Acteal a 10 años

• A 10 años de Acteal/Ana Laura Magaloni

Publicado en Reforma, 22/12/2007;

Hoy, 22 de diciembre, se cumplen 10 años de la masacre de Acteal. También se cumplen 10 años para los 70 indígenas que están en la cárcel acusados de haber perpetrado esa matanza. Todos ellos, víctimas y acusados, continúan atrapados en la red de un sistema de justicia autoritario e ineficaz. El saldo de este aniversario luctuoso es desolador: a las víctimas no se les ha hecho justicia y 66 de los acusados son meros chivos expiatorios. Una vez más Acteal nos permite apreciar con nitidez la extraordinaria precariedad de las instituciones penales en México. En el proceso penal de Acteal no se trata, por lo tanto, de tomar partido entre zapatistas o priistas, o entre evangélicos o católicos. Tampoco se trata de revisar la historia oficial y encontrar sus huecos e inconsistencias. En el juicio de Acteal se trata de colocar en el banquillo de los acusados al propio sistema penal mexicano y de exigir, aunque hayan pasado 10 años, que la Procuraduría y los jueces penales hagan el trabajo que no han hecho hasta ahora.
¿Qué no hizo la PGR en el caso de Acteal? Simple y llanamente no hizo su trabajo. En vez de investigar el crimen, buscó acallar el escándalo internacional fabricando culpables. El trabajo elemental de cualquier Ministerio Público es armar el rompecabezas delictivo, construir una tesis del caso que permita saber qué pasó y quién es un presunto responsable y aportar al juez la evidencia que corrobore esa tesis. Nada de ello sucedió en el proceso judicial de Acteal. La tesis de la PGR no concuerda con la evidencia que ella misma aportó. El expediente judicial está repleto de contrasentidos e incongruencias. No hay manera de que pase el mínimo estándar de una investigación criminal profesional.
Así, por ejemplo, la tesis de la PGR es que al menos 90 agresores llegaron a Acteal y abrieron fuego contra 300 indígenas que oraban en la ermita. Sin embargo, la ermita mide 12 metros cuadrados, los peritos de la PGR no encontraron impactos de bala en la misma y, finalmente, es completamente ilógico que esa dinámica del crimen no haya provocado más muertes de las 45 personas masacradas. En segundo término, la tesis de la PGR sostiene que todos los acusados perpetraron la matanza con armas de fuego. Sin embargo, las pruebas de rodisonato de sodio que aportó la PGR, a través de las cuales se determina si una persona accionó o no un arma de fuego, fueron negativas para los primeros 24 acusados; al resto no se les aplicó esa prueba, pues fueron aprehendidos varias semanas después de los hechos. La PGR, además, sólo encontró 50 casquillos de balas percutidos de 8 tipos de armas distintas, lo cual no concuerda con el número de agresores que según la PGR perpetraron la matanza. Finalmente, las armas que aportó la PGR como prueba, según el análisis de balística, no son las armas con que se llevó a cabo la matanza.
El hecho de que la evidencia "dura" no concuerde con la tesis de la PGR hace que la única "prueba" para imputar la responsabilidad penal a los acusados sea los testimonios de los habitantes de Acteal. Estos testigos en su primera declaración afirman lo que es razonable que suceda en una situación como la que padecieron: "no pude ver", "me escondí al escuchar los disparos", "oí gritos y disparos y busqué un refugio", "no pude ver la cara de los agresores pues estaban encapuchados" y un largo etcétera. Sin embargo, algunos días después de que se rindieron estos testimonios, la PGR elabora una lista con fotos y nombres de 124 personas y le solicita a esos mismos testigos que "amplíen su declaración" apuntando quiénes de las personas que estaban en "la lista" participaron en los hechos de Acteal. A la cuarta declaración, los testigos terminan señalando con nombre y apellido a esas 124 personas de las cuales hoy 70 están en prisión.
¿Cómo puede ser que la PGR le apueste a ganar el juicio con un trabajo de investigación tan mal hecho? La respuesta es simple: los jueces penales no le exigen más para condenar a un acusado. En México, con investigaciones criminales tan mal hechas como la de Acteal, las procuradurías ganan al menos 85 por ciento de los juicios. El estándar de prueba que exigen los jueces es muy bajo y, aunque las procuradurías presenten acusaciones con tantos huecos y contrasentidos como la del juicio de Acteal, los jueces le terminarán dando la razón al Ministerio Público.
No comprendo por qué las organizaciones civiles que han acompañado y defendido a las víctimas de Acteal consideran que este caso es una excepción a la regla con la que funciona el sistema penal. ¿Qué les hace afirmar con tanta vehemencia que en este caso la PGR sí acusó a los culpables? ¿Por qué para estos acusados no es relevante que la PGR demuestre con pruebas su acusación? ¿Por qué se les puede catalogar a todos los acusados de "paramilitares" si ni siquiera se demostró que accionaron un arma de fuego? Mientras que la culpabilidad y la inocencia de los acusados de Acteal se discuta en la arena política e ideológica y no a partir de las pruebas y el proceso judicial, el sistema penal mexicano podrá seguir siendo lo que es: una fábrica implacable y sistemática de injusticias que lo que viene a garantizar casi de forma infalible es la impunidad.

Acteal: verdad y justicia denegadas/Miguel Angel de los Santos
Publicado en La Jornada, 23/12/2007;

En la investigación de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, la Procuraduría General de la República ignoró las evidencias que constataban la actuación de un grupo paramilitar.
Un día después de la matanza, la PGR atrajo la investigación de los hechos ocurridos en Acteal y de todas las averiguaciones previas originadas en los meses previos en la región de Chenalhó. Los sobrevivientes de Acteal relataron que quienes los atacaron vestían de negro, algunos se cubrían el rostro con pasamontañas y portaban un pañuelo o listón amarrado en la cabeza. Estas descripciones constan en la recomendación numero 1/98 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las mismas descripciones se aportaron en hechos previos, de los cuales también tuvo conocimiento la PGR: en el expediente penal número 230/98 se consigna que el día 10 de octubre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en la comunidad de Chimix, municipio de Chenalhó, en la que resultó muerto César Santiz Pérez y lesionadas dos personas. Los lesionados y testigos describen que sus atacantes “salieron de entre el monte (y eran) aproximadamente unas 15 personas, por lo que empezaron a correr el de la voz y sus acompañantes, ya que dichas personas vestían de color negro y algunos usaban pasamontañas, todos portando armas largas de fuego…” No obstante esta narración, que sugiere la actuación de un grupo organizado, fue juzgado Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo zapatista.
En el expediente penal número 169/98 se consigna que el día 17 de diciembre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en el paraje Kestic, municipio de Chenalhó, en la que resultó muerto Agustín Vázquez Secum. Algunos testimonios y declaraciones de sobrevivientes relatan que la emboscada la realizó un grupo de aproximadamente siete personas que se cubrían el rostro con pasamontañas, vestían de azul y portaban armas de grueso calibre. Juan Luna Vázquez, base de apoyo zapatista, fue juzgado como probable responsable del crimen de Agustín Vázquez Secum, crimen que, según la PGR, fue el detonante que motivó se perpetrara la masacre de Acteal. Las evidencias en contra de Juan Vázquez resultaron insuficientes y sospechosas (los testigos afirmaron que lo reconocieron porque al disparar se le cayó el pasamontañas, circunstancia que no pudieron probar en el proceso penal) y por ello el juez primero del ramo penal de Tuxtla Gutiérrez lo absolvió.
El móvil de la venganza en los hechos de Acteal se debilita si consideramos que quienes causaron la muerte de Vásquez Secum supuestamente estaban identificados; además, como aquí se demuestra, existían antecedentes de la actuación de un grupo con vestimenta y modo de operar característico. Cabe la posibilidad de que el modo de operar atendiera a la estrategia de atacar a personas vinculadas al PRI y responsabilizar a zapatistas para generar reacciones en contra de estos últimos.
No obstante las evidencias que indican la presencia de un grupo paramilitar, la PGR evitó investigarlos y en todos los casos en que las víctimas estaban vinculadas al PRI, involucraba a quienes se identificaban como zapatistas en el afán de esconder la presencia paramilitar y fortalecer su hipótesis que sugiere como móvil de los hechos ocurridos en Acteal, la venganza.
En cuanto a la posibilidad de que se diera una confrontación entre zapatistas y un supuesto grupo de autodefensa, como sugiere la revista Nexos, la hipótesis resulta absurda y descabellada. Basta leer los dictámenes médicos sobre las personas lesionadas, así como de quienes perdieron la vida, para comprender la dinámica de los hechos: muchas personas adultas recibieron disparos en la espalda, los glúteos y las piernas, los niños y niñas los recibieron en la cabeza o el rostro. No se necesita ser criminalista para concluir que quienes sufrieron estas lesiones fueron alcanzadas por disparos hechos mientras huían buscando no ser alcanzados por las balas, lo que resulta incompatible con haberse encontrado en medio de dos fuegos. También resulta incompatible con esta hipótesis las lesiones con armas punzocortantes causadas a las víctimas. Varias de ellas presentan lesiones propias de reacciones defensivas utilizando los brazos y las manos.
Lo ocurrido en Acteal y los hechos previos revelan la actuación de un grupo paramilitar, que al igual que lo hacía la organización Paz y Justicia en la zona norte de Chiapas, desplegaba una política de ataque sistemático a comunidades y personas vinculadas al EZLN. Quizá por ello, el gobernador del estado durante su reciente informe de gobierno se refirió a la masacre de Acteal como un crimen contra la humanidad. Desde luego que el hecho de que el mandatario defina la masacre de tal modo, conlleva la necesidad de una investigación imparcial y objetiva que revele la verdad de lo ocurrido y consigne a los responsables, incluyendo aquellos que desde los niveles más altos del gobierno diseñaron esa política.
Hasta hoy, ni el gobierno federal ni el del estado han mostrado un interés genuino por investigar seriamente los hechos. Sólo han respondido a los reclamos sociales que se intensifican cada aniversario, y han reciclado una y otra vez la Fiscalía Especial para el caso Acteal. El décimo aniversario de la masacre debería ser la oportunidad para que las instancias de justicia informaran el avance real de las pesquisas y mostraran verdadera voluntad de investigar objetivamente los hechos.
Sólo de esta manera el gobierno federal cumpliría con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos que le imponen la investigación eficaz de las violaciones a las garantías fundamentales, respetando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, sus familiares y la sociedad que ha resultado agraviada por tan horrendo crimen.

La opinión de Arnaldo Córdova

La reforma judicial/Arnaldo Córdova

Publicado en La Jornada, 23/12/2007;
El gobierno de Estados Unidos ha convertido la lucha en contra del terrorismo en una guerra global en contra del terrorismo y, con ello, ha causado a la humanidad sufrimientos indecibles e indescriptibles; el gobierno panista de México ha hecho de la lucha en contra del crimen organizado y, en especial, del narcotráfico, una guerra total en contra del crimen organizado. Nadie puede saber hasta qué punto con exactitud estamos o nos han involucrado en la primera, pero estamos en la segunda y podemos ver que los frutos que cosecha el bushismo los está produciendo entre nosotros el panismo en el gobierno: sufrimiento atroz de las poblaciones pobres del campo, asesinatos inexplicados, injusticias sin cuento por la malísima administración de justicia y acusaciones sin fundamento, para no mencionar sino sólo lo que nos resulta evidente.
La reforma judicial, a partir de una iniciativa presidencial, discutida y aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados, vuelta a discutir y a modificar por la de Senadores y que, finalmente, deberá volverse a discutir en la primera, una vez que termine el receso constitucional, es un mazacote de parches que a veces son contradictorios entre sí, algunos positivos y esperados desde hace tiempo, otros, de verdad alarmantes, porque son abiertamente violatorios de los derechos humanos, como se ha denunciado con amplitud. Está lejos de ser lo que esperábamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Es, por decir lo menos, una reforma rala e inconsistente.
La reforma judicial es un antiguo reclamo, casi tan antiguo como la misma reforma política y hasta con planteamientos muy parecidos, porque nuestro sistema de administración de justicia siempre ha sido un asco y no puede seguir como está. Y, desde antiguo también, se ha procurado hacer énfasis en que se trata de una operación integral, que tiene que reformarlo todo porque, si es parcial e incompleta, es equivalente a poner manzanas podridas en un barril con manzanas sanas. No puede hacerse una reforma a base de retazos mal agregados a un cuerpo enfermo y totalmente deteriorado. Sólo recordaré algunas de las muchísimas propuestas que se han hecho.
Para empezar, ya desde los años 80 se planteó la necesidad de conformar una magistratura nacional lo mejor integrada en los niveles federal y local, basada en un servicio civil de carrera que prepare y reclute a los mejores. Integrada de verdad, de manera que haya una circulación creadora de lo local a lo federal, formando un registro nacional de méritos y cualidades de los juzgadores, con datos que deberán proporcionar los tribunales superiores de los estados y los tribunales del sistema federal. Mucho se ha avanzado en ello. Tenemos ya algo que se parece a un servicio civil de carrera, pero apenas estamos en los comienzos.
Se ha planteado, asimismo y desde hace muchísimo tiempo, que el Ministerio Público se refunde como una institución totalmente autónoma de los poderes ejecutivos y se integre también mediante la formación de un auténtico servicio civil de carrera. La Procuraduría General de la República y las de los estados deben convertirse en otra cosa: en oficinas jurídicas de los gobiernos, pero no jefaturar de ninguna manera a los agentes del Ministerio Público, que deben ser totalmente independientes y con la policía judicial a sus órdenes. Está bien que se fortalezcan las facultades del Ministerio Público, pero es muy poco y, más bien, lo que se está proponiendo es ampliar sin medida las facultades indagatorias y persecutorias de las policías, lo que resulta pésimo.
En alguna ocasión, cuando apenas había yo ingresado a la Facultad de Derecho, leí un resumen de una conferencia que había dictado el ilustre penalista mexicano don Raúl Carrancá y Trujillo. Nunca he olvidado lo que decía: el agente del Ministerio Público (al que los abogados y tinterillos llaman siempre “señor ministerio público”) no es un policía; es, guardando sus facultades de investigación y persecución del delito, el representante de la sociedad y, en cuanto tal, también un juez que, como todos, debe ser imparcial, probo, justiciero y, no estaría mal, también piadoso. Lo que más necesitamos, un verdadero Ministerio Público, es lo que menos se nos da con esta sábana llena de agujeros.
Sergio García Ramírez ha puesto el dedo en la llaga. Ahora estamos convirtiendo ese horroroso hallazgo de los últimos tiempos, el “arraigo”, forma de detención absolutamente arbitraria que, hasta hace poco, al menos necesitaba de la autorización de un juez, en una institución constitucional, que puede ir de los 40 días a los 80. Con justa razón, García Ramírez pide que no nos den gato por liebre: eso es una detención anticipada y sin defensa alguna. Nadie puede ni siquiera imaginarse lo que será de su persona si un día unos policías ignorantes y atrabiliarios se presentan en su casa y empiezan a registrarla. Antes sabía a quién recurrir. Ahora ya no sabrá a quién. Con la reforma, bastará que el policía informe, post factum, a un juez de su allanamiento, si le viene en gana y, si no, pues que Dios ampare a su víctima.
Y hay muchas otras monstruosidades que nuestros senadores y diputados panistas y priístas están convirtiendo en instituciones constitucionales que me gustaría tratar, pero el límite de espacio es tiránico. Debo referirme, empero y por último, a los juicios orales. Muchos no saben lo que es eso, porque no se les ha explicado adecuadamente y la mejor información que tienen es de las películas gringas que, a decir verdad, no son un buen material. Son sencillos y, además, no hace falta mucho para instruirlos, ni en medios ni en tiempo. En eso, sus críticos lo están exagerando todo. Por si fuera poco, permiten, ni más ni menos, resolver un asunto, por complicado que sea, en muy poco tiempo. Eso sí, hay que saber hacerlos y la reforma, francamente, da pena. Se excusan porque no sabemos cómo hacerlos, pero nos los imponen. A saber qué resultará de todo esto.
¡Ah!, a propósito, ¿y el Ejército? Pues nada, de eso no se nos dice ni media palabra. ¿Qué hay de sus incursiones en las zonas rurales en plan de guerra y de sus operativos en contra del narcotráfico y del crimen organizado, de sus pavorosos retenes en los caminos? ¡Nada! Y, ¿los derechos humanos? Primero combatir al narcotráfico y al crimen organizado. De eso se trata. Los revolucionarios franceses inscribieron en su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que una sociedad que no protege los derechos fundamentales de la persona humana y no tiene un sistema de división de poderes en el Estado no tiene Constitución. A eso estamos llegando.

La biométrica y el FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) clasifica fotos y huellas digitales y de palmas de las manos para armar una base de datos biométricos que optimizará la identificación de criminales y las estrategias estadounidenses de seguridad, dijo el pasado sábado Richard Kolko, portavoz de la institución.

Confirmó el vocero que el proyecto, revelado originalmente por el Washington Post, tendrá un costo de mil millones de dólares.

Si el proyecto logra concretarse exitosamente otorgará al gobierno de EE UU una capacidad sin precedentes de identificar a sospechosos en todo el mundo. "Estamos permanentemente intentando actualizar y mejorar el proceso y vías de recolectar información", dijo. El plan pone énfasis en los derechos privados, un polémico aspecto de las políticas estadounidenses de inteligencia, aseguró el portavoz.
El gigantesco complejo subterráneo donde el FBI almacena su base de datos se ubica en el estado de Virginia Occidental (este) y según el Washington Post ya tiene recabados 55 millones de grupos de huellas dactilares electrónicas.

Acteal

Numeralia de la impunidad

Publicada en La Jornada, 22/12/2007;
Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Son cinco las causas penales abiertas con motivo de la masacre de Acteal contra 87 involucrados y 15 funcionarios en las que fueron procesados en el fuero federal 15 ex servidores públicos de bajo nivel.
Funcionarios
•El edil de Chenalhó en 1997 (Jacinto Arias Cruz) por homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fue condenado a 36 años y tres meses de prisión.
•El general retirado Julio César Santiago Díaz, jefe de asesores de la coordinación general de la policía de Chiapas, y los agentes de seguridad pública estatal Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez, condenados a ocho años de prisión por homicidio y lesiones por omisión.
•Felipe Vázquez Espinosa, suboficial de seguridad pública encargado en Los Chorros, condenado a tres años nueve meses por portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Libre bajo caución.
•Siete agentes de seguridad pública del estado, condenados a tres años por portación de armas de uso militar y libres por sustitución de pena por trabajos en favor de la comunidad.
•Mariano Pérez Ruiz, militar a quien la PGR señala que se encontraba de “vacaciones” al momento de cometer el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, cuatro años de prisión.
•Absalón Gordillo Díaz, jefe de seguridad pública del estado en Majomut, condenado a siete años por portación de arma militar.
•Roberto Arcos Jiménez, agente del Ministerio Público, condenado a dos años por portación de arma sin licencia.
•Pendientes de ejecutar dos órdenes de aprehensión contra funcionarios de ese entonces: Jorge Gamboa Solís, coordinador de la policía estatal, y Jose Luis Rodríguez Orozco, director de la policía de seguridad pública estatal.
•Civiles, todos indígenas adultos
•Seis absueltos por falta de elementos, pese a que fueron reconocidos por sobrevivientes y testigos de cargo (juzgados en el fuero federal).
•27 purgando penas de entre 35 y 40 años; sentencias confirmadas.
•31 sentenciados a 26 años de prisión, con apelación pendiente.
•18 condenados a 25 años de prisión en segunda instancia.
•2 condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones de edad y salud.
•2 esperan sentencia de primera instancia, pues hubo reposición de procedimiento.
•Uno falleció por enfermedad en el transcurso del proceso.
En estos casos el delito es homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. (El Ministerio Público consignó por asociación delictuosa, pero en apelaciones se tuvo por no acreditado este delito.)
Pendientes: 27 órdenes de aprehensión contra civiles indígenas y reparación de daños.
Procesos administrativos contra funcionarios de la época:
•Cuatro absueltos: Antonio Pérez Hernández, Ramiro Sánchez, Ricardo Alvarado y Marco Antonio Jiménez.
•Iturbide Rincón Luna, segundo oficial de seguridad pública, inhabilitado por seis años.
•Ocho inhabilitados por cinco años: Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, el militar retirado José Luis Rodríguez Orozco (con orden de aprehensión pendiente), Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez.
•El general Jorge Gamboa Solís, inhabilitado por 10 años, con orden de aprehensión pendiente de ejecutarse.
•La inhabilitación por ocho años para cuatro funcionarios –el subsecretario general del Gobierno Uriel Jarquín Gálvez (hoy asesor de la bancada del PRD en Michoacán), el jefe de asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado Julio César Santiago Díaz, el secretario general de Gobierno Homero Tovilla Cristiani y el procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Besares Escobar– ya prescribió.

Religión frente a nacionalismo

• Religión frente a nacionalismo/Said Aburish, escritor y biógrafo de Sadam Husein. Autor de Nasser, el último árabe

Publicado en LA VANGUARDIA, 22/12/2007;

Entre las numerosas guerras y conflictos que rugen sin freno en Oriente Medio - los estadounidenses contra Al Qaeda en Iraq, la OTAN contra los talibanes en Afganistán, el enfrentamiento entre chiíes y suníes en toda la región, el desafío kurdo al Estado turco-, la guerra silenciosa entre el islam y el nacionalismo es probablemente el conflicto más importante y activo en la actualidad.
Esta guerra comenzó entre Gamal Abdel Naser de Egipto y los Hermanos Musulmanes en los años cincuenta. Naser se entregó de lleno a la causa de la unidad árabe y fomentó un socialismo moderado adaptado a las circunstancias de una sociedad musulmana.
Cuando Naser intentó aplicar un programa de reforma agraria en Egipto, los Hermanos Musulmanes, que contaban con millones de seguidores, se enfrentaron a él e intentaron asesinarle. Naser - fiel musulmán y casi un pacifista pese a su formación militar- intentó en un principio alcanzar un acuerdo para compartir el poder con este movimiento. Incapaz de satisfacer sus demandas, los aplastó, ahorcó a algunos de sus líderes y encarceló a miles de seguidores. El enfrentamiento perduró hasta que Naser murió en 1970.
Los métodos de Naser ofrecen buen número de lecciones. En primer lugar, su primera baza fue su personalidad. A diferencia de los gobiernos contra los que actualmente combaten los islamistas, Naser no estaba manchado por prácticas corruptas y no era blanco fácil de la propaganda de sus oponentes. En segundo lugar, Naser se valió de las enseñanzas del islam contra ellos. Al señalar a los islamistas como enemigos de la reforma agraria y antiguos partidarios del rey Faruq, persuadió al mundo árabe de que los islamistas eran un movimiento político retrógrado.
Arabia Saudí y Estados Unidos salvaron a los fundamentalistas musulmanes de una derrota segura. Ambos gobiernos se enfrentaron a Naser y apoyaron financiera y políticamente al citado movimiento. Arabia Saudí impulsó la Conferencia Islámica, una organización abiertamente contraria a Naser; Estados Unidos respaldó los esfuerzos saudíes y buscó, incluso, un Billy Graham (un predicador evangélico estadounidense muy popular) musulmán para reemplazar a Naser. La presión de Naser había provocado divisiones en los propios Hermanos Musulmanes dando paso a un ramillete de pequeños movimientos que actuaban en cada país: la rama siria en Siria, la iraquí en Iraq…
A finales de los setenta y principios de los ochenta el movimiento había recobrado fuerzas de forma que podía optar de nuevo por el poder. En Arabia Saudí, en 1979, islamistas armados ocuparon la gran mezquita en La Meca a lo largo de 12 días. Tras el episodio hubo un levantamiento en la ciudad siria de Hama. El régimen laico de Damasco rodeó la ciudad con unidades del ejército y la bombardeó durante una semana. Murieron de 10.000 a 25.000 insurrectos.
La tercera manifestación de violencia islámica fue el asesinato del presidente egipcio Anuar el Sadat, tiroteado por miembros del grupo musulmán Al Tafkir Wal Hajra, desgajado de los Hermanos Musulmanes. Hubo brotes de violencia en varias ciudades pero los islamistas fueron reprimidos.
Todo ello originó una reacción regional de los gobiernos árabes contra los islamistas. Las fuerzas de seguridad de Jordania, Siria, Iraq, Arabia Saudí y otros países comenzaron la operación de aplastar a los islamistas. No tuvieron tanto éxito como Naser porque los gobiernos respectivos eran corruptos y fácil blanco de críticas, pero infligieron potentes golpes a los islamistas.
Luego vino la cuestión de Afganistán.
Mientras los islamistas intentaban derrocar diversos gobiernos árabes, la URSS invadió Afganistán. Estados Unidos quería parar los pies a los comunistas pero sin emplear sus propias fuerzas armadas. Arabia Saudí no quería ver a los rusos allí. Los islamistas, temerosos de una derrota completa, se ofrecieron para combatir a los rusos. Las tres fuerzas - EE. UU., Arabia Saudí y los islamistas- resucitaron la antigua alianza. Arabia Saudí apoyó a los islamistas para combatir en Afganistán y EE. UU. les dio armas e instrucción. Bin Laden estaba entre los que lucharon en Afganistán y recibió ayuda saudí y de la CIA.
Cuando los rusos derrotados salieron de Afganistán en 1989, dejaron el país en manos de miles de islamistas entrenados militarmente. Los islamistas afganos volvieron a casa para enfrentarse a sus antiguos patrocinadores. Sabían que EE. UU. y sus aliados acabarían por convertirse en su enemigo. En Arabia Saudí volaron la sede de la misión militar estadounidense, los cuarteles de Jobar. Y, en último término, obligaron a los estadounidenses a salir del país.
Los islamistas son lo bastante fuertes como para luchar contra EE. UU. en Iraq y Afganistán y para cometer actos terroristas en Egipto y Arabia Saudí. Además, Hamas, que ganó las elecciones en Gaza y Cisjordania, y Hizbulah, en Líbano, son los héroes del mundo árabe por su acción contra Israel en verano del 2006. Además, Irán - mayor país chií del planeta- está presto a apoyar a grupos islámicos contra EE. UU. y Occidente, y ayuda financieramente a Hamas.
El primer ministro iraquí, Al Maliki, es miembro de Dawa, partido islámico con estrechos lazos con Irán. Hasta Turquía tiene hoy un primer ministro islámico.
Los movimientos islámicos crecen y trabajan por la unidad. Desean aparcar sus diferencias y colaborar entre sí. En la actualidad, los gobiernos de Arabia Saudí, Líbano, Egipto e Iraq no pueden enfrentarse a los islamistas. De hecho, no podrán hacerlo por el fuerte sentimiento antiestadounidense generado por Palestina, Iraq y Afganistán. En cuanto a las implicaciones de este panorama, no tenemos más que pensar en un conflicto musulmán-israelí en lugar de un conflicto árabe-israelí. Una victoria islámica, por lo demás, revertiría en el agravamiento de muchos otros conflictos.