El Juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España, embarga cuentas en Liechtenstein a personas relacionadas con ETA.
Reportaje de José María Irujo para El País publicado este domingo, 30/02/2008;
La banda esconde en el principado el botín de sus extorsiones
JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid - 30/03/2008
ETA invierte en paraísos fiscales el dinero recaudado de empresarios vascos y navarros mediante lo que denomina impuesto revolucionario. Esa práctica financiera es novedosa en las actividades mafiosas del grupo terrorista. Se trata de un paso para intentar escapar de la justicia.
El principado de Liechtenstein, minúsculo país de 35.000 habitantes y 160 kilómetros cuadrados, se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los terroristas para esconder los beneficios de sus extorsiones, según se desprende de una investigación secreta dirigida por Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
A petición del magistrado, las autoridades de Liechtenstein han embargado cuentas corrientes y sociedades con decenas de miles de euros a nombre de personas relacionadas con el caso del bar Faisán de Irún, Guipúzcoa. Joseba Elosua, dueño del citado establecimiento, dirigía presuntamente una importante red de extorsión etarra, según señalaron a EL PAÍS fuentes de la investigación.
La red operaba desde hace 20 años y estaba integrada por viejos y veteranos miembros de ETA residentes al otro lado de la frontera, en el sur de Francia. Se trata de tipos sin escrúpulos como Eloy Uriarte Díaz de Guereño, alias Señor Robles, de 65 años, que años atrás cobraban el impuesto revolucionario con la ayuda de párrocos de iglesias en Anglet y Hendaya y lo escondían en sacristías y confesionarios.
La investigación de la Audiencia Nacional demuestra que los terroristas de ETA se han modernizado y, al igual que los traficantes colombianos de cocaína, de la mafia italiana o de las bandas criminales de los países del este de Europa, acuden con su botín al cómodo y seguro refugio de los denominados territorios off shore, paraísos fiscales en su mayoría bajo el paraguas del Reino Unido, donde confluyen evasores del fisco y delincuentes de todo el planeta.
Miembros vinculados con esta trama de extorsión etarra investigada por la Audiencia Nacional abrieron cuentas secretas y sociedades en Vaduz, la capital de Liechtenstein, y ocultaron en sus opacos bancos el dinero entregado por empresarios españoles amenazados por ETA, según aseguran fuentes de la investigación. Carlos Bellver, presunto asesor fiscal de la red, fue la persona encargada de invertir estos fondos, que, además de blanquear su procedencia, daban una rentabilidad superior al 10%.
Garzón ha librado una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a Liechtenstein. En ella solicita información sobre la apertura de esas cuentas, sus movimientos y las cantidades remitidas desde España y Francia a ese refugio financiero que figura en la lista negra de la OCDE por sus prácticas opacas y su escasa colaboración con el organismo internacional. Precisamente el principado acaba de ser el centro de un sonado escándalo después de que un ex empleado del banco LGT vendiera a los servicios secretos de Alemania cuatro DVD con las identidades de 1.400 clientes, en su mayor parte austriacos y alemanes.
Garzón pretende demostrar que el dinero escondido en el pequeño país de viñedos y castillos de hadas fue entregado a ETA por empresarios de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Algunos de los que pagaron ya han sido interrogados por la policía en comisarías del País Vasco.
Las autoridades de Liechtenstein no han respondido todavía a la solicitud judicial española, pero han mostrado interés y colaboración en el caso, según aseguran fuentes de la investigación. En una reciente reunión de Eurojust, organismo de cooperación judicial europea, el fiscal del principado que participaba como invitado comunicó a Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, detalles sobre el caso y ofreció su colaboración. La fiscalía general transmitió la información a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y éste a Garzón, titular del Juzgado de Instrución número 5, que investiga la red de extorsión etarra.
El magistrado ha abierto una pieza secreta sobre las presuntas cuentas de ETA y aguarda la información del principado para continuar su investigación. Al parecer, el banco receptor del dinero elaboró un informe de actividad sospechosa que fue facilitado a las autoridades españolas. Liechtenstein colabora con los países que reclaman su ayuda cuando el dinero perseguido procede de actividades terroristas, pero no responde a ninguna solicitud sobre evasión fiscal. Al igual que en Suiza, Mónaco o Andorra, el delito fiscal allí no está tipificado. Distintos organismos internacionales advierten desde hace años de cómo estos territorios, donde hasta hace poco era posible abrir una cuenta a nombre de Mickey Mouse, se están convirtiendo en el refugio de organizaciones terroristas como ETA o Al Qaeda y sus satélites.
La operación contra la red de extorsión etarra se inició el 20 de junio de 2006 con la detención en Francia y España de 12 personas, entre las que se encontraban, además del dueño del bar Faisán, los históricos de ETA Julen Madariaga, de 74 años; Ángel Iturbe Abásolo, de 53, hermano de Txomin Iturbe, el antiguo jefe de la organización terrorista muerto en Argel, y Eloy Uriarte, el cerebro de la actividad mafiosa de la banda en los años ochenta. El juez Fernando Grande-Marlaska, que entonces sustituía a Garzón, y la juez francesa Laurence Le Vert dirigieron la investigación desde los dos países.
El golpe policial contra la red estalló durante el fracasado proceso de paz y sacó a la luz algunas de las subterráneas iniciativas del Gobierno en sus conversaciones con ETA. La investigación judicial desveló que Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán, al que acudían intermediarios del PNV en representación de los chantajeados, recibió antes de la redada una llamada en la que se le alertaba de que iba a ser detenido si pisaba suelo francés. Se investiga si ese extraño aviso se hizo desde el teléfono de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los extorsionadores invirtieron beneficios de su chantaje en bienes inmuebles valorados en casi un millón de euros.
JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid - 30/03/2008
ETA invierte en paraísos fiscales el dinero recaudado de empresarios vascos y navarros mediante lo que denomina impuesto revolucionario. Esa práctica financiera es novedosa en las actividades mafiosas del grupo terrorista. Se trata de un paso para intentar escapar de la justicia.
El principado de Liechtenstein, minúsculo país de 35.000 habitantes y 160 kilómetros cuadrados, se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los terroristas para esconder los beneficios de sus extorsiones, según se desprende de una investigación secreta dirigida por Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
A petición del magistrado, las autoridades de Liechtenstein han embargado cuentas corrientes y sociedades con decenas de miles de euros a nombre de personas relacionadas con el caso del bar Faisán de Irún, Guipúzcoa. Joseba Elosua, dueño del citado establecimiento, dirigía presuntamente una importante red de extorsión etarra, según señalaron a EL PAÍS fuentes de la investigación.
La red operaba desde hace 20 años y estaba integrada por viejos y veteranos miembros de ETA residentes al otro lado de la frontera, en el sur de Francia. Se trata de tipos sin escrúpulos como Eloy Uriarte Díaz de Guereño, alias Señor Robles, de 65 años, que años atrás cobraban el impuesto revolucionario con la ayuda de párrocos de iglesias en Anglet y Hendaya y lo escondían en sacristías y confesionarios.
La investigación de la Audiencia Nacional demuestra que los terroristas de ETA se han modernizado y, al igual que los traficantes colombianos de cocaína, de la mafia italiana o de las bandas criminales de los países del este de Europa, acuden con su botín al cómodo y seguro refugio de los denominados territorios off shore, paraísos fiscales en su mayoría bajo el paraguas del Reino Unido, donde confluyen evasores del fisco y delincuentes de todo el planeta.
Miembros vinculados con esta trama de extorsión etarra investigada por la Audiencia Nacional abrieron cuentas secretas y sociedades en Vaduz, la capital de Liechtenstein, y ocultaron en sus opacos bancos el dinero entregado por empresarios españoles amenazados por ETA, según aseguran fuentes de la investigación. Carlos Bellver, presunto asesor fiscal de la red, fue la persona encargada de invertir estos fondos, que, además de blanquear su procedencia, daban una rentabilidad superior al 10%.
Garzón ha librado una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a Liechtenstein. En ella solicita información sobre la apertura de esas cuentas, sus movimientos y las cantidades remitidas desde España y Francia a ese refugio financiero que figura en la lista negra de la OCDE por sus prácticas opacas y su escasa colaboración con el organismo internacional. Precisamente el principado acaba de ser el centro de un sonado escándalo después de que un ex empleado del banco LGT vendiera a los servicios secretos de Alemania cuatro DVD con las identidades de 1.400 clientes, en su mayor parte austriacos y alemanes.
Garzón pretende demostrar que el dinero escondido en el pequeño país de viñedos y castillos de hadas fue entregado a ETA por empresarios de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Algunos de los que pagaron ya han sido interrogados por la policía en comisarías del País Vasco.
Las autoridades de Liechtenstein no han respondido todavía a la solicitud judicial española, pero han mostrado interés y colaboración en el caso, según aseguran fuentes de la investigación. En una reciente reunión de Eurojust, organismo de cooperación judicial europea, el fiscal del principado que participaba como invitado comunicó a Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, detalles sobre el caso y ofreció su colaboración. La fiscalía general transmitió la información a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y éste a Garzón, titular del Juzgado de Instrución número 5, que investiga la red de extorsión etarra.
El magistrado ha abierto una pieza secreta sobre las presuntas cuentas de ETA y aguarda la información del principado para continuar su investigación. Al parecer, el banco receptor del dinero elaboró un informe de actividad sospechosa que fue facilitado a las autoridades españolas. Liechtenstein colabora con los países que reclaman su ayuda cuando el dinero perseguido procede de actividades terroristas, pero no responde a ninguna solicitud sobre evasión fiscal. Al igual que en Suiza, Mónaco o Andorra, el delito fiscal allí no está tipificado. Distintos organismos internacionales advierten desde hace años de cómo estos territorios, donde hasta hace poco era posible abrir una cuenta a nombre de Mickey Mouse, se están convirtiendo en el refugio de organizaciones terroristas como ETA o Al Qaeda y sus satélites.
La operación contra la red de extorsión etarra se inició el 20 de junio de 2006 con la detención en Francia y España de 12 personas, entre las que se encontraban, además del dueño del bar Faisán, los históricos de ETA Julen Madariaga, de 74 años; Ángel Iturbe Abásolo, de 53, hermano de Txomin Iturbe, el antiguo jefe de la organización terrorista muerto en Argel, y Eloy Uriarte, el cerebro de la actividad mafiosa de la banda en los años ochenta. El juez Fernando Grande-Marlaska, que entonces sustituía a Garzón, y la juez francesa Laurence Le Vert dirigieron la investigación desde los dos países.
El golpe policial contra la red estalló durante el fracasado proceso de paz y sacó a la luz algunas de las subterráneas iniciativas del Gobierno en sus conversaciones con ETA. La investigación judicial desveló que Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán, al que acudían intermediarios del PNV en representación de los chantajeados, recibió antes de la redada una llamada en la que se le alertaba de que iba a ser detenido si pisaba suelo francés. Se investiga si ese extraño aviso se hizo desde el teléfono de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los extorsionadores invirtieron beneficios de su chantaje en bienes inmuebles valorados en casi un millón de euros.
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