El caso de Rosendo Radilla

• Huele a pólvora/Sergio Aguayo Quezada

Publicado en Reforma, 19/09/2007;
En México se destruyen oleoductos y en Washington está a punto de explotar una bomba jurídica que exhumará ese pasado que nuestras instituciones han hecho hasta lo imposible por sepultar. El factor común es la tragedia de los desaparecidos.
Antes de abordar el asunto vayan las precisiones. Como ciudadano estoy en contra de la utilización de la violencia estatal o social en la política. Como analista interesado en una seguridad con democracia y derechos humanos busco explicaciones a una pregunta tan elemental como por qué sigue habiendo mexicanos y mexicanas dispuestos a tomar las armas y a poner bombas que alteran el delicado tinglado político nacional.
El 31 de diciembre de 1993 el presidente Carlos Salinas y su grupo celebraban el ingreso de México a la modernidad y se preparaban para gobernar varios sexenios más. Estaban y eran felices. Horas después empezó la rebelión de decenas de miles de indígenas encuadrados en el EZLN y cambió la historia del país y se hundió la estrella del salinismo. En el primer semestre del 2007, la atención se dirigía al enfrentamiento del Estado con dos poderes fácticos: el crimen organizado y las televisoras. La situación se enredó cuando en julio pasado el EPR se lanzó a destruir ductos de Pemex. Los daños económicos han sido enormes.
Es posible, como dicen algunos, que el EPR sea un grupo minúsculo y de origen e intenciones turbias. Sin embargo, se reconfirma que bastan unos centenares de personas decididas, bien organizadas y financiadas para dislocar ramas enteras de la economía nacional. El EPR insiste en que los atentados se originan en la desaparición de dos de sus dirigentes desaparecidos en Oaxaca hace unos meses y en su lenguaje aparece reflejada esa franja de mexicanos convencida de que las instituciones no funcionan y que la justicia es imposible en México. En otras palabras, la guerrilla tiene una base social.
Entre los escépticos estarían aquellos que combaten los agravios con medios pacíficos. Es el caso con dos organismos civiles que pusieron una bomba jurídica a punto de explotar. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) representan a los familiares de Rosendo Radilla, un guerrerense que tenía 60 años cuando fue detenido en 1974 en un retén militar. Nunca volvió a aparecer pero está bien documentada la responsabilidad del Estado mexicano en su desaparición.
En el 2001 los dos organismos mencionados en el párrafo anterior presentaron el caso Radilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pasaron los años y el organismo con sede en Washington revisó la evidencia y tomó en cuenta los argumentos de los quejosos y del gobierno mexicano. Los familiares de la víctima decían recurrir al exterior por el agotamiento de las instancias internas. Nuestro gobierno rechazaba la idea y subrayaba que México todavía tiene recursos para interponer y antesalas por visitar.
La CIDH concluyó en el 2005 que 33 años habían sido suficientes para averiguar el paradero de Rosendo Radilla y castigar a los responsables. En pocas palabras la falta de "resultados concretos" confirmaba la "ineficacia de los recursos internos". Con esa base prepararon un "Informe de Fondo" (todavía confidencial) que fue entregado en agosto del 2007 al gobierno mexicano el cual tiene hasta el 15 de octubre para responder. Fuentes cercanas al asunto ven imposible que nuestras autoridades puedan restañar en tan corto tiempo el fracaso de dos organismos de Estado.
Durante la Guerra Sucia desaparecieron entre 500 y mil 200 personas. El municipio más castigado fue Atoyac de Álvarez, Guerrero, con 470 (entre ellos el señor Radilla). Ante la magnitud de la violación a garantías individuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció en 1990 un Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos. Tuvo un arranque prometedor pero al poco tiempo frenó las investigaciones y hasta ocultó información vital para los familiares de los desaparecidos. Una serie de denuncias periodísticas acicatearon en el 2001 a la CNDH que se puso a trabajar y sacó la Recomendación 26/2001 el 27 de noviembre de aquel lejano año.
Ese mismo día Vicente Fox respondió creando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que desapareció hace unos meses después de gastarse entre 200 y 250 millones de pesos. Le bastó un quinquenio para demostrar cuán incapaz fue el foxismo en el terreno de la justicia, la verdad y las reparaciones; la Femospp nos deja, eso sí, una estela de anécdotas dignas de nuestra picaresca política. Ante el fiasco el gobierno federal metió el informe final de la fiscalía (entregado en noviembre del 2006) al limbo echeverrista: ni lo rechaza, ni lo acepta, sino todo lo contrario.
Entretanto, crece la lista de agravios. Algunas perlas recientes. La justicia del estado de México es tan generosa que exoneró a Arturo Montiel y en lugar de condenar a 120 años a tres líderes sociales de San Salvador Atenco "sólo" les impuso una pena de 67 años y seis meses de prisión. Ulises Ruiz sigue gobernando Oaxaca pero se castiga con dureza a los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El gobierno federal arropa al góber Mario Marín mientras se desencadena otra campaña contra Lydia Cacho. En suma, se criminaliza la protesta social y Rosario Ibarra reactiva el Frente Nacional Contra la Represión.
En este marco hay que entender la violenta y condenable reaparición del EPR y la posibilidad de que la desaparición de Rosendo Radilla termine siendo juzgada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez en la historia el Estado mexicano estará en el banquillo de los acusados por la forma tan condenable en que usó la fuerza y por lo que deja de hacer en el presente. Un desenlace inevitable porque discursos aparte hay un México que huele a pólvora de distintas épocas.
La Miscelánea

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