidad denominada, literalmente, «Oficina del Presidente Zapatero», a nombre del expresidente. Una vez recibido el visto bueno, en Caracas una persona conocida como «La Dama» —que los indicios identifican con la vicepresidenta Delcy Rodríguez— asigna directamente los buques. Detalle revelador: los propios intermediarios reconocen en sus mensajes que ignoran qué tipo de crudo van a vender. ¿Empresarios del sector? No. Vendedores de influencia.

La conexión china

En enero de 2024 aparece una operación que retrata el alcance real de la trama. Domingo Amaro Chacón —administrador de Inteligencia Prospectiva, una de las sociedades-tapadera del entramado— comunica al tocayo que el suizo Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, «y los chinos» están «listos para comprar barcos», y añade que Apikian está «listo para viajar a reunirse con La Dama y el Ministro de Petróleo». Léanlo otra vez: un empresario suizo que vuela a Caracas a sentarse con la vicepresidenta del Gobierno venezolano y el ministro del ramo para cerrar una venta de petroleros con destino a China. Y todo, bajo el paraguas de la oficina de un expresidente español. Triangulación de manual: Venezuela pone el producto, Suiza pone el intermediario comercial y China pone el comprador final. Detalle no menor: los propios investigados reconocen por escrito que la contraparte china «es una empresa que depende del Partido Comunista Chino».

Es decir, no estamos ante un operador petrolero privado en busca de margen, sino ante el brazo comercial de una potencia reaccionaria que disputa el trono geopolítico a nuestros aliados norteamericanos. A esto se suma el método estandarizado de la trama: cualquier comprador interesado en crudo venezolano debe canalizar su gestión enviando una Letter of Intent a la «Oficina del Presidente Zapatero», que actúa como filtro previo. Quien quiera petróleo, paga peaje a Ferraz 35.

Las implicaciones son demoledoras: ayuda a un régimen dictatorial sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea a colocar su crudo en el mercado internacional saltándose el bloqueo; sitúa a un ex jefe del Gobierno español como facilitador de una operación que beneficia simultáneamente al chavismo y a Pekín; y proyecta sobre la posición geoestratégica de España una sombra que ya no es metafórica. Mientras Sánchez se hacía la foto en Bruselas defendiendo el «derecho internacional» y es alabado en Pekín por situarse en «el lado correcto de la historia», su tutor político maniobraba de forma muy distinta a lo que predicaban en sus discursos.

Las alianzas «con instituciones del Estado» venezolano

Aquí conviene leer despacio, porque el detalle es nauseabundo. En los mensajes intervenidos, Manuel Aarón Fajardo —«la pieza de ZP en Venezuela», como lo llaman los propios investigados— le explica a la red su nuevo negocio: una «planta empaquetadora» firmada «con una institución del Estado» venezolano que rentará «entre 6 y 10k mensuales» para la boutique financiera. Traducido al cristiano: la red ha conseguido un contrato público en Caracas para empaquetar comida. Y de ahí saca su sueldo mensual.

Esto no es una operación comercial cualquiera. Venezuela lleva más de una década con hambre. Hambre real, de la que se mide en kilos perdidos, en niños desnutridos, en madres que se saltan comidas para que coman sus hijos. El chavismo, que arruinó el país más rico de Sudamérica, convirtió la comida en un instrumento de control político: si votas a Maduro, recibes una caja CLAP con arroz, harina y aceite; si no, te buscas la vida. Las cajas CLAP no son ayuda humanitaria, son chantaje alimentario. Y los contratos para empaquetarlas, distribuirlas y gestionarlas no se ganan compitiendo: se reparten entre amigos del régimen.

Pues bien, en ese reparto inmundo, donde se comercia con el estómago vacío de un pueblo, estaba metida la red de un expresidente del Gobierno español. Cobrando entre 6.000 y 10.000 euros al mes. Mientras una madre venezolana hacía cola seis horas para llevarse una bolsa de harina, en Madrid un grupo de señores que predican el respeto a los derechos humanos y las bondades del socialismo facturaba por el privilegio de empaquetársela. Eso es lo que hay detrás de la palabra boutique financiera: comerciar con el hambre ajena desde un despacho de Ferraz.

Y conviene recordar un dato que no es menor: esta investigación no es estrictamente nacional. El propio auto reconoce que la pieza arranca con la colaboración directa de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia estadounidense dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que puso a disposición de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción la extracción del teléfono móvil de uno de los principales investigados, Rodolfo Reyes Rojas. Es decir: el primer ladrillo del muro probatorio lo aportó Washington, no la Policía española. Conviene retenerlo, porque el sanchismo ya se ha lanzado a la descalificación de la investigación dirigida por el juez Calama, replicando las cantinelas manidas del lawfare y la de «el que puede hacer que haga».

Los indicios son sólidos. Muy sólidos. Pero esta pieza ni nace ni muere en Zapatero. Está conectada con otras instrucciones secretas que se cuecen en la Audiencia Nacional —la trama de los hidrocarburos, los rescates de la SEPI, la financiación irregular del PSOE—. Ábalos no cae por corrupto: cae por salirse de la operativa diseñada por ZP, por pretender pilotar el negocio por su cuenta y desautorizar la jerarquía. Los negocios de Zapatero eran los del PSOE. Y los del PSOE son los de Sánchez. Apenas estamos arañando la superficie. Vamos a conocer cosas que nos helarán la sangre.

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El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional/Elisa de la Nuez

El Mundo,  20 mayo 2026

El titular de este artículo merece ya por sí solo una pausa. Hablamos de un ex presidente del Gobierno de España, nada más y nada menos, que por primera vez en nuestra democracia va a ser investigado por un Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. Lo será por un supuesto delito de tráfico de influencias y delitos conexos en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Se trata, además, de un ex presidente que ha estado muy activo en la vida política española de los últimos años, al desempeñar un papel de valedor del Gobierno de Pedro Sánchez, muy criticado por otras viejas glorias del PSOE y, muy en particular, por el ex presidente Felipe González. Lo primero que hay que decir es que, con independencia de las simpatías políticas de cada uno, es muy mala noticia para todos los españoles.

Sentado lo anterior, la primera reflexión me parece clara: el levantamiento del secreto de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra y la imputación (o la citación para declarar como investigado) el próximo 2 de junio se produce apenas 24 horas después de las elecciones andaluzas, en las que el PSOE, de la mano de la ex ministra de Hacienda, tuvo su peor resultado hasta la fecha. Parece obvio que ha existido algo parecido a un pacto o acuerdo tácito por el que el Poder Judicial ha retrasado esta citación, probablemente con la intención de no interferir en el voto. Habrá personas que lo consideren razonable; yo me temo que no me encuentro entre ellas. Los políticos o ex políticos deberían de ser tratados como cualquier ciudadano, ni mejor ni peor, y tendrán que declarar cuando corresponda procesalmente. Por supuesto, esto se aplica a los políticos de todos los partidos.

Si mantenemos esta deferencia judicial, por llamarla de algún modo, y teniendo en cuenta, por una parte, la agitada vida procesal de nuestra clase política y, por otra, el ritmo de las citas electorales, podemos encontrarnos con muchas más situaciones en que las decisiones judiciales con trascendencia mediática y política se vean retrasadas (o adelantadas) por motivos que nada tienen que ver con el buen desarrollo del proceso judicial en cuestión, que se supone que es lo relevante. Pensemos en el caso de la dana, en el del accidente de Adamuz, en los relacionados con Ábalos, Aldama y Koldo o cualquiera que pueda surgir en el futuro. La lógica judicial y procesal no es la lógica política y mediática, y mezclar ambas me temo que no es una buena idea, puesto que dará alas, y esta vez con razón, a la convicción de muchos ciudadanos (a un lado y a otro del espectro ideológico) de que la justicia está politizada, en el sentido de que los jueces intervienen como agentes activos en la política y tienen muy en cuenta las consecuencias políticas de las decisiones judiciales. Lo que no quiere decir que no las tengan, dado que, lamentablemente, en nuestro país la única responsabilidad política exigible es la que se deriva de un procedimiento judicial penal, como vemos repetidamente. Pero esto no es culpa de los jueces.

En suma, es indudable que una noticia como esta hubiera producido un gran ruido mediático en medio de una campaña electoral, pero sospecho que no habría supuesto ningún cambio en un sentido u otro: habría, eso sí, ratificado la convicción de muchos electores de izquierdas de que estamos ante una maniobra más de lawfare de la judicatura facha, y la de muchos electores de derechas de que las andanzas empresariales de José Luis Rodríguez Zapatero, en particular en Venezuela, eran muy sospechosas.

Lo que nos lleva a la segunda reflexión: el papel de los ex presidentes del Gobierno -y más cuando dejan sus cargos relativamente jóvenes- no es desde luego sencillo. Hay innumerables ejemplos, empezando por España, en que la dedicación a los negocios puede ser problemática, habida cuenta de la influencia que claramente pueden ejercer sobre sus sucesores del mismo partido o sobre cargos importantes que les deban favores de todo tipo. De ahí que la sombra del tráfico de influencias nunca ande demasiado lejos de los que optan por esta vía. No todo el mundo puede vivir de dar charlas millonarias en foros internacionales ni tener un puesto permanente en el Consejo de Estado, por lo que parece demasiado tentador. Dicho esto, parece claro que, aunque los límites entre la ética y la legalidad sean un tanto difusos -como podemos ver, precisamente, en el caso de la mujer del presidente del Gobierno-, estos límites pueden ser apreciados por terceros. Lo que es compatible con que los afectados directamente no los distingan, a su vez muy comprensible desde un punto de vista humano: nadie suele ver la posibilidad de un conflicto de interés o de un tráfico de influencias cuando le afecta y la recompensa económica de no apreciarlo es relevante. Esto es especialmente cierto en un país donde el clientelismo es estructural y forma parte de la cultura política.

Por poner un ejemplo muy sencillo: son muchos los ex políticos que se dedican a hacer lobby desde consultoras importantes, o incluso los que montan consultoras para hacer lobby. ¿Es legal? Sin duda. ¿Puede dar lugar a zonas grises o incluso a tráfico de influencias? Pudiera llegar a ocurrir, si no se tiene mucho cuidado: como digo, los límites son un tanto difusos. El caso de la consultora Acento Public Affairs, fundadada por los ex ministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), vendida recientemente a Havas Media Group, propiedad de un grupo internacional, después de una subida espectacular de su negocio en muy poco tiempo es un ejemplo sintomático de lo que hablamos.

Por último, quiero dedicar unas pocas líneas relativas al rescate de Plus Ultra por la SEPI. Hace ya varios años escribí en el blog de la Fundación Hay Derecho sobre los problemas que planteaba la decisión de conceder una ayuda pública de 53 millones de euros de los contribuyentes a una aerolínea que había presentado pérdidas desde su constitución en 2011, que en 2019 operó un 0,03% de vuelos en España y que había intentado infructuosamente conseguir los créditos ICO, también públicos, pero gestionados privadamente. El Real Decreto-ley de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo después del Covid, creó un nuevo fondo gestionado por la SEPI para dar apoyo a determinadas empresas no financieras, estratégicas y solventes, especialmente afectadas por la pandemia, exigiendo que las dificultades fueran temporales y consecuencia de la misma. El carácter estratégico tenía que serlo "para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

Sencillamente, con los datos objetivos, estos requisitos no se daban. Pero, al parecer, los informes oficiales dijeron que sí y apoyaron la decisión tomada por el Consejo Gestor del Fondo, de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, al frente del cual estaba el entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, persona de confianza de María Jesús Montero. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿qué fue lo que determinó que se hicieran en ese sentido y no en otro? La pregunta no solo interpela procesalmente al ex presidente del Gobierno, sino que nos interpela a todos los españoles preocupados por nuestras instituciones.

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Otro escándalo, vía Rodríguez Zapatero/Jorge Fernández Menéndez

Excelsior,

No creo que en los entornos de la 4T sean tan insistentes y duros con José Luis Rodríguez Zapatero como lo han sido con Isabel Díaz Ayuso. A la presidenta de la comunidad de Madrid la castigaron, quizás por los errores cometidos en su agenda de visita a México, y como distractor del caso Rocha, con el debate sobre Hernán Cortés hace 500 años. Pero no veo cómo harán para desligarse de la imputación que la justicia española ha hecho contra Rodríguez Zapatero, el ex presidente del gobierno español, una figura clave en el entorno de Pedro Sánchez, por sus negocios relacionados con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que terminan involucrando a empresarios y políticos mexicanos durante el sexenio pasado.

La justicia española relaciona directamente a Rodíguez Zapatero con la trama de los CLAP, unos paquetes de alimentos básicos que se distribuían entre la población y que se compraban a sobreprecios en México. El ex mandatario desde que dejó el gobierno se convirtió en asesor e intermediario del régimen venezolano.

 Según el departamento del Tesoro de Estados Unidos, ese mecanismo lo urdió Alex Saab, el principal lavador de dinero de Maduro, extraditado a Estados Unidos la semana pasada, para canalizar recursos, obtener contratos públicos sobrevalorados y convertir un programa creado para alimentar a los venezolanos más pobres en una maquinaria de sobornos, sobreprecios y enriquecimiento de la estructura de poder en Venezuela. 

Esa trama la veníamos develando aquí desde 2020. En junio de ese año publicamos que ya era investigada por el gobierno de Donald Trump, entonces en su primer periodo en la Casa Blanca, pero, como muchos otros, fue ocultado durante la administración de López Obrador. El problema es que el tema sigue vigente en la justicia estadounidense (ahí está la extradición de Alex Saab para demostrarlo) y se liga con procesos penales abiertos desde entonces, a personajes en México.

En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que consiste en la venta subsidiada de bolsas o cajas de alimentos que son entregados mensualmente a sectores de la población afines al gobierno. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, un ex policía y ex alcalde de Caracas muy cercano a Hugo Chávez. Bernal también está señalado como uno de los jefes de los grupos de autodefensa del chavismo y según la DEA es parte del cártel de los Soles, una organización criminal integrada por narcotraficantes colombianos, ex miembros de las FARC y el ELN, y dirigida por funcionarios del gobierno de Maduro y mandos militares de ese país.

Para surtir a los CLAP, el régimen de Maduro decidió asociarse con un grupo de empresas mexicanas para que, desde México, les enviaran los paquetes de comida lista para la distribución entre las bases sociales del chavismo. En los acuerdos participaron Alex Saab y Alvaro Pulido, que serían los intermediarios de las empresas mexicanas con el gobierno de Maduro. Esos personajes también operan otro negocio: el del narcotráfico asociados con grupos provenientes de las FARC y el ELN, se involucraron ilegalmente en la minería y según denuncias presentadas por la oposición venezolana, Saab es el responsable de la exportación ilegal de oro y otros minerales, como el coltán, desde Venezuela. 

En 2018, fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba en un navío que se dirigía a Dubai, que fueron exportadas por el ELN, a través de una empresa de Saab, quien posteriormente fue encarcelado en Cabo Verde, regresando de Irán, fue juzgado en Miami y tiempo después canjeado, durante el gobierno de Biden, por presos estadounidenses detenidos en Caracas. La semana pasada el gobierno de Delcy Rodríguez, a pedido de Washington, lo envió de regreso a Estados Unidos. 

La investigación de la DEA dice que en 2017 se descubrió que las despensas que se enviaban desde México a Venezuela se vendían a sobreprecio y que los productos enviados eran de mala calidad, lo que provocó un escándalo internacional. 

Las sospechas de empresas mexicanas en el esquema de lavado de dinero venezolano iniciaron cuando un barco con contenedores destinados al CLAP hizo una escala en Puerto Limón, Costa Rica, en un muelle de la empresa estatal venezolana Alunasa, un comercializadora de aluminio. Según investigaciones de la DEA esas escalas se repitieron y servían, sobre todo, para lavar dinero desde Costa Rica. El dinero es descargado en los muelles de Alunasa y se invierte, vía bancos locales, en los bancos Evrofinance Mosnarbank, Gazprombank y VTB, de origen ruso y todos sancionados por el gobierno estadounidense. En el primero, el gobierno de Venezuela es propietario del 49 por ciento de las acciones, y el resto lo comparten las otras dos instituciones financieras. Ese dinero termina en las cuentas de Diosdado Cabello y Tarek Al Aissami, dos de los principales funcionarios acusados de encabezar el cártel de Los Soles. 

Luz y Ulises

Dos pérdidas muy sensibles está semana. El sábado falleció Luz Fernández de Alba, una destacadísima intelectual mexicana, esposa de José Carreño Carlón y madre de Pablo Carreño, a ellos y a todos los suyos un enorme abrazo. Y ayer partió Ulises Schmill, presidente de la Suprema Corte de Justicia entre 1991 y 1993, con una valiosa trayectoria política y diplomática, un intelectual notable, querido y querible, casado con la ex ministra de la Corte, la para nosotros entrañable exministra y procuradora Victoria Adato. Para Victoria y para los suyos, todo nuestro cariño.

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La Rayuela y Editorial  de La Jornada, hoy,  miércoles 20 de mayo de 2026; 

¡Ah, qué Maru! Necesitó de la Policía de Nueva York y de la CIA para ganar el segundo lugar de violencia en el país …

Editorial de La Jornada, miércoles 20 de mayo de 2026;

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos no ha satisfecho ninguna de las 269 solicitudes de extradición planteadas por México desde el 1º de enero de 2018 hasta el 13 de mayo pasado. De ese total, 36 requerimientos fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir; de estos últimos, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

La mandataria destacó que las negativas y las inexplicables dilaciones tienen lugar pese a la gravedad de las acusaciones por las que se busca a los imputados, pues entre ellos hay personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude fiscal y una red contrabando de combustibles (entre los ilícitos atribuidos al ex gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca); el autor intelectual del asesinato de nuestro compañero Javier Valdez, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, así como defraudadores de los fondos de vivienda de los trabajadores. Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que las peticiones se han acompañado de todos los elementos necesarios para satisfacerlas, como claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión.

Este caso ilustra la abismal asimetría en la supuesta cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad, no sólo porque en menos de un año las autoridades mexicanas han cumplido casi un centenar de solicitudes de extradición de Washington, sino también porque en los últimos siete años aquí se ha detenido a cabecillas y operadores financieros, se han desmantelado laboratorios clandestinos, se han confiscado volúmenes récord de estupefacientes y se ha apuntado a las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. Mientras tanto, al norte del río Bravo se permite y hasta se financia el flujo de armas para los criminales; se ha reforzado el sistema de secreto bancario y empresarial que hace de Estados Unidos el mayor centro de lavado de dinero del planeta, se desfinancian los de por sí nimios programas orientados a atajar el problema del consumo, se fortalece una industria farmacéutica que es la creadora de adictos a opioides como el fentanilo y se desvían los recursos del combate al narcotráfico a la cacería de trabajadores migrantes. Cuando los tribunales estadunidenses procesan a personas acusadas de trasiego de estupefacientes, muchas veces lo hacen sin intención de esclarecer, impartir justicia y frenar el tráfico de drogas.

En lugar de la aplicación de la ley, los guía la agenda intervencionista de su país, en la que los narcotraficantes –reales o presuntos– son usados como parte de operaciones de golpeteo político, en las que se crean narrativas que habilitan acciones desestabilizadoras.

La historia de Dámaso López Serrano, apodado El Mini Lic porque a su padre se le conoce como El Licenciado, ejemplifica las malas prácticas del sistema jurídico estadunidense. En 2017, tras el fracaso de una intentona de su padre para hacerse con el control del cártel de Sinaloa, López Serrano se entregó al gobierno de Estados Unidos, el cual le dio el estatus de testigo protegido y lo recompensó por sus servicios, poniéndolo en libertad condicional en 2022. Esto, pese a que desde 2020 la Fiscalía General de la República solicitó su extradición a fin de que responda sobre su papel como autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán, cuyo trabajo es fundamental para entender el fenómeno delictivo en Sinaloa.

El 13 de diciembre de 2024, la FBI arrestó al Mini Lic en una trampa montada para probar que coordinaba la entrega de tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles. Washington mostró que lo sigue tratando como un aliado más que como un delincuente pues la pena que se le impuso es la mitad de la mínima establecida para quien trafica más de 400 gramos de fentanilo.

En suma, está a la vista la hipocresía de señalar que México “es gobernado por los cárteles y por nadie más”, cuando todos los indicios apuntan a que es Washington el que está en constante trato con ellos, les da protección y les ofrece un “ambiente de negocios” propicio para sus actividades.

Con esta evidencia, es claro que las relaciones bilaterales en materia de seguridad deben replantearse seriamente, pues resulta inaceptable que nuestro país haga todo el trabajo sin recibir a cambio más que recriminaciones, calumnias y hostigamiento.

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La tapadera

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA, 20 mayo 2026

"No somos tapadera de nadie...

No ocultar nada. No ser tapadera". Andrés Manuel López Obrador, 6.12.2018

Antes de presentar su solicitud de licencia por las acusaciones de colusión con el narco, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, firmó una iniciativa para debilitar la Ley de Transparencia del estado. La propuesta extingue el órgano autónomo estatal encargado de la rendición de cuentas y convierte al Ejecutivo en juez y parte para vigilar la transparencia; deja a los ayuntamientos, los sindicatos y las universidades fuera de la lista de sujetos obligados, y aumenta las causas que permiten al gobierno ocultar la información.

En una entrevista en radio, Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, y miembro de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, me dijo ayer que su grupo ha llamado esta iniciativa la Ley Tapadera y que está pidiendo al Congreso estatal que no la apruebe.

No es este, sin embargo, el único caso reciente en México de un ataque a la transparencia de la información pública. El pasado 15 de mayo el Comité de Transparencia -o quizá debiéramos llamarlo el Comité de Tapadera- de la Cámara de Diputados reservó por cinco años la documentación del proceso que llevó a la cuestionada elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); lo hizo a petición de la Junta de Coordinación Política que argumentó razones de "seguridad nacional".

Hubo un tiempo en que la izquierda mexicana defendía la transparencia en la información pública; sus activistas la exigieron, por lo menos, de los gobiernos del PRI y del PAN. El Grupo Oaxaca, creado en 2001 para impulsar una ley de transparencia, era muy amplio, pero incluía a activistas de izquierda, como Jenaro Villamil, hoy titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que participó en representación de La Jornada.

El entonces presidente Vicente Fox se sentía incómodo ante la iniciativa. De hecho, sufrió un fuerte golpe político con el Toallagate de 2001, cuando la Secretaría de la Contraloría difundió los gastos de una renovación de la residencia presidencial de Los Pinos y se encontró que se habían comprado toallas de 400 dólares. El escándalo facilitó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2002, el cual se convirtió en Instituto Nacional (INAI) en 2014 y al que se le dio más tarde la responsabilidad adicional de proteger los datos personales.

Sin embargo, desde que llegó a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador se dedicó a luchar contra la transparencia. Reservó por razones de "seguridad nacional" la información de sus obras principales, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas; combatió al INAI hasta eliminarlo, ya en el gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum.

En materia de transparencia los gobiernos de la 4T se han comportado como reaccionarios. Consideran que el dinero público debe ser manejado en absoluta secrecía. Uno de los resultados ha sido el surgimiento de una camada de funcionarios y políticos que se han enriquecido de manera obscena. Las toallas de 400 dólares de Fox son juego de niños ante los sobrecostos de cientos de miles de millones de pesos de las obras faraónicas de López Obrador.

La Ley Tapadera de Sinaloa y la reserva de la información sobre la elección de los consejeros del INE son los últimos ejemplos de una filosofía que ha distinguido a la 4T desde que asumió el poder. Sus gobiernos se dicen de izquierda, pero han borrado la transparencia de la información pública que se construyó con muchas dificultades a lo largo de décadas. Lo peor es que el nuevo régimen de opacidad no parece tener más propósito que facilitar la corrupción.

 EXTRADICIONES

 La presidenta Sheinbaum afirmó ayer que Estados Unidos no ha cumplido con 269 peticiones de extradición del gobierno mexicano desde 2018. Así justificó que México no entregue a los 10 de Sinaloa acusados de narcotráfico en la Unión Americana.

www.sergiosarmiento.com

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Segunda reforma judicial/Luis Carlos Ugalde 

 REFORMA, 20 mayo 2026;

Es una buena noticia que se corrijan algunos aspectos de la reforma judicial de 2024, aunque no se extirpe el corazón del problema. Es bienvenido que la Presidenta proponga mover la elección judicial de 2027 a 2028: sin ese cambio, la jornada electoral del próximo año sería caótica e inmanejable. También es positivo que se mejore el proceso de selección de candidaturas mediante criterios homogéneos para los tres poderes de la Unión y exámenes de conocimiento más rigurosos. Finalmente, se reduce el número de candidaturas: en lugar de nueve habría seis por cargo a elegir -dos por cada poder público-.

Pero conviene no perder de vista lo esencial: los cambios son, en su mayoría, de procedimiento electoral. No mejoran la impartición de justicia porque la reforma de 2024 no fue una reforma judicial, sino un mecanismo electoral para reemplazar jueces mediante voto popular. López Obrador decía que solo el pueblo podía purificar al Poder Judicial con su voto. Bajo esa lógica, votar era suficiente para producir una transformación milagrosa del sistema de justicia.

Hay al menos tres problemas de fondo que permanecen. El primero es que se eligen jueces como si fueran diputados. Un diputado representa a una población agrupada en un distrito electoral. Un juez no "representa" a los habitantes de un circuito judicial. En México hay 300 distritos electorales y 32 circuitos judiciales. En cada distrito se elige a un diputado; en cada circuito se eligen muchos jueces y magistrados que, con frecuencia, poco tienen que ver con las personas que ahí viven. Por eso, la elección judicial no genera vínculo democrático ni rendición de cuentas: votas por jueces que no conoces, que raramente te atenderán y que nunca te rendirán cuentas. Es una ficción representativa.

El segundo problema es el voto desinformado. Cuando votas por cargos que desconoces -un juez de competencia económica o un magistrado de circuito- y por candidatos sin visibilidad pública, terminas votando a ciegas. En 2025, al menos en la Ciudad de México, cada elector votó, en promedio, por 51 cargos judiciales de entre un universo de 293 candidaturas, según un reporte de Integralia. Un voto informado habría requerido conocer a esas 293 personas, entender la función de los 51 cargos y decidir quién era idóneo para cada puesto. La nueva reforma busca aminorar ese problema, pero solo en el margen. En vez de analizar 293 candidaturas, habría 30 por ciento menos, es decir, alrededor de 200 para la capital del país.

El tercer problema es la dependencia de padrinos políticos. Se puede mejorar la selección de candidaturas y reducir su número, pero al final quienes compitan deberán tocar el timbre del gobierno, de los partidos y de los gobernadores para obtener apoyo electoral. La elección judicial de 2025 mostró esa lógica con claridad. Hubo un acuerdo informal entre el gobierno federal y la mayoría de los gobernadores, incluidos algunos de oposición. El primero llevó mano para definir los "acordeones" de la Suprema Corte y otros cargos de alcance nacional; los gobernadores tuvieron margen para influir en las listas de sus entidades. El voto popular no eliminó la captura política. Solo la reordenó.

Si el gobierno ya decidió reformar la reforma judicial, debería aprovechar para hacer cambios de mayor profundidad. El primero sería reducir drásticamente el universo de cargos sometidos al voto popular. El modelo podría limitarse a la Suprema Corte y al Tribunal de Disciplina Judicial y, quizá, a un conjunto acotado de magistrados y jueces, con requisitos estrictos de elegibilidad. Asimismo, no debería haber más de tres candidaturas por cargo a elegir. Finalmente, si el objetivo de la reforma de 2024 era limpiar de corrupción al Poder Judicial, entonces hay que mirar el sistema completo de justicia: policías, ministerios públicos, fiscalías, peritos y cárceles.

La segunda reforma judicial puede corregir algunos excesos de la primera. Eso es positivo. Pero mientras conserve intacta la idea de que elegir jueces por voto popular resolverá los males de la justicia, seguirá confundiendo legitimidad democrática con independencia judicial. Y sin independencia judicial no hay justicia: hay poder político con toga.

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

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