Seis ministr@s de la SCJN

Tres opiniones sobre la Corte y el caso de Lidya Cacho.

Duro reves a la credibilidadad de los grandes arbitr@s. Los subrayados son míos.

Antes el comunicado oficial del Alto Tribunal", dado a conocer el 30 de noviembre por la Ministra Margarita Luna Ramos:

Señoras y señores de los medios de comunicación:
El día de ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de la Facultad de Investigación 2/2006.
Por mayoría de votos de sus integrantes presentes, la Suprema Corte resolvió este asunto en los términos indicados por el párrafo segundo del Artículo 97 de nuestra Constitución.
El ejercicio de esta facultad para investigar violaciones graves a garantías

individuales, fue solicitado a la Suprema Corte por ambas Cámaras del Congreso de la Unión en febrero de 2006. En el análisis inicial de las solicitudes, la Corte determinó que la violación grave de garantías individuales solamente se daría en caso de que se demostrara que el gobernador del Estado de Puebla orquestó una concertación con la Procuraduría de Justicia y las autoridades judiciales del mismo estado, para entre todas perjudicar a la periodista Lydia Cacho.

En este caso, como en todos los que son de su conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene empatía y sensibilidad con las causas que se le presentan. No obstante, la Corte debe resolver todos los asuntos con estricto apego a derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolver basándose en pruebas ilegales. En el caso concreto, la premisa de la que parte la solicitud de investigación fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución y, por tanto, no tiene valor probatorio alguno según lo determina el propio precepto constitucional en su párrafo décimo.Como Tribunal Constitucional del país, la Corte es la primera obligada a cumplir con la Constitución, y a velar por que las pruebas que obren en los expedientes sean obtenidas en forma legal.

El debate sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de pruebas ha sido resuelto por la doctrina, la jurisprudencia, la ley y, por supuesto, la propia Constitución en el sentido indicado; es decir, que carecen de valor probatorio absoluto.
A pesar de lo anterior, el tema se volvió a traer a la mesa de discusión en este asunto y el resultado fue el mismo que han venido sosteniendo todas las fuentes de derecho mencionadas, y es a partir de pruebas y sólo de pruebas legalmente presentadas, como pueden valorarse la legalidad y la constitucionalidad de los hechos que se someten a su jurisdicción. Se trata de una consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país.

Lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad; esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos.

La seguridad jurídica de nuestro sistema constitucional descansa en el principio de legalidad y estricta aplicación de la Constitución.
La Suprema Corte de Justicia debe velar, en cada una de sus resoluciones, por la vigencia del orden constitucional y la validez del Estado de derecho de nuestro país. Esto la obliga a actuar en función del interés superior que se construye a través del cumplimiento riguroso de las leyes.
La jurisdicción debe ejercerse siempre en libertad. Libertad, a fin de poner siempre primero al derecho. Libertad, que implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular y, a veces, de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad.
Es el derecho, y su impecable aplicación, lo que garantiza a los ciudadanos un verdadero acceso a la justicia. No hay justicia donde no prevalece el derecho. No hay justicia donde no se aplica la ley con el mismo rigor en todos los casos. En todos.

Que la Corte actúe apegada a derecho, a pesar de las voces sentidas de grupos de la sociedad, constituye la mejor garantía de un estado de constitucional derecho.
Hemos decidido de cara a la sociedad. Nuestros debates y argumentos individuales se transmitieron en vivo, durante varios días estuvieron presentes a través del Canal Judicial. Actuamos con gran transparencia, y hemos puesto en éste como en todos los casos lo mejor de nosotros para servir correctamente a nuestro país.
La resolución adoptada por la Suprema Corte responde a su obligación de discernir la legalidad y constitucionalidad de los temas que conoce, y de resolver con claridad y firmeza con apego a la Constitución.
Ésa es la garantía primaria que ofrece la Corte a la sociedad mexicana.
El detalle de estos debates queda a su disposición para su análisis y estudio. Están en la red (de la Suprema Corte) para que puedan ser consultados.
Muchas gracias.
Margarita Beatriz Luna Ramos.

Algunas reacciones de líederes de opinión:

Columna Sobreaviso / Impunidad garantizada/ René Delgado

Publicada en Reforma, 01/12/2007;

El crimen está de fiesta, en particular el dedicado a la explotación y el abuso sexual de menores. Seis ministros de la Suprema Corte se hicieron de la vista gorda ante su industria y, de paso, exoneraron a un amigo de ellos. Tamaña victoria les tomó casi dos años, pero valió la pena: el crimen nunca había obtenido una garantía de impunidad de tan alta autoridad como ésa.
¡Qué vergüenza!
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Si seis meses atrás los ministros reivindicaron el valor de la justicia frente al poder de los grandes concesionarios, ahora lo mancillaron frente al poder del crimen. Cumplieron al pie de la letra con la ley, dejando de lado a la justicia.
¿Para qué aceptaron esos seis ministros investigar al gobernador Mario Marín, si a pesar del resultado de la indagatoria tenían decidido consagrarlo como un tirano con fuero? ¿Para qué dejaron crecer la ilusión ciudadana de que finalmente Mario Marín encontraría la horma de su calzado, si a fin de cuentas le iban a confeccionar unas pantuflas? ¿Para qué hicieron creer que les preocupaba la pederastia, si después iban a hacer de lado ese asunto?
Los nombres de esos seis ministros son Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Sergio Valls, Olga Sánchez y Margarita Luna Ramos. Y esos nombres hay que distinguirlos de los de los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y José Ramón Cossío que, ellos sí, de principio a fin se comprometieron con el deber.
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La decisión de esos seis ministros es lamentable de todo punto de vista. Es lamentable en lo concreto y en lo abstracto.
En lo concreto porque deja en el desamparo las garantías fundamentales de una persona -en este caso, la periodista Lydia Cacho- y abre la puerta a un absurdo: en la violación de las garantías consagradas en la Constitución hay grados, a veces puede ser grave y a veces no. Si no es grave, la violación no cuenta. ¿Cuándo es grave y cuándo no? ¡Ah!, eso es materia de debate. Y es lamentable también porque, con la decisión de hacer un lado el problema de la explotación y el abuso sexual de menores, subyacente en el asunto manifiesto, el desinterés de la máxima autoridad judicial quedó manifiesto.
En lo abstracto, la decisión de esos ministros es lamentable porque reitera la conducta de los magistrados del anterior Tribunal Electoral, en relación con la calificación de la elección presidencial: la ley se puede violar pero si no se viola mucho no hay por qué proceder. Ahora, aquellos ciudadanos agraviados por alguna autoridad deberán calcular muy bien si, en verdad, vale la pena acudir al tribunal, porque la justicia se administra sobre la base de una variable no muy claramente establecida.
Pero, en el fondo, lo más lamentable de esa decisión es que en vez de fortalecer la certidumbre jurídica, la vulnera. Y la vulnera en un momento crítico, aquel donde el país flota -por no decir naufraga- en la mar de la incertidumbre política, económica, social... y, ahora, jurídica. Flaco favor le hacen lo ministros a la democracia y al Estado de derecho. Ratifican con su decisión que el país vive -por no decir padece- una democracia defectuosa y un Estado de derecho intermitente y, a veces, simulado.
Una democracia y un Estado de derecho sujetos a las negociaciones y pendientes de las coyunturas. Cuestión que, desde luego, el gobernador Mario Marín les agradece cumplidamente a esos seis ministros.
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La toga y el birrete de esos hombres y mujeres no alcanzaron para cubrir el disfraz del rigorismo legal que elude administrar justicia, y la puesta en escena que montaron dejó en el altar del imperio de la justicia un monumental homenaje a la impunidad y el cinismo.
Sólo falta pedirle una disculpa a Mario Marín por molestarlo pero sin interrumpirlo en el libre ejercicio del poder de su capricho, aunque la verdad ese gobernador es en extremo comprensivo. Ya declaró que ese asunto nunca le quitó el sueño.
Si tan firme y correcta fue la decisión tomada por esos seis ministros, a título de qué vienen ahora a emitir un comunicado aclarando que "de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos". La debilidad de sus argumentos en las sesiones del pleno de la Corte, ahora lo fortalecen con la contundencia de un boletín de prensa.
Vaya ministros. Terminaron por igualarse a los legisladores y los ejecutivos que, en el resbalar los problemas y en el dejar al tiempo la conversión de los problemas en crisis, encuentran la tabla de salvación de su sobrevivencia aunque no de su naufragio.
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Al lavarle la cara al gobernador Marín, esos ministros se quedaron sin cara qué poner.
Venir a reiterar ahora que era imposible aceptar como prueba la grabación de la elocuente conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif donde festejan el escarmiento y la tortura a la periodista, carcajeándose del Estado de derecho, obliga una pregunta a los ministros.
¿Si así era desde un principio, por qué resolvieron crear una comisión, integrar una investigación y, luego, en el colmo del absurdo, elaborar las reglas de esa indagatoria para repetirla y, más tarde, escenificar un debate cuya conclusión habían tomado de antemano? ¿Querían jugarle la ley en la boca a la ciudadanía? El problema de su proceder es que, en el armado del montaje, se fueron entrampando de más en más. Es mejor pensar eso, que concluir que nada les dijo la compilación de los 9 mil 85 casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores que ellos, ¡ellos!, compilaron. Es mejor pensar eso, que concluir que el análisis de 877 expedientes de esos casos no los hizo sensibles a la gravedad de la explotación y abuso sexual de los niñ@s.
La última instancia para dejar en claro que un gobernante no puede transgredir como si nada el Estado de derecho, violar los derechos de un ciudadano y encubrir a un probable pederasta viene a decir ahora -eso dice el boletín de ayer- que no, que la Suprema Corte no es la última instancia, que otras autoridades pueden o deben seguir adelante con la investigación.
Después de lavarle la cara al gobernador, quieren lavarse las manos. ¡Qué impudicia!
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Nomás por no dejar, vale preguntarle a esos seis ministros cuáles son esas otras autoridades que podrían o deberían seguir la investigación.
¿Era el gobierno anterior que, en virtud de la elección presidencial entonces en curso, eludió el asunto? ¿Es el gobierno actual que, por razones de gobernabilidad, pide no meterse con el gobernador Mario Marín? ¿Era y es el Poder Legislativo que, en la duda política y existencial, evade tener facultades para llevar a juicio político al gobernador? ¿Es el ombusdman que a veces confunde la procuración de los derechos humanos con la procuración de los abusos de los servidores públicos? ¿O, sencillamente, hay que ir con el procurador de Puebla, que actúa con absoluta autonomía, excepto cuando el gobernador le dice que no?
Si ya la resolución de la Suprema Corte avalada por esos seis ministros constituía un agravio para la ciudadanía, el boletín de ayer es una burla. Hoy, por lo pronto, está claro que pueden tanto los demonios del edén como los ángeles de Puebla y su corte de ministros.
Vengan las botellas de coñac, el crimen y la impunidad están de fiesta.

Columna PLAZA PÚBLICA/Precioso, y avalado por la Corte/Miguel Ángel Granados Chapa

Publicado en Reforma, 02/12/2007;

Propongo desde ahora que en febrero de 2011, cuando concluya su sexenio, el abogado Mario Plutarco Marín Torres sea designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su canto al Estado de derecho, su decisión de apegarse a la resolución de ese tribunal (llamado alto por un convencionalismo rutinario) emitida el jueves pasado es conmovedora, máxime que no es postura de última hora sino que durante 19 meses el góber precioso mantuvo su "plena confianza y respeto a las determinaciones de nuestro máximo tribunal", en el que reconoce a un "garante del control constitucional y promotor de la vigencia del estado de derecho".
Es imaginable que, con aviso telefónico o sin él, el rey de la mezclilla Kamel Nacif haya enviado a la Casa Puebla o a la Casa Aguayo botellas de coñac para que su amigo brindara el jueves por la noche, tras emitir el comunicado cuyas frases cito ahora, por su triunfo contra la calumnia que los enemigos de la vigencia de la ley pretendieron asestarle, pero contra la cual contó con el invaluable escudo de seis ministros de la Corte, que le obsequiaron un certificado de impunidad, y que lo recibirían gozosos como uno de los suyos, al que estuvieron a punto de pedir disculpas por el maltrato con que se le molestó desde que en abril de 2005 las dos Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Corte ejercer la facultad indagatoria del artículo 97 constitucional, facultad que estorba o perturba a los miembros de ese tribunal, tanto que en su libro blanco sobre la reforma judicial demandan que el Congreso lo regule o de plano lo elimine.
Por lo pronto, en junio pasado ellos mismos ciñeron con reglas procesales esa atribución para investigar violaciones graves a las garantías individuales. Y en un exceso de escrúpulo, decidieron aplicarlas ¡cuando ni siquiera existían! a una pesquisa ya concluida, cuyo informe final, donde se evidenciaba la conspiración encabezada por Marín contra la periodista Lydia Cacho, había sido presentado en la sesión donde la mala conciencia procesal de la mayor parte de los ministros los llevó a infringir su propia legalidad interna en aras de respetar la legalidad general. El hecho es que aplazaron la discusión del informe, que, ahora bajo la forma de dictamen, fue presentado el lunes pasado al pleno integrado durante esa semana por 10 miembros por la ausencia de Fernando Franco.
El presidente de la comisión elaboradora del dictamen, Juan N. Silva Meza, leyó, como lo había hecho el 26 de junio, un documento rotundo, que esta vez presentaba, entre otras, las siguientes conclusiones: "sí existió un concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar garantías individuales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro con motivo del proceso penal seguido en su contra, con lo que se violó además, los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial", que "sí existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad" y que "en la violación de garantías individuales se encuentran involucradas las autoridades a que se ha hecho referencia", con Marín a la cabeza.
Ese mismo día, la discusión del dictamen comenzó con una estrujante participación del ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien concentró su argumento en la tortura sufrida por Lydia Cacho. Lo hizo tras leer la transcripción de la conversación de Marín con Kamel Nacif. El lenguaje tabernario de uno y otro, su oronda referencia a maniobras destinadas a ofender a la justicia restallaron como látigos al ser dichas por un atildado juzgador en el salón de plenos de la Corte.
Tal vez el efecto de esa lectura orilló al ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia a mudar el orden de la discusión. Propuso resolver si la investigación debía comprender los aspectos de pederastia y pornografía infantil, sobre los cuales el proyecto incluyó "un amplio capítulo". Ciertamente la comisión Silva Meza había otorgado especial importancia a esos hechos, vinculados indisolublemente al caso de Lydia Cacho, tanto que eran en realidad la causa del ataque a sus garantías individuales, e incluidos en la petición de las Cámaras del Congreso. En su profunda pesquisa, la comisión identificó más de nueve 9 mil casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores y analizó 877 expedientes en que la constante, además de los delitos en sí, es su maltrato como víctimas y el ningún compromiso de la justicia para velar por sus derechos.
Conforme el tema se discutía, era evidente que se avanzaba hacia su desechamiento. Hubo quienes reconocieron la importancia de los delitos contra menores y hasta quienes con sarcasmo dijeron que no bastaba la relevancia social de un asunto para que la Corte lo abordara, pues de lo contrario habría que ocuparse de la miseria. Llegado el momento de la votación seis ministros formaron mayoría para que se declarara que "la investigación no debe comprender la existencia de redes de pederastia".
Comenzó en seguida, a propuesta de Ortiz Mayagoitia, la discusión sobre "la intervención de comunicaciones privadas, las tenemos como buenas o se desestiman". Se refería a la que pidió la comisión, a un juez, para verificar extremos de su indagación. Pero el debate se extendió naturalmente a otra interferencia telefónica, la que permitió conocer el diálogo entre Nacif y Marín, en que se concentró la discusión del jueves 29, pues el martes la hora de comer interrumpió el inicial intercambio de opiniones.
Todos estuvieron de acuerdo en que la grabación hecha en diciembre de 2005 y dada a conocer en febrero siguiente no es una prueba en sí misma, porque fue realizada ilegalmente. Pero la Corte misma, al desechar la primera indagación sobre el tema, había convenido en considerarla como la base de una hipótesis, que adquiriría valor probatorio si otros indicios la corroboraban. La comisión halló esos indicios al obtener de empresas telefónicas registros de las llamadas hechas desde y hacia las oficinas públicas relacionadas con la trama. Son registros legales, tanto como las intervenciones solicitadas por la comisión puesto que las ordenó un juez. Y de los registros telefónicos se determinó que la llamada principal, la de Nacif a Marín, se efectuó en la fecha sabida y tuvo la duración correspondiente al diálogo conocido. Y a partir de esos datos se tejió el mapa de los cruces de participación de los subalternos de Marín, incluidos en ese concepto no sólo miembros de la Procuraduría sino también del Tribunal Superior de Justicia. Los llamados telefónicos, aun sin conocerse sus contenidos, mostraron por sí mismos un sostenido nivel de comunicación que por las fechas en que se realizaron y sus secuelas, así como quienes presumiblemente los realizaron, permitieron saber que se avanzaba en la trama contra Lydia Cacho.
Al cabo de esa discusión, Ortiz Mayagoitia planteó las cuestiones de fondo: si quedó probada la violación grave de garantías individuales de Lydia Cacho, si hubo concertación de autoridades para consumarla y si es posible determinar y si se puede determinar qué autoridades quedaron involucradas. Hubo quienes admitieron que sí hubo violaciones pero no tan graves como para ameritar la intervención de la Corte, sino que podían ventilarse a través de otros medios de control constitucional. Quienes estaban en esa posición lo hacían sólo de dientes para afuera, pues no podían ignorar que es imposible que un juez federal expida una orden de aprehensión contra Marín a sabiendas de cuál es la posición de la Corte al respecto. La Corte misma, en esa hipótesis de imposible realización, tendría muy probablemente que conocer el asunto en su extremo final y llegaría a abordarlo con parcialidad, atada a los criterios que expuso la mayoría de sus miembros.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano llevó sus razonamientos a la náusea. No sólo concluyó que no hubo violación grave ni leve sino que se mofó de Lydia Cacho, le propinó un "coscorrón" de semejante índole ética que el que Marín dijo haberle asestado a la periodista en su conversación con Nacif, que la Corte no negó que existiera, sino simplemente que no quedó probado.
Así se expidió un certificado de inocencia a Marín y, sin siquiera votarlo, a todos cuantos lo obedecieron en este caso.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Juzguemos a los jueces de la Corte/Jorge Zepeda Patterson
Publicado en El Universal, 02/12/2007;
El viernes pasado, 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. “Nos van a matar”, dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Succar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno.
Lo que han hecho los seis ministros de la Corte que fallaron a favor de Marín es preocupante y sospechoso por donde se le mire. Si alguna vez hubo una causa ciudadana era esta. Si alguna vez hubo algo que pareciera la confrontación entre “el bien y el mal” era ahora. No sólo porque se trataba de la represión artera de empresarios y políticos de poder contra una periodista por haber denunciado el abuso sexual de menores; también porque la opinión pública toda se había involucrado luego de las ominosas grabaciones escuchadas por todo el país.
Lo que sucedió en la Corte tiene muchos signos de haber sido decidido en otros ámbitos. Una y otra vez pudimos observar a lo largo de los meses la disputa de los ministros entre dos posiciones encontradas: por un lado, la defensa a ultranza de Marín por parte de Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia, este último presidente en funciones. Un trío decidido a impedir que la denuncia periodística de una ciudadana terminara por afectar la autoridad de un gobernador, así fuera un góber precioso. A lo largo de todo el proceso mostraron su disgusto por el hecho de que el caso hubiese llegado a la Corte y recurrieron a todo tipo de argucias para retrasarlo y desecharlo.
Del otro lado, varios ministros, entre ellos, Silva Meza y Góngora Pimentel, entendieron que el caso entrañaba mucho más que los derechos individuales de una periodista y que lo que estaba en juego eran las redes de crimen organizado a favor de la pederastia que Cacho había denunciado.
Sin embargo, parecía que las diferencias quedarían zanjadas por el contundente dictamen presentado por Silva Meza en el que se comprobaba la culpabilidad de las autoridades poblanas. Fue una investigación, encargada por la propia Corte, que durante meses recopiló pruebas, entrevistó a cientos de testigos y exigió documentación y expedientes a todo tipo de autoridades. La operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif fue demostrada amplia y meticulosamente. Sólo quedaba la votación final para emitir un fallo definitivo.
Se sabía que los tres ministros “marinistas” votarían en contra del dictamen pretextando distintos tecnicismos, pero que prácticamente el resto del pleno reconocería la investigación de su colega. No había razón para no hacerlo, porque ninguno de ellos había hecho su propia investigación ni tenía más datos que los contenidos en las mil y tantas fojas de la descripción de los hechos descritos por Silva Meza. La controversia simplemente parecía resumirse a los términos en que saldría la resolución contra Marín.
Sorpresivamente, las dos ministras, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, cambiaron su voto en el momento justo de la votación, pese a que dos días antes durante sus intervenciones habían respaldado el dictamen de Silva Meza. El fallo a favor de Marín fue tan inesperado, que el propio presidente, Ortiz Mayagoita, no pudo reprimir una sonora carcajada de alivio cuando dio por concluida la votación final. ¡Había cumplido! ¿Con quién?
¿De quién es la mano que movió la cuna de la Suprema Corte? Sabemos que durante meses los cabildeos del gobierno de Puebla y de la cúpula priísta habían conseguido “la simpatía” de los tres ministros “marinistas”, pero el resto parecía blindado frente a los encantos poblanos. ¿Qué fuerza fue capaz de arrancar una decisión que a todas luces parecía improbable?
Todo parece indicar que la resolución saltó del plano jurídico a una consideración de “Estado”. O dicho en plata pura, a un arreglo político. Ya parecía suficientemente sospechoso que se hubiese retrasado el fallo hasta después de las elecciones del mes pasado en Puebla; peor aún, trascendió que el gobierno federal había solicitado al PAN que sus candidatos en Puebla no hicieran campaña mencionando al góber precioso y el caso Lydia Cacho. Hace un año, Calderón ganó en una Puebla gobernada por Marín, hace unas semanas, Marín arrasó en Puebla con Calderón como presidente.
¿Quién habría perdido si Marín hubiese sido declarado culpable por la Suprema Corte? Sin duda, el gobierno federal. Y habría perdido en cualquier escenario: si la PGR ejecutaba detenciones en contra de autoridades poblanas o emprendía acciones que propiciaran la caída del gobernador, habría torpedeado su alianza con el PRI en el Congreso. Y, por el contrario, si se quedaba cruzado de brazos luego del fallo se habría exhibido frente a la opinión pública nacional e internacional por su evidente complicidad. Todo indica que prefirió exonerar a Marín, tragarse el escándalo momentáneo, y hacer una contención de medios de comunicación durante algunos días (sugiero al lector revisar qué noticiarios y periódicos han dado relevancia u opacidad a la nota y qué tan rápido la han desaparecido).
Con la decisión de la Corte el mensaje que envía el Estado mexicano es doble. Primero, se permite informar a ciudadanos y a periodistas que con los poderosos no deben meterse o serán castigados. Y, segundo, invita a gobernadores y procuradores de todo el territorio a hacer con sus ciudadanos lo que les plazca porque, cortesía de la Corte, cuentan con plena impunidad.
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