San Salvador Atenco en el Congreso

Este es el debate entre las diferentes fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la unión; el tema los hechos violentos de San Salvador Atenco.

Senador Rafael Melgoza Radillo (PRD) para presentar un Punto de Acuerdo por el que se condenan los actos de brutalidad policiaca contra ciudadanos de San Salvador Atenco.

Los terribles acontecimientos de violencia ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco el pasado 3 y 4 de mayo, representan una forma de imponer el estado de derecho sobre la población civil que es inadmisible para cualquier sociedad que pretenda convivir encontrando cauce a sus diferencias en el diálogo y la concertación.

La regulación del comercio ambulante en un municipio donde un grupo de vendedores de flores resistieron la decisión de la autoridad no puede ser el motivo para que más de mil policías en un operativo combinado de fuerzas estatales y federales arremetan contra la población, allanen violentamente domicilios y resulte en una persona muerta, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

Las escenas transmitidas por la televisión y las denuncias que poco a poco han ido emergiendo sobre violación de derechos humanos de detenidos dan cuenta no sólo de brutalidad policiaca practicada de manera masiva, sino de una aparente venganza de la autoridad sobre toda una comunidad por razones políticas.

Este último hecho, de confirmarse, debe llevar al congreso a actuar de manera urgente, pues significaría la ruptura del estado de derecho por quien tiene la encomienda de protegerlo y garantizarlo para todos.

Es evidente que los acontecimientos de San Mateo Atenco, no surgen como un hecho espontáneo, ha sido hasta ahora la expresión más desafortunada de una larga serie de enfrentamientos que inician en octubre de 2001 con la oposición de los pobladores a la intención del gobierno federal para construir un aeropuerto que más allá de la utilidad pública de la obra, pretendió por la vía de los hechos, desconocer los derechos legítimos de los campesinos sobre su tierra.

Durante este largo proceso de enfrentamientos entre la población de Atenco y la autoridad, ha existido una constante que ha hecho crecer la polarización, la ausencia de voluntad para la negociación y el diálogo o cómo entender que haya sido la negativa de unos vendedores de flores a ser reubicados por la autoridad, lo que hubiese desatado la violencia por ambas partes, en magnitud muy, muy superior al conflicto por el aeropuerto en 2001.

La información pública disponible sobre la magnitud de los efectivos policiacos movilizados y los recursos de infraestructura e información utilizados, permite establecer que el operativo no estuvo diseñado para vencer la resistencia de ocho floristas o para dispensar a un grupo de manifestantes que bloqueaban la vía pública.

El gran número de allanamientos practicado para detener a decenas de personas sin mandamiento judicial y su reclusión en cárceles estatales y federales da cuenta de una acción planificad a profundidad para encarcelar a quienes desde el gobierno ya se había identificado como opositores.

La Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática considera que, la violencia usada como instrumento para resolver diferencias políticas o ideológicas sólo puede conducir a aumentar la propia violencia.

Recordemos que las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de la población han producido enconos que se mantienen soterrados, pero que pueden aflorar en cualquier momento. Todas las fuerzas políticas que hoy compartimos responsabilidades en los distintos ámbitos del estado, quizás de manera implícita hemos reconocido tal evidencia y por eso que hemos coincidido en que el ejercicio de la autoridad debe privilegiar el diálogo y perseverar en él bajo cualquier circunstancia.

Este acuerdo tácito debe definir la vocación democrática de quienes tenemos y buscamos la representación ciudadana a través de los procedimientos que nos hemos dado en la ley. La sustitución del diálogo por el uso de la fuerza aun cuando se pretexte la salvaguarda del Estado de Derecho sólo entraña riesgos de ruptura y autoritarismos que deben ser rechazados.

Por otra parte, el efecto noticioso de la represión policíaca a los habitantes en San Salvador Atenco ha trascendido a nivel internacional, y en el entorno nacional se ahonda la percepción de violencia alimentada por otros fenómenos como el narcotráfico. Es una percepción que no debe ser soslayada pues minimizarla pudiera precipitar un proceso de ingobernabilidad difícilmente reversible.

Como podrá coincidirse, los hechos de Atenco vienen a inscribirse junto con el conflicto minero del Puerto de Lázaro Cárdenas dentro del ambiente electoral que vive el país, un proceso electoral que debemos cuidar para que pueda abonar en la consolidación democrática de la transmisión de poderes públicos.

Para la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática es de la mayor importancia que el Congreso de la Unión a través de esta Comisión Permanente pudiera contribuir a que el conjunto de eventos y conflictos políticos que tienen lugar en el país en estos momentos transcurran dentro de los márgenes de la convivencia democrática y de la ley.

A nadie sirve atizar el encono pensando en lucrar electoralmente con los temores de la población, por eso pensamos que es indispensable condenar clara y rotundamente todos aquellos actos de represión y violación de los derechos humanos de la población vengan de donde vengan.

En el caso del conflicto de San Salvador Atenco se requiere que las diversas autoridades competentes y la Comisión de los Derechos Humanos lleven a cabo una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. Pensar en una lógica de vencedores y vencidos no resolverá el problema y sólo lo ampliará geográficamente, por eso es necesario restablecer las condiciones que permitan a las partes reiniciar el diálogo.

Los términos de la propuesta, señor Presidente, del punto de acuerdo son los siguientes:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de violencia, represión y brutalidad cometidos contra cualquier ciudadano, por lo que exhortamos al gobierno del Estado de México y a las autoridades federales para que a la mayor brevedad se restablezcan las condiciones de diálogo y concertación para que éstos sean el instrumento y el espacio para resolver cualquier diferencia y cualquier problemática social y política.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y estatales, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se deslinden responsabilidades sobre los hechos de violencia y se realice una exhaustiva investigación sobre las denuncias de violación a los derechos humanos y garantías individuales de cualquier persona.

-EL C. PRESIDENTE GIL ELORDUY: Se turna a la Primera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a investigar la tortura y la violencia sexual a la que fueron sometidas las mujeres detenidas en San Salvador Atenco.

Otra vez Salvador Atenco y otra vez el uso de la fuerza pública en unos casos para reprimir organizaciones sociales y no el uso de la fuerza pública para combatir la impunidad de los narcotraficantes, por ejemplo, que tanto daño le están haciendo a este país.

El día 3 de mayo, la represión de la autoridad municipal contra ocho vendedores ambulantes de flores precipitó uno de los más graves conflictos sociales de este sexenio. Un niño muerto con violencia, más de 200 personas detenidas, centenares de heridos y violaciones graves a los derechos humanos, es el saldo provisional de estos hechos en los que intervinieron la policía estatal y la federal preventiva.

El restablecimiento de la "paz social", en el lugar de los hechos se dio mediante un operativo policiaco denominado "regreso" que estuvo plagado de excesos y de abusos de autoridad; detenciones arbitrarias, práctica de cateos sin la orden correspondiente, tortura, y en el caso de las mujeres detenidas -las abogadas y organizaciones documentan la forma extrema de violencia sexual: violaciones tumultuarias por parte de los cuerpos policíacos.

La violencia sexual de la cual fueron víctimas las mujeres detenidas, fue dada a conocer a la sociedad por los testimonios de María Sastres y Cristina Valles, ciudadanas españolas, y que hoy dan testimonio; una ciudadana chilena también que haciendo sus estudios fue detenida y abusada de igual manera, que se encontraban realizando en San Salvador Atenco un trabajo de observadoras de derechos humanos y de fotografía, las cuales fueron deportadas a su país natal y a quienes les ha sido prohibido el ingreso a nuestro país durante los próximos cinco años. En el caso de la chilena al que me refiero, teniendo papeles fue deportada.

Es importante destacar que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y los hombres detenidos, continúan y hasta el día 7 de mayo no les habían permitido a las abogadas y a lo abogados entrevistarse con las y los detenidos, así como tampoco se ha permitido el acceso a los organismos de derechos humanos al penal para hacer las observaciones pertinentes.

Las autoridades tienen la obligación de asegurar la integridad de las personas y actuar con base en la ley, justamente la ley y el Estado de Derecho que ellos mismos están diciendo que están salvaguardando. Con ese mismo Estado de Derecho tienen que comportarse, siempre con respeto pleno a los derechos humanos, que no se nos olvide esto.

Por lo anterior, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al gobernador del Estado de México a investigar y esclarecer la tortura y la violencia sexual a la que fueron sometidas las mujeres detenidas en San Salvador Atenco, a efecto de procesar y sancionar a los responsables, así como a reparar el daño a las víctimas.

Segundo. De la misma forma exigimos se sancione a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas en San Salvador Atenco.

El C. PRESIDENTE: Gracias diputada Beatriz Mojica. Se turna a la Primera Comisión para sus efectos legales correspondientes

Intervención del Diputado Inti Muñoz Santini (PRD):

Hemos sido testigos de los acontecimientos registrados el pasado cuatro de mayo en la comunidad de San Salvador Atenco, donde elementos de la Policía Federal Preventiva y de la policía del Estado de México sitiaron dicho poblado con un despliegue de miles de efectivos, deteniendo a 218 personas, habitantes de esta comunidad, simpatizantes del movimiento, y también a cinco jóvenes extranjeros.

Como resultado del operativo, además del saldo conocido, hoy sabemos que se allanaron ilegalmente decenas de domicilios, se destruyeron bienes y pertenencias particulares, se intimidó, golpeó, hirió a decenas de ciudadanos inocentes, y según se ha denunciado el día de ayer, se vejo sexualmente a varias personas.

Asimismo, se desconoce el paradero de al menos 27 ciudadanos, mismos que hasta el momento no han sido reportados por las autoridades responsables.

Es muy grave que este tipo de sucesos en los que se abusa de la violencia en contra de los movimientos sociales se reproduzcan de manera continua en que el ambiente político se encuentra enrarecido por el curso de las campañas electorales y que tales actos se encaminan a reproducir entre la población el fantasma el voto del miedo, como consta en las irresponsables declaraciones hechas por los candidatos Roberto Madrazo y Felipe Calderón.

No es casual que este despliegue de abusos en el uso de la fuerza se realice en vísperas del proceso electoral del próximo dos de julio, porque un gobierno cuyo discurso en los foros internacionales se ufana de ser el principal promotor de los derechos humanos, no tiene el mínimo recato de ejercer la violencia institucional extrema al final de su período.

Es posible que un problema municipal de reubicación de comerciantes de flores desemboque en un conflicto de dimensiones nacionales y se convierta en una provocación ligada a una estrategia electoral. Es ruin y lamentable que estos deplorables sucesos se integran al discurso perverso de quienes sólo buscan deformar el debate electoral para confundir a la gente.

Por eso, por supuesto, rechazamos y condenamos la agresión y la violencia política, vandálica perdón, sufrida por elementos de la policía por parte de personas no identificada que hasta la fecha no sabemos a quien realmente representaban: a los 18 floristas que se negaron a ser desalojados, o a la violencia extrema provocada por la incapacidad del Estado Mexicano, y de los tres niveles del Poder Ejecutivo para solucionar, a través del diálogo y la política los conflictos sociales.

Los testimonios de los detenidos hablan de todo tipo de vejaciones de las que ya he dado cuenta: allanamiento de moradas y golpes.

También existen ya los testimonios crudos, bestiales de las vejaciones sexuales de las que fueron objeto varias personas. El periodista Carlos Loret de Mola, ayer entrevistó en la radio a una de ellas.

¿Qué argumento utilizarán los responsables para justificar este tipo de acciones?

Es indignante también que se quiera aplicar el delito de delincuencia organizada fundado en la Ley Federal para Combatir la Delincuencia Organizada, cuando lo que hubo fue un conflicto social donde, en efecto, hubo violencia, pero en cualquier país del mundo se resuelve a través de procedimientos administrativos, y sobre todo, a través del diálogo y la política.

Queremos rechazar, contundentemente, cualquier tipo de violencia. Eso debe quedar fuera de toda duda.

Creemos también, que sin duda alguna, se tiene que aplicar todo el peso de la ley, se tiene que investigar a todos y cada uno de los responsables de todos los actos violentos cometidos en Atenco.

Sin embargo, creemos que el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, en el Estado de México, en San Salvador Atenco, y hoy en todo el país, depende de que se sea contundente en la investigación de los responsables del Gobierno que ordenaron la represión, y que son responsables directos de las violaciones a los derechos humanos y las vejaciones sexuales de las que ya hemos dado cuenta.

El Grupo Parlamentario del PRD exige la estricta aplicación de la ley a quienes hubieran cometido algún delito preservando las garantías individuales y los derechos humanos.

Demandamos el desistimiento del prefabricado delito de delincuencia organizada que no se acredita para inculpar a miembros de movimientos sociales disidentes; la liberación inmediata de las y los detenidos arbitrariamente; la reparación del daño a las mujeres violadas sexualmente; el derecho al debido proceso y el cumplimiento del principio de presunción de inocencia; el castigo administrativo y penal a las y los servidores públicos que cometieron delitos del lesa humanidad amparados en la fuerza del Estado.

Demandamos, tanto el Ejecutivo Federal, como al del Estado de México, la suspensión de la acción represiva que construye y justifica la campaña del miedo en período preelectoral, que hoy sólo atenta contra el derecho de los mexicanos, a decidir y votar en un clima de libertad, paz y debate democrático.

Por supuesto, también exigimos en esta tribuna que el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; que el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el Secretario de Seguridad Pública rindan cuentas sobre sus responsabilidades en estos lamentables sucesos.

No es el momento para la violencia, ni la represión; no es momento para el uso faccioso de la ley en contra de la gente, por el simple hecho de manifestarse.

Creemos, compañeras y compañeros, que es el momento de hacer un llamado muy contundente, enérgico, al diálogo, y a que se establezca cuanto antes un esquema de negociación y salida política a este conflicto.

Intervención del Senador Juan José Rodríguez Prats (PAN):

Iniciaría yo por las coincidencias. Creo que lo aquí expresado por el señor Senador Rafael Melgoza, y por el señor diputado, corresponde a una actitud autocrítica que debemos celebrar.

El conflicto surge de la autoridad municipal de Texcoco, del Partido de la Revolución Democrática, en una reubicación de ambulantes.

El solicita la intervención de la Policía Estatal y la Policía Federal.

Interviene la Policía Estatal del Partido Revolucionario Institucional e interviene la Policía Federal del Gobierno del Partido Acción Nacional. Esto nos lleva a una conclusión, es un conflicto de Estado, no de los tres órdenes del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo solamente es uno; de los tres órdenes de Gobierno, y debemos verlo sin criterio, oportunista, y sin anticiparnos a los hechos.

Aquí se están haciendo afirmaciones de lo que también se está solicitando que se investigue. Y ya se da por hechos ciertos acontecimientos, que definitivamente no corresponde a una sana teoría de la división del poder, y en un claro entendimiento de cuáles son nuestras funciones como órgano del poder.

Coincidimos en condenar la violencia. Desde luego que celebramos también el hecho de que se exhorte a que se agoten todos los procedimientos de diálogo, de concertación, y que se investiguen las acusaciones que se han formulado.

Pero también, en las mismas palabras, va la violencia. No podemos simplemente hacer afirmaciones en el escudo de que estamos en un período electoral queriendo llevar agua a nuestro molino. Yo creo que eso no se vale, y no corresponde a la actitud autocrítica, asumida originalmente por las responsabilidades del Partido de la Revolución Democrática en el orden municipal.

En síntesis, señores legisladores. Todos coincidimos en que hay un ambiente que se está cargando de turbulencias.

Todos coincidimos que a nadie perjudica más este ambiente, que al mismo país; que estamos en una contienda electoral competida, y que esto nos lleva a asumir responsabilidades. Porque, desafortunadamente hay la tentación de hacer declaraciones como, por ejemplo, señalar que viene un verano ardiente, o de hacer imputaciones sin el sustento adecuado.

Yo creo que somos responsables, todos, de la paz social; todos, del Estado de Derecho, y todos debemos esmerarnos porque definitivamente la violencia no prevalezca en estos acontecimientos.

Diputado José Rangel Espinosa (PRI):
Quiero hacer algunas precisiones para dar a conocer la postura de mi Partido el Revolucionario Institucional, en este tan delicado tema.

Primero quiero hacer referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el artículo 115, en su fracción III, señala con toda claridad: que la autoridad municipal tiene a su cargo las funciones, los servicios relacionados con los mercados y centrales de abasto. Ahí inicia este problema.

No quiero referirme a otro tipo de antecedentes, porque entonces, ya faltaría a mi palabra, tanto en la Cámara Diputados, como aquí en la Permanente, en alguna otra ocasión, de ofrecerle respeto a todos; porque si me voy a los antecedentes, pues tendría que hacer señalamientos sobre agitación o sobre debilidades, y no es el caso.

Me quiero concretar a hacer estas precisiones. Entonces ahí empieza el problema, en que la autoridad municipal, en ejercicio de sus atribuciones procura que el comercio sea de la manera más ordenada y en los lugares adecuados, y hay 8 comerciantes que no atienden estos actos de autoridad, y empiezan a efervecer los ánimos, y a pedirle a vecinos de otro Municipio de Atenco, que les ayuden en esta desobediencia.

Dicen algunos compañeros legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, que no hubo diálogo.

Afortunadamente los medios masivos de comunicación, la prensa escrita, y también hay videos, refieren de que hubo reuniones de diálogo. Ahí es donde interviene el Gobierno del Estado, en este problema.

A petición de la autoridad municipal, el Gobierno del Estado, a través de su área de Gobernación participa en estas reuniones de diálogo, en donde en la última, un día antes de los eventos que todos conocemos, el diálogo se vuelve áspero y hay la referencia concreta de dos dirigentes que hacen amenazas y uno de ellos habla, inclusive, de actos de muerte. Ya están recluidos y, seguramente, estos testimonios que hay grabados y de otra índole, sobre todo, para quienes participaron en estas reuniones quedan muy claros y hay constancia, insisto.

Posteriormente, se presenta el bloqueo de una carretera federal como una medida de presión.

No quiero entrar tampoco al terreno de las especulaciones, pero hay quien dice que todo esto estaba ya planeado por quienes están a favor de la anarquía.

La autoridad federal también recurre a la autoridad estatal, para que de manera conjunta se evite el daño a terceros con este bloqueo de una carretera federal con una circulación muy importante en esta zona oriente del Estado de México. Por cierto, quisiera precisar al senador Rafael Melgoza que no es “San Mateo Atenco”, San Mateo Atenco está en el Valle de Toluca; es San Salvador Atenco y es en el oriente del Estado de México.

Hay muchas argumentaciones del por qué se dan estas cosas. Se habla de pobreza o de que no hubo diálogo. Ya vimos que sí hubo diálogo y, bueno, la pobreza nunca ha sido justificación para este tipo de situaciones.

También quiero precisarles que toda vez que ya la policía interviene para evitar este bloqueo de la carretera, vienen los excesos de ambas partes.

Yo no puedo decir, no tengo pruebas para señalar quién inicia, quien secunda, en qué momento los seres humanos, todos los involucrados son seres humanos, pierden la racionalidad y se presentan estos abusos, insisto, tanto de ciudadanos como de los cuerpos policíacos. Y como decía el senador Rodríguez Prats, en esto sí coincidimos todos, no se debe tolerar; por el contrario, se debe evitar y castigar a los responsables. Ya se está actuando al respecto.

También se ha dicho algo que es muy importante, lo que es la coordinación gubernamental. Es deseable, todos hemos dicho siempre que para que la sociedad pueda convivir armónicamente para que aspiremos al desarrollo, debe hacer una adecuada coordinación gubernamental. Aquí se dio a petición de la autoridad Municipal y de la autoridad Federal, concurre también la autoridad Estatal.

Entonces, yo creo que esto es muy claro. Lo que también quiero dejar asentado, es que no está bien que esto se politice. Yo creo que si le damos el tratamiento jurídico adecuado, vamos a llegar a un buen resultado, insisto, más que para aclarar y sancionar, para evitar que esto se repita.
Aquí lo importante es salvaguardar el estado de derecho, los derechos humanos y que alejemos esas tentaciones, porque también aquí se hizo uso de la Tribuna, se habló de que hay proceso electoral, que esto tiene un fondo político, declaraciones de candidatos. Después ya se habló, finalmente, de los aspectos delincuenciales o de las vejaciones, pero antepusieron, al menos dos oradores, primero la cuestión política. Yo creo que eso es lo que debemos evitar.

Cuando somos afectados, seguramente a todos nos ha sucedido que se presente algún bloqueo, pedimos que la autoridad que tenga mano firme y evite daños a terceros. Si fuera nuestro familiar quien va en esa ambulancia que no pudo pasar, nos indignamos y pedimos que haya mano firme.

Entonces, ahora no lloremos cuando hay un gobernador que ejerce el mando con mano firme. Gracias.

Diputado Jorge Legorreta Ordorica (PVEM):

Este violento choque entre un grupo de campesinos pobladores de Salvador Atenco y policías, ocurridos en esta comunidad, tiene sus antecedentes desde el año 2002.

Desde el año 2002, porque el Gobierno Federal no quiso hacer valer la ley de una manera oportuna y eficaz. Cuando tuvo la oportunidad por una situación de utilidad pública para todos los mexicanos, como era la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, no tuvo la mano firme en ese entonces el Secretario de Gobernación para hacer aplicar la ley, para no dejarse intimidar por un grupo de pobladores que no querían ceder a esta causa de utilidad pública para todos los mexicanos.

Desde ahí, Atenco se convirtió en un Estado, ahora sí podemos hablar sin ley, donde los pobladores de Salvador Atenco ante cualquier provocación, ante cualquier asunto menor lo que hacen es utilizar las armas y tratar de hacerse justicia por propia mano no respetando la ley.

¿Esto en qué desemboca? Desemboca en todas los acontecimientos que hemos visto en estos días, donde se dan problemas inclusive de heridos y hasta de una persona fallecida que no tenía nada que ver con este asunto.

Simplemente también nos remontamos al 2003, año de elecciones legislativas, elecciones municipales, elecciones estatales donde no se pudieron llevar a cabo habiendo un delito electoral claro por los problemas mencionados en ese municipio.
Entonces, nosotros vemos con pesar que la autoridad federal, fomenta controversias estériles sobre quién es responsable de actuar. Y algunos alegan de no tener competencia para conocer de determinados delitos.

El estado mexicano debe de tener una visión coherente con los principios liberales democráticos para brindar seguridad a sus ciudadanos y generar los mecanismos necesarios para asegurar un acceso igualitario y eficaz a la justicia.

Es tiempo de que la autoridad procure y otorgue a la ciudadanía seguridad en el desarrollo de su actividad diaria.
Por ello, estamos a favor de la actuación decidida del Gobernador del Estado de México para poder recuperar la Soberanía y el Estado de Derecho en ese lugar.

Sin embargo, sin embargo, reprochamos y estamos totalmente en contra, ya se comentó aquí también por algunos senadores y diputados, de los excesos que se dieron seguramente por los cuerpos policíacos estatales y municipales mal capacitados, donde incurrieron en excesos de violencia, inclusive se habla hasta de algunas violaciones a mujeres, donde bueno, en este caso, el Partido Verde lógicamente y esperamos que todos estamos en contra de todo lo que se dio.

Pero, bueno, quiero dejar claro ya por último que estamos a favor de que se cumpla siempre el Estado de Derecho y que los gobiernos actúan eficazmente para que estos problemas no sigan surgiendo. La ciudadanía ya está harta de tanta inseguridad pública, de que los gobiernos, las autoridades no puedan actuar fehacientemente para resolver problemas tan complicados y tan graves como este de Salvador Atenco. Gracias. Es todo.

Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (Partido del Trabajo)
A nombre del Partido del Trabajo quiero también sumarme para condenar los hechos de violencia que se están suscitando no solo en San Salvador Atenco, sino en muchas partes del país.

Es lamentable que el Gobierno del Presidente Fox esté terminando su gobierno, recuperando las prácticas más nefastas del pasado régimen.

La represión que se ha dado en Sicartsa, que hoy se da en San Salvador Atenco, no puede quedar impune.

Senador Rodríguez Prats, no fuimos los de la Alianza por México, perdón, los de la Alianza por el bien de todos, es que yo también fui candidato en el 2000 por la Alianza por México antes de que se llevaran el nombre los compañeros del PRI. Por eso esa aclaración.

Y quiero decirles, compañeros que no es la Alianza por el Bien de Todos, la que está politizando el hecho, son los candidatos del PRI y el PAN los que han hecho estas declaraciones y han tratado de implicar al candidato Presidencial Andrés Manuel López Obrador en los hechos de San Salvador Atenco. No fuimos nosotros, es su candidato señor senador Rodríguez Prats el que ha hecho uso de este asunto, no somos nosotros, compañero diputado José Rangel Espinosa, los que estamos politizando el hecho, fue su candidato a la presidencia de la República el que trató de implicar a Andrés Manuel en esos hechos y este, este asunto viene a confirmar una vez más lo que no estamos diciendo ahorita, sino lo estamos diciendo desde hace ya varias semanas que el PRI y el PAN quieren usar el voto del Miedo como uso Bush en Estados Unidos, como uso Zedillo en el 94 para tratar de sacar raja en electoral en este proceso, no lo estamos diciendo de ahorita, lo estamos diciendo desde hace ya varias semanas y es precisamente esa estrategia que están usando para trata de impedir que la izquierda llegue al poder. En ese sentido no somos nosotros, que quede claro los que estamos politizando el hecho, es el PRI y el PAN a través de sus máximos representantes, a través de sus candidatos presidenciales los que están haciendo uso de este hecho, y ahí están las declaraciones, ahí están las declaraciones, no mentimos.

Nosotros sí queremos hacer un llamado responsable para que este clima no se siga enrareciendo, porque sí es ciertamente los rasgos de ingobernabilidad en el país son graves, compañeros y nosotros no queremos ser responsables, no vamos a serlo de que el país vaya por rumbo equivocado, nosotros sí queremos paz social, sí queremos un proceso electoral correcto y justo, sí queremos que ya el Presidente deje de intervenir en el proceso electoral, sí queremos que haya justicia y haya legalidad en este proceso. No estamos nosotros ensuciándolo, son otros, y ahí están sus declaraciones, los que están haciendo uso indebido y están golpeando a gente inocente para tratar de sacar raja política del mismo.

Diputado Inti Muñoz para rectificación de hechos:

El problema, compañeras y compañeros es que lo que, como dijimos al principio se convirtió, lo que empezó siendo un conflicto de carácter municipal donde no se adecuaron adecuadamente las vías del diálogo y la política, se convirtió en un caso nacional de violencia y de represión tras la intervención, la forma en que intervinieron en que procedieron a los desalojos de las detenciones, las policías federal preventiva y del Estado de México.

Particularmente resulta aberrante, atenta contra esa larga lucha a favor de las libertades democráticas, insisto, ya toqué ese tema, pero quiero reiterarlo, el que a más de 200 detenidos o a los casi 200 detenidos que están hoy en la prisión de Santiaguito, se les esté aplicando la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, voy a citar la ley, dice:
“Se considera que se cometió el delito de delincuencia organizada, cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada delitos como terrorismo, falsificación o alteración de moneda, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos”.

Es evidente que se está utilizando miniqueamente, facciosamente esta ley para evitar que esos detenidos tengan derecho a fianza para mantenerlos en la cárcel y las imágenes televisivas constatan de manera fidedigna que esos habitantes ciudadanos de Atenco, transeuntes, el joven de 14 años asesinado que iba caminando por la calle, no era un narcotraficante ni traficante de órganos, ni delincuente. Eso lo tenemos que tener sumamente claro. Nosotros exigimos con toda precisión y claridad que sean liberados los detenidos inocentes y que se establezca con claridad un proceso legal donde no se utilice a la Ley Contra la Delincuencia Organizada como un nuevo instrumento, ahora resulta que es el nuevo instrumento del Estado Mexicano y de la derecha para resolver los conflictos sociales que deben resolverse a través de la política, la concertación y el diálogo.

Nos llama la atención que vengan aquí a minimizarse las acusaciones que hemos hecho de violaciones a los derechos humanos y de excesos, me preocupa que mi compañero diputado del PRI relativice este tipo de cosas, el propio gobierno del Estado de México ha reconocido en voz de su procurador estatal que se dieron excesos, los testimonios están ahí, la CND está investigando, las imágenes televisivas están ahí y a propósito de esto, de que no hay que venirlo aquí a llorarlo, lo cual me parece francamente lamentable, queremos decir que lo que estamos diciendo nosotros se funda no solamente en la Constitución Mexicana, en las leyes de este país, en esa lucha, porque los conflictos se resuelvan pacíficamente y nunca se utilice de manera represiva la fuerza del Estado en contra de ciudadanos que solamente discrepan.

Dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Terrorismo y Derechos Humanos con toda claridad:
“El Estado puede recurrir al uso de la fuerza sólo contra individuos que amenacen la seguridad de todos y por tanto el Estado no puede utilizar la fuerza contra civiles que no presentan esa amenaza, ese conflicto que inició en el municipio, en la comunidad de San Salvador Atenco era una amenaza para el Estado Nacional, justificada en tamaño salvaje de esta represión que hoy tiene otra vez al país metido en un clima de tensión, de zozobra y que sí, sí creemos que alienta este clima de miedo, de confusión, de temor que han sido alentados por el PRI y el PAN.

Nosotros no venimos aquí a hacer acusaciones irresponsables, ni mucho menos, todo lo que hemos dicho está fundado en los testimonios dados a conocer en la opinión público, las violaciones sexuales, las vejaciones a las mujeres que fueron detenidas están ahí, pueden ser muchas más, irán saliendo todos esos casos a la luz pública y el Estado mexicano tiene que dar cuentas ante ello, se tiene que explicar, se tiene que investigar, se tiene que castigar, ahí sí con todo el peso de la ley a los responsables, en efecto, en efecto, han sido los candidatos, Calderón y Madrazo los que han enrarecido más el ambiente con acusaciones irresponsables, infundadas que solamente se inscriben en esa cadena de mentiras, de infamias, de difamaciones con la cual han buscado construir su campaña electoral. Es cuanto, señor Presidente.

El senador Rómulo Campuzano (PAN) "para rectificación de hechos":
Yo creo que no se trata de minimizar, pero tampoco de magnificar un problema, lo que a mí me preocupa es que haya compañeros que ven sólo parte de la noticia, que dicen que las autoridades se extralimitaron, que abusaron, yo le preguntaría al diputado que me antecedió en la palabra, no vio la forma salvaje en que golpearon a un policía desarmado y desmayado, lo vimos todos en la televisión, ese no es salvajismo, y lo hizo un líder de los que andaba en ese movimiento.

Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos, como parte de este gobierno, de esta legislatura que asumir una actitud responsable, defender a toda costa el Estado de Derecho.

¿Quién puede salir beneficiado ante una actitud de revoltura?, yo diría que nadie, ni el PRD, se lo quiero decir, finalmente los que han venido a hacer señalamientos personificados y los que han hablado de partidos políticos son los oradores del PRD. Nosotros lo que estamos diciendo es que se hagan las investigaciones adecuadas. Usted viene y afirma, señor diputado, que hubo violaciones ¿están demostradas?, es un señalamiento temerario lo que está haciendo, somos una institución en México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados tenemos una grave responsabilidad ante todos los mexicanos y venir aquí a hacer señalamientos temerarios que no están demostrados todavía por la autoridad competente es una actitud irresponsable que eso sí, caliente los ánimos de esta campaña tan importante para todos los mexicanos.

Y diría yo, ¿qué pasó con Tláhuac, en qué momentos llegaron las autoridades de Tláhuac cuando hubo la muerte de dos policías, dónde estaba su gobierno, señor diputado? Yo creo que cuando hablamos, para poder hablar hay que tener la cola corta también, si tenemos la boca larga.

Así es que yo diría, compañeras y compañeros diputados y senadores que asumamos una actitud responsable, que definamos cuál es la postura de esta Comisión Permanente y que no le permitamos a nadie, como lo ha hecho un grupo minoritario de Atenco hacer rehén de nadie a esta Comisión Permanente, porque diría yo una cosa, ¿ya les preguntaron a los habitantes de Atenco lo que piensan? Yo también escuché las declaraciones del Procurador de Justicia del Gobierno del Estado de México cuando decía que caminando por las calles la gente de las casas desde la azotea les aplaudían porque habían ido a poner el orden en esa cuidad. Es un municipio pequeño habitado por algo así entre 12 y15 mil habitantes, de esos la gran mayoría se declaran ajenos a este problema que se está viviendo en Atenco.

No, señor diputado, no les vamos a permitir hacernos rehenes de un movimiento que inclusive el día de hoy algún militante de su partido como es el Subcomandante Marcos lo hizo suyo ya. Nosotros estamos por el Estado de Derecho y vamos a seguir luchando por ese México que están añorando nuestros hijos. Es cuanto señor Presidente.

Diputado Inti Muñoz "para alusiones personales":
Por alusiones pero también para hacer aclaraciones elementales que creo que sí sirven para, digamos, agregarle pulcritud y transparencia al debate político.

Primero, es una gran mentira, señor senador, jamás lo va a poder comprobar, es una falacia, documentada en los medios, cualquier persona que lee los periódicos, que sabe la historia reciente de este país sabe que el Subcomandante Marcos no es militante del PRD ni lo ha sido y que últimamente además se ha dedicado a externar toda una serie de críticas en contra del PRD. ¡Por favor seriedad es lo que reclama esta tribuna!

Después, el asunto de los señalamientos y las acusaciones directas y personales. Insistimos quien politizó este tema, quién empezó con las alusiones y los señalamientos irresponsables sin fundamento fue en primer lugar su candidato a la Presidencia Felipe Calderón que impune e irresponsablemente salió a los medios de comunicación a afirmar la falacia, la barbaridad de que habría algún tipo de vínculo de López Obrador y del PRD con los hechos en Atenco. Eso está cada vez más demostrado, solamente es parte, insisto, de esa estrategia de calumnias y de la guerra del miedo.

Y por lo demás, quiero recordarle que la intervención que hicimos al principio comenzó con una condena muy clara y contundente a las escenas que todos vimos donde al menos un policía fue arteramente golpeado por ciudadanos no identificados. Por supuesto que condenamos estos hechos enérgicamente y exigimos con toda contundencia que se investigue y se castigue a los responsables. Hay que venir a la tribuna con elementos claros, contundentes, tangibles y concretos. Muchas gracias.

El senador Rómulo Campuzano (PAN) para "alusiones personales":
Ni cinco minutos, ni medio minuto, señor Presidente. Sólo para decirle al compañero diputado que se actualice. Hoy en un canal de televisión en donde entrevistaron al Subcomandante Marcos a pregunta expresa del periodista Carlos Loret de Mola de quién iba a ganar esta campaña presidencial lo dijo textualmente: López Obrador, señor diputado. Entonces si no es militante, cuando menos es simpatizante de su candidato. Es cuanto señor Presidente.

El diputado José Rangel (PRI) "para rectificar hechos":
Es muy concreto, en virtud de los términos del debate sólo hacer una propuesta a mis compañeros legisladores, además de que este asunto se maneje en el ámbito jurídico y evitar que se politice, que todos seamos observadores para ver la actitud de aquí en delante de los partidos y de los actores políticos respecto de esta situación. Y así en los hechos acreditar lo que aquí se dice, insisto, yo creo que el debate debiera ya acotarse, evitar señalamientos de este tipo y que todos seamos observadores de la actitud tanto de los partidos como de los actores, incluyendo obviamente al Subcomandante Marcos o Comandante Zero o a la izquierda, o como se llame. Gracias.

La diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) "para rectificar hechos":
Es una lástima, efectivamente que politicemos el asunto cuando efectivamente se han comprobado vejaciones, no hay necesidad de decirnos de uno lado hubo violencia y del otro no, de los dos hubo violencia, pero el problema está que de parte del Estado hay una responsabilidad de salvaguardar el Estado de Derecho. ¿Y qué otra cosa tiene que salvaguardar?, los derechos humanos, corresponde al Estado salvaguardar los derechos humanos y ahí es donde hubo excesos y hay que reconocerlos, la policía federal tuvo excesos, la policía estatal ya reconoció que tuvo excesos. Y sin embargo escuchamos también al Secretario de Seguridad Pública Federal decir en un programa…

-EL C. PRESIDENTE GIL ELORDUY: Permítame diputada Mojica.

-EL C. SENADOR JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS (Desde su escaño): Si me permite una pregunta la oradora, por su conducto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE GIL ELORDUY: Que si acepta usted una pregunta del señor senador Rodríguez Prats.

-LA C. DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA: Sí.

-EL C. PRESIDENTE GIL ELORDUY: Adelante senador.

-EL C. SENADOR JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS (Desde su escaño): ¿Qué entiende por politizar?

-LA C. DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA: Lo que han estado haciendo aquí, de decir que si un candidato dijo o no, los dos candidatos lamentablemente antes de conocer los hechos dijeron: el PRD es culpable, eso es politizar cuando los candidatos lo dicen y aquí lo han traído ustedes a decir que nosotros, no es cierto el asunto.

Pero en una campaña que se ha basado a base de mentiras pues aquí lo hemos escuchado porque sí quisiera rectificar al señor senador, le preguntan a Marcos: “¿Quién cree que va a ganar?”, no por quién iba a votar él. El lo ha manifestado directamente.

Pero regresemos al asunto, el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo aquí y hemos desviado la atención a otros temas.

Tenemos que estar de acuerdo todos de que es responsabilidad del Estado y de nosotros hacer también las denuncias correspondientes. En ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos aplicar el Estado de Derecho, efectivamente, en este caso que salió de las manos de las autoridades correspondientes y de las policías, que tuvieron excesos las policías federal y del estado. Pero también tenemos que hacer un llamado para este caso, para hacer un llamado, sobre todo los brotes de violencia que se están dando en el país a raíz del narcotráfico.

Tenemos sin resolver Las Mujeres de Juárez que suman más de cinco mil muertas en todo el país. ¿En dónde está ahí aplicado el Estado de Derecho que no vemos? ¿En dónde está aplicado el Estado de Derecho en Los Amigos de Fox, que siguen por ahí? ¿En dónde está aplicado el derecho en la desviación de recursos del FONDEN? ¿Por qué ahí no se aplica el Estado de Derecho en los casos de corrupción y la gente sigue afuera?

Este caso tendría que ayudarnos a que el Estado de Derecho se aplique no sólo para enrarecer el panorama electoral, sino para que hagamos una reflexión. Déjeme terminar…

-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ELORDUY: Permítame, por favor. ¿Sí, señor Senador Rodríguez Prats?

-EL C. SENADOR JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS: (Desde su escaño.) ¿Por su conducto pudiera formularle una pregunta a la oradora?

-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ELORDUY: ¿Acepta usted una pregunta del señor Senador Rodríguez Prats? Sí se acepta, adelante.

-EL C. SENADOR JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS: (Desde su escaño.) Entonces si usted condena los crímenes de Ciudad Juárez ¿Por qué su partido postuló a Víctor Anchondo, Secretario de Gobierno, del gobierno de Patricio Martínez en Chihuahua?

-LA C. DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA: Así como han postulado y hay candidatos de todos los partidos señalados, no es el tema precisamente; pero quiero decirles que en el PAN hay candidatos señalados por el asunto de Juárez, ahí están varios candidatos, pero no es el tema.

Usted me quiere sacar de la reflexión y llamarme a mi novatez, pero no es el tema aquí, no desvíen la atención y no evadan su responsabilidad al respecto de que los candidatos del PAN efectivamente están haciendo uso y abuso de las mentiras para enrarecer el ambiente electoral del 2006, y desviar la atención, sobre todo sacar raja política, efectivamente, de este asunto de San Salvador Atenco.

No evadamos la responsabilidad, no le echemos la culpa, no vamos aquí a ver que si de dónde surgió el conflicto. El asunto es violación de derechos humanos, compañeras y compañeros.

Estado de derecho que sólo se aplica de manera facciosa a unas partes, sobre todo a los movimientos sociales. Y eso debe de preocuparnos porque estamos viendo las mineras, estamos viendo ahora brotes sociales, y esos sí son reprimidos, y no vemos el Estado de Derecho en otra parte aplicado.

¿ Por qué? ¿Por qué unos sí merecen todo el peso del Estado y otros no? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos y resolver, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo aquí y haciendo un exhorto a las autoridades correspondientes a que atiendan los llamados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a que atiendan las denuncias que han interpuesto ya las mujeres violadas que aquí han minimizado, efectivamente, que fueron vejadas, y hay testimonio y se puede comprobar, no es que vengamos hablar a la ligera.

Se puede comprobar que hubo tales excesos y esto tendría que preocuparnos más allá de la discusión ¿Por qué? Porque en un proceso electoral lo que menos le tenemos que ofrecer a la población es un ambiente enrarecido que, efectivamente, tiene al menos la presunción de la intencionalidad de fortalecer esa campaña del miedo que algún candidato anda haciendo para inhibir la votación, como se ha hecho ya en otros años.
Eso es, compañeros, quisiera yo hacerles un llamado, reconozcamos, es un asunto de derechos humanos, hubo excesos, y vamos viendo haciendo un llamado al Ejecutivo Federal a que rectifique, invierta en policías más eficientes; porque efectivamente si hubo de los dos se puedo haber hecho perfectamente un operativo muy focalizado, en el cual, efectivamente, se tomaran a las personas que incurrieron en hechos violentos, pero no a toda la población.

No somos criminales los mexicanos. Hay, sí, un exhorto de todas las partes, de los movimientos sociales, etcétera, que no es la violencia el mejor camino para salir, para fortalecer la democracia en este país; pero no le corresponde a la población, le corresponde a las autoridades y a quienes ocupamos espacios de decisión velar porque la paz social vaya por encima de todo, incluso de las elecciones. Muchas gracias.

El señor Senador Jorge Zermeño (PAN):
Yo creo que se ha dicho por todos que los hechos suscitados con motivo de esta situación pues son hechos lamentables que debemos buscar que no sucedan. El estarle dando vueltas y tratar de culpar a algún partido, a algún gobierno por circunstancias que evidentemente los mexicanos no quieren, pues me parece que caemos en ese maniqueísmo de los buenos de un lado y los malos del otro.

Y en ese maniqueísmo pudiéramos formular algunas preguntas. Cualquier causa que apoye en determinados grupos por sí mismo, porque apoyen a éstos grupos es una causa justa, sea la que sea. Se vale la utilización de cualquier medio para hacerse justicia por su propia mano, aún en la Comisión de Delitos, como, por ejemplo, el secuestro, la privación ilegal de la libertad.

La delincuencia organizada, diputado, que habla de que cuando tres o más personas se ponen de acuerdo para llevar a cabo determinadas conductas que establece la Ley de la Delincuencia Organizada, pues ahí está como una de las causales que tipifican cuándo se da precisamente la delincuencia organizada.

El ataque a las vías de comunicación, el uso de bombas molotov, la provocación verbal, permanente de determinadas personas, líderes, grupos. La violencia verbal y física frente a las autoridades que están buscando resguardar el orden; es decir, el fin justifica los medios, llámese como se llame, de cualquier partido, de cualquier color.

Aquí no se trata de ver si los buenos están de un lado y los malos están del otro, aquí hay delincuentes y hay instituciones que son las que deben, en todo caso, deslindar si existe o no la comisión de algún delito. Pero si tenemos confianza en nuestras instituciones, si pensamos que hay un Poder Judicial a nivel local o a nivel federal, y hay personas que tienen los medios para hacer valer sus derechos, pues, hombre, eso es simplemente respetar el Estado de Derecho.

Y no litigar en los medios y prejuiciar, de antemano, quién es culpable o quien es inocente. Aquí hay presunciones, se dice por alguna parte, que es también algo muy socorrido, cuando alguien es detenido inmediatamente busca las Comisiones de Derechos Humanos y alega una serie de violaciones, torturas y todo lo demás; no dudamos que suceda, sucede lamentablemente en muchas ocasiones.

Pero aquí se trata de que no suceda y que las cosas se prueben. No basta solamente el sólo dicho de que hubo violaciones o actos sexuales, inmorales, etcétera, abusos contra personas si éstos no son probados.

Por supuesto que tenemos que apostarle a que en un Estado de Derecho, a que se haga una justicia pronta, completa, expedita, etcétera.

Otra pregunta también que valdría la pena formular, la solidaridad de distintos grupos. Aún los autodenominados guerrilleros para incitar a la defensa, ultranza de quienes en este momento son sujetos a investigación esto los legitima para manipular a personas y a grupos en la defensa de métodos que nada tiene con el respeto a los derechos humanos.

O sea, solamente porque formamos parte de una corriente, de una ideología, porque lo dicen determinados grupos; o sea, cualquier situación, cualquier hecho, cualquier circunstancia los hace víctimas permanentes siempre.

A mí me parece que, como se ha dicho aquí, no hay que politizar la la justicia. Yo diría que hay que pedir justicia a secas, hay que buscar en las autoridades que actúen conforme al marco de la ley, hay que pedir que se haga justicia donde quiera que sea, que si hay abusos de la autoridad se castiguen; pero que si hay ilícitos que no les tiemble la mano y que no se busque así en paquete decir que como son muchos los detenidos todos son inocentes. Y aquí todos somos Atenco y aquí no hay culpables de nada, hay muertos, hay heridos, hay personas lastimadas, hay ilícitos que hay que castigar, sea de quien sea y sean del partido político que sean. Gracias.

La senadora Susana Stephenson (PAN):
Como muchas veces ha pasado, se enfrasca uno en el debate y se pierden de vista las cosas que realmente importan, porque la tendencia que hemos vivido todos estos años ha sido politizar y buscar que mi causa es la buena, la tuya es la mala y el tercero pues a lo mejor anda tratando de subirse haber con cuál de los dos se acomoda mejor y entonces hace suya esa causa también.

Creo que algo que es lamentable y algo que debería realmente de preocuparnos, de preocuparnos en conjunto, como mexicanos y mexicanas, no como panistas, priístas o perredistas, creo que aquí la preocupación que todos deberíamos demostrar es como mexicanos.
¿Qué está pasando con nuestro México?
¿Qué estamos haciendo con este país?
¿A dónde lo estamos llevando?
Y aquí todos tenemos una responsabilidad. No es responsabilidad del Ejecutivo; no es responsabilidad del Legislativo; no es responsabilidad del Judicial; tampoco son los ciudadanos, entonces han de ser los marcianos los que tienen la responsabilidad de que este país esté presentando síntomas de descomposición.

Lo más cómodo y en lo que hemos caído constantemente es de todos los males de este país culpar al Ejecutivo. Eso resulta cómodo, porque todos nos quedamos limpios, si el único que asume el que tiene responsabilidades en este país es el Ejecutivo, pues entonces qué cómodo es para nosotros como legislativo y a lo mejor lo mismo piensa también el Judicial; y con mayor razón para los ciudadanos.
Yo creo que aquí lo que está en debate y lo que debería de estar a debate es realmente hasta dónde tenemos responsabilidad todos con lo que está pasando.

Politizado, por supuesto que está politizado; por supuesto que hay política detrás. Y aquí viene a cuenta algo -- con todo respeto para la diputada – cuando a alguien o algún partido por historia reciente se le ha asociado con grupos beligerantes, con grupos que no precisamente usan los cauces legales para manifestarse. Y no estoy diciendo si sus causas sean lícitas o no, estoy diciendo los cauces que utilizan.
Pueden ser causas muy nobles y con toda la legitimidad posible; pero los cauces que utilizan no son los adecuados, no son los legales. Y a un partido político en especial se le ha asociado a esos grupos, pues entonces ahora que pasa esto, donde surgen otros grupos, otros grupos beligerantes que todos conocemos que están ahora sí que subiéndose al carro de los de Atenco. Bueno, pues entonces, digo, tenemos que pensar. Es como cuando dicen: “bueno, pues si es chaparro, tiene pintas y hace guau, bueno, pues es perro”.

Bueno pues sí, siempre se les ha asociado con grupos violentos es muy de pensarse que ahora el partido político al que siempre se le ha asociado con la violencia pues se le siga cargando que es el violento y que se le tenga miedo. Sí, sí se le tiene miedo. En muchos ámbitos en nuestra sociedad se le tiene miedo precisamente por esa beligerancia que ha mostrado al través de su historia. Por esa beligerancia y por eso irse por el camino libre, despreciando los cauces legales para manifestarse.
Yo creo que otra cosa que estamos perdiendo de vista son los límites, límites hasta dónde puede llegar la ciudadanía a manifestarse y hasta dónde tiene la autoridad la obligación de manifestarse…

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY: Permítame, señora senadora. ¿Sí, diputada Mojica?

-LA C. DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA (Desde su escaño): ¿Si nos puede decir la senadora en qué momento el Partido de la Revolución…

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY: Haber, primero, si acepta una pregunta la señora senadora. Señora senadora, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Mojica?

-LA C. SENADORA SUSANA STEPHENSON PEREZ: Con mucho gusto.

-LA C. DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA (Desde su escaño): Si me puede decir en qué momento el Partido de la Revolución Democrática ha dejado los cauces legales para manifestarse.

-LA C. SENADORA SUSANA STEPHENSON PEREZ: Yo no dije que el Partido de la Revolución Democrática hubieran agotado los cauces legales. Dije que organizaciones a las que se le liga son las que han agotado los cauces legales para manifestarse. No, no viene a cuento, yo no los tengo, pero hay muchos y esa es su historia, o sea ahí queda.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY: No se aceptan diálogos. Adelante senadora.

-LA C. SENADORA SUSANA STEPHENSON PEREZ: Lo que quería decir, en lo que yo estaba, hay límites y yo creo que sí hay límites. Yo pregunto: ¿Es lícito pedirle a policías sin armas, porque así estaban los policías que participaron en esto, que aguanten a macheteros, a bombas molotov, a pedradas, y a todo lo que tuvieron que aguantar? O sea, hasta dónde tenemos que pedirle a hombres de carne y hueso también, que a fin de cuentas eso son los que conforman los cuerpos de seguridad, hasta dónde tenemos que pedirles que aguanten en aras de no abusar, aún cuando el de enfrente, el ciudadano, esté abusando y esté mucho mejor armado que los que van a guardar el orden.
Yo esa pregunta la dejo a la reflexión.
Y sí sería deseable, no politicemos. Pensemos que la responsabilidad de darle cauce y solución legal y que a todos conforme es de todos nosotros, no nada más del Ejecutivo, no nada más del Judicial; no nada más del Legislativo, es de todos y todas las mexicanas. Y vamos a tener en México y vamos a llegar al 2 de julio como nosotros y todos los mexicanos queramos. Por su atención gracias.

El Diputado Pablo Alejo López (PAN):
Yo únicamente para pedirles a los legisladores, a los ciudadanos, a los mexicanos, que no se nos olvide lo más importante en este país, lo más importante relacionado con los hechos que nos ocupan en este debate es precisamente el bien general, el bien de la mayoría de los ciudadanos de este país. La mayoría de los ciudadanos de este país son los que claman no más machetes, son los que claman no más azoro a la población por grupúsculos de 200 gentes, de 200 personas que tenían azorada la población, secuestradas a las autoridades, paralizando el tránsito libre de miles de ciudadanos de este país y desde luego que amenazaban con contaminar en todos los ámbitos del gobierno la situación política y legal que estaba viviéndose.

Yo creo que si se le relaciona a estos hechos de violencia por parte de este grupo que tenía azorada a la población con un partido político, concretamente con el PRD, es porque estamos acostumbrados que este partido en la historia, como lo decía la senadora que me antecedió, pues ha estado relacionado siempre con actos que vayan en contra de la ley.
Y antes de que me lo pregunten. Bueno, su candidato a la Presidencia de la República fue y nos dijo a los diputados en la Cámara que estaba en contra del Congreso, que estaba en contra del Poder Judicial, que estaba en contra de las autoridades de este país. Y bueno, ahí están las versiones estenográficas cuando no lo dijo, pero yo creo que eso es lo menos importante. Lo importante aquí es decirles a los ciudadanos que por lo menos para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos de acuerdo que sí hubo vejaciones, que sí hubo violaciones en estas detenciones, en esta imposición al orden, que clamaban los ciudadanos de este país. Que se hagan las investigaciones y que se deslinden las responsabilidades de cualquier orden al grado que tenga que resultar a quienes resulte responsabilidad, como tal y como sucedió, lo decía el senador Campuzano en el asunto de Tláhuac, donde su otro candidato, el candidato al Distrito Federal, inclusive tuvo que ser removido por ineficiente y ineficaz, creo que en este caso, en particular, el agua no llegó al río afortunadamente porque hubo una adecuada intervención, una correcta coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido las emanadas de la autoridad municipal, del PRD, en ese lugar, que han quedado como que escondiéndose del asunto, pero que fueron las principales que fueron rebasadas en estos lamentables hechos.

Señores legisladores, los ciudadanos no quieren más machetes, nos están pidiendo que no vivamos más en un estado sin derecho. Es cuanto, señor presidente.

El Diputado Inti Muñoz (PRD) "para rectificar hechos":
Antes de darle lectura a un testimonio de una persona que fue víctima de las violaciones a las que estamos haciendo mención, quisiera manifestar mi azoro por el desfile de confesiones de parte, que hemos visto en esta tribuna.

Nos confirman que en efecto hay una estrategia fundada en la promoción del miedo, nos confirman que en efecto esa estrategia está fundada en que el PRD tradicionalmente como lo han dicho, ha estado ligado a la violencia, una campaña mediática, bestial que costó muchas muertes, iniciada por Carlos Salinas de Gortari, y buscando tildar al PRD de violento.

Costó muchas muertes de dirigentes perredistas, de activistas, de militantes que junto con los panistas luchamos por la transición democrática pacíficamente, y eso nos costó un largo expediente de decenas de perredistas asesinados.
Yo creo que hay que hablar de esos temas con más cuidado.

El PRD tiene un compromiso muy claro, con las vías legales, con la paz en este país, con la democracia, con las instituciones, con la legalidad, con el compromiso de que México sea un país mejor a partir de que nos pongamos todos de acuerdo en el marco de la ley, y luchando pacíficamente, eso debe quedar fuera de toda duda.

Y los ciudadanos han decidido creerle al PRD, y lo han hecho bien. Hoy cada vez más mexicanos son gobernados por el PRD, y este país va a ser gobernado por el PRD; porque justamente la gente ha decidido no creer esa campaña del miedo, y ser valientes en la lucha por la democracia.

Creo que si ponemos como ejemplo el tema del desafuero, para ver que es justicia y qué es uso faccioso de la justicia, que es torcer las leyes, bueno, el juicio de la gente estuvo ahí, en las calles, en una movilización pacífica, ciudadana, de millones de personas que obligó a que el Presidente Fox tuviera que recular en este afán perverso de torcer la ley para descalificar a un candidato presidencial.

Creo entonces que hay que, insisto, para asistir a este debate con responsabilidad, para asistir a este debate diciendo la verdad en cuanto a nuestro compromiso, nuestra búsqueda de un debate político y electoral, fundado en las propuestas, sería bueno empezar en la casa propia, empezar con ejemplos.

En fin, se ha hablado aquí de la presencia de personas extranjeras, señalando que la presencia de personas extranjeras, y el hecho de que sean extranjeros podría ser un atenuante ante este gravísimo hecho de que nos señala que hubo vejaciones sexuales. Voy a citar el testimonio textualmente, dado el día de ayer al periodista Carlos Loret de Mola, en su programa de radio por una joven estudiante chilena, residente en este país, estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica que hacía un trabajo documental en San Salvador Atenco.

Dice, es una declaración un poco fuerte: “Había cuatro policías para mí sola, me golpearon brutalmente, me pidieron que me arrodillara y que pusiera las manos en la cabeza junto con los demás detenidos.

Nos iban golpeando a todos, básicamente en los pechos me golpearon mucho con los toletes. A pregunta expresa del conductor sobre si hubo agresiones sexuales, del conductor Loret de Mola, la entrevistada respondió: ¡Sí, ellas sí fueron violadas, otras personas que iban con ellas detenidas en el mismo furgón! ¡Yo también fue vejada sexualmente, en el momento en que me subieron a una camioneta todos los policías que iban en esa camioneta me agarraban los pechos, me metieron los dedos en la vagina y me “toquetearon”! Esa pesadilla duró uno diez minutos más o menos.

Cuando yo me bajé de la camioneta tenía los pantalones abajo, después cuando llegué a la cárcel nos separaron a hombres y mujeres, y también pude constatar cómo otras mujeres que estaban detenidas contaron que habían sido violadas.

Había muchas que aparte de tener la cabeza rota tenían también los calzones rotos y la ropa interior rota. Termino la cita de la denuncia hecha.

Entonces no estamos aquí más que pidiendo que esas denuncias hechas por ciudadanos, hechas por personas que no incurrieron en acciones violentas sean investigadas. Esa es la petición.

El senador Antonio García Torres (PRI):
Que no quede en duda en nadie que hoy los mexicanos demandamos paz social, tranquilidad, mejor seguridad pública y un clima en el que podamos seguir avanzando por un México que todos deseamos.

Desde esta alta tribuna, que yo considero es la voz de la República, vengo a manifestarme para hacer un llamado a la concordia, a la prudencia y a encauzar la vida social por el del hecho, es decir, por la paz.
Varias son las lecciones que podemos derivar de los sucesos ocurridos el miércoles tres de mayo en San Salvador Atenco, y apenas el 20 de abril, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde estos terminaron.

En el caso de Lázaro Cárdenas, con dos mineros muertos y una población que se encuentra hasta el día de hoy totalmente fuera de su orden en su vida social, cotidiana, porque una gran parte de la vida diaria de Lázaro Cárdenas gira en torno al trabajo que se desarrolla en SICARTSA.

Bien, en primer lugar debemos reafirmar nuestro apoyo a la ley y a sus instituciones, nadie, sean uno o sean muchos, por encima de ella, la existencia indudable de conflictos y su expresión por ciudadanos y ciudadanas disconformes no puede en modo alguno de generar en acometidas violentas contra el orden social.

Resulta inadmisible que a la sombra de razones o pretextos, o para exigir derechos reales o supuestos se haga nugatorio el orden social y las reglas, que como mexicanos nos damos.
Por ello repudiamos y condenamos las acciones violentas que un grupo de pobladores de San Salvador Atenco, y otro grupo, en Lázaro Cárdenas, ensombrecieron a la comunidad entera y la llenaron de terror y de luto.

En esto seremos inflexibles con quien hace gala de su intolerancia; no reconocemos un derecho de individuo o de grupo por encima del derecho de todos a la seguridad y a la propia vida. Hay, sin embargo, parlamentarios, un hecho más, sobre el que debe llamar a la reflexión y, sobre todo, a la acción inmediata.

Queremos hacer un llamado a las corporaciones de seguridad locales y federales para que hagan una revisión profunda y a conciencia de lo sucedido en San Salvador Atenco, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Deben revisarse los planes de acción ante contingencias como las de la semana pasada para garantizar seguridad pronta y efectiva, y sin excesos a toda la población.

Llamamos también a apurar acciones decididas para restaurar la concordia perdida en Lázaro Cárdenas, y en San Salvador Atenco; para resolver las causas válidas del descontento social que se hizo manifiesto en ambas poblaciones.

No omitimos expresar nuestro interés permanente de que las acciones de justicia no den lugar a excesos, por lo que confiamos y estaremos atentos al pleno respeto de los derechos humanos.

Legisladoras y legisladores: Como en otras ocasiones, y al calor de la contienda electoral, algunas voces buscan sacar ventaja política de hechos lamentables, evidenciando así su mala fe y su falta de respeto a la ciudadanía que les eligió.
No caigamos en el lodazal de la descalificación gratuita; de la generalización simplista o de la mentira.
No abonemos al enrarecimiento del ambiente en el que algunos irresponsables quieren ahogar hoy nuestras instituciones y nuestra democracia.

En San Salvador Atenco, y en Lázaro Cárdenas, se cometieron errores, se cometieron excesos de la ciudadanía y de los distintos órdenes de Gobierno, empezando por el municipal, en el caso de Atenco, que no supo conducir ni afrontar el conflicto que el propio municipio propició con medidas para reordenar la vía pública.

Al querer rebasar el Gobierno municipal por improvisión, por negligencia y por incompetencia, quedaron dadas las bases para que estallara el polvorín.

Por eso no se vale aventar la piedra y esconder la mano. O ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio.

Ahí está también, como lo señalé hace unos días, la tragedia orquestada en Lázaro Cárdenas, en la que con tanta celeridad, como con incompetencia, y traicionando un diálogo que seguí abierto, las fuerzas locales de seguridad del Estado de Michoacán acometieron con brutalidad asesina contra los obreros.
Concluyo, compañeros legisladores. Si en México habremos de transitar plenamente a una democracia de leyes y de instituciones, debemos todos señalar la responsabilidad de otros, y con mayor razón saber asumir la propia, más aún si de autoridades se trata.

En los acontecimientos de San Salvador, y en los de Lázaro Cárdenas, ha habido acciones y omisiones por las que debe de responderse. Que se responda, que se responda ya.

Demandamos una investigación pronta y transparente que permita deslindar responsabilidades.

Y exigimos que en estos y en los demás casos, se imponga la justicia sin distinción de partidos políticos, de nombres o de apellidos.
Seguramente que al discutir en comisiones el punto de acuerdo presentado hoy por mi compañero Senador de Michoacán, Rafael Melgoza, habremos de apoyarlo, aumentando, que lo mismo que ocurrió en San Salvador Atenco, ocurrió también en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Por su atención, muchas gracias.

Fuente: Versión estenográfica de la sesión del 9 de mayo del 2006 de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.