Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global

 Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global/ Fred Alvarez Palafox

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En España el magistrado José Luis Calama ha imputado formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por una presunta trama de tráfico de influencias; un hito que altera por completo el panorama político y judicial del país. | Fred Álvarez

La Silla Rota, 20/5/2026 ·

El martes 19 de mayo quedó suspendida una regla no escrita en la historia de la democracia española. El blindaje institucional tácito que resguardó a los expresidentes del Gobierno se vio desafiado por un auto judicial de 85 páginas de la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama ha imputado formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo citó a declarar el próximo 2 de junio por una presunta trama de tráfico de influencias; un hito que altera por completo el panorama político y judicial del país.

La resolución no se apoya en conjeturas, sino en un registro frío de indicios materiales: flujos de correos electrónicos, transferencias bancarias y escuchas telefónicas. La instrucción sitúa el origen de la indagación en marzo de 2020, durante el rescate financiero de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. El expediente señala que la compañía —vinculada a intereses venezolanos— activó dos vías simultáneas para acceder al erario español: una mediante el entorno del exministro José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero, siendo esta última la que presuntamente destrabó el proceso a cualquier costo.

(Mi comentario en la web). 

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Para dar cobertura formal a estos movimientos, la investigación apunta a un entramado de firmas de consultoría bajo sospecha de emitir facturas por servicios inexistentes. Sin embargo, el alcance de la causa desborda el beneficio doméstico. El auto describe un protocolo estandarizado de peaje: para adquirir crudo venezolano y eludir las sanciones internacionales, las corporaciones debían dirigir primero una carta de intención (Letter of Intent) a la oficina de Zapatero en Madrid. Una vez obtenido el visto bueno, la operación se ejecutaba en Caracas, donde indicios apuntan a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como encargada de autorizar los buques cargueros.

Los registros de mensajería evidencian el carácter estrictamente político de la transacción: los intermediarios desconocían las especificaciones técnicas del crudo; actuaban, prioritariamente, como gestores de influencia. El resultado dibuja una triangulación que conecta a operadores en España, la estructura de Venezuela y corporaciones vinculadas al Partido Comunista Chino. Esta denominada "conexión china" expone la escala internacional del caso. El esquema detectado en enero de 2024 revela que Venezuela aportaba el recurso, una firma suiza coordinaba la logística en Caracas y corporaciones estatales de Pekín aseguraban la adquisición final, condicionando el acceso al petróleo al filtro previo de la oficina de Rodríguez Zapatero.

Las consecuencias son profundas. Por un lado, la red operó para mitigar el bloqueo internacional impuesto al régimen de Nicolás Maduro; por el otro, sitúa a un exjefe del Ejecutivo español como facilitador de un circuito que beneficiaba simultáneamente a Caracas y a Pekín. Este escenario evidencia una severa contradicción entre la política exterior formal del Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas y las operaciones paralelas investigadas por la Audiencia Nacional.

El usufructo del hambre

Sin embargo, el detalle más doloroso de este expediente no se resguarda en los despachos madrileños, sino en el estómago vacío del pueblo venezolano. Mientras el chavismo ha utilizado las cajas de comida CLAP como un perverso mecanismo de chantaje y control social, la red investigada facturaba comisiones de entre 6 mil y 10 mil euros mensuales por concepto de una planta empaquetadora. Cobrar fortunas por el macabro privilegio de empaquetar la miseria. 

¡Miserables!

En ese reparto inmundo aparece inscrita la huella operativa del entorno de Zapatero. El contraste resulta moralmente insostenible: mientras una madre en Caracas padece filas de seis horas bajo el sol para conseguir una bolsa de harina, en Madrid un grupo de despachos que suelen predicar los derechos humanos facturaba con puntualidad británica. Eso es lo que verdaderamente se esconde detrás del sofisticado eufemismo de una "boutique financiera": el usufructo del hambre ajena gestionado desde las inmediaciones de Ferraz.

El factor Washington y las conexiones judiciales

Las coordenadas de esta investigación desbordan por completo las fronteras españolas. El propio auto reconoce que la pieza arranca gracias a la colaboración directa del Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. Washington puso a disposición de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción la extracción íntegra del teléfono móvil del venezolano Rodolfo Reyes Rojas, exdueño de Plus Ultra. En el dispositivo bullen referencias recurrentes a Zapatero. En marzo de 2020, Reyes Rojas plantea: "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas Ayudas públicas y/o mandamiento?“.

La respuesta de su interlocutor quedó registrada: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". De ahí, el juez concluye que se admite la posibilidad de realizar pagos ilegales.

El juzgador deduce que Zapatero ordenaba gestiones a través de dos empleadas de confianza, María Gertrudis Alcázar y Judith Laure Wells, quienes daban cobertura formal a la actividad desde su oficina en Ferraz. El juez considera que, a través de Alcázar, el exmandatario instruyó constituir una sociedad en Dubái (Landside) con ingresos proyectados de tres millones de dólares en un lustro. Para Calama, la clave habita en los tiempos: la sospechosa proximidad cronológica entre la fundación de la firma en el golfo Pérsico y el contrato por el que cobrarían el 1% del rescate de Plus Ultra —sin constancia del pago en España— blinda la hipótesis de que la arquitectura financiera estaba diseñada para recibir los fondos en el extranjero.

“Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", dijo el presidente Pedro Sánchez  en el parlamento español,

Zapatero envía un video de un minuto 20 segundos en el que afirma que "jamás ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra". Se muestra dispuesto a colaborar con la justicia. 

¿Y qué implicaciones tiene este asunto en México?

El periodista Jorge Fernández Menéndez pone el dedo en la llaga en su columna Razones de Excélsior al recordar el origen purulento de esta red en territorio mexicano. No estamos ante un simple fraude comercial, sino ante una sofisticada ingeniería de lavado de dinero que operaba en paralelo con las rutas más oscuras del crimen organizado trasnacional.

Bajo la operación de Alex Saab y Álvaro Pulido —socios criminales del Cártel de los Soles y disidencias de las FARC y el ELN—, México se convirtió en la gran bodega de alimentos de pésima calidad comprados a sobreprecio —un escandaloso 112% mayor al costo real— para exprimir los recursos públicos venezolanos. Pero Jorge desvela el verdadero destino de ese dinero del hambre: los contenedores hacían escalas estratégicas en muelles de Costa Rica (vía Alunasa) para descargar efectivo, el cual era inyectado en la banca rusa sancionada por Washington (Evrofinance Mosnarbank, Gazprombank y VTB) y terminar en los bolsillos de Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Al colocar a Zapatero en la cúspide de este entramado, el expediente adquiere dimensiones de escándalo de Estado trasatlántico.

Las repercusiones de este terremoto judicial desarmarían por completo las narrativas locales de soberanía y combate a la corrupción. Aunque este monumental fraude penal germinó en las postrimerías del sexenio de Enrique Peña Nieto, la afinidad ideológica y diplomática de la administración de López Obrador intentó meter el expediente en el congelador del olvido. Con la extradición definitiva de Alex Saab a Estados Unidos y las órdenes del juez Calama desde España, la presión de Washington hará imposible seguir mirando hacia otro lado.

La vigencia de las investigaciones de la DEA y el Tesoro significa que los empresarios, intermediarios y funcionarios mexicanos que facilitaron la compra de las despensas CLAP y el blanqueo vuelven a estar en el radar judicial internacional. México ya no puede garantizarles impunidad técnica si las solicitudes de extradición tocan a la puerta. El esquema financiero era tan complejo como perverso: las bolsas de alimentos eran elaboradas en México, pero el régimen de Caracas las contrataba a través de una empresa fachada en Hong Kong y los pagos se dispersaban mediante la opacidad bancaria de Antigua.

La extradición de Alex Saab lo convierte hoy en el testigo clave para revelar las entrañas del lavado de dinero chavista en nuestro país; una coyuntura que tendría que obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a reactivar la denuncia penal por desvío de dinero público que presentó en 2024 la ONG Transparencia Venezuela, dirigida por Mercedes de Freitas, y que hasta la fecha duerme el sueño de los justos.

Barcelona ¿casualidad o hilos invisibles?

Es inevitable conectar los puntos y preguntarse si este vertiginoso escenario responde a una sincronía subterránea diseñada en la alta política. Curiosamente el tablero comenzó a moverse tras la Cumbre en Defensa de la Democracia del pasado 18 de abril en Barcelona, donde coincidieron referentes de la izquierda global como Pedro Sánchez, Lula da Silva, Gustavo Petro y la presidenta Sheinbaum. Apenas unos días después, el 23 de abril, estalló el "Caso Rocha", desatando un vendaval de presiones que sacudió de forma inédita a la diplomacia y que ahora amenaza a los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos. Quizá no sea más que una enorme especulación, pero en la alta política las casualidades rara vez existen; suelen ser, más bien, los hilos invisibles de una misma trama.

El tema apenas inicia…

PD: El campo no aguanta más. Los surcos secos no entienden de cercos policiales ni de promesas de saliva, y la marea campesina que este miércoles partió el asfalto de la capital lo demostró con creces al obligar a la Secretaría de Gobernación a retirar sus cadenas, candados y el blindaje de la Guardia Nacional como un acto mínimo de dignidad antes de iniciar el diálogo. Mientras en las aceras de Abraham González el olor a taquiza y carbón mitiga el cansancio del frío encapsulamiento de la madrugada, la exigencia que abandera Baltazar Valdez va directo al corazón de la supervivencia: la salida de los granos básicos del TMEC y el cumplimiento de los acuerdos pisoteados desde diciembre pasado. Cuando la desesperación rural sitia la metrópoli, no busca colapsar el tránsito, sino recordarle al centralismo oficial que la comida no brota de los despachos, sino de una tierra que hoy clama por justicia y un rescate urgente; la advertencia está firmada sobre el asfalto y la moneda sigue en el aire.

Fred Álvarez