¿Narcoterror?

La violencia sacude al DF

Reportaje de Ricardo Ravelo

Revista Proceso, 1633, 17/02/2008;

La explosión del viernes 15 a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública local confirma que, pese a su numerosa policía, el Distrito Federal está inerme ante la escalada violenta con que la delincuencia organizada resuelve sus disputas y muestra su poder. Los sicarios ya están en el corazón del país, y no se ve una estrategia federal o capitalina que se interponga en sus planes.La violencia detonada por el narco volvió a meter en tensión a la Ciudad de México, considerada hasta hace poco un territorio pacífico frente al resto del país que día y noche sufre los embates del crimen organizado.

Igual que ocurre en Tijuana –asiento del cártel de la familia Arellano Félix– o en Tamaulipas –territorio del cártel del Golfo–, en la capital del país priva la inseguridad: lo mismo aparecen decapitados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se perpetran balaceras en bares del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, en la periferia del Distrito Federal, o se decomisan arsenales en colonias céntricas de la ciudad.

El viernes 15, poco antes de las tres de la tarde, estalló una bomba de manufactura casera en las calles de Monterrey y Chapultepec. El estruendo provocó pánico entre la gente que circulaba por la zona. Gisela Concha Rubio, quien regresaba de comprar tortillas acompañada de sus dos hijas, de 9 y 10 años, afirma que “se escuchó bien fuertote, se cimbraron las máquinas y los aparadores… Sólo logré abrazar a mis hijas”.

No era para menos: el estallido fue brutal. Al hombre que presuntamente llevaba la bomba, ésta le reventó en las manos y, según las primeras versiones, le amputó una mano y le provocó exposición de vísceras. Oficialmente, fue el único muerto. La explosión, presuntamente provocada por el crimen organizado –según dijeron las autoridades capitalinas en el primer momento–, dejó además dos lesionados: Javier Alonso González López, de 29 años, y Tania Vázquez Muñoz, de 22. Como el primero no presentaba heridas que ameritaran su hospitalización, rindió su declaración en la Agencia 50 del Ministerio Público. En cambio, la joven sufrió quemaduras en más de 50 por ciento de su cuerpo y al cierre de esta edición se encontraba grave.

Al menos tres vehículos dañados, vidrios rotos en varios edificios cercanos y la caída de un anuncio espectacular le agregaron dramatismo al caso. Elementos de Protección Civil capitalina y del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la procuraduría local, así como personal de la Procuraduría General de la República y de la policía capitalina desalojaron al menos 10 inmuebles, pero no hubo detenidos. Ante la falta de información oficial, se desató una ola de rumores contradictorios. En los noticiarios de radio se escuchaban alusiones a un probable ataque del narco, se hablaba de terrorismo, de narcoterrorismo, de la guerrilla (especialmente del Ejército Popular Revolucionario), que es un mensaje a las autoridades capitalinas…Al anochecer, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabezado por Marcelo Ebrard, asumió una actitud cautelosa: “No habrá versión oficial hasta nuevo aviso”, decían en Comunicación Social.

Cuando finalmente el GDF convocó a una conferencia de prensa, Ebrard tuvo que compartir los reflectores de los medios con los mandos de la PGR, encabezados por el titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, quien dijo: “Con relación a los hechos de hoy (la explosión), la PGR considera que existe una concurrencia de competencias, en virtud de los bienes jurídicos afectados que son la integridad corporal, la vida, el patrimonio, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.” En suma, tendrán que trabajar juntos en esta investigación.

En la conferencia de prensa conjunta, el secretario de Seguridad Pública de la capital, Joel Ortega, y Marcelo Ebrard, alimentaron las confusiones al manifestar que posiblemente los autores intelectuales del estallido sean narcotraficantes, si bien pudo tratarse de cualquier otra modalidad del crimen organizado.

Ortega aportó detalles sobre el explosivo: se trata de un artefacto de manufactura casera con balines de medio centímetro que se detonó al parecer “mediante un teléfono celular”. Además, la bomba se encontraba en el interior de una bolsa roja, junto a un automóvil estacionado, y no se hizo una llamada de alerta. Sin capacidad para prevenir la violencia en el país desde hace años, pese a contar con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Gobernación se limitó a “condenar” los hechos de violencia. En un escueto comunicado anunció que se mantendrá atenta a los acontecimientos…

Los ataques del narco

Como si la policía capitalina –comparada en número de elementos al ejército de Canadá– careciera de métodos y estrategias de prevención, con toda libertad los grupos criminales planean, desde sus escondites ubicados en el Distrito Federal, el asesinato de funcionarios de la PGR o de sus rivales en el narcomenudeo, que está en jauja en la capital.

Desde sus casas de seguridad, los capos también trasladan armamento de alto poder y los sicarios de los siete cárteles que operan en el país circulan por las calles con toda libertad.Las presencia del crimen organizado en la capital sacudió al gobierno encabezado por Marcelo Ebrard cuando la PGR comenzó a investigar a Ricardo McGregor, quien hasta el 25 de enero fungió como jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial del Distrito Federal.

La PGR lo vincula con la organización de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. McGregor fue el primer funcionario del gobierno capitalino vinculado con el crimen organizado, pues la PGR encontró indicios de que tiene relación con el escándalo de la Casa de Cambio Puebla, clausurada por sus vínculos con Pedro Barraza Urtusuástegui, El Piri. Éste ha sido señalado como operador financiero del cártel de Sinaloa para la compra de aviones que son utilizados para transportar droga.

El pasado miércoles 13, sicarios del cártel de Sinaloa fueron detenidos en la colonia Portales. Tenían en su poder un arsenal que, según dijeron, iban a llevar a la ciudad de Querétaro por orden de sus jefes.Datos consultados por este semanario indican que el comando formado por Juan Guillermo Cervera Romero, Urbano Alanís Hernández, Roberto Mireles Herrera, Alberto Méndez Sales, Felipe de Jesús Villa Rodríguez y Agustín Librado Argón, arribó a la Ciudad de México procedente de Durango y se instaló en el hotel El Rey, en el Viaducto Miguel Alemán, así como en el Finisterre, en la calzada de Tlalpan. Según la versión oficial, el martes 12 comenzaron a moverse y a comunicarse por teléfono.

Según la PGR, la instrucción que tenían los sicarios al servicio de los hermanos Beltrán Leyva era “esperar una camioneta Suburban y otros vehículos para iniciar un recorrido en el que –dijeron en sus declaraciones– ninguno sabía con certeza cuál era el destino ni lo que transportarían.Según otra versión de la Secretaría de Seguridad Pública, el grupo pertenece a una célula de Sergio Barragán Villarreal, El Grande, quien según la SIEDO y la SSP pertenece al clan Beltrán Leyva y tiene su zona de influencia en la Comarca Lagunera.Tras detener a los siete presuntos sicarios, así como el armamento que se les decomisó, la SSPDF destinó a unos 500 policías, un helicóptero y al menos 17 vehículos policiales. El operativo, dicen testigos, fue impresionante, pues las detenciones corrieron a cargo del sector Portales durante una revisión de rutina, según se dijo oficialmente.

Entre el armamento decomisado había seis armas largas 7.62, de las que utiliza el Ejército; dos pistolas Pietro Beretta .9 milímetros y 10 granadas de fragmentación, así como 800 cartuchos de distintos calibres.Un testigo protegido con clave “Mario” identificó al menos a tres de los siete detenidos. Entre el jueves y el viernes declaró ante la PGR que Rogelio Mena Ruiz, El Chilango; Jesús Villa Rodríguez, El Fox y David Rodríguez, El Teniente, pertenecen al grupo de los Beltrán Leyva y están afincados en La Laguna.

Según informes de la PGR, otro miembro del grupo es un tal Urbano, conocido como El Urban y cuyo nombre real –según la información confirmada en la PGR– es Ezequiel Herrera Ruiz.El grupo no está declarando ante la PGR en el área de delitos contra la salud, sino en la coordinación de terrorismo y acopio de armas. El testigo “Mario” dijo ante la PGR que conocía a tres de los siete detenidos porque fueron compañeros de la organización de El Grins –como identifican a Villarreal Barragán en la PGR, según fuentes oficiales– y que según una fuente consultada en la SIEDO se dedicaban a perpetrar levantones y al tráfico de drogas en Gómez Palacio, Durango, y en Torreón, Coahuila.

Es probable que los detenidos sean arraigados el fin de semana, pues hasta ahora no han declarado cosas relevantes. Lo que sí está acreditado, por ahora, según la PGR, es que El Urban podría estar relacionado con Claro Burciaga, socio de un poderoso capo lagunero investigado por la PGR.La violencia del narco también ha sacudido a la zona periférica del Distrito Federal. Considerada como una organización desarticulada, el llamado cártel de Neza está de pie: su capacidad de fuego se hizo sentir la madrugada del domingo 11, cuando varios hombres armados irrumpieron en el bar Los Parados de la colonia Benito Juárez y abrieron fuego contra los comensales.Ahí ejecutaron a Moisés Pérez Larios, taxista de 37 años de edad. También perdieron la vida en el tiroteo –presuntamente desatado por negocios de drogas– Alberto Aguilera García, mecánico de 33 años; y Sergio Reyes Ibarra, albañil, de 21. A los tres se les vincula con la banda de los Arellano, que se dedican a la distribución de drogas en el Estado de México y en el Distrito Federal, bajo la protección de policías de ambas entidades.

Plan de muerte

El 24 de enero pasado la policía capitalina, con apoyo de agentes federales, detuvo en la colonia Fuentes del Pedregal a tres presuntos miembros del cártel de Sinaloa: José Guadalupe Lagunas Anguiano, José Luis Ochoa Buzo y Francisco Javier de la Cruz Mejía.

Los hechos ocurrieron cerca de una calle que suele utilizar José Luis Santiago Vasconcelos para llegar a su domicilio particular, ubicada a cinco minutos de donde se realizaron las detenciones.

Después de que la procuraduría capitalina entregó a los sospechosos, los presuntos narcos admitieron en sus declaraciones ministeriales que habían sido contratados “para asesinar a un subprocurador que tiene una escolta de Gafes” (del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), pero no precisaron el nombre.Sin embargo, otros datos cruzados en la PGR indican que esos tres sujetos no pertenecen al cártel de Sinaloa, como se dijo inicialmente, sino al cártel del Golfo. Lagunas y Ochoa tienen un antecedente clave: son desertores del Ejército y dijeron que “conocen el trabajo de logística del Ejército cuando escolta a los servidores públicos”.

No sólo eso: el expediente de este caso, que se lleva en la SIEDO, revela que estaban estudiando las rutinas que seguía el vehículo del personaje que iban a ejecutar: José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. Además, admitieron que lo seguían desde que salía de sus oficinas centrales, ubicadas en la avenida Reforma 211, hasta que llegaba a su casa.Con base en el escenario de violencia que impera en el país y que ya se vive en el Distrito Federal, el procurador Eduardo Medina Mora rompió su tibieza y ordenó blindar a los principales funcionarios involucrados en el combate al crimen organizado, principalmente al titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y al propio Santiago Vasconcelos, artífice de las extradiciones de narcotraficantes que se llevaron a cabo en enero de 2007. Otras dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública federal, también toman medidas contra un posible ataque armado a sus instalaciones. En plena guerra entre el gobierno y los cárteles, en las dependencias federales no se descarta que el aterrador escenario colombiano tenga una réplica en México, en caso de estallar la violencia del narcoterrorismo.