Bernardo Barranco y el enviado del Cardenal

Aclaración del arzobispado en El Correo Ilustrado de La Jornada, 5 de septiembre de 2008;

Sobre el artículo de opinión publicado el miércoles 3, titulado “La SCJN apuntaló el Estado laico”, firmado por el señor Bernardo Barranco, me permito hacer las siguientes aclaraciones:
En ningún momento el cardenal Norberto Rivera Carrera actuó “coléricamente” frente a la iniciativa de ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Una afirmación tan subjetiva sólo refleja la animadversación que el señor Barranco siempre ha tenido contra el arzobispo de México y que le es imposible ocultar. Esto, por supuesto, penosamente le quita seriedad a sus análisis.
Ya en otras ocasiones he retado públicamente –y hoy lo vuelvo a hacer– al señor Barranco para que demuestre documentalmente sus gratuitas y falsas declaraciones. Lo hice cuando afirmó que el señor cardenal apoyó al entonces candidato presidencial Felipe Calderón, y ahora le exijo lo mismo sobre su argumento de que el cardenal Rivera Carrera amenazó con la excomunión latae sententiae a los legisladores. Tal afirmación es una gran mentira y ciertamente no tendrá forma de responder a la exigencia que le hace un servidor.

P. Hugo Valdemar Romero, director de Comunicación Social

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Respuesta del colaborador
El sacerdote Hugo Valdemar muestra, una vez más, gran desesperación, pues a falta una argumentación profunda y consistente quiere hacer una defensa puntillosa que termina siendo muy vulnerable. En abril de 2007 en toda la prensa nacional se comentó el amago del cardenal Rivera y de algunos obispos para excomulgar a los legisladores que votaran la despenalización del aborto en el DF. En nuestro periódico, para muestra, el 24 de abril de 2007, en la nota de Gabriel León Zaragoza “Arquidiócesis amenaza con excomulgar diputados que aprueben las despenalización”, se lee: “(…) la oficina de comunicación del cardenal Norberto Rivera externó (…) Se contempla dentro del derecho canónico –que rige la conducta de toda la Iglesia universal– que la excomunión tendrá lugar ipso facto para todas la personas que participan en la aprobación de la ley. Cometen pecado gravísimo y se colocan en las puertas del infierno”. El tema estuvo presente de manera preponderante en todos los medios y fue abordado por diferentes analisistas, al grado de que el coordinador del PRI en la ALDF, Jorge Schiaffino Isunza, pidió al cardenal Norberto Rivera Carrera, mediante una carta, “que elimine la amenaza de excomunión que lanzó contra quienes aprobaron la despenalización del aborto” (Notimex 26/4/07). Cuando El Vaticano interviene y clarifica que la excomunión no puede aplicarse a los legisladores (Notimex 30/04/07), el cardenal corrige y culpa a los medios.
No me parece adecuado retar a nadie, y menos viniendo de un ministro de culto. No se mimetice con el lenguaje de la clase política; en cambio, lo invito a debatir, dialogar seria y respetuosamente la trayectoria del arzobispo Norberto Rivera. Le propongo escribir un artículo de fondo en Desde la Fe y espero su réplica con una hora al aire en mi espacio radiofónico Religiones del Mundo (bernardobarranco@hotmail.com).
Bernardo Barranco

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La SCJN apuntaló el Estado laico/Bernardo BarrancoLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acrecentó el carácter laico del Estado; su decisión de rechazar las iniciativas de inconstitucionalidad en la despenalización del aborto es histórica y sin duda tendrá futuros alcances no sólo en varias entidades del país, sino en diferentes países de Latinoamérica. Pese a condenas y llamados a la objeción de conciencia que han externado algunos miembros de la jerarquía católica, los ministros de la Suprema Corte actuaron con propiedad, apego a la legalidad y esmerada seriedad en la técnica jurídica. Personalmente tengo muchos sentimientos encontrados frente al tema del aborto, pero no puedo dejar de reconocer el correcto tratamiento que los ministros ofrecieron, dignificando uno de los poderes de la nación.
Recordemos las dos acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas tanto por la Procuraduría General de la República como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivadas de la reforma al Código Penal del Distrito Federal (abril de 2007), que despenaliza el aborto hasta las doce semanas de gestación del producto de la concepción. En ese momento reinaba una caótica atmósfera mediática de enconos y reproches. Desde el inicio el debate en los medios fue perdido estrepitosamente por la imprudencia y la reacción colérica del cardenal Norberto Rivera, quien amenazó y lanzó advertencias de excomunión, latae sententiae, a los legisladores.
La reacción de los diferentes actores no se hizo esperar. Varios legisladores, intelectuales y organizaciones civiles se apuntaron a ser excomulgados. Los medios daban cuenta de una polarización temida en un contexto de frágil estabilidad social. La postura del arzobispado fue resquebrajándose por la nula capacidad de convocatoria de sus llamados y al mismo tiempo el Vaticano entró en escena corrigiendo la plana a los argumentos desafiantes del cardenal, señalando que según el derecho canónico, canon 1398, la máxima sanción de excomunión se aplica al procurar, participar o cooperar directamente para que un aborto se lleve a cabo y, según Federico Lombardi, vocero del papa Benedicto XVI, no aplica a ningún legislador (Notimex, 30/4/07).
Mientras el debate en México se caracterizó por la falta de profundidad y provocaciones en los medios, en Portugal se llevó a cabo un referendo sobre la misma cuestión el 11 de febrero de 2007. La consulta fue precedida de discusiones de fondo, foros, conferencias, mesas redondas en universidades y en la cámara legislativa. La Iglesia católica en ese país se abrió a un amplio debate sobre la despenalización del aborto, participó con sus especialistas con una actitud de diálogo y de escucha, interviene hasta en debates televisados. Se pactó, pues, la realización de un referendo, cuyo resultado fue positivo a la despenalización del aborto con 60 por ciento; la Iglesia gana perdiendo la consulta.
Por ello, la intervención de la SCJN en nuestro país fue más que oportuna, porque despresuriza la tensión y eleva el nivel de los contenidos en torno a la supuesta inconstitucionalidad de la reforma en el Distrito Federal, abriéndose a todos los actores en audiencias públicas. La SCJN tomó una decisión innovadora, por primera vez en la historia, de abrir un espacio de oralidad para que los ministros escuchara de manera directa las argumentaciones y posiciones de todos aquellos, fueran personas o agrupaciones, que participan o están involucrados por el litigio constitucional.
El ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia expresó en la apertura de las audiencias públicas que los ministros eran conscientes de las enormes controversias que genera el tema, que la decisión sería difícil, pero “creemos que los espacios abiertos y públicos y la transparencia en nuestras diligencias permitirán que cualquier persona pueda ver y sopesar nuestra labor; son muestra de nuestro compromiso con la imparcialidad de cara a la nación”. Fueron seis audiencias, que sumaron 18 horas efectivas, en las que 80 expositores en total dieron su punto de vista y argumentaron su postura.
Los ministros escucharon las argumentaciones de los autores de las acciones de inconstitucionalidad, es decir, del procurador Eduardo Medina Mora y del ombudsman José Luis Soberanes. En dichas audiencias participaron, sólo por mencionar algunos que sostenían la misma postura: Jorge Adame Goddard, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rodrigo Guerra López, asesor de la CEM y del CELAM; Carlos Llano Cifuentes, reconocido ideólogo del Opus Dei; Carlos María Abascal Carranza, ex secretario de Gobernación. En contraparte, comparecieron, entre otros: Marta Lamas, activista por los derechos de las mujeres; María del Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir; Edgar Cruz González, luchador por los derechos humanos; Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Martha Lucía Mícher, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Por cierto, casi todos ellos, con diferentes trayectorias, son reconocidos católicos practicantes.
Las deliberaciones sobre el proyecto del ministro Aguirre Anguiano fueron intensas y de fina técnica jurídica. Por razones diferentes, la mayoría de los ministros rechazaron el proyecto. Se destaca la intervención de Genaro Góngora Pimentel, vasta y demoledora; incluso Sergio Aguirre, ponente que sostenía la inconstitucionalidad, tuvo un cierre prodigioso; en el fallo final, algunos de ellos reconocieron, como el ministro Gudiño Pelayo, católico, que actuaban más allá de sus convicciones personales. Sin duda la actuación de la SCJN dignificó la laicidad como una forma de convivencia en libertad y con democracia.