Espionaje

Espionaje triangulado
Daniel Lizárraga, reportero

Publicado en la revista Proceso, 1653, 6/07/200;

Ante los señalamientos periodísticos en el sentido de que la Secretaría de Gobernación había ordenado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que espiara a los legisladores de oposición, Juan Camilo Mouriño deslindó a la institución de esta práctica ilegal.
“No, de ninguna manera”, declaró el funcionario la tarde del 29 de mayo pasado. Y así era, pues quien pagó por obtener información sobre el perfil político e ideológico de los legisladores, así como por la aplicación de un test de personalidad a los diputados y senadores, fue el equipo de transición de Felipe Calderón cuando éste ya era presidente electo.
Los datos figuran en un expediente obtenido por el reportero, el cual contiene documentos oficiales que datan de hace un año y ocho meses.
El 24 de junio de 2007, este semanario reveló que el equipo de transición calderonista pagó a una empresa llamada Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas para que elaborara un perfil político de los legisladores con quienes deberían negociar sus reformas estructurales (Proceso 1599).
Esta compañía, dirigida por la panista Laura Ballesteros Mancilla, actuó de manera irregular. Así, por ejemplo, según el contrato 20/06 ella dio un domicilio falso, y el número telefónico proporcionado a las autoridades en realidad correspondía al de una familia de la zona sur de la Ciudad de México; además, Consultores había sido dada de alta en el Registro Público de la Propiedad apenas siete días antes de la firma del contrato y sólo 24 horas antes de entregar su proyecto de trabajo al equipo de transición calderonista.
Quien firmó el cheque para Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas fue el actual jefe de la oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, en su calidad de coordinador técnico del equipo de transición. Sin embargo, quien mantenía el control político y administrativo del relevo gubernamental era Juan Camilo Mouriño.
Para obtener un contrato por adjudicación directa –como sucedió en este caso–, la empresa debía contar con una amplia experiencia en la materia y demostrar capacidad profesional para desarrollar el trabajo. Pese a que no cumplía con este requisito, Consultores ganó el contrato.
Sin embargo, quien se acercó a los legisladores para obtener mediante engaños su perfil político y personal fue una organización civil llamada Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo, cuya directora es, también, Laura Ballesteros Mancilla.
Esta joven se graduó en ciencias políticas en el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México con alto promedio. Se afilió al PAN en 2004 y comenzó a trabajar al lado de Mariana Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, la esposa de Calderón. En 2006 se incorporó al sector juvenil durante la campaña del panista.
Las irregularidades
El 12 de septiembre de 2006, Ballesteros fundó el Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo. Bajo este membrete, junto con al menos dos personas más de su entera confianza, se apersonó en la Cámara de Diputados para encuestar a los legisladores.
En 204 grabaciones obtenidas por este reportero y dadas a conocer en junio pasado (Proceso 1639 y 1640), Ballesteros dijo a los legisladores que el propósito de la entrevista era conocer sus datos y subirlos a una página de internet para que los ciudadanos siguieran de cerca su trabajo.
Así mismo, les vendió la idea de que el Fondo de Cultura Económica (FCE) publicaría un libro con el perfil de cada uno de ellos; de hecho les comentó que la editorial había puesto una fecha límite a la empresa para la entrega del trabajo. Los legisladores accedieron y respondieron a un cuestionario que en realidad era un test psicológico para conocer sus fortalezas y debilidades.
Hasta el viernes 4, la página de internet no tenía la información prometida a los legisladores, pues al menos una docena de ellos aseguran que nunca recibieron una clave para ingresar a sus bases de datos, como les ofreció Ballesteros. El FCE, por su parte, negó haber suscrito un convenio con Observatorio Ciudadano.
Ante las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a la Secretaría de Hacienda que obligue a Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas a devolver el dinero que cobró, toda vez que no realizó el trabajo completo. La auditoría no descartó la posibilidad de presentar denuncias penales contra quien resulte responsable por este incumplimiento.
No obstante esas observaciones, la firma de Ballesteros consiguió más contratos del gobierno federal. El año pasado incluso revendió al Cisen en casi 3 millones de pesos la misma base de datos que obtuvo mediante engaños al entrevistar a los legisladores antes de que Calderón asumiera como presidente. En suma, si bien el Cisen no espió directamente a los legisladores, sí se benefició de la investigación que hizo el equipo de transición de Calderón.
La base de datos por la que pagaron 2 millones 990 mil pesos los calderonistas en 2006 es idéntica a la adquirida por el Cisen al año siguiente, según consta en la comparación de los dos contratos.
Pero Mouriño insiste en que “no existe nada similar a ello (al espionaje); por lo tanto no tendríamos que tomar una decisión en ese sentido”. Así lo dijo el secretario de Gobernación el 12 de junio pasado ante la exigencia de los legisladores de oposición de que remueva de la dirección del Cisen a Guillermo Valdés. l

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Conflicto en ciernes…
José Gil Olmos, reportero

Conocido por su actitud negociadora ante el gobierno de Felipe Calderón, el líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estalló el jueves 3 al denunciar que él, su familia y algunos de sus correligionarios son espiados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Este desencuentro de Beltrones con el gobierno calderonista podría reventar las negociaciones para la reforma energética, sobre todo si se considera que el priista es uno de los más influyentes interlocutores políticos frente el actual régimen. En entrevista con este semanario, sostiene que el gobierno de Felipe Calderón está confundido porque, dice, los aparatos de inteligencia no deben ser utilizados para espiar a los opositores políticos; mucho menos para investigar su vida privada.
Los señalamientos hechos el jueves 3 por el senador Manlio Fabio Beltrones contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por el presunto espionaje que este organismo realiza en torno al legislador y su familia podrían acarrear una crisis política al gobierno calderonista.
Documentos obtenidos por Proceso y atribuidos al Cisen indican que no es sólo el priista quien supuestamente está en la mira del Cisen, sino también otros legisladores, algunos gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y el propio Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.
Con fichas e información personales cuya veracidad es, por su naturaleza anónima, difícil de confirmar, el propósito de los documentos mencionados es desacreditar a todos esos personajes en vísperas de las elecciones de 2009.
Y aunque el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la empresa de encuestas GEA-ISA, rechazó el mismo jueves 3 ser el responsable del espionaje denunciado por Beltrones, otros documentos atribuidos al Cisen revelan que aun personajes ligados al propio gobierno, como el recientemente nombrado coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero, presuntamente son objeto de investigación por parte del organismo que dirige Valdés.
Las fichas de los senadores del PRI, PAN y PRD, y la del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, están fechadas entre mayo y junio de este año y tienen el mismo formato: cada una incluye una carátula con la fotografía del funcionario o político en cuestión, una biografía completa que incluye datos personales, trayectoria política, administrativa y empresarial, según sea el caso, así como una lista de los negocios propios y los de sus familiares.
En el expediente de López Obrador, fechado el martes 1, se incluye un análisis en el que se esbozan los posibles vínculos del tabasqueño con Barack Obama, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.
El escándalo del espionaje a los senadores reventó el jueves 3 de julio, aunque desde una semana antes Beltrones había pedido al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, una explicación al respecto.
Ante el silencio oficial, el exgobernador de Sonora dio a conocer a la opinión pública que es sujeto de espionaje gubernamental; incluso amagó con romper las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón, algo que no ha hecho en lo que va del sexenio.
De confirmarse, el espionaje denunciado por Beltrones indicaría que el gobierno calderonista torpedea incluso a sus aliados para la reforma energética. Llama la atención el que haya sido el coordinador del PRI en el Senado quien efectuó la denuncia pública, sobre todo porque es uno de los principales interlocutores del gobierno federal. De hecho, Beltrones ha apostado todo su capital político para que la reforma energética sea aprobada. Su primera reacción política ante el hecho que denuncia consistió en determinar que se cancelara el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el cual el gobierno y el PAN tenían prevista una discusión amplia sobre la reforma mencionada.
A su vez, la fracción del PRD en el Senado, en voz de su coordinador Carlos Navarrete, insistió en que Valdés Castellanos renuncie a la dirección del Cisen, pues, afirma, con los actos de espionaje que se le atribuyen incurrió en diversas responsabilidades en demérito del servicio público.
El pasado 12 de junio el senador priista Carlos Lozano presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo, firmado por todas las bancadas de oposición, en el que demandó la renuncia de Valdés Castellanos al Cisen por el presunto espionaje a los diputados federales. La denuncia de Beltrones reactivó esta petición.
Los expedientes
A raíz de la denuncia del senador Manlio Fabio Beltrones, Proceso tuvo acceso a dos expedientes fechados en mayo de este año, cada uno de 30 páginas, que incluyen la leyenda “confidencial”. El primero de estos legajos se titula Plan Ejecutivo de Acción, y el segundo Relación de Vulnerabilidades /Líneas de Acción. Ambos son atribuidos al Cisen.
Contienen información sobre el sonorense desde que trabajó en la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios, su paso por la gubernatura de Sonora, sus supuestos negocios, algunos aspectos de su vida privada y familiar, así como un seguimiento que presuntamente hace el Cisen a su equipo de trabajo.
Los reportes referidos incluyen “recomendaciones” para que a cada uno de los colaboradores de Beltrones le sean intervenidas sus conversaciones telefónicas o por internet para tener su perfil financiero, nivel de vida, cuentas bancarias, sociedades mercantiles e inversiones.
En el expediente de Relación de Vulnerabilidades /Líneas de Acción se menciona la supuesta vinculación de Beltrones con el narcotráfico, difundida en 1997 por el corresponsal de The New York Times, Sam Dillon. El sonorense desmintió entonces al periódico y a las autoridades estadunidenses. En el documento también se cita la presunta intervención de Beltrones en un interrogatorio a Mario Aburto, el homicida confeso de Luis Donaldo Colosio.
De igual manera se señalan los presuntos negocios del senador del PRI con sus hermanos Alcides y Orestes, en Sonora; con Jorge Hank, en Tijuana; con dos supuestos medios hermanos de apellido Brown, en Puerto Peñasco, y se desliza una sospechosa vinculación de Beltrones con Miguel Nazar Haro y con el exsubprocurador Javier Coello Trejo.
En entrevista, el senador priista asegura al respecto que el espionaje denunciado por él es un acto lamentable que indigna a cualquiera, porque un gobierno y un Estado que se dicen democráticos en realidad están actuando de manera facciosa.
“Debemos cuidar que esas cosas no se repitan en el futuro, que no detengan al país en su conjunto. Debemos ver (este asunto) de manera responsable y con frialdad”, e insiste en que el documento atribuido al Cisen tiene “huellas y sellos claros de elaboración gubernamental”. Así, señala que toca al gobierno federal hacer la investigación correspondiente y dar una respuesta satisfactoria.
Beltrones admite que el espionaje político practicado por los regímenes priistas “era reprobable”; pero sostiene que el gobierno de Felipe Calderón está confundido porque, dice, los aparatos de inteligencia no deben ser utilizados para espiar a los opositores políticos; mucho menos para investigar la vida privada de éstos.
Expone: “Los aparatos de inteligencia tendrían que estar trabajando para detectar a los verdaderos enemigos del país, a las amenazas del exterior o al crimen organizado y al narcotráfico, no para perseguir políticamente a los adversarios”.
Pero ante todo advierte que este hecho puede derivar en una crisis política porque, arguye, “se trata del espionaje de un poder, el Ejecutivo, al Poder Legislativo; no se puede desvincular este hecho del proceso electoral de 2009”.
La historia de Ebrard
La investigación sobre el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, está fechada el 21 de mayo pasado. Comienza con una breve historia familiar y a continuación desarrolla su trayectoria de 20 años en política, en la cual destaca que Manuel Camacho Solís apoyó a Ebrard desde que éste era estudiante en El Colegio de México.
Según el documento, cuando Marcelo Ebrard fue designado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en 2002, además de establecer un centro de información y monitoreo de las actividades delictivas en la Ciudad de México, le propuso a López Obrador la creación de un centro de espionaje político, proyecto que aceptó el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal.
Ese centro, conocido por la clave La Fábrica, supuestamente había sido instalado como una empresa “pantalla”, denominada JAV, en Avenida Reforma 76, a un costado del Hotel Fiesta Americana. Lo manejaba Miguel Amelio Gómez, hombre de confianza de López Obrador y quien hoy se desempeña como jefe de la Policía Judicial en la administración de Ebrard. Dicho centro, señala el documento, sirvió para dar seguimiento a las actividades de Roberto Madrazo en la campaña de 2006. Cuando fue descubierto, Ebrard decidió cerrarlo.
El expediente asegura que algunos de los hermanos de Marcelo Ebrard, como Verónica Magdalena, quien es socia de la empresa de programas de cómputo DSS de México, S.A. de C.V., ha recibido jugosos contratos del gobierno capitalino desde la administración de López Obrador; también afirma que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración lopezobradorista, Gabriel Regino García, dio protección al cártel colombiano Norte del Valle hasta que dejó el cargo en 2006 luego de que se descubrieron dichos vínculos.
“Todas estas irregularidades cometidas por Gabriel Regino fueron siempre del conocimiento pleno de Ebrard, quien lo protegió debido a que recibió buena parte de las utilidades generadas (por esos vínculos)”, agrega.
En tanto que de Ricardo MacGregor Mestre, jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina hasta finales de 2007, sostiene que tenía nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes por dinero les daba protección, de lo cual supuestamente estaba enterado el responsable de la Policía Judicial, Miguel Amelio Gómez, y el propio Ebrard.
“Se tiene conocimiento de que Mac-Gregor compartía con Miguel Amelio las utilidades que le generaban estas actividades ilícitas, ignorándose si parte de las mismas llegaban hasta el procurador Rodolfo Félix Cárdenas o incluso al propio Marcelo Ebrard.”
El documento de 20 páginas atribuido al Cisen no sólo pretende mostrar como verdades lo referido con anterioridad, sino que va más allá: a la intimidad y costumbres de las personas. Por ejemplo, en el texto se citan “versiones sobre la sexualidad” del jefe de gobierno capitalino, así como una lista de presuntas propiedades, y se afirma que recursos de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) son utilizados “para cubrir la mayor parte de los gastos generados por las constantes movilizaciones que encabeza López Obrador”.
De acuerdo con los anónimos autores de esta investigación, cada semana se le entregan al tabasqueño 150 mil pesos y otra parte se destina a engordar el “cochinito” para la campaña de los candidatos del PRD de 2009 y la del propio Ebrard para 2012.
Los nexos de López Obrador
Entre los expedientes que se hicieron llegar al reportero se encuentra una ficha titulada “Vínculos de Andrés Manuel López Obrador con organizaciones sociales y partidos políticos de los Estados Unidos”, entre los que se menciona al candidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama.
Uno de los escritos señala que hasta el momento se desconoce si ambos políticos tienen vínculos directos; sólo se indica que los contactos se hacen a través de Cuauhtémoc Figueroa, director general de Operaciones de Campo del equipo de Obama.
Así mismo, destaca que para dar seguimiento a la campaña presidencial de Obama, López Obrador designó a Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, Claudia Sheinbaum, Saúl Escobar y Ricardo Monreal, quienes tienen la encomienda de reunirse con congresistas estadunidenses, pero sobre todo “buscar mecanismos efectivos de acercamiento con Barack Obama, a quien considera como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de ese país”.
Cita el documento que López Obrador tiene apoyo y simpatía de algunos dirigentes de las organizaciones latinas más importantes de Estados Unidos, entre ellas Janet Murguía, líder del Consejo Nacional de La Raza; las congresistas de California Linda Sánchez e Hilda Solís; Joe Baca, presidente del Caucus Congresional Hispano; Trey Martínez Fisher, vicepresidente de ese organismo legislativo, y con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Ramón Villaraigosa.
En tanto que de las organizaciones destaca la relación con la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos, la organización más antigua a favor derechos humanos de los hispanos en Estados Unidos, que actualmente preside Rosa Rosales.
Pero la investigación más extensa a la que tuvo acceso este semanario es la dedicada al senador Ricardo Monreal, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador. Al igual que los otros documentos, éste incluye datos sobre la carrera del zacatecano cuando aún militaba en el PRI; también menciona un desvío de 90 millones de dólares durante su gestión como gobernador de Zacatecas y supuestos vínculos con el narcotráfico.
Sobre este último aspecto, el escrito relata que el presidente Ernesto Zedillo –molesto porque Monreal renunció al PRI y se afilió al PRD para contender por el gobierno de Zacatecas– ordenó filtrar a los medios una versión según la cual la familia de Monreal tenía nexos con el narco.
“Como parte de esta estrategia –sostiene el texto elaborado presuntamente por el Cisen– se solicitó al entonces embajador de los Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que simplemente confirmara ante los medios que tanto la DEA como el Departamento del Tesoro de ese país estaban llevando a cabo investigaciones que involucraban a la familia Monreal por sus nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero a nivel internacional. Esta solicitud habría sido formulada directamente por Jorge Madrazo, titular de la PGR”.
Sin embargo, de acuerdo con el escrito obtenido por Proceso, el diplomático estadunidense se negó. Davidow manifestó que efectivamente “tenía conocimiento de que existían esas investigaciones, pero que él no contaba con autorización de su gobierno para publicitarlas en los medios de comunicación, debido a la confidencialidad de las mismas y a que aún no habían sido concluidas, tratándose simplemente de información preliminar”.
Davidow terminó por incluir este episodio en su libro El oso y el puercoespín, en el que relata su estancia en México.
El mismo documento cita también que Monreal hizo innumerables negocios durante su gobierno a través de contratos con la Constructora Grupo Plata y con el Grupo Profrezac, así como con sus hermanos Rodolfo, Cándido y David.

En entrevista, el senador Monreal asevera al respecto que los documentos con los que el gobierno de Felipe Calderón trata de ensuciar a sus adversarios políticos son indicios de un “régimen fascista y dictatorial”.
Dice: “Es parte de la desacreditación que intenta hacer el gobierno federal por esta vía del espionaje político y mediante la elaboración de fichas falsas para amedrentar a los opositores. Es una señal de desesperación porque sabe que el PAN no va a ganar la mayoría del Congreso por más que (sus legisladores y militantes) intenten desacreditar a la oposición”.
También a los de casa
El jueves 3, cuando estalló el escándalo del espionaje a Manlio Fabio Beltrones, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero Muñoz, negó que esa práctica haya sido auspiciada por el gobierno. Pero entre los legajos conseguidos por Proceso también hay una ficha en la que se habla de los jugosos negocios que hizo Madero durante el gobierno de Vicente Fox a través de la empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., de la que él es presidente.
También se revelan los presuntos planes del panista para llegar a la gubernatura de Chihuahua en 2010 mediante el apoyo de empresarios locales y de políticos de ultraderecha vinculados al Yunque, “y por supuesto con la aprobación del presidente Calderón”.
Fechado el 23 de junio, el expediente fue elaborado dos semanas después de que Madero tomara posesión como coordinador de la bancada panista en el Senado; incluso se retoma la información publicada el 15 de junio por el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1650) en la que se detallan los negocios irregulares de Madero a través de la venta de equipos de computación y programas de alta tecnología a dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Transportes y la Procuraduría General de la República, mediante contratos que nunca fueron licitados como se establece en la Ley de Adquisiciones.
Otro dato que incluye la ficha sobre Madero indica que éste ha lucrado con su posición política, pues en mayo de 2007 “logró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le extendiera una autorización a su hijo mayor, Alejandro, como ‘apoderado para operar acciones de sociedades de inversión a nombre de intermediarios del mercado de valores, de asesores de inversión y para celebrar operaciones de arbitraje internacional’. Esa concesión fue extendida por un término de tres años”.
Entre los documentos obtenidos también se encuentran “informes de inteligencia” sobre los gobernadores priistas de Campeche, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, así como del exmandatario de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.
Se trata de fichas políticas que contienen datos generales sobre su vida partidista y el papel que han jugado como mandatarios en sus respectivas entidades. Incluso se citan los conflictos en que algunos de ellos se han visto inmersos: son los casos de Ulises Ruiz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, y el de Mario Marín y sus vínculos con el empresario Kamel Nacif, acusado de pertenecer a la red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri.