Expediente Tlatlaya Encubrimiento militar& reportaje

Expediente Tlatlaya Encubrimiento militar/Gloria Leticia Díaz

Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

El martes 13, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos y abrió al público el voluminoso expediente de la PGR en el que se menciona a los generales Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, así como al coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, a quienes no se les señala en la Recomendación 51/2014 emitida por la CNDH en octubre pasado. Al principio, la Sedena manifestó su disposición a colaborar con la investigación, pero tras la decisión de González Pérez y conocerse el papel que jugaron esos militares, la dependencia optó por callar.

 Las inconsistencias sobre la masacre del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya abundan en las miles de páginas de la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).

 En el voluminoso documento abundan declaraciones contradictorias de las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicadas en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en ese municipio mexiquense, así como protección a altos mandos castrenses y la falta de transparencia sobre la participación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en los hechos.

 Todo ese material se condensó en 139 puntos de la Recomendación 51/2014, emitida por el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva el 21 de octubre pasado dirigida a la Sedena, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

 Sin embargo, Luis Raúl González Pérez, quien sustituyó semanas después a Plascencia Villanueva en la CNDH, consideró que en Tlatlaya hubo “violaciones graves” a los derechos humanos.

Esa decisión del nuevo ómbudsman nacional tomada el martes 13 permitió a Proceso revisar una versión pública del expediente abierto de oficio el 11 de julio de 2014, 11 días después de que la Sedena y el gobernador Ávila Villegas celebraron que integrantes del Ejército abatieron a 22 civiles en un “enfrentamiento” en el que un soldado resultó herido.

Guerrero: el riesgo de ser sacerdote

Guerrero: el riesgo de ser sacerdote/Rodrigo Vera

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

En Ciudad Altamirano las bandas criminales se han ensañado con el clero, igual que con el resto de la gente. Tras el asesinato de cuatro sacerdotes, sus compañeros ya consideran la zona como una “tierra de misión”, donde su prédica puede tener consecuencias fatales. El vocero de la diócesis correspondiente, Fidencio Avellaneda, considera que la razón es simple: los delincuentes “no tienen ningún respeto por la Iglesia”. Pero el obispo Maximino Martínez no duda en definir esa ciega violencia: “¡Es el mal! ¡El mal!”.

 Triste por los recientes asesinatos de cuatro sacerdotes de su diócesis, Maximino Martínez, obispo de Ciudad Altamirano, comenta: “Esos crímenes me duelen profundamente. Son golpes muy duros, durísimos, pues mis sacerdotes son como mis hijos o mis hermanos. Pero debo hacerme fuerte y reponerme. Ni modo, me tocó desempeñar mi ministerio en esta violenta zona de Guerrero”.

–Los informes señalan que a escala mundial su diócesis es la más peligrosa para ejercer el sacerdocio. ¿Es cierto?

–Al menos en los últimos meses no conozco otra donde se haya dado tanto crimen y tanta violencia contra el clero. ¡No la conozco! Quizás en algunos lugares convulsos del oriente islámico exista una violencia parecida, pero no en el mundo católico.

En su reporte de 2014, El riesgo de ser sacerdote en México, el Centro Católico Multimedial asegura que, por lo menos en América, el país más peligroso para la Iglesia Católica es México, donde “la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza”. Sólo en los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, ejemplifica, los ataques aumentaron 100% respecto del mismo periodo del sexenio anterior.­

Desarman las acusaciones contra Nestora

Desarman las acusaciones contra Nestora/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No. 1995,, 24 de enero de 2015

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

 El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

 Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

 El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.

Caso Regina Martínez

Caso Regina Martínez/LA REDACCIÓN

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

Mil días de impunidad

El homicidio de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, está lejos de ser esclarecido y se ve remota la posibilidad de castigar a los verdaderos responsables.

El viernes 23, cuando se cumplieron mil días del asesinato, seguía prófugo José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, principal acusado de ser el autor material en la versión del gobierno de Javier Duarte. Y el único detenido, el presunto copartícipe Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise la resolución judicial que anuló su libertad.

El gobierno de Veracruz ya da el caso por resuelto, pero El Silva mantiene su dicho: fue torturado por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se inculpara e hiciera suya la versión de que el móvil del asesinato fue el robo, con características de crimen pasional.

A través de su defensa legal, Silva Hernández presentó ante el máximo tribunal del país un recurso de revisión de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, del Séptimo Distrito.

Ese tribunal federal, con jurisdicción en Veracruz, revocó el 19 de junio pasado el amparo que le había concedido la justicia estatal por considerar que no había pruebas directas en su contra y se habían violado sus garantías constitucionales desde su detención y al momento de ser maltratado física y moralmente para inculparse.

Policías detenidos, chivos expiatorios/PATRICIA DÁVILA

Policías detenidos, chivos expiatorios/PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso  No. 1995, 14 de enero de 2015

El repudio nacional por el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa provocó una respuesta gubernamental lenta y sumamente criticada. Ahora, nuevas voces se suman al rechazo: familiares de policías municipales detenidos por el atentado explican que los agentes acusados vacacionaban, tenían día de descanso o estaban asignados a otras comisiones cuando ocurrieron los hechos. “La PGR está tratando de que su supuesta investigación encaje”, acusa el abogado de cuatro de los detenidos.

IGUALA, GRO.- En su afán por acallar las protestas de los padres de familia de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) “fabrica culpables”: Responsabilizó de homicidio, intento de homicidio, secuestro y delincuencia organizada a policías municipales que estaban de vacaciones, tenían descanso o que el día y a la hora de los hechos desempeñaban comisiones lejos del lugar del ataque.

 Así lo denuncian las esposas de Osvaldo Arturo Vázquez Castillo, Jorge García Castillo, Ubaldo Toral Vences y Gerardo Delgado Mota, agentes asignados a la patrulla municipal 017, quienes se desempeñaban como escoltas del exalcalde de Iguala José Luis Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También habla el abogado de los policías, quien señala las irregularidades jurídicas que mantienen presos a sus clientes.

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