Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global

Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global

Por Fred Alvarez Palafox.

El peaje de la miseria: la caída del intocable

Ayer se rompió una ley no escrita en la historia de la democracia española. El pacto de impunidad silenciosa que, por décadas, protegió a los exinquilinos de La Moncloa saltó por los aires. Lo hizo con el peso de un auto demoledor de 85 páginas, dictado por el juez José Luis Calama. Aquí ya no hablamos de sospechas etéreas ni de rumorología de pasillo; hablamos de un rastro indeleble de correos electrónicos, transferencias bancarias y escuchas telefónicas que imputan formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta trama de tráfico de influencias.

El hilo de la madeja comenzó a desenredarse en marzo de 2020, con el escandaloso rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Al borde de la quiebra técnica y estrechamente vinculada al régimen chavista, la compañía se propuso asaltar los fondos del erario español, a sabiendas de que los cauces legales jamás le alcanzarían. Para lograrlo, desplegó una agresiva estrategia de influencia a dos bandas: la vía Ábalos-Koldo y la vía Zapatero. Como ilustró con crudeza uno de los implicados en los mensajes que hoy reposan en la causa judicial: estaban dispuestos a hacer lo que fuera, y al precio que fuera, con tal de asegurar el botín.

Pero el alcance de este terremoto trasciende la clásica mordida doméstica; apunta a una auténtica geopolítica estructural de la corrupción. El auto judicial describe un peaje estandarizado y frío: para comprar crudo venezolano saltándose las sanciones internacionales, las corporaciones debían enviar primero una carta de intenciones a la "Oficina del Presidente Zapatero" en Madrid. Solo después de ese visado, Delcy Rodríguez asignaba los buques en Caracas. 

Una triangulación perfecta entre España, Venezuela y corporaciones ligadas al Partido Comunista Chino.

Sin embargo, el detalle más doloroso no está en los despachos, sino en el estómago vacío del pueblo venezolano. Mientras el chavismo utilizaba las cajas de comida CLAP  - Comités Locales de Abastecimiento y Producción-, como un mecanismo de chantaje y control social, la red investigada facturaba miles de euros por una planta empaquetadora. Cobrar fortunas por el macabro privilegio de empaquetar la miseria.

¿Y qué implicaciones tiene este sismo en México?

El escándalo desarma por completo las narrativas locales y salpica directamente a nuestro país al revivir un turbio expediente de lavado de dinero operado entre 2016 y 2018 a través, precisamente, del programa CLAP. Bajo ese esquema, operadores globales como Alex Saab -detenido y extraditado a EU está semana-, amarraron contratos en territorio mexicano para comprar despensas de baja calidad a precios inflados.

Aunque el fraude penal germinó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la afinidad ideológica del gobierno posterior intentó congelar el tema en el olvido. Hoy, con la presión de Washington y las cartas judiciales españolas sobre la mesa, al entorno político mexicano le resultará imposible mirar hacia otro lado. El expediente de la conexión Caracas-Madrid-México está abierto de par en par, y promete helarnos la sangre.

Es inevitable preguntarse si este escenario guarda alguna relación con la llamada Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada el pasado 18 de abril en Barcelona. En aquel foro coincidieron figuras como Pedro Sánchez, Lula da Silva, Gustavo Petro y la alta representación de México. Apenas unos días después, el 23 de abril, estalló el caso Rocha, desatando una oleada de presiones que alcanzó incluso la gestión de los 53 consulados. Quizá no sea más que una enorme especulación, pero en la alta política las casualidades rara vez existen; suelen ser, más bien, los hilos invisibles de una misma trama.